La globalización y su impacto sobre la salud




descargar 55.82 Kb.
títuloLa globalización y su impacto sobre la salud
fecha de publicación26.10.2016
tamaño55.82 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Derecho > Documentos

La globalización y su impacto sobre la salud


Consuelo Ahumada

La crisis por la que atraviesa la salud pública en Colombia solo puede entenderse a cabalidad si se examina a la luz de las reformas económicas y sociales que se generalizaron en la década del noventa en los países subdesarrollados y particularmente en América Latina. Este trabajo se centra en el análisis de la conexión que se presenta entre dichas reformas y el deterioro de las condiciones sociales en Colombia, en particular las de salud, y se divide en tres partes. En la primera, se examina el concepto de globalización y se destacan los principales rasgos del Nuevo Orden Mundial. La segunda se refiere a la crisis económica y social del país, en el contexto latinoamericano. Por último, en la tercera parte se hacen algunas apreciaciones sobre la situación de la salud pública, como consecuencia de la puesta en práctica de las políticas derivadas de la globalización.

1. La globalización y el Nuevo Orden Mundial

El término "Globalización" se viene utilizando desde las más diversas posturas. Kelley Lee señala que, si bien este vocablo se ha estudiado y debatido ampliamente desde la década del setenta, solo ha empezado a ser explorado por los investigadores de la salud y los encargados de formular políticas a mediados de los años noventa. "Repentinamente, la globalización ha llegado a ser reconocida como una característica sumamente importante y definitoria de la política sanitaria a fines del siglo XX", (2000:17). La misma autora sintetiza en dos enfoques opuestos las distintas acepciones utilizadas durante las tres últimas décadas con respecto a este término: la teoría liberal y la teoría crítica. La primera ha sido la defensora más importante de dicho fenómeno, aclamándolo como el triunfo del capitalismo de mercado en el ámbito mundial. Es defendido como un proceso esencialmente racional, que libera al sector privado de las limitaciones de un aparato estatal excesivamente grande, y del sindicalismo organizado. Sostiene, igualmente, que la globalización no es más que una expresión de las fuerzas del mercado, que adquiere su propio impulso más allá del control humano.

La teoría crítica, por su parte, advierte sobre las consecuencias desestabilizadoras y destructoras del proceso. Este enfoque pone el énfasis en la polarización social que se viene acentuando entre los países poderosos y los subdesarrollados, así como al interior de todos los países, como resultado de la disminución de la función económica y social del Estado, la privatización de las empresas públicas estratégicas y de los servicios sociales básicos y la "flexibilización" de las condiciones laborales, entre otras políticas cuya práctica se ha generalizado en los países subdesarrollados. Así, mientras que el primer enfoque se centra en los "ganadores" del proceso, el segundo examina su impacto sobre sus "perdedores". En concepto de Lee, la forma actual de la globalización, caracterizada por el neoliberalismo y las exigencias económicas, tiene entre los "ganadores" a las empresas transnacionales y las elites políticas y económicas, y entre sus "perdedores" a los negocios locales pequeños y a los excluidos o marginados sociales. Estos dos enfoques opuestos se expresaron claramente en dos reuniones de alcance planetario que se realizaron de manera simultánea a fines de enero pasado: de un lado, la cumbre económica mundial, que reúne anualmente a los dirigentes de los países poderosos y a los representantes de los organismos internacionales, y que este año se realizo en Nueva York en lugar de Davos; del otro lado, el segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre, en el cual el llamado movimiento antiglobalización congregó a más de cincuenta mil personas provenientes de los cinco continentes.

En 1991, poco antes de la guerra del Golfo Pérsico, el presidente Bush proclamó el advenimiento del Nuevo Orden Mundial, entendido como la era del libre comercio y la globalización. Este orden fue concebido por los Estados Unidos, con el apoyo de las demás potencias económicas, a la medida de los intereses imperiales de la única superpotencia que sobrevivió a la Guerra Fría. La creación y puesta en funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, OMC, a comienzos de 1995 y el protagonismo adquirido por esta institución en el plano mundial, consagraron la generalización de las políticas neoliberales en todo el orbe.

A lo largo del decenio de los noventa, se acentuó la tendencia a la concentración del comercio y las actividades productivas fundamentales en manos de los países más desarrollados, en especial Estados Unidos, cuya economía experimentó en ese periodo una extraordinaria recuperación. Al mismo tiempo, el sector financiero adquirió cada vez mayor preponderancia en la economía internacional. La llamada globalización financiera ha intensificado la presión política sobre los países del Tercer Mundo para que abran sus economías a los flujos internacionales de capitales. El FMI, con el respaldo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha dirigido este empeño, forzando a los gobiernos a que liberalicen las regulaciones en cuanto a la inversión extranjera directa y otros flujos de capital.

2. Crisis económica y social de Colombia en el contexto latinoamericano

Sin duda, el factor determinante para la adopción de las reformas económicas y sociales de corte neoliberal fue la severa crisis de los países latinoamericanos, acentuada de manera considerable por el estallido del problema de la deuda externa a comienzos de los ochenta. Aunque durante dicha década la región dedico casi 224 mil millones de Mares al servicio de la deuda, su monto ascendía a 750.000 millones de Mares a mediados del 2000. A pesar de los procesos de reestructuración, o más bien debido a ellos, un buen número de estas naciones tiene pasivos públicos que superan el 50 por ciento de su Producto Interno Bruto y el 170 por ciento de sus exportaciones1. Por ello, para todos estos países el servicio de la deuda representa crecientes sacrificios en lo que tiene que ver con la inversión pública y social. No obstante, para el cada vez más poderoso sector financiero internacional, el negocio ha sido excelente, por lo que el endeudamiento permanente de nuestros países es percibido en los noventa como factor de confianza por parte de los países más poderosos y de los grandes bancos sobre los cuales ejercen control.

A partir de la segunda mitad de la década del noventa, la financiación privada, que se desarrolla fundamentalmente mediante la llamada inversión de portafolio, adquirió gran importancia en América Latina y el Caribe, en tanto que los préstamos de instituciones y gobiernos oficiales se redujeron en forma considerable. Cerca del 70 por ciento de los flujos de capital a la región en ese periodo se dieron bajo esta modalidad, lo que represento un porcentaje tres veces superior al de la década precedente (Henwood, 1999: 13-23). La inversión de portafolio en América Latina se incrementó por cuenta de las multinacionales en el marco de las políticas de privatización.

Si bien en la década de los ochenta Colombia logró sustraerse en alguna medida de la crisis financiera que afectó a los demás países latinoamericanos, su deuda se ha incrementado de manera notoria a partir de los años noventa. Mientras en 1988 su monto se elevaba a US 16.000 millones, en marzo de 2000 llegó a $36.000 millones de dólares2. Por otra parte, la deuda interna del sector público también ha aumentado, hasta superar los 22 billones de pesos, que equivalen al 12 por ciento del PIB3.

La relación entre el servicio de la deuda y el presupuesto nacional se incrementa año tras año. Según datos de la Contraloría General de la Nación, mientras que en 1993 el servicio de la deuda representaba el 30 por ciento de los ingresos tributarios, en 1999 este mismo servicio representaba el 87 por ciento. Pero la situación en este respecto tiende a empeorar. El peso de la deuda es de tal magnitud, que en el año 2001 el servicio de la deuda externa e interna demando recursos por 21.4 billones de pesos, que equivalen al 41 por ciento del presupuesto de ese año, calculado en $57 billones4. Resulta claro que en los gastos del Estado la mayor prioridad la tiene el servicio de la deuda pública externa e interna y ello es un factor fundamental para entender la reducción de la inversión pública y la crisis de la salud pública, tal como lo veremos más adelante.

En medio de una profunda recesión, el 20 de diciembre de 1999 el gobierno de Colombia suscribió el llamado Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI. El acuerdo obliga a Colombia a adelantar un programa de ajuste macroeconómico durante un periodo de tres años. El compromiso central que contrae el país es el mismo que obsesiona a la ortodoxia neoliberal a partir de la década de los ochenta y que se impone por igual en todos los países de la región: la reducción del déficit fiscal y la búsqueda del equilibrio de las finanzas del Estado. Con ello, el objetivo primordial del Fondo es garantizar y aumentar el flujo de capitales desde las naciones latinoamericanas a los países industrializados, en especial a Estados Unidos.

Así, el plan de ajuste trae consigo una caída drástica del consumo y la inversión pública en momentos en que, como consecuencia de la crisis económica del país, la inversión del sector privado se ha visto seriamente diezmada. Es decir, la recesión no es solo una consecuencia de las medidas neoliberales sino también un objetivo que se busca de manera deliberada, y este es el factor fundamental de la crisis económica del país. Con una política tendiente a reducir el gasto público, se les impone a las naciones latinoamericanas un criterio que va en contravía del camino seguido por los países industrializados para superar las crisis económicas.

El acuerdo ordena un cronograma de supervisión estricta por parte del Fondo. Cada tres meses se le informa sobre el cumplimiento de las metas y cada seis meses se desplaza una misión del organismo internacional para negociar algunas variables específicas para los meses siguientes. De igual manera, se contempla que se realicen esfuerzos para incrementar la participación del sector privado en la provisión de servicios de infraestructura, tales como proyectos de construcción y operación de vías, ferrocarriles y servicios aeroportuarios. En la carta de intención se establece, además, que Colombia seguirá comprometida con un régimen de libre comercio y actuará de acuerdo con los principios de la Organización Mundial del Comercio.

En la legislatura del 2001 se discutieron dos de los proyectos centrales contemplados en el acuerdo con el FMI: la reforma de las transferencias a las entidades territoriales y el proyecto de pensiones. El primero, aprobado como Acto Legislativo 01, establece que en los próximos cinco años los gastos de la nación, salvo los relativos a pensiones, no podrán incrementarse por encima del 1.5 por ciento5, lo que, en términos reales, representa una reducción notoria de las transferencias. Las gravísimas consecuencias que traerá la aprobación de este proyecto en lo que respecta a la inversión en salud y educación, son analizadas por Iván Jaramillo Pérez de la siguiente manera:

La desaceleración del crecimiento de las transferencias a las entidades territoriales es un recorte directo a las metas de las políticas sociales e implica la reducción de las expectativas de expansión del gasto social en $1.227.926 millones anuales a precios de 2001, en un plazo de diez años. Este recorte de recursos traería como consecuencia la limitación en 2.128.405 cupos en la expansión del régimen subsidiado de salud, equivalentes al 23 por ciento de su cobertura actual y de 1.252.000 cupos en las escuelas públicas, y reduciría la tasa de cobertura esperada para 2010 del 90 por ciento al 80 por ciento. Con este recorte del gasto social el gobierno aspira a financiar el déficit fiscal (Jaramillo, 2001:7).

Por lo demás, el proyecto va en contravía de la Ley 60 de 1993, que determinó que la participación municipal de los ingresos corrientes de la nación crecería del 14 por ciento en 1994 al 22 por ciento en el alto 2002 (Málaga, Latorre y otros, 2000). El Acto Legislativo 01 sobreviene en momentos en que el proceso de descentralización se encuentra en una profunda crisis debido al peso abrumador de los compromisos financieros sobre los departamentos y municipios. 19 departamentos registraron saldo en rojo en sus balances y más de la mitad está en venta, lo mismo que un alto porcentaje de los municipios del país6. A comienzos del 2001 el déficit de los 32 departamentos superaba los 1.450 millones de dólares y su deuda pública era de 22.1 billones de pesos7. Lo cierto es que los entes territoriales no están en capacidad de generar suficientes recursos propios, como consecuencia de la crisis económica, que ha llevado a una caída vertiginosa del recaudo de impuestos.

El acuerdo con el FMI se suscribió durante la más grave recesión económica del país en todo el siglo, como consecuencia de la profundización de las medidas neoliberales. La economía colombiana presentó un crecimiento negativo del cinco por ciento en 1999, el peor resultado de América Latina después del de los países vecinos, Venezuela y Ecuador. De acuerdo con el Documento Compes 3061, denominado "Balance macroeconómico y perspectiva para el alto 2000", en 1999 la industria manufacturera y el comercio experimentaron drásticas caídas de -14.6 por ciento y -7.3 por ciento, respectivamente. Añade el documento que en términos reales, la demanda interna se redujo 11.4 por ciento, el consumo total registró una disminución de 4.9 por ciento, la formación bruta de capital privado se redujo en 65.4 por ciento y llegó a su nivel histórico más bajo, en tanto que la del sector público lo hizo en 3.3 por ciento, mientras la variación de existencias registró una reducción del 75 por ciento8.

Como consecuencia de la crisis del sector productivo, la situación social se deterioró sobre todo en los últimos años, como lo reconocen incluso los datos oficiales: de 42 millones de colombianos, 15 presentan Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)9. En 1999 el porcentaje de población bajo la Línea de Pobreza (LP) era del 55 por ciento y en el sector rural del 80 por ciento, en tanto que en 1997 la primera cifra era del 50 por ciento. En ese mismo año, 18 de cada cien colombianos no podían comprar la canasta básica de alimentos y en 1999 ese porcentaje subió a 21. Los datos más recientes son todavía más alarmantes. Según la Misión Social de Planeación Nacional, alrededor de 33 millones de colombianos (77 por ciento del total de la población), están entre la pobreza y la miseria absoluta. En la línea de indigencia absoluta esta el 20 por ciento de los colombianos (9 millones de personas), mientras que en la pobreza se encuentra el 60 por ciento de la población (24 millones)10.

La cifra del desempleo, que en el 2001 ascendía al 20.5 por ciento en las siete principales ciudades, es quizás el indicador que expresa de manera más clara la dimensión de la crisis social. En todo el país el número de personas sin trabajo llega a 3.085.000, de acuerdo con las mismas cifras oficiales, que gozan de tan poca credibilidad”11. El proceso de deterioro del empleo, ligado a la crisis de los sectores productivos, se incrementó notoriamente en la década pasada.

Para agravar aún más esta situación, la Ley 617 sobre ajuste en el gasto público, aprobada por el Congreso a fines del 2000, obliga a los municipios y departamentos a hacer un ajuste fiscal que consiste básicamente en una reducción de los gastos de funcionamiento en los porcentajes fijados en la mencionada ley. Ello se traducirá en el despido de entre setenta y ochenta mil empleados de alcaldías y gobernaciones, de acuerdo con la Federación de Municipios12.

2. Impacto de las reformas neoliberales sobre la salud pública

Señalemos que el impacto de la globalización sobre las condiciones de la salud de las población es abarca un espectro muy amplio de problemas. Para Kelley Lee, la creación de la Organización Mundial del Comercio, OMC, ha suscitado inquietud por la protección cada vez más deficiente de los intereses de la salud pública, en especial en los países pobres. Un factor que resulta fundamental es "la falta de regulaciones acordadas y exigidas para proteger la salud, que garanticen la calidad, las normas de higiene, rotulación, practicas éticas de comercialización y seguridad ocupacional, entre otras cosas". Otros factores importantes que afectan de manera directa o indirecta las condiciones sanitarias de las población es son: la producción y comercialización de alimentos y bebidas a nivel mundial y las condiciones laborales en que se producen (Lee, 2000: 26).

La crisis social del país, agudizada con el programa de ajuste fiscal impuesto a Colombia por el FMI, se ha manifestado de manera clara en el campo de la seguridad social y la salud. Los datos muestran que se ha producido una verdadera deserción en estos sectores. Cada vez que un trabajador pierde el empleo, la empresa deja de cotizar a la AFP, al ISS, a la Caja de Compensación o a la EPS, con lo cual la persona, aparte de desempleada, queda completamente desprotegida. Lo mismo sucede con mucha frecuencia cuando la empresa entra en concordato, aunque por ley deba seguir cotizando a la seguridad social. En cuanto a pensiones, según la Superintendencia Bancaria al cierre del tercer semestre de 1999, de 3.318.356 de personas que se encontraban afiliadas al régimen privado de pensiones, más de la mitad no cotizaba desde hada seis meses. Estos son los que se conocen como trabajadores inactivos13. En términos reales, como lo muestra el cuadro y los gráficos siguientes, el porcentaje de población sin cobertura de salud se incrementó entre 1992 y 2000.

Tabla 1.1

COBERTURA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 1992-2000

Régimen de afiliación

1992 (a)

2000 (b)



%



%

Seguridad Social (Contributivo)

6,931,950

20.6

13,898,337

32.8

Sist. Nal de Salud (Subsidiado)

11,758,545

35.0

8,833,074

20.9

Otros (Medicina Prepagada)

2,351,709

7.0

0

0,0

Población no cubierta (Vinculados)

12,553,640

37.4

19,598,963

40.3

POBLACIÓN TOTAL

33,595,844

100,0

42,330,374

100.0

Fuente: (a) Ministerio de Salud, Reforma a la Seguridad Social en Salud, tomo 3, p.113 y 114. (b) Supersalud, tornado de la revista Hospitalaria. ACHC, marzo-abril, p. 32.





Para complicar aún más la situación de los servicios de salud, la red pública hospitalaria del país se encuentra en condiciones deplorables, en buena medida como resultado de la intermediación financiera desarrollada por las EPS y ARS. De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, la reforma de salud ha llevado a consumir nuevos y cuantiosos recursos en un costoso mecanismo de intermediación guiado por el afán de utilidades corporativas, lo cual ha contribuido significativamente a la quiebra de las instituciones que prestan los servicios, en especial los hospitales públicos. Según afirma,

Se ha sometido la práctica de la medicina a una argumentación económica que somete el acto médico a la infraestructura de la industria y al poder del mercadeo (...) en esencia, es la conversión de la medicina, que como disciplina intelectual es una profesión de compromiso social en un oficio que, al disminuir costos, resulte en mayores márgenes de utilidad para las entidades intermediarias"14

En un estudio de Fedesarrollo se señala que a comienzos del año 2001 las 27.052 IPS corrían el riesgo de desaparecer debido -en primer término- al atraso en el pago de las cuentas por atención a los afiliados a las Empresas Promotoras de Salud. Este retraso fue calculado en 600.000 millones de pesos en 1999. Los voceros de los hospitales públicos que se encuentran en serias dificultades económicas, coinciden en señalar que las ARS demoran por varios meses el dinero que antes fluía directamente del Estado y que casi siempre llegaba a tiempo. La segunda causa de la crisis es el incumplimiento en los giros por rentas cedidas (impuesto a licores, juegos de azar, cerveza) de los departamentos y de los dineros del situado fiscal que el gobierno no ha desembolsado. Por este último rubro, el déficit asciende a 180 mil millones de pesos15. A todo ello hay que sumarle los costos en que incurren las clínicas y hospitales cuando, principalmente por situaciones de urgencia, atienden a personas que no se encuentran cubiertas por el sistema de salud y estos gastos no se les reconoce. De otro lado, señala el estudio, la "contención de costos “aplicada por las EPS y las ARS, junto con otras prácticas, le costaron a las IPS 70.000 millones de pesos en ese mismo año. El atraso en los pagos le represento a las IPS pérdidas por 45.000 millones de pesos, cuya contrapartida son las ganancias, por una cifra igual, que tienen las EPS al demorar la cancelación de dichas cuentas, en muchos casos hasta por 270 días16.

En el mismo sentido crítico de la Academia Colombiana de Medicina, se, han venido pronunciando los sindicatos del sector. De acuerdo con Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, SINDESS, la crisis financiera que afrontan los hospitales responde a las siguientes causas: primera, las EPS se quedan con más del 60 por ciento de los recaudos del régimen subsidiado; segunda, las transferencias nacionales por intermedio de los municipios no llegan a los hospitales, aparte de que se reduce el situado fiscal (aportes a salud y educación del presupuesto nacional); tercera, el gobierno no cancela las facturas por atención a los "vinculados" (quienes no están en ninguno de los dos regímenes, el contributivo o el subsidiado y son aproximadamente 18 millones de personas, el 46 por ciento de la población ); y cuarta, el gobierno se exonero de hacer aportes al régimen subsidiado por medio de la Ley 344 de 1996. Por ello, señala que el problema de la salud está tanto en la Ley 100 como en su implementación: "en la Ley 100 de 1993, porque es la expresión más acabada de la política neoliberal en materia de salud, y en su implementación, porque no hace cosa distinta a desarrollar dicha política"17.

Como un problema adicional, con la reforma de los servicios de salud se ha evidenciado la tendencia de los establecimientos de salud a una operación aislada, que atenta contra el trabajo conjunto en función de la estrategia en red, ante los problemas de salud de las comunidades. Así, "la descentralización de los sistemas locales e intermedios de salud se entendió como autonomía o autarquía de los sistemas regionales y locales y realmente no se acompañó de adecuadas transferencias de competencias ni de recursos tecnológicos y financieros" (Málaga y otros, 2000).

Tanta penuria de la salud pública contrasta con las ganancias del sector privado, representado por las EPS. Según informe de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, en diciembre de 1999 quince de las diecisiete empresas que prestan el Plan Obligatorio de Salud ya habían logrado generar utilidades, mientras que en el ejercicio del año anterior solo siete arrojaron resultados positivos. En su conjunto, las EPS obtuvieron ganancias por $35.883 millones en 1999, frente a perdidas por $23.332 millones registradas en el 98. Sin embargo, lo más significativo fue el resultado no operacional del periodo, que llegó a los $13.000 millones, cifra que corresponde a utilidades por el manejo de portafolio de inversiones diferentes a la salud. Lo cierto es que en los últimos años las EPS se concentraron en mejorar el tamaño de sus economías, es decir, en conseguir muchos más afiliados y bajar el margen de la actividad como tal. De esa manera, mejoraron su flujo de caja, redujeron en buena medida los costos por compra de medicamentos y han tratado de optimizar los gastos de atención por usuario"18.

Por otra parte, la deficiencia de los servicios públicos domiciliarios que afecta a buena parte del país en los inicios del siglo XXI incide en el deterioro de la salud pública. De acuerdo con el Informe Nacional sobre la Gestión del Agua en Colombia, la población sin servició de acueducto es de 10.1 millones (25 por ciento); 16.1 millones no cuenta con servicio de alcantarilladlo (40 por ciento); de las 750 plantas de tratamiento existentes, el 50 por ciento se encuentra en mal estado. Muchas personas están en riesgo de contraer un sinnúmero de enfermedades, algunas de ellas mortales, por el consumo de agua contaminada y de muy Baja calidad. El riesgo va desde enfermedades respiratorias, diarreicas y dermatológicas hasta leishmaniasis, malaria, dengue hemorrágico y cólera. Señala este informe que solo el 10 por ciento de las cabeceras municipales hace algún tipo de tratamiento de las aguas residuales.

En cuanto a la evolución de las coberturas de vacunación, puede afirmarse que el resultado ha sido negativo en los últimos años. Según un trabajo reciente, al comparar la vacunación con antipoliomelitica durante los periodos 1995-1996 y 1997-1998 por departamentos, se nota un claro deterioro, en la medida en que en los departamentos en donde el porcentaje de NBI es mayor, la disminución de la cobertura es también mayor que en los departamentos en donde existen mejores condiciones de vida. "Esta caída de cobertura de vacunación es prevalente en todas las vacunas, a partir de 1997, siendo más evidente en unos departamentos que en otros" (Málaga y otros, 2000).

El estudio antes mencionado hace una síntesis de los programas específicos en los cuales ha habido deterioro a partir de la puesta en práctica de la Ley 100. Destacamos los siguientes: el programa de protección de alimentos, que se sustentaba en la Ley 9, fue prácticamente desconocido por la reforma, al incorporársele dentro del PAB (Plan de Atención Básica) y reducírsele sustancialmente su presupuesto. Así, por ejemplo, se eliminó la inspección veterinaria de muchos de los mataderos. Se redujo la prevención y diagnóstico temprano de la tuberculosis (TBC), que representa uno de los problemas más graves del país actualmente. Resultado similar se observa en los casos de lepra y de sífilis congénita. La incidencia de esta última enfermedad venia disminuyendo en los últimos quince años, con tasas que van de 0.97 por mil nacidos vivos en 1985 a 0.37 en 1997, pero en los dos últimos años se ha incrementado el número de casos. Lo mismo sucede con otras enfermedades de transmisión sexual (Málaga y otros, 2000).

Un factor adicional que incide en el deterioro de las condiciones sanitarias de la población tiene que ver con la presión que ejercen las multinacionales farmacéuticas para cambiar las normas legales y acabar con los medicamentos genéricos. Esta conducta tiene su origen en las normas internacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, impuestas por los países más industrializados, en especial Estados Unidos, al resto del mundo, a través de la OMC. En Colombia existe actualmente un proyecto de decreto que, de aprobarse, le otorgaría a estas empresas el secreto industrial, con lo cual conservarían toda 1 información contenida en la solicitud de registro sanitario de los medicamentos. Según Asinfar, gremio que agrupa a los laboratorios nacionales, lo que en la práctica sucedería con su aprobación seria la conformación de un monopolio en el comercio de medicamentos y se frenaría la comercialización de productos genéricos, con las consecuencias que ello traería sobre los precios. "Aquí lo que se está comprometiendo es la salud pública de los colombianos, sobre todo de la población de menores ingresos", afirmó Germán Holguín, presidente del movimiento ciudadano por la defensa de los consumidores de medicamentos. De acuerdo con un estudio elaborado por Fedesarrollo, si se eliminaran los medicamentos genéricos, habría un alza inmediata de 61 por ciento en los costos de estos productos, y su impacto sobre el bienestar de la población equivaldría a 777 millones de dólares por año, es decir, más de un billón 800 mil millones de pesos a precios del 2000. Adicionalmente, de acuerdo con estimativos de Asinfar, las IPS recibirían un duro golpe, pues con el sistema actual de adquisición de medicamentos se logran descuentos hasta del 80 por ciento19. No hay duda de que este es un factor que también muestra como las decisiones de las instituciones internacionales y los países poderosos en materia económica y comercial ejercen un impacto negativo sobre las condiciones de salud de la población.

Por último, la crítica situación del sector salud en Colombia contrasta de manera notoria con la decisión de la OMS de asignarle al país el primer lugar en equidad financiera entre 191 países en su Informe sobre la salud en el mundo 2000, publicado a mediados de ese año. Por ello, este informe ha causado indignación entre diversos sectores académicos y sociales, tanto en Colombia como en América Latina. "Denunciamos el ranking de la OMS como una forma más de fomentar un pensamiento que nos conduce a la inequidad y la injusticia a partir de criterios sin ninguna orientación humana", sería la declaración política del VII Congreso de Medicina Social, celebrado en el 200020.

A manera de conclusión, señalemos que las reformas económicas y sociales, impuestas por la llamada globalización neobliberal a partir de la década de los noventa, han incidido claramente en el deterioro de las condiciones sociales, y por tanto en las condiciones de salud de la población en Colombia. Políticas como la de reducción de la función social del Estado y del gasto público, la llamada «modernización del Estado», la privatización de las empresas estratégicas y de los servicios sociales básicos y la apertura económica y comercial han generado costos sociales muy grandes en el país durante la última década. Indudablemente, la salud pública ha sido uno de los sectores en donde el impacto negativo del modelo económico y social se ha manifestado de manera más clara.

Referencias bibliográficas

HENWOOD, Doug, "The Americanization of Global Finance", Nacla. Report on the Americas, Vol. XXXIII, No,1, July-August 1999, p.13-23).

JARAMILLO PEREZ, Iván. "Régimen de transferencias: Recorte al Estado social", En: UN Periódico No. 22, mayo 20 de 2001, p.7.

LEE, Kelley. "Globalización y política sanitaria: marco conceptual y programa de investigación y políticas", En: Salud y desarrollo humano en la nueva economía global: contribuciones y perspectivas de la sociedad civil en las Américas, Organización Panamericana de la Salud, Washington: Universidad de Texas, 2000.

MALAGA, Hernán, LATORRE, María C., CARDENAS, Jaime y otros. 2000. "Equidad y reforma en salud en Colombia", Bogotá: Revista de Salud Pública, Vol.2, No.3, noviembre 2000, pp. 193-219.

1 "La gran banca internacional se lanza con sus créditos a América Latina", Wall Street Journal Américas, El Tiempo, miércoles 9 de julio de 1997, p 5B; datos de la CEPAL, citados en "La deuda ahorca la región", Portafolio, agosto 3 de 2000, p.32.

2 Datos de la agencia calificadora de riesgo estadounidense, Bank Watch Rating, En:"Colombia, con preocupantes niveles de su deuda externa", El Tiempo, febrero 4 de 2000, p.10ª.

3 "El Consejo Nacional de Planeación pide reactivación ", La República, enero 29 del 2000, p.7.

4 "A liquidación 20 entidades públicas", El Tiempo, julio 29 de 2000, p.2-2.

5 "De todo en la agenda económica legislativa", Portafolio, marzo S de 2001, p.4.

6 "5.2 billones, deuda de los departamentos", El Tiempo, marzo 13 de 2000 y "Esta embargado el Cauca", Portafolio, agosto 19 de 1999, p.12.

7 "Déficit alcanza US $1.450 millones", Portafolio, febrero 23 de 2001, p.11.

8 www.larepublica.com.co, febrero 12 del 2000.

9 "Colombianos cada vez más pobres", La República, marzo 8 de 2000, p.6'.

10 "Aumentó la pobreza", www.larepublica.com.co, 8 de febrero de 2002"

11 "Desempleo llegó a 20.2 por ciento", El Tiempo, abril 26 de 2000, p. 9a; "3.1 millones de desempleados", El Tiempo, agosto 21 de 2000, p.2-7.

12 "Gran debate por la Ley 617", Portafolio, marzo 12 de 2001, p.11. La Ley 617 establece que los gastos de funcionamiento de departamentos y municipios -sueldos, salarios, prestaciones, pensiones, transferencias- deben financiarse con un porcentaje de ingresos propios que va del 50 por ciento en el caso de municipios de categoría especial hasta el 80 por ciento en los municipios más pequeños. Un tratamiento similar se le da a los departamentos. Por ningún motivo, las regiones podrán utilizar para cubrir gastos de funcionamiento recursos del situado fiscal, regalías, crédito, sobretasa a la gasolina, venta de activos o rendimientos financieros.

13 "Desbandada en seguridad social", "Recesión desprotege a los trabajadores", Portafolio, octubre 27 de 1999, p.1 y 7.

14 Academia Nacional de Medicina de Colombia. Comisión de Salud, Ley 100 de 1993. Reforma y crisis de la salud. Bogotá, Colombia, febrero de 1999, citado por Ramón Granados y María C. Gómez En: "La reforma de los sistemas de salud en Chile y en Colombia: resultados y balance", Revista de Salud Pública. 2000.

15 "Salud en regiones podría colapsar", El Tiempo, abril 26 de 2001, p. 1-2.

16 "Se agrava crisis en salud", El Tiempo, febrero 28 de 2001, p. 1-4.

17 Entrevista a Aldo Cadena, octubre 15 de 2001.

18 "EPS Resultados a la vista", Revista Dinero, Bogotá, abril de 2000

19 "En jaque drogas baratas", El Tiempo, abril 27 de 2001, p.1-2.

20 Declaración política del VII Congreso Latinoamericano de Medicina Social y del XI Congreso de la Asociación Internacional de Políticas de Salud, La Habana, Cuba, 3 al 7 de julio de 2000, reproducido por Nueva Gaceta No.1, Bogotá.

similar:

La globalización y su impacto sobre la salud iconLa globalización y su impacto

La globalización y su impacto sobre la salud iconDerechos humanos, globalizacion, economia y salud nota Nº 3 Vida, Salud y equidad

La globalización y su impacto sobre la salud iconResumen La ganadería de Entre Ríos está asentada en un 90% sobre...

La globalización y su impacto sobre la salud iconY su impacto sobre los consumidores

La globalización y su impacto sobre la salud iconGlobalización y sustentabilidad. Una indagación sobre las oportunidades...

La globalización y su impacto sobre la salud iconResumen del estudio sobre el impacto de la propiedad intelectual...

La globalización y su impacto sobre la salud iconInvestigar e intervenir en salud mental tendiendo a la desmedicalización...

La globalización y su impacto sobre la salud iconBiotecnología y bioética: implicaciones sociales del Proyecto Genoma Humano*
«Impacto ético de la biotecnología» que tuvo lugar en el I seminario sobre el estado y la evolución de las biotecnologías en Cataluña,...

La globalización y su impacto sobre la salud iconEfectos sobre la salud

La globalización y su impacto sobre la salud iconEfectos sobre la salud humana




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com