Conclusiones de Evento en el Congreso de la República – 20 de agosto de 2008




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Conclusiones de Evento en el Congreso de la República – 20 de agosto de 2008


  1. La Sociedad Democrática de Derecho y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos están ampliamente vinculados.




  1. La gravedad de los delitos de lesa humanidad está en que no sólo se violan los derechos de la persona sino que, además, se «desconoce otro valor jurídico, que es la garantía constitucional de que, precisamente, tales derechos constituyen un límite al poder del Estado».




  1. Los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos tienen una tipificación autónoma, diferenciado de ilícitos penales como el homicidio o lesiones, el Perú en 1998 en adecuación a lo establecido por instrumentos internacionales mediante la Ley No. 269261 introdujo en el Código Penal el Título XIV-A denominado “Delitos contra la Humanidad” que, luego de sucesivas incorporaciones, contiene actualmente 5 capítulos: Capítulo I (Genocidio), Capítulo II (Desaparición forzada), Capítulo III (Tortura), Capítulo IV (Discriminación) y Capítulo V (Manipulación Genética).




  1. Existe un proceso de reforma penal que está brindando la oportunidad de revisar la tipificación de los delitos contra el derecho internacional de los derechos humanos regulados en nuestro código (se ha señalado reiteradas veces lo inadecuado de exigir en tortura que los dolores y sufrimientos sean “graves” o en el caso de desaparición forzada que se exija que la desaparición sea “debidamente comprobada”), así como la incorporación de nuevos tipos penales como lo referente a ejecución extrajudicial o el de violencia sexual.




  1. De acuerdo a lo que señala la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la desaparición forzada cobró significativa importancia en el Perú a partir de 1983 cuando “las Fuerzas Armadas reemplazaron a las Fuerzas Policiales en las tareas de control del orden interno y combate a la subversión en el departamento de Ayacucho.




  1. La desaparición forzada se produjo en el país durante el período del conflicto armado interno, en las décadas del 80 y 90, constituyéndose en “una práctica generalizada, puesto que afectó a un número considerable de personas y se extendió en gran parte del territorio nacional.




  1. El Tribunal Constitucional ha señalado que la desaparición forzada es un delito pluriofensivo, por cuanto afecta la libertad física, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.




  1. La expresión “ordenando o ejecutando acciones que tengan como resultado su desaparición” establecida en el artículo 320 del Código penal de acuerdo con la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas “debería ser entendida como ‘ordenando o ejecutando acciones que supongan la negativa o la falta de información sobre el paradero de la víctima.




  1. El Congreso de la República debe aprobar el Proyecto de Ley 1707/2007-CR que contiene el catálogo de delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, adecuando nuestra legislación a lo estipulado en el Estatuto de Roma.




  1. La mayoría de desaparecidos eran varones entre 15 y 35 años campesinos de las zonas rurales.




  1. El informe Nº 55 de la Defensoría del Pueblo del año 2000, fue el antecedente y sirvió de base a la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) por sus importantes recomendaciones contenidas en él, como por ejemplo la adecuada tipificación de la Desaparición Forzada, derogatoria de las leyes de amnistía, entre otras.




  1. La norma de ausencia por desaparición no cumple su objetivo de celeridad y gratuidad. Al respecto la Defensoría del Pueblo en su trabajo ha advertido algunas dificultades. Muchos casos tienen problemas en la propia identificación de las víctimas pues muchas personas no han sido debidamente inscritas. También se ha podido observar que los procesos para declarar la Ausencia por Desaparición en el Poder Judicial duran mucho tiempo en algunos casos casi un año.




  1. Es necesario que el Presidente de la República firme la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada para que el Congreso luego de la búsqueda de consensos pueda aprobar dicho instrumento internacional y finalmente ser ratificado por el Poder Ejecutivo.




  1. Los Tratados de DD.HH constituyen la columna vertebral del Estado. Por eso es importante que el gobierno implemente políticas públicas en ese aspecto.




  1. La Defensoría del Pueblo ha propuesto al Estado mediante el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, atienda en primer orden la ratificación de la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada y el nombramiento del Mecanismo Nacional contra la Tortura.




  1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dejado sentada su posición de condenar la terrorista venga de donde venga.




  1. La Desaparición Forzada es un delito imprescriptible, así un delito de lesa humanidad, la Convención de la ONU sobre el tema consagra el derecho a la Verdad, a no ser perseguido, no a las detenciones clandestinas entre otras.




  1. El Estado tiene un deber moral con las víctimas de Desaparición Forzada, pues el Perú ha sido uno de los países que más desaparecidos ha tenido a nivel de América Latina.




  1. La ratificación de la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada debe ser parte de una política de Estado. Por ello, el Estado está obligado a implementar el Plan Nacional de Derechos Humanos.




  1. La Convención de Viena de la cual es parte el Perú, establece que ningún Estado debe invocar disposiciones de su derecho interno para incumplir lo establecido en normas internacional o negarse a suscribir tratados de Derechos Humanos.




  1. Las Convenciones Internacionales sobre Desaparición Forzada, sirven para reforzar la regulación del delito en la legislación interna.

  2. La Desaparición Forzada tiene dos momentos: privación de libertad y la negativa a dar información sobre el paradero de la víctima.




  1. La jurisprudencia nacional en los casos: Castillo Paez, Chuschi y Salazar Monroe ha señalado la naturaleza permanente de la Desaparición Forzada.




  1. La Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada señala que los familiares de las víctimas también son víctimas de la Desaparición Forzada de personas.




  1. Es necesario generar una voluntad política a fin que el Presidente de la República firme la Convención de la ONU sobre Desaparición Forzada. Al respecto, ya hay informes favorables del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados de Lima recomendando la firma, aprobación y ratificación de dicho instrumento internacional.




  1. La importancia que el Perú suscriba y ratifique la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, para reformar la normativa penal actualmente existe que es deficiente, para que el Estado peruano promueva acciones para la búsqueda y localización de las personas o en caso de fallecimiento para la búsqueda o restitución de sus restos. También para garantizar el derecho de la verdad de los familiares y el derecho a la reparación de las víctimas y una indemnización justa y adecuada. Finalmente, para que se consoliden las medidas de capacitación de los agentes estatales para evitar que en nuestro país se vuelva a presentar estas graves violaciones de derechos humanos.



1 La Ley Nº 26926 (21.02.98) incorpora al Código Penal el Título XIV-A denominado “delitos contra la humanidad”, regulando en él los delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura.

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