Sala de decisión constitucional




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títuloSala de decisión constitucional
fecha de publicación25.10.2016
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SALA DE DECISIÓN CONSTITUCIONAL

Medellín, treinta y uno de mayo de dos mil trece
Sentencia de Tutela No.138

M.P. Rafael María Delgado Ortiz

Ref. Acción de Tutela Nro. 2013-1035 (7054)

Proyecto discutido según consta en Acta Nro. 089

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, mediante decisión constitucional del veinticuatro de abril del presente año, concedió la tutela que JHON EDISON VERA MEJÍA incoara en contra del establecimiento carcelario y penitenciario El Pedregal de esta ciudad, a quien atribuye la vulneración a sus derechos fundamentales a la dignidad humana, salud y sana convivencia y extendió la protección a los demás internos de ese centro. Conoce la Sala de esa decisión por causa de la impugnación que adujeran varias de las entidades accionadas.
LOS HECHOS
Cuenta el solicitante, quien se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento carcelario y Penitenciario El Pedregal de esta ciudad, que desde noviembre del año 2012 se ha venido presentando de manera gradual el hacinamiento en ese centro carcelario, llegando al tope máximo debido a que fueron construidos seis pabellones distribuidos así: Los pabellones A,B,C,D y F, para albergar doscientos ocho (208) internos en celdas con una dimensión de cuatro metros de largo por tres metros de ancho y el pabellón E, por ser de alta seguridad, alberga sesenta y cuatro (64) internos y a partir del presente año se aumentó llegando al punto de asignar en todos los pabellones en sus celdas cinco (5) internos.
Allí es escaso el servicio de salud, no hay medicamentos; no se cuenta con la luz solar y el hacinamiento genera enfermedades virales, infecciones auditivas y otras, que se incrementan por factores de contaminación ambiental, por ello solicita se ordene al Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Pedregal de esta ciudad, que se abstenga de recibir más personal interno y se dé cumplimiento a las disposiciones legales.

LA DECISIÓN Y SU CENSURA
El a quo, luego de un análisis extenso del caso, señala que luce evidente la continuación del estado de cosas inconstitucional que impera en las Cárceles Colombianas y que ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional, tuteló los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, la salud , integridad física, igualdad y debido proceso del señor JHON EDISON VERA MEJÍA y de la población interna en el Complejo El Pedregal y ordenó a la Dirección General del INPEC que dispusiera el traslado de los seiscientos sesenta y un (661) internos condenados, debiendo hacerlo de manera progresiva en un término máximo de tres meses, vencidos los cuales no podrá haber condenados en ese Complejo carcelario, lo que implica no permitir el ingreso de personas en esta situación, pero sí sindicados, sin que supere la capacidad para la cual fue construida la estructura carcelaria, esto es 1129 internos.
Respecto a la estructura para mujeres que en la actualidad no presenta hacinamiento, previene al Director General del INPEC, a la Directora Regional y al Director del Complejo El Pedregal, para que adopten las medidas preventivas de organización y distribución para que en ningún momento y/o tiempo supere la capacidad de 1316 internas sindicada y/o condenadas.
Se ordenó a la EPS CAPRECOM para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo suministre todos los medicamentos necesarios para la población carcelaria de El Pedregal en sus dos estructuras para hombres y mujeres; diez días para evacuar las órdenes médicas y exámenes diagnósticos represados; cinco días para la asignación de médico permanente y organización de turnos respectivos para brindar el servicio de complejidad Nivel 1 de manera ininterrumpida y se le previene para que por ninguna razón vuelva a incurrir en represamiento o dilaciones de órdenes y atenciones médicas, no pudiendo negar servicios aduciendo que están por fuera del POSS.
Ordenó al Director General del INPEC que en el término de quince días resuelva sobre la aprobación o no del Reglamento Interno presentado por el Director de El Pedregal y en caso de no ser aprobado, el Director tendrá un término máximo de treinta días para hacer las correcciones pertinentes y volverlo a presentar, caso en el cual el Director General tendrá los mismos quince días de aprobación y una vez hecho esto, ponerlo en conocimiento de los internos e internas.

Que en el término de diez días, el Director del Complejo El Pedregal debe diseñar una estrategia para que todos los internos tengan acceso a tomar la luz del sol. Igualmente el Director General y Regional deberá propiciar la apropiación presupuestal para incrementar el personal de guarda del complejo El Pedregal, entre otras.
En auto del tres de mayo del año en curso, se aclaró el fallo, respecto a los numerales 3 y 4, quedando así : TERCERO: ordenar a la Dirección General del INPEC, proceda a disponer el traslado de los 661 internos condenados, lo que se harán de manera progresiva en el término máximo de tres meses, para lo cual presentará informes mensuales y una vez cumplido el plazo no podrá haber condenados en el Complejo, lo que de suyo implica que el Director no podrá a partir de la fecha permitir el ingreso de más nternos condenados. En cuanto a los detenidos sindicados, esto es con medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, los deberá recibir tal y como se venía haciendo y ubicarlos dentro del complejo penitenciario y CUARTO: Una vez transcurridos los tres meses para el traslado de los internos condenados, el Director no podrá recibir personal sindicado que supere la capacidad para la cual fue construida la estructura carcelaria, esto es, 1129 internos. Los internos sindicados en contra de quienes se profiera sentencia condenatoria, el INPEC General tendrá un término prudencial de un mes para su traslado a un Establecimiento Penitenciario.
En desacuerdo con esa determinación la Directora Regional del INPEC, impugnó la decisión porque considera que no se hizo un estudio juicioso por parte del Juez de primera instancia, para el problema de privación de la libertad que afronta el país en relación con lo acontecido después de la expedición de la sentencia T-153 de 1998, que se ha convertido en un caballito de batalla no solo para los internos, sino también para los múltiples sindicados del INPEC, para organizaciones que defienden los derechos de los internos y hasta para los mismos aplicadores de justicia.
Que el fallo quedó corto en sus alcances, pues las instrucciones dadas a cada una de las entidades debió circunscribirse de manera tajante a la ley y debió ordenar a otras entidades que siguen sin asumir sus responsabilidades, que hicieran lo de su competencia y es por ello, que solicita la improcedencia de la acción de tutela o en su defecto la nulidad, porque debieron ser vinculadas todas las demás entidades y se tutele en virtud del derecho a la igualdad los derechos de más de 150.00opresos Colombianos y en esa medida extienda el cierre de los establecimientos a todos los que tienen bajo su responsabilidad el INPEC.
Luego de referirse a la acción de tutela como mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual, expone que el juzgado fallador no es el competente para declarar la persistencia del estado de cosas inconstitucionales, porque no se podrían recibir internos en la cárcel de El Pedregal hasta que las situaciones examinadas en el fallo de tutela no conjuren, es decir, hasta que no exista ni un solo interno en hacinamiento, hasta que no haya una sola falta de atención en materia de salud, hasta que se realicen todas las adecuaciones físicas suficientes en la infraestructura que permita la acomodación adecuada de todos y cada uno de los internos, de forma tal que permita la separación entre sindicados y condenados, por delitos y edades, toda vez que se requiere de una nueva infraestructura carcelaria en toda Colombia que permita conjurar totalmente esta situación.
Debió el señor Juez de primera instancia vincular a todas las autoridades del estado competentes, para que den explicación sobre las actividades que han desarrollado para cumplir con el mandato de la Corte Constitucional y al no estar probado el cumplimiento de otros organismos del estado, no puede ordenarse al INPEC el cumplimiento de las tareas establecidas en el fallo, como es la de propiciar la apropiación presupuestal para incrementar el personal de guardia del complejo El Pedregal, cuando es claro que no dispone de partidas presupuestales y ha hecho lo que ha estado a su alcance para cumplir con sus obligaciones.

Agrega que no se tuvo en cuenta a la Unidad de Servicios Penitenciarios, encargadas entre otros asuntos, de controlar los servicios contratados para la atención integral del personal recluso y le fueron entregados en su totalidad los temas de infraestructura, salud, alimentación y apoyo logístico al INPEC, por lo tanto, se le asignó en el fallo órdenes que no puede cumplir y no podrá prosperar en este caso un incidente de desacato.
Se refiere ampliamente a que se está rompiendo con la división de poderes, toda vez que se le impedirá al INPEC recibir internos en un establecimiento de reclusión, viéndose en la obligación de enviarlos a otro, vulnerándose derechos a otros internos privados de la libertad y abordó los temas referidos en el fallo, como adecuaciones, remodelaciones en el Complejo El Pedregal, las condiciones de vida de los internos; a la atención en salud; que no se presenta perjuicio irremediable respecto a derechos colectivos; las causales de improcedencia de la tutela y sobre la asistencia jurídica.
Finaliza deprecando la revocatoria del fallo de tutela y de no ser así, respetuosamente ordenar a todos los Jueces y Fiscales del país, que se prohíba la expedición de órdenes de captura o boletas de encarcelación al no tener establecimiento en los cuales recluirlos; se entrega la vigilancia y custodia de los establecimientos carcelarios del INPEC, al personal de la Policía Nacional y del Ejército y se les ordene a los organismos de la fuerza pública, que se inhiban de realizar capturas, pues todos los establecimiento carcelarios presentan hacinamiento.
Por su parte el Director del Complejo Carcelario y Penitenciario El Pedregal de Medellín, luego de referirse ampliamente al contenido del fallo de tutela de primera instancia, solicita se modifique en la parte resolutiva porque no se dan los elementos para que sea declarada la persistencia agravada del estado de cosas inconstitucionales en la estructura 3 en los términos que se trataron en la sentencia T-153 de 1998.
Que la modificación se dé en torno a que se vincule al Municipio de Medellín en los mismos términos en que se ordenó a las Entidades territoriales, según el numeral décimo de la parte resolutiva de la citada sentencia y mientras esto sucede, dicho ente Municipal cumpla cabalmente con la suscripción de convenios interadministrativos sin omitir un solo ítem del artículo 19 de la ley 65 de 1993 y en igual sentido, se vincule al departamento de Antioquia, porque también está obligado y por extensión al Área Metropolitana, porque tienen reclusos de muchas poblaciones del Departamento.
Igualmente, se revoque el numeral Nueve, por imposibilidad física de cumplir la orden y para dar cumplimiento al numeral Décimo, porque las entidades obligadas serían el Departamento Nacional de Planeación en cuanto a la apropiación de los recursos y la Comisión Nacional del Servicio Civil para que adelante las convocatorias y en cuanto al numeral Doce, en torno a que se deja la responsabilidad a esa Dirección para que se realicen las reparaciones locativas y se corrijan las fugas de agua que afectan algunas celdas, reitera que el presupuesto es manejado por la Unidad de Servicios penitenciarios y Carcelarios, según el Decreto 4150 de 2011, por lo que debe ser vinculado a la acción de tutela.
El Coordinador del Grupo de Tutelas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC- en su escrito impugnatorio expone que la orden del señor Juez supera el ámbito de competencias institucionales, pues no se vincularon a otras entidades estatales que están obligadas a desplegar acciones para cumplir el fallo y para el efecto expone argumentos del traslado de internos como medio para atacar el hacinamiento, el fundamento legal, el hacinamiento en los centro carcelarios del país, la disponibilidad presupuestal, infraestructura del complejo carcelario y penitenciario El Pedregal de esta ciudad, la responsabilidad de otras autoridades pública por lo que piede la nulidad de la acción de tutela o se revoque el fallo en razón a que el INPEC no es el único responsable de dar solución a los requerimientos planteados por el accionante.
Que el expediente de tutela está viciado de nulidad, porque no se realizó la vinculación de varias entidades estatales, en aras de la protección del debido proceso, porque la decisión adoptada afectó concreta y directamente a esas entidades administrativas.
EL TRIBUNAL
Le asiste a la Sala competencia para desatar la alzada por cuanto el a quo podía impulsar y fallar la tutela contra la Cárcel El Pedregal (artículo 1° numeral 1° inciso 2° del Decreto 1382 de 2000).
En múltiples ocasiones se ha indicado que las personas no pueden ver menoscabada su dignidad humana por el sólo hecho de encontrarse privadas de la libertad por causa de una orden judicial y también es sabido que constituye hecho notorio que las condiciones en que se desarrolla la reclusión en nuestro país no garantizan el respeto de la dignidad humana, al punto que la Corte Constitucional ha declarado el "estado de cosas inconstitucional" en la pluricitada sentencia T-153 de 1998 y tan es así que las mismas entidades accionadas reconocen los graves problemas que afectan a la población carcelaria.
Tampoco es desconocido por los accionados ni por los operadores judiciales, que con la promulgación de las leyes 1453 y 1474 de 2011, en especial ésta última denominada “ley de seguridad ciudadana”, al endurecerse las penas en un esfuerzo legislativo por combatir la criminalidad, la población de los centros de reclusión aumentó dramáticamente y llevó a empeorar las cosas al interior de esos establecimientos.
No es el complejo carcelario “El Pedregal” el único establecimiento que sufre las consecuencias de la oscilante y en veces inexistente “política criminal” al ver aumentar día a día sus internos por cuenta de rigurosas medidas que impiden la utilización de mecanismos diferentes a la restricción de la libertad para garantizar la seguridad de víctimas y testigos; preservar la prueba y la comparecencia de los acusados ante los estrados judiciales, por el contrario, basta afirmar que en esta zona del país, otros centros, tales como la cárcel distrital de “Bellavista” o el establecimiento carcelario de máxima seguridad de Itagüí, se ven abocados a los mismos inconvenientes.
El establecimiento sobre el cual recae la mayor parte de las órdenes expedidas por el señor juez de primera instancia, esto es, el Centro carcelario “El pedregal”, es el más reciente de los construidos en el área metropolitana, no presentando, el mismo juez lo reconoce, hacinamiento en el pabellón de mujeres.
Tanto el director general del INPEC como el del centro de reclusión, en sus impugnaciones se quejan de un lado acerca de la expedición de órdenes, por parte del Juez de tutela, que no los cobijan sólo a ellos sino a otros estamentos gubernamentales de orden nacional por lo cual hay violación al debido proceso y hay lugar al decreto de nulidad de lo actuado y, de otro, sobre la imposibilidad práctica de cumplir con lo que se les exige, justamente por carecer, para varias de las órdenes, de competencia.
DE LA NULIDAD
En punto a resolver, en primer lugar, la solicitud de nulidad, hemos de precisar que las amplias órdenes impartidas por el Juez Segundo Penal del circuito especializado tocan, qué duda cabe, a autoridades de orden nacional pues dentro de ellas se contempla, valga como ejemplo el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, el incremento de personal de vigilancia o la prohibición de recibir internos por encima de su capacidad –numerales tercero y quinto- pues estas disposiciones generan entonces que otras autoridades de diferentes órdenes deban tomar decisiones sobre tales asuntos.
No le falta razón a la Directora Regional del INPEC1, quien impugnó la decisión cuando critica la providencia al no extender las órdenes, como lo hizo la Corte constitucional en la sentencia T-153 de 1998 a todas las autoridades de orden nacional, departamental, municipal y entes descentralizados que tienen injerencia en el asunto pues se deja la solución del hacinamiento carcelario del establecimiento carcelario EL PEDREGAL, como una rueda suelta al blindarse con la sentencia y poder negarse a recibir más internos –de cualquier calidad- sólo argumentando que una decisión de un juez constitucional se lo prohíbe sin parar mientes en que, finalmente, tal situación tiene efectos colaterales ya conocidos por la opinión pública como lo es el grave problema que afecta a varias personas que debieron y aún deben permanecer en los calabozos del edificio JOSÉ FELIX DE RESTREPO al no poder ser remitidos a ese centro de reclusión que cuenta, qué duda cabe, con mejores instalaciones y servicios que las celdas de paso en el edificio judicial.
Tampoco es desacertada la afirmación del Director de la cárcel EL PEDREGAL2 cuando se cuestiona si tan grave crisis de orden nacional puede ser solucionada con la orden dirigida a un establecimiento en particular de cara a poner fin al hacinamiento, generando con ello un traslado del problema a otros centros y cuando afirma que dicho problema compete a otros entes estatales, tales como el municipio de Medellín, el Departamento de Antioquia o la comisión nacional de servicio civil.
Similares cuestionamientos se hace la Dirección general del INPEC a través del coordinador del grupo de tutelas quien pide la nulidad de la actuación al no haberse vinculado a un gran número de entidades que, en su criterio, son también las llamadas a responder por el problema del hacinamiento carcelario.
Ahora bien, debe precisarse que el señor juez de primera instancia al admitir la acción de tutela ordenó, oficiosamente, en autos del once, quince , diecisiete, veintidós de abril de dos mil ocho, visibles a folios 12 , 42 , 103 y 169 del cuaderno 1, vincular a la personería de Medellín, Defensoría regional, Procurador Regional de Antioquia, Comandante de la policía metropolitana, Ministra de justicia y del derecho, viceministro de política criminal, secretaría de salud de Medellín, EPS CAPRECOM, Ministro de Salud y protección social; Unidad de servicio penitenciario y carcelario, a la aseguradora QB, al ministerio de hacienda y crédito público, al Defensor del Pueblo, a la Contralora general de la república, Procuraduría general de la nación, al señor Gobernador de Antioquia, la secretaría de gobierno municipal, al señor alcalde municipal de Medellín, al Departamento administrativo de planeación nacional y otras entidades de orden privado como la aseguradora LA AUTORA y a las universidades de esta ciudad.
Varias de estas entidades dieron respuesta a la acción, si bien fuera de término algunas de ellas, pero no hay duda que sí fueron llamadas al trámite.

Cosa diferente es que en las órdenes no las haya vinculado, quizá porque el A quo estimó que las mismas podían ser cumplidas por aquellos directamente relacionados con el establecimiento carcelario; al fin y al cabo, el eje central de su decisión es la prohibición de recibir condenados en ese establecimiento y no poder superar los topes máximos para los cuales se halla construido.
Sobre este específico punto no encuentra la Sala que las tesis de los impugnantes estén llamadas a prosperar pues es claro que las entidades cuya presencia echan de menos en el procedimiento sí fueron vinculadas, que no hayan sido sujetos de órdenes específicas es un asunto de otro orden.
Debe señalarse para poner fin a este capítulo, que al vincular a tantas entidades de orden nacional no ha debido entonces el Juez A quo continuar con el conocimiento del asunto pues el decreto 1382 de 2.000 implicaba que debía remitirlo a este Tribunal.
Sin embargo, dado lo urgente que se ofrece para la Sala el asunto ya que como consecuencia de lo decidido se generó el hacinamiento de reclusos en los calabozos del edificio JOSÉ FELIX DE RESTREPO, pues esta tutela se sumó a la expedida el cuatro de marzo del presente año por una Sala de decisión de este tribunal que prohibió el ingreso de internos a la Cárcel Bellavista, situación mucho más apremiante que la advertida en este evento en particular, dejaremos de lado las reglas de reparto que señala el decreto 1382 de 2000 y procederemos a pronunciarnos sobre el fondo del asunto.
DE LAS ORDENES IMPARTIDAS POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
En la extensa providencia del juez de primer grado, se termina por declarar, como basamento de todas sus posteriores decisiones, que el estado de cosas inconstitucional, declarado por la corte constitucional continúa y tal hecho lo habilitó entonces para emitir los pronunciamientos subsiguientes que buscaron poner coto a este problema al interior de uno solo de los establecimientos carcelarios del país.
Lo anterior, a nuestro juicio, no es más que plasmar en una providencia judicial algo que el país entero conoce suficientemente; para nadie es un secreto que en nuestras cárceles es común que la población interna sobrepase la capacidad máxima instalada; los medios de comunicación, en especial en los últimos días han tenido un gran cubrimiento de esta situación y no creemos que exista la necesidad de declarar que ese estado, declarado por la corte constitucional en el año 1998, aún persiste.
Si alguna autoridad está llamada a una revisión de esa situación es justamente esa alta corporación pues mediante la sentencia T-153 del año mencionado, emitió una serie de lineamientos con los cuales buscaba solucionar el problema, no pudiendo dejarse de lado que una respuesta estatal a ese llamado fue la construcción de nuevos centros de reclusión, siendo el establecimiento que fue objeto de la acción, uno de los construidos en los últimos años; tal situación la corrobora el Director en su impugnación cuando en su escrito de impugnación pone en conocimiento de la Sala que dicho centro es uno de los diez establecimiento de tercera generación recibidos en los últimos tres años3 con los cuales se ampliaron los cupos para los internos.
No deja de ser una paradoja que precisamente uno de los centros carcelarios que en esta parte del país presenta una tasa de hacinamiento más baja –el juez la establece en un 30.55 por ciento4- sea el que haya recibido las órdenes perentorias de parte suya y más paradójico aún que reconozca que en éte, en relación con el pabellón de mujeres, tal situación no se presenta.
No puede la Sala, desde luego, desconocer que en todo el territorio nacional existe una compleja problemática en relación con la población carcelaria, argumento que creemos le ha permitido al A quo desarrollar todas sus conclusiones pero, no creemos que la solución por él dada a la petición del interno JHON EDISON VERA MEJÍA y que extendió a todos los internos del establecimiento EL PEDREGAL sea la más adecuada pues por esta vía simplemente, cosa que al parecer no advirtió, generó, si podemos denominarlo, un “efecto colateral” pues al verse compelido el director del centro de reclusión a acatar su orden, simplemente el hacinamiento se trasladó a otras dependencias.
La primera que se vio con una problemática, mucho más compleja, fue la administración judicial de este departamento pues en cuestión de días los calabozos del edificio JOSÉ FELIX DE RESTREPO, que están allí para mantener provisionalmente a las personas que estando privadas de su libertad acuden diversas diligencias judiciales, se fue llenando de personas a las cuales se les imponían medidas de aseguramiento de detención preventiva pues ya otra sentencia en igual sentido5, proferida por una sala de decisión este tribunal, había prohibido el ingreso de internos a la cárcel Bellavista y ello impedía entonces su traslado a EL PEDREGAL.
En relación con este concreto punto, se recibió por parte de la Sala, oficio de fecha veintisiete de mayo del presente año, suscrito por la Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, Sala administrativa y el Director seccional de Administración judicial, en el cual ponen en conocimiento de la judicatura los esfuerzos realizados para reubicar a las ciento diecisiete personas que inicialmente permanecían en los calabozos, quedando con una problemática de sesenta detenidos que pasan allí sus días en condiciones dramáticas.
No cabe duda que las órdenes impartidas por el Juez de primera instancia buscan cumplir postulados de orden constitucional como derecho a la vida digna y a la salud, pero al centrar su análisis en uno solo –y quizá el menos grave de los problemas- culminó, dada la existencia de la orden contenida en la otra sentencia, por desconocer derechos fundamentales a otros ciudadanos que se vieron, por fuerza de las circunstancias, en peores condiciones que las que podrían vivir en el centro de reclusión que fue blindado por la orden del A quo, al limitar el número de personas allí recluidas que no podrá ser superior a la capacidad instalada.
Para nosotros, el asunto es muchísimo más complejo y no se soluciona con una sentencia por medio de la cual un Juez procura poner a salvo los derechos de un reducido grupo de personas en detención preventiva en un establecimiento en particular pues esa orden, se insiste, siendo insular, termina por ser quizá más nociva que el problema que se pretende solucionar.
Los argumentos expuestos sobre el drástico aumento de detenidos y condenados por cuenta de erráticas políticas legislativas que procuran, al vaivén de la opinión, dar solución a casi todos los problemas que padece nuestra sociedad mediante la creación de nuevos y muy variados tipos penales, el injustificado aumento de las penas para cierta clase de delitos, la cada vez mayor restricción para que los detenidos y condenados puedan gozar de su libertad, son válidos; la necesidad urgente de poner fin al hacinamiento es una realidad, pero no creemos que la acción de tutela sea la herramienta que permita la respuesta estatal.
Seguramente la promulgación de estas sentencias ha generado la necesidad de dar prioridad al tema y buscar caminos de orden legal, presupuestal y de ejecución de cara a su solución, que no será inmediata, eso es seguro, pues todo ello comporta la dinamización de una serie de políticas estatales, del empuje que el gobierno dé a proyectos de ley en este sentido, de las apropiaciones presupuestales –que han de ser generosas- y en fin de que todas las ramas del poder público enfoquen su atención a algo que ya adquiere carácter endémico en nuestra sociedad.
No dudamos que el estado de cosas inconstitucional persiste –creemos que en menor medida precisamente en la cárcel EL PEDREGAL-, pero ello no amerita una declaración por vía de tutela; es conocido por todas las instituciones y también debe reconocerse que se han hecho esfuerzos por buscar una respuesta al tema.
Ahora bien, la orden más concreta que contiene la providencia de primera instancia es que del establecimiento carcelario EL PEDREGAL sean trasladados –no sabemos a dónde- los condenados que por fuerza de las circunstancia allí fueron a parar, pero ello, con toda su buena intención, deja de lado que muy probablemente estos internos, que allí se encontraban en mejores condiciones que en Bellavista –cuyo hacinamiento según las últimas noticias supera el 200%- o en otras cárceles de la región pues ninguna tiene la capacidad de absorber semejante cantidad de internos.
Si bien la orden está suavizada al diferirla en su cumplimiento en un término máximo de tres meses, luce palmario que mientras las leyes relativas a la libertad y su restricción no sean matizadas, que las penas señaladas para una gran cantidad de punibles no sean revisadas en punto de su necesidad y razonabilidad, se deje de poner talanqueras legislativas a la aplicación de la justicia premial y se desarrolle como corresponde el principio de oportunidad, todo esto de un lado y que de otro, se incrementen los esfuerzos por aumentar entonces el número de celdas disponibles en el país, así como que se cuente con un número adecuado de jueces de conocimiento y de ejecución de penas y medidas de seguridad, cumplir lo establecido por el Juez será una labor imposible para el obligado con la orden.
Tampoco se comparte la decisión de prohibir el ingreso de nuevos sindicados al establecimiento cuando se supere el cupo establecido -1129- pues ello, se insiste, termina por afectar otro grupo poblacional que termina por padecer una situación aún peor que la que puedan vivir en ese panóptico y, desde luego, es de esperar que en el pabellón de mujeres, se cuente con la fortuna de no superar el número máximo, pero ello no puede ser una camisa de fuerza cuando el Estado no cuenta, por ahora, con los sitios adecuados a los cuales pueda remitir esa población.
Emitir órdenes como las dadas por el juez de tutela, llenas de buenos propósitos que en la realidad son, al menos por ahora, de muy difícil cumplimiento sin invadir derechos de otras personas que sufrirán las consecuencias de su acatamiento en punto del hacinamiento de los internos es desconocer las difíciles situaciones de todo el país en este aspecto y conlleva, no lo dudamos, a trasladar simplemente el problema a otros escenarios.
Es de esperar que con tan alarmante situación el gobierno nacional y todos los organismos institucionales que deben responder por dicha situación, finalmente concentren sus esfuerzos en dar una solución integral al problema.
Ahora bien, además de las emitidas de cara a finiquitar el hacinamiento, también optó el A quo por dar órdenes generales ala EPS que atiende el personal de internos, esto es, la EPS CAPRECOM, conminándola en perentorio término a evacuar las citas fijadas, practicar exámenes de laboratorio y otorgamiento de medicamentos, así como a designar un médico permanente, buscando con tan genérica decisión que se solucionen las dificultades en materia de Salud.

Desde luego, la Sala comparte los buenos propósitos del A quo, pero pareciera que en su afán por ver solucionado un problema que arrastra desde hace años el sistema penitenciario y carcelario y siguiendo la línea de razonamiento que la Sala de decisión de este tribunal en la sentencia del cuatro de marzo del presente año, culminó por expedir la orden hacia toda la población carcelaria sin determinar prioridades o necesidades particulares en este aspecto específico.
Bajo esta premisa de dar órdenes genéricas podría afirmarse que hubiese bastado una sola tutela en todo el país para que COLPENSIONES se pusiera al día con la respuesta a las miles de peticiones que son elevadas o que frente a los desplazados víctima de la violencia, fuera suficiente una orden de juez constitucional para que todos ellos reciban en forma oportuna sus ayudas humanitarias de emergencia cuando la realidad es que en cada caso en particular debe establecerse si por éste mecanismo es dable otorgar esa protección prioritaria.
La EPS CAPRECOM desde luego es responsable de velar por la salud de los internos y debe, sin necesidad de órdenes judiciales cumplir con lo que le compete, pero ello también debe ser entendido dentro del contexto, es claro que dar cumplimiento a lo ordenado por el juez constitucional implica la puesta en marcha de un operativo de considerables proporciones máxime si también en esta misma línea ya había sido ordenado en la sentencia a la cual venimos haciendo referencia y respecto a los internos de la cárcel BELLAVISTA.
Otorgar a la EPS, aún bajo el entendido que es viable mediante la acción extender el amparo en forma genérica, un término de cuarenta y ocho horas para lo que se contempla en el numeral sexto desconoce de un tajo la realidad; es evidente que su cumplimiento, que supondría, a manera de ejemplo, la compra de medicamentos, la disposición de un gran número de exámenes de laboratorio, remitiendo a los internos a diversos centros especializados, la designación de uno, dos o más galenos para garantizar su presencia diaria –no se sabe en qué turnos y horarios- implica una serie de decisiones administrativas de una empresa que debe tener en cuenta muchas variables presupuestales, de ejecución, laborales, jurídicas que no pueden ser solucionadas en semejante lapso.
Y qué decir de su orden de garantizar el sol a todos los internos?
Como bien lo planteó el director del establecimiento, la mismas características del diseño de los edificios, siguiendo conceptos norteamericanos, dificultan que el sol ingrese como seguramente lo plantea el fallador y ello genera una extrema dificultad para dar cumplimiento a la orden pues trasladar tal cantidad de personas, todos los días, fuera de los pabellones, hacia sitios abiertos, supone la movilización de gran cantidad de personal de guardia para garantizar la seguridad amén de la problemática que se expone sobre la situación de orden público en las afueras del centro de reclusión.
Desde luego que la permanencia en centro carcelarios supone restricciones y sería deseable que se pudiera contar con edificaciones diferentes pero la realidad es que así es como está diseñado y construido el complejo que en cualquier forma sí tiene buena ventilación y luz solar, no directa por supuesto.
Si lo que se pretende es que los internos gocen de varias horas de sol al día, todos los días, la labor será imposible; seguramente, como lo dice el Director, con buenos programas recreativos se podrá, en horarios y turnos razonables, que los internos puedan estar alguna parte de su tiempo fuera de los pabellones así no sea todos los días pero una orden de esa calibre implica entonces que los términos sean ajustados a la realidad.
Y, en torno a la expedición del reglamento interno, no se ve por qué ello afecta los derechos fundamentales de los internos pues actualmente se regula por el reglamento general y él desde luego también tiene en cuenta el debido proceso, este asunto fue abordado por el A quo en forma oficiosa sin que desarrollara realmente un argumento sólido para concluir que con la aplicación del reglamento general el debido proceso se halla afectado.
En relación con las prevenciones que realiza a algunas autoridades, ninguna situación diferente a exigirles que cumplan sus funciones efectúa; es claro para la Sala que la Procuraduría, la contraloría y la defensoría tienen dentro de la órbita de sus deberes justamente lo que les reclama la sentencia y a lo que allí son compelidos no requiere de una orden constitucional por vía de tutela.
En el terreno de los buenos propósitos cualquier idea puede florecer, pero las amplias aspiraciones del A quo para solucionar él, de una buena vez, las dificultades que aquejan el sistema carcelario y penitenciario no pueden desconocer la realidad.
Mientras no se entienda de una buena vez por las autoridades gubernamentales, militares, policiales y por el legislativo que las soluciones a los problema de inseguridad que aquejan a la nación no son únicamente en el ámbito represivo, que éste es sólo una de las herramientas con que cuenta el Estado para resolver los conflictos y restaurar la malla social y que, si desean hacer uso de ella deben entonces procurar que se cuente con las herramientas adecuadas para su ejercicio por los jueces, no puede aceptarse que de un plumazo un Juez de la República dé solución a los problemas de nuestras cárceles.
Como llamado de atención a las autoridades de todo orden, los planteamientos del señor juez son válidos, pero como órdenes destinadas a solucionar el problema no lo son; para la Sala, emitir estas decisiones dirigidas a unas autoridades como las aquí condenadas que escaso margen de maniobra tienen en relación con asignación de partidas presupuestales, nombramiento de personal, designación de más funcionarios judiciales, mejoramiento de la oferta de salud es desconocer una realidad palpable de extrema dificultad de diverso orden que impide que la solución se dé por medio de una sentencia como la emitida por el A quo.
Así las cosas, en nuestro criterio, la pretensión del actor que no fue otra que se prohibiera al Director del establecimiento carcelario EL PEDREGAL el ingreso de más internos, debe ser despachada desfavorablemente en esta instancia; las condiciones en ese centro de reclusión están lejos de ser las más graves en el sistema y tal restricción implica, como efecto colateral, que muchas otras personas detenidas preventivamente deban surtirla en condiciones más dramáticas que las expuestas por el accionante.
Las amplias órdenes que oficiosamente emitió el A quo, relativas a la salud y bienestar de todos los reclusos, tampoco serán validadas por esta instancia conforme se expuso en párrafos anteriores; los análisis del A quo servirán, creemos, para que las entidades y personas a quienes les compete la solución del problema carcelario a nivel nacional tengan puntos de referencia y elementos de juicio sobre los caminos a seguir en procura de superar la grave situación que por años ha afectado el sistema.
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión constitucional proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito especializado de Medellín, en acción de tutela que JHON VERA MEJÍA incoara contra del establecimiento Carcelario y Penitenciario El Pedregal y otros y en su lugar, se NIEGA la tutela de los derechos fundamentales invocados como vulnerados, dadas las razones precisadas en la parte motiva de la presente providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
RAFAEL MARÍA DELGADO ORTIZ JOHN JAIRO GÓMEZ JIMÉNEZ

Magistrado Magistrado
MIGUEL HUMBERTO JAIME CONTRERAS

Magistrado

1 Escrito sustentatorio de la impugnación folio 130 c.3

2 Folio 154 Escrito de impugnación.

3 Folio 156

4 Ver para ello sentencia de primera instancia página 99 (folio 49 c.3)

5 Se hace referencia a la sentencia 2013 0130 emanada de una Sala de decisión constitucional de este Tribunal en la cual prohibió el ingreso de internos a la cárcel Bellavista.


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