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terra nullius, y recordó a las delegaciones los problemas que conllevan los conceptos de terra nullius. Se mostró de acuerdo con que existe un dominio público y con los beneficios que se derivan del dominio público, pero señaló que la cuestión es si el dominio público se aplica siempre a todas las formas de conocimiento tradicional. Manifestó su deseo por disponer de pruebas sobre las amenazas generales que se ciernen sobre el dominio público, como complemento a algunos de los debates que han tenido lugar anteriormente. Se preguntó si la futura protección o retirada del dominio público de los CC.TT. constituye una amenaza general, ya que existe una gran cantidad de conocimientos que ya están en el dominio público y que no guardan relación con los CC.TT. A su juicio, no pueden alegarse motivos de conveniencia en el ámbito de la apropiación indebida, debiendo de corregirse la misma siempre que se produzca. En relación con la cuestión de la clasificación de los CC.TT. dentro del domino público, el representé se preguntó si los CC.TT. han estado alguna vez en el dominio público y señaló que dicha decisión depende de qué legislación y qué concepto se aplica a los CC.TT. En su opinión, se trata de una cuestión de derechos humanos, por lo que el concepto del dominio público no es el adecuado. Además, el Representante manifestó su preocupación por que su clasificación dentro del dominio público impida la aplicación del artículo 31 de la DNUDPI, que muchos Estados miembros han suscrito y cuya aplicación respaldan. Señaló que no se opone al concepto de dominio público, pero que, para poder avanzar, es necesario contar con una comprensión mucho más exhaustiva de lo que se está debatiendo. En relación con la cuestión de la retroactividad, el Representante señaló que dentro del sistema formal de P.I. ha habido repetidas ampliaciones retrospectivas de los derechos de autor, por lo que, en su opinión, los Estados miembros ya tienen experiencia de “desinventar” lo que ha estado en el dominio público y de ampliar la protección sobre los mismos, pues ha sucedido en el pasado. El Representante comentó que existe la necesidad de tener un intercambio informal de puntos de vista e invitó a las delegaciones que tienen dudas sobre la protección de los CC.TT. a debatirlas con los pueblos indígenas para comprender claramente su postura.

  • La Delegación de Namibia señaló que, en relación con el dominio público, nos enfrentamos a dos concepciones completamente diferentes de la titularidad de las ideas. Señaló que la idea del dominio público se desarrolla históricamente a partir del coto cerrado que surge con la creación del sistema de P.I. occidental. No forma parte del sistema de conocimientos indígena, ya que en el sistema de conocimientos indígena existe un concepto claro de quién posee y controla el conocimiento, que nunca está en el dominio público. Por tanto, y en opinión de la Delegación, la insistencia en el dominio público de las delegaciones constituye un intento muy claro y evidente de legalizar y legitimizar la apropiación indebida y la privatización de los CC.TT. La Delegación dijo que la cuestión del dominio público no es un asunto técnico, sino que constituye un ejemplo perfecto de por qué es necesario llevar el proceso de negociación a una conferencia diplomática, donde puedan tomarse decisiones políticas.

  • A juicio de la Delegación de Kazajstán, se han realizado avances en la práctica totalidad de las cuestiones abordadas por el texto. Recordó que Kazajstán cuenta con un gran volumen de CC.TT. y, en ese sentido, el desarrollo de la protección internacional de los CC.TT. reviste una enorme importancia para dicho país. Señaló que, pese a la abundancia de CC.TT. en Kazajstán, en ese país no existe protección o documentación nacional de los CC.TT. Asimismo, indicó que, aunque sus CC.TT. no están documentados, existen, y han sido objeto de varias patentes ilegítimas en otros países. Mostró su gran interés por subsanar esa laguna, así como su deseo de trabajar al respecto en el futuro.

  • La Delegación del Níger señaló que en el texto relativo a los CC.TT. se han realizado avances innegables, aunque todavía existan algunas diferencias sobre los criterios de admisibilidad, las disposiciones en materia de beneficiarios y el ámbito de la protección. Señaló que, pese a esas diferencias, el Comité ha progresado mucho. En su opinión, la mayoría de las propuestas planteadas hasta la fecha por los solicitantes de protección para los CC.TT. no contradicen los criterios de la P.I. existentes. La Delegación señaló que no se están poniendo en duda esos criterios de la P.I. Comentó que los requisitos de divulgación ya son exigibles, por formar parte de la obligación existente en materia de P.I. de divulgar el estado de la técnica. En su opinión, el sistema de patentes, por ejemplo, incluye requisitos de divulgación que no constituyen obstáculos, sino que funcionan eficazmente en los sistemas de protección de patentes y variedades vegetales. Además, la Delegación criticó los argumentos que oponen los enfoques basados en los derechos con los enfoques basados en las medidas. Por el contrario, adujo que esos dos enfoques son complementarios y no recíprocamente excluyentes. En relación con el asunto del domino público, se mostró de acuerdo con la existencia del dominio público desde una perspectiva unilateral como lo define el sistema occidental de P.I. No obstante, la Delegación indicó que está perspectiva conlleva derechos privados que pueden conferirse, a diferencia de lo que ya está libremente disponible en el dominio público. La Delegación dijo que la noción de derechos colectivos ponía en duda la relevancia del dominio público que se aplica en el sistema de P.I. La Delegación expresó su opinión de que el modelo unilateral basado en la oposición entre derechos privados y el domino público, así como la teoría relacionada de la terra nullius, no son relevantes en lo tocante a la protección de los CC.TT. y las ECT. En ese sentido, añadió que ese es el modelo que se ha utilizado en África durante cuatro o cinco siglos para despojar a pueblos enteros de sus conocimientos.

  • El Presidente cerró el debate para examinar y hacer balance del Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/6 sobre CC.TT. y cedió el uso de la palabra sobre el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/7 (“La protección de las expresiones culturales tradicionales: proyecto de artículos”).

  • El Representante de la CAPAJ dijo que el debate sobre el dominio público ha sido muy interesante y que las ECT también pueden examinarse desde esa perspectiva. Hizo hincapié en un tema planteado por la Delegación de Argelia, haciendo uso de la palabra en nombre del Grupo Africano: la doctrina de terra nullius. Según esa doctrina, una vez que los pueblos indígenas han compartido las ECT con el público, cualquiera puede adquirirlos a partir de ese momento. Subrayó que, en realidad, las ECT de los pueblos indígenas se comparten para que nuevas invenciones y creaciones puedan derivarse y surgir de las mismas. Solicitó que en el texto de los CC.TT. se incluyan algunas garantías de que los beneficiarios que ya han compartido sus ECT con la humanidad puedan realizar creaciones del mismo modo, para que las creaciones de los pueblos indígenas puedan seguir existiendo y desarrollándose libremente en el futuro. Rechazó la doctrina de terra nullius, que ya ha sido rechazada y declarada científicamente incorrecta en la última sesión del Foro Permanente. Dijo que existen otras lagunas jurídicas sobre las que hay que reflexionar y analizar más detenidamente, para arrojar más luz sobre lo que los pueblos indígenas desean que se proteja como “ECT”.

  • La Delegación de Namibia dijo que el texto relativo a las ECT se encuentra en una fase mucho más avanzada después de que los facilitadores le hayan dedicado una considerable atención. El texto puede servir como base de negociación. Dijo que, en su opinión, los miembros del CIG desean evitar una negociación seria, y que emplearán cualquier táctica posible para prolongar los debates durante otros dieciséis años. Eso constituye otro motivo por el que es necesario fijar un plazo para la labor del CIG y llegar finalmente a un punto en que puedan adoptarse decisiones políticas. También indicó que el CIG puede recibir instrucciones de la Asamblea General para negociar un instrumento con sujeción a un plazo

  • La Delegación de los Estados Unidos de América dijo que el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/7 plasma distintas opiniones. Llamativamente, todavía tiene que acordarse una definición de la materia protegida con la suficiente precisión como para que pueda servir como norma internacional. El ámbito de la protección, incluidas las excepciones y limitaciones, todavía tiene que definirse con la suficiente claridad jurídica. El CIG también tienen que aclarar el importante concepto de los beneficiarios y tener una mayor comprensión de la interrelación existente entre la forma propuesta de protección para las ECT y los instrumentos internacionales existentes, incluidos los tratados de la OMPI y los tratados al margen de la OMPI, como ha señalado la Delegación de Nigeria. Conocer con mayor precisión y detalle los mecanismos jurídicos y de otro tipo de salvaguardia de las ECT que son coherentes con la legislación nacional precisa de trabajos adicionales. Eso conlleva una importante labor técnica, por lo que los expertos técnicos deben seguir trabajando en el próximo bienio. El CIG también tiene que alcanzar un consenso sobre los mecanismos para salvaguardar valores importantes para todos los participantes en esas deliberaciones, incluidos todos los Estados miembro de la OMPI, los pueblos indígenas y otras partes interesadas. La Delegación manifestó su deseo de colaborar con los otros miembros de la OMPI para desarrollar uno o varios instrumentos jurídicos internacionales para la protección de las ECT. Entre los mismos puede incluirse una declaración sobre la protección de las ECT. Habida cuenta del nutrido grupo de cuestiones sin resolver que abarcan los tres textos, cualquier compromiso relativo a una conferencia diplomática es prematuro y pondrá en peligro su resultado. La Delegación manifestó su deseo de colaborar con otros Estados miembros para resolver esas cuestiones pendientes y proseguir con los trabajos.

  • La Delegación de la UE, haciendo uso de la palabra en nombre de la UE y de sus Estados miembros, dijo que, durante la presente sesión, el CIG ha hecho laboriosos avances en materia de ECT, lo que da fe de las distintas opiniones existentes entre los Estados miembros en relación con los objetivos de política que subyacen al texto relativo a las ECT. Al igual que con el texto relativo a los CC.TT., las cuestiones fundamentales siguen sin resolver. En relación con el artículo clave sobre la materia protegida, la definición de ECT incluye varias cuestiones y términos de política entre corchetes, alguno de los cuales todavía no han sido formalmente debatidos. Para avanzar sobre estos asuntos tiene que garantizarse que no existen efectos perjudiciales para materiales que ya están en el dominio público y que no se restringen las libertades artísticas y prácticas de investigación existentes. A la hora de adoptar un instrumento jurídico para la protección de las ECT, la Delegación no participará en un proceso que limite las actuales libertadas artísticas o el acceso a materiales que ya están libremente disponibles. De hacerlo así, los efectos pueden ir mucho más allá del ámbito de la P.I., en formas que no son fáciles de prever. En lo tocante a los beneficiarios de protección, existen distintas opiniones sobre quiénes pueden ser los beneficiarios de protección. La Delegación dijo que considera que deben ser los propios pueblos indígenas y comunidades locales que poseen, mantienen, utilizan y desarrollan las ECT. Señaló que sigue sin haber consenso sobre los objetivos y principios. Durante los debates del punto 7 del orden del día, la Delegación ha escuchado a muchas delegaciones plantear cuestiones que todavía requieren un trabajo considerable antes de que puedan presentarse opciones claras ante el CIG para su examen y finalización. Al hilo del resumen del Presidente sobre las declaraciones generales formuladas al amparo del correspondiente punto del orden del día, indicó que un elevado número de delegaciones comparten la opinión de que existe la necesidad de concluir nuevas etapas de trabajo antes de que pueda adoptarse una decisión sobre la forma final del instrumento y el resultado de las deliberaciones del CIG. En ese sentido, dijo que espera contribuir a los debates con un análisis concreto sobre el formato y estructura de la labor futura.

  • El Representante de Tupaj Amaru, tras haber escuchado las declaraciones que alegan que se han logrado avances sobre el texto, dijo que el CIG se ha desviado del camino correcto, y que tiene unos conocimientos muy escasos de los temas debatidos. Manifestó que no considera que el CIG haya hecho avance alguno; el texto está mutilado en términos de forma y contenido jurídico. Además, y respecto a las definiciones de tanto los CC.TT. como las ECT, el Representante ha presentado textos que recogen elementos de diversos instrumentos internacionales, incluidos instrumentos de la UNESCO. La actual definición no tiene en cuenta los 500 años de conocimientos específicos recibidos de antepasados de una civilización con una historia de miles de años y que fueron adquiridos de ellos. Los Estados miembros dicen que han hecho avances, pero el CIG todavía tiene mucha labor por delante. Preguntó a las delegaciones que presentaran propuestas en lugar de pedir estudios adicionales. Los pueblos indígenas va a desaparecer mientras esperan que esos estudios estén listos. Además, el concepto de terra nullius no tiene nada que ver con estos temas. En cuanto a los beneficiarios, el Representante dijo que los Estados no pueden ser beneficiarios. Los aspectos esenciales de las ECT han sido confinados a las notas al pie; el instrumento se ha quedado sin contenido alguno. No existe suficiente voluntad política de parte de los Estados para proceder de otro modo. En su opinión, la UE no reconoce a los pueblos indígenas.

  • La Delegación del Japón dijo que, gracias a los debates que han tenido lugar al amparo del punto 6 del orden del día, puede distinguirse entre las cuestiones sobre las que puede llegarse a un acuerdo de aquellas otras que hay que debatir adicionalmente. El gran interés puesto en los debates ha dotado al CIG de un cierto consenso sobre las posturas e intereses de cada delegación. Se han hecho avances fundamentales sobre el artículo 1, al haber surgido un consenso sobre la importancia de una definición calara de las ECT en aras de la seguridad jurídica. Sin embargo, y según el texto actual, el ámbito de las ECT, que todavía es demasiado impreciso, no proporciona la debida protección de índole internacional. Como ha sugerido anteriormente, una posible solución puede ser un sistema de registro vinculado al artículo 7. Este importante asunto tiene que debatirse adicionalmente. En relación con el artículo 2, reiteró que, a efectos de garantizar la seguridad jurídica, deben definirse los beneficiarios en relación con ECT concretas. Asimismo, la Delegación manifestó su preocupación sobre la consideración como beneficiarios de las “naciones” o los “entes nacionales”. Respecto al artículo 3, es importante elaborar una definición clara de las ECT y los “beneficiarios” antes de celebrar un debate de fondo sobre el asunto del enfoque basado en las medidas o en los derechos. Hasta que se halle una solución final con la actual definición de ECT y beneficiarios, expresó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar el compromiso adecuado. Por último, la Delegación mostró su convencimiento de que queda trabajo adicional por hacer antes de superar las dispares opiniones e intereses existentes, y con vistas a lograr un resultado satisfactorio sobre esa cuestión.

  • La Delegación de Sudáfrica dijo que, lamentablemente, el CIG ha retrocedido a las posiciones de 2011 en relación con las ECT, señal inequívoca de la existencia de dos enfoques. El nuevo documento da fe del carácter de la labor realizada por el CIG durante la última semana: sobredimensionado, extenso y confuso. Ese es el motivo por que el que las delegaciones de los países en desarrollo han solicitado que se incluyan nuevas propuestas en el texto, al objeto de asegurar que sus posturas tienen reflejo en los documentos a enviar a la Asamblea General. Estas propuestas nuevas constituirán una base sólida sobre la que la mayoría de los Estados miembros pueden posteriormente negociar con otros Estados miembros. Señaló que el Anexo del documento WIPO/GRTKF/IC/25/7 constituye una elocuente crítica del proceso del CIG por no atenerse al mandato de progresar y avanzar. Respecto a los objetivos, es obvio que los debates realizados al amparo del punto 6 del orden del día han sido muy complejos, dada la clara negativa de algunos Estados miembros a otorgar valor alguno a las ECT o incluso a considerarlas como dignas de protección frente a la apropiación indebida. En consecuencia, el CIG ha reabierto la cuestión de la apropiación indebida, señal evidente de que los problemas afrontados no tienen que ver con la seguridad jurídica, ni con la claridad o la madurez del texto. La Delegación dijo que este tipo de debate sencillamente demuestra la negativa de algunos Estados miembros a reconocer que el concepto de apropiación indebida se aplica a las ECT, ya que no otorgan valor a las ECT. Por tanto, el asunto sigue siendo una cuestión política, que no depende del número de reuniones que el CIG celebre. Es necesario que los líderes políticos impulsen los debates políticos sobre temas tan básicos como los objetivos. Se trata de una estrategia deliberada para impedir que los debates avancen. La Delegación dijo que el principio de protección de los derechos adquiridos antes de la entrada en vigor del instrumento relativo a las ECT ha perturbado el ritmo de los debates. Ese principio supone un reto, porque tiene que haber un artículo que se ocupe de las medidas transitorias, aunque insistir en consolidar los antiguos derechos representa otro contratiempo en los debates sobre ECT del punto 6 del orden del día. Respecto a los objetivos, la Delegación se formuló la siguiente pregunta: si no se alcanza un acuerdo en temas relativos a la mejor política a seguir, ¿cómo puede llegarse a un acuerdo sobre las cuestiones sustantivas? La Delegación se congratuló de poder señalar que, respecto a la materia protegida, la mayoría de los Estados miembros están mutuamente de acuerdo sobre el texto. Por tanto, la Delegación invita a quienes se opongan a dicho texto a que presenten un texto similar que constituya una alternativa a aceptar o rechazar. En opinión de la Delegación, no basta con señalar que el texto no está claro o que está inmaduro. Dijo que sospecha que ese tipo de afirmación se hace sencillamente para retrasar la adopción del texto. Manifestó su esperanza de que, respecto a la materia protegida, los beneficiarios y el ámbito de la protección, el texto sea más taxativo, conciso, simple, específico, centrado y comedido. Estos hechos permanecerán en acta como una señal clara de lo que ha pasado durante la presente sesión.

  • El Representante de la FAIRA dijo que en ocasiones anteriores ha planteado la cuestión de la participación directa de los pueblos indígenas en el CIG. Dio las gracias al Presidente por la oportunidad de participar en el grupo de expertos, ya que ello brinda la posibilidad a los pueblos indígenas de tomar parte en los debates y de no abandonar el CIG. Asimismo, les han dado la ocasión de influir en otros Estados miembros. Las “consultas informales” también les han favorecido, ya que cada vez son más los Estados miembros que acuden a ellos para preguntarles sus opiniones y puntos de vista sobre distintas cuestiones. Respecto al proceso relativo a la vía a seguir, manifestó su deseo de que el Presidente prosiga con las “consultas informales”, así como su esperanza de que lo sucedido durante la presente sesión no haya desalentado al grupo de expertos, donde los pueblos indígenas han tenido una oportunidad real de intervenir en las deliberaciones.

  • La Delegación de México dijo que el debate mantenido sobre ECT al amparo del punto 6 del orden del día ha sido en algunas ocasiones bastante frustrante. Aunque su intención era la de poder fijar los objetivos, no ha sido posible. Algunos debates continúan pendientes y pueden desarrollarse adicionalmente, incluidos los relativos a beneficiarios y excepciones y limitaciones. También parece haber algunas cuestiones transversales en materia de CC.TT. y ECT, entre cuyos respectivos documentos debe haber coherencia.

  • La Delegación del Reino Unido respaldó las declaraciones realizadas por la Delegación de la UE y señaló que las principales cuestiones pendientes son muy similares a las ya indicadas. Teniendo en cuenta los trabajos sobre ECT realizados al amparo del punto 6 del orden del día, y tras escuchar todas las intervenciones e inquietudes anteriormente expresadas, es obvio que son necesarios trabajos adicionales antes de que pueda alcanzarse cualquier resultado concreto. La Delegación dijo que mantendrá una actitud constructiva, con una plena participación en el proceso.

  • La Delegación de Suecia manifestó su apoyo a la intervención formulada por la Delegación de la UE. Es necesario realizar más trabajos sobre la relación entre la materia objeto de los ECT y el ámbito de la protección o salvaguardia. En concreto, el CIG tiene que debatir adicionalmente el impacto de las distintas formas de protección o salvaguardia de las ECT en la creatividad y libertad artística, así como el desarrollo de un diálogo mutuo entre las culturas.

  • La Delegación de Francia se hizo eco de lo manifestado por los anteriores intervinientes, en el sentido de que todavía existen puntos clave que no han sido resueltos. No existe acuerdo sobre el carácter acumulativo o alternativo de los criterios de admisibilidad. La palabra recientemente introducida “intergeneracional” no ha sido todavía suficientemente definida. No existe un acuerdo sobre el uso de las expresiones “pueblos indígenas” o “comunidades locales”, ni sobre el marco para la inclusión de “naciones” como beneficiarios. Además, el CIG todavía no ha celebrado suficientes debates para estar absolutamente seguro sobre lo que se entiende por excepciones y limitaciones. Sobre todo, la Delegación reiteró que, durante las negociaciones relativas a las ECT, no ha habido debate alguno de los artículos 4, 6 y 7, que tendrán que ser abordados en el futuro. Por último, pero no menos importante, recordó al CIG que prácticamente no ha habido debate alguno desde 2009 sobre los siguientes temas que continúan sin aclarar: sanciones, medidas transitorias, integración en el sistema de P.I., tratamiento nacional y todos los aspectos generales, cuestiones todas que merecerán un examen detenido en las próximas sesiones del CIG.

  • La Delegación del Canadá dijo que parece que las delegaciones han respaldado la Rev. 2, que incluye las distintas alternativas de texto propuestas derivadas de los debates informales. Dijo que considera alentadoras las posibilidades abiertas para el examen de las conexiones existentes entre los objetivos y los distintos elementos incluidos en las disposiciones sustantivas. Dichos vínculos todavía no son muy precisos en este momento. Señaló que los Estados miembros todavía no han alcanzado un acuerdo sobre el carácter del instrumento y que, sin perjuicio de la forma en que ese asunto se resuelva, las delegaciones no se encuentran aún en situación de decidir qué debe protegerse y cuáles de las opciones desarrolladas sobre los aspectos fundamentales del artículo 1 son las correctas. Así, ha quedado claro que las referencias a “artística y literaria” carecen de consenso. Asimismo, y en lo relativo a los beneficiarios, que se trate de pueblos indígenas y comunidades locales, por un lado, o de naciones, por otro, constituye un elemento clave que cambia la naturaleza básica del instrumento. Además, el ámbito de la protección varía ampliamente, especialmente si tenemos en cuenta las diferencias surgidas entre el enfoque basado en los derechos y el enfoque basado en las medidas. Igualmente, y debido a que se trata de Administraciones con múltiples ámbitos, los Estados miembros tendrán a veces que aplicar distintas medidas, complementarias o contradictorias, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar el ámbito de la protección. Respecto a las excepciones y limitaciones, el CIG tiene que examinar los vínculos existentes entre el texto y la regla de los tres pasos que contemplan los tratados de P.I. existentes. La Delegación sugirió que los métodos y programa de trabajo tienen que permitir analizar con mayor detenimiento las cuestiones relativas a los objetivos y principios, las medidas de aplicación y cuándo es necesaria la protección de las ECT. Hay que garantizar que el texto sea jurídicamente coherente consigo mismo y con otros textos. Teniendo en cuenta lo que está en juego, sobre todo en lo relativo al texto sobre ECT, y los puntos identificados en los otros dos textos relativos a RR.GG. y CC.TT., las delegaciones tienen que adquirir el firme compromiso de llevar a cabo un análisis y examen detenidos de las cuestiones transversales. Eso tendrá más utilidad que fijar una fecha para convocar una conferencia diplomática. La Delegación mostró su disposición a trabajar con todo el mundo para alcanzar un consenso sobre esas cuestiones y para adoptar un programa de trabajo que haga posible lograrlo.

  • El Representante del CISA se refirió a las cuestiones relativas a los tres textos, ya que son todas importantes y se solapan. El ámbito de la protección y la administración de los derechos e intereses se aclararán cuando se reconozca el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y se eliminen los principios discriminatorios. Dijo que parece que algunos Estados miembros desean eludir los aspectos de control y titularidad para sustraerse a los requisitos de protección asociados con los derechos. Parte de los textos entre corchetes serán automáticamente eliminados cuando los derechos fundamentales sean reconocidos como derechos humanos. Lo expresado por la Delegación de Francia acerca de un “pueblo” o “pueblos” es irrelevante, y el CIG debe ser más ambicioso. Recordó que ha pedido a los Estados miembros que ya han reconocido esos derechos fundamentales que los apliquen para avanzar en las deliberaciones sobre reconocimiento, protección, administración y aplicación de los principios jurídicos, con independencia de que se refieran a las ECT, los CC.TT. o los RR.GG. En otro caso, manifestó, el CIG dará un paso adelante para después retroceder dos pasos.

  • La Delegación de Nueva Zelandia dijo, respecto al artículo 3 del texto relativo a las ECT, que el problema, en términos de la madurez del texto, no es necesariamente el artículo en sí mismo. Parecen existir dos opciones muy claras y la opción escogida dependerá del posicionamiento político. Aunque queda trabajo por hacer en relación con este artículo, la Delegación señaló que está situación inconclusa refleja el hecho que los cambios introducidos en las versiones revisadas del texto han sido posteriormente anulados por los Estados miembros. Indicó que el artículo 3 se parece en realidad mucho al artículo 3 del texto relativo a los CC.TT. Hace falta seguir trabajando respecto al artículo 5, sobre todo en el párrafo 3, para conseguir un texto que sea aceptable para todos los Estados miembros. El CIG necesita obviamente más debates sobre los párrafos 4 y 5, que son controvertidos y constituyen el núcleo del texto relativo a las ECT. Se hizo eco de las delegaciones que han señalado que la clave para avanzar son los artículos 1 y 2. Una de las cuestiones más importantes es la de quiénes son los beneficiarios: pueblos indígenas, pueblos indígenas y comunidades locales, o pueblos indígenas, comunidades locales u naciones o entidades nacionales. Las opciones relativa a los beneficiarios son las que realmente determinan el texto y, en función de la opción escogida, los Estados miembros adoptarán distintos enfoques en otros partes del texto. En cuanto a la relación entre los artículos 1 y 2, existe actualmente un problema de fondo que se debe al carácter circular de las definiciones: las ECT son algo que es muy importante para los beneficiarios, mientras que los beneficiarios son a quienes más les importan las ECT. O bien se definen los beneficiarios dentro de la legislación nacional, lo que no es aceptable para todos los Estados miembros, o se definen las “comunidades locales” en el plano internacional, lo que supone una tarea complicada.

  • La Representante de
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