Politica pública en educacion sexual y reproductiva




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POLITICA PÚBLICA EN EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PRESENTADO POR:
DANIELA ESPAÑA GRACIA

MANUEL ALEJANDRO OROZCO LOAIZA

SEBASTIAN MAYOR GIRALDO

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUINDÍO

CONTADURIA PÚBLICA, POLITICA PÚBLICAS

ARMENIA

2012

POLITICA PÚBLICA EN EDUCACION SEXUAL Y REPRODUCTIVA


PRESENTADO POR:
DANIELA ESPAÑA GRACIA

MANUEL ALEJANDRO OROZCO LOAIZA

SEBASTIAN MAYOR GIRALDO

TRABAJO CONSULTA Y OPINIÓN

PROFESORA:

LUCELLY ARDILA VEGA

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS, QUINDÍO

CONTADURIA PÚBLICA, POLITICAS PÚBLICAS

ARMENIA

2012

INTRODUCCION

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia, el estudio de las políticas públicas a nivel mundial, nacional y departamental, haciendo énfasis en la política pública DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

Por los cual se realiza una consulta que nos lleva a analizar las diferentes problemáticas desde el punto de vista positivo y negativo, encontrándonos con las propuestas plasmadas por el estado, para beneficio de todos, como comunidad y sociedad que somos, ampliando el conocimiento acerca del tema, para enriquecer e informarnos y poder brindar este material a los estudiantes de las diversas carreras profesionales.

POLITICA PÚBLICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA A NIVEL MUNDIAL:
En la mayor parte de los países del mundo, la salud sexual y la salud reproductiva de las personas han emergido como campos de atención a tener en cuenta en las políticas y programas de salud. Esto expresaría una preocupación oficial por el bienestar integral del ser humano, al reconocer a la sexualidad y reproducción como dimensiones importantes por ser satisfechas para la realización personal, y también con impactos en el desarrollo económico y social.

Sin embargo, a pesar del consenso mundial y el compromiso de los gobiernos para desarrollar acciones encaminadas a cumplir los acuerdos, tanto la aplicación de las políticas y programas de salud reproductiva y sexual a nivel nacional, como el ejercicio cotidiano de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso de las personas a los servicios, no está exenta de contradicciones, y de obstáculos estructurales de carácter político, económico y sociocultural. Respecto a las barreras políticas y económicas, destacan las oscilantes voluntades políticas, prioridades y enfoques de los gobiernos de turno en cada país, sobre los derechos

Ciudadanos y, concretamente, respecto a los derechos sexuales y reproductivos; y dentro de los constreñimientos socioculturales, las sujeciones basadas en las construcciones de género cumplen un papel crucial.
ENFOQUES DE DESARROLLO:

El concepto de “salud sexual y reproductiva” recoge este componente social y cultural de la salud haciendo hincapié en los derechos sexuales y reproductivos e, igualmente, subraya la importancia de trabajar tanto con hombres como con mujeres.

En cuanto a los enfoques de desarrollo,

El enfoque del bienestar, se centra en la salud de la mujer como madre vinculándola estrechamente a la salud de los hijos y las hijas.

El enfoque Mujeres en el Desarrollo, si bien incorpora la dimensión de la salud sexual, centra su trabajo en las mujeres de modo exclusivo.

El enfoque Género en el Desarrollo, es el único que integra el concepto de “salud sexual y reproductiva”. Subraya la importancia de trabajar con mujeres y hombres para disminuir las desigualdades en los patrones de salud de ambos sexos que se asocian tanto a cuestiones biológicas como sociales, culturales, económicas y políticas.
COMPROMISOS INTERNACIONALES:

  • Servicios de información, asesoramiento, educación y comunicación en materia de anticoncepción y salud reproductiva.

  • Educación y servicios de atención prenatal, partos sin riesgo y posparto.

  • Cuidados de salud para los y las recién nacidas.

  • Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos.

  • Información y tratamiento para las infecciones, incluidas las infecciones de transmisión sexual.

  • Servicios de aborto seguro, y tratamiento de sus posibles complicaciones.

  • Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad.

  • Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva y maternidad y paternidad responsable. Especial énfasis en la población juvenil

  • Participación de la mujer en la dirección, planificación, toma de decisiones, etc. en los servicios de salud sexual y reproductiva.

  • Servicios de educación y atención en materia de violencia de género.


Mínimos en Derechos Sexuales y Reproductivos

Mínimos en Derechos Sexuales y Reproductivos

Derechos Reproductivos:

  • Decidir libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos e hijas.

  • Tener la información, educación y medios para ello.

  • Tomar decisiones sobre la reproducción libre de discriminación, coerción y violencia.

  • Tener acceso a servicios de atención primaria de calidad.

  • Contar con medidas de protección a la maternidad.

Derechos sexuales:

  • Decidir libre y responsablemente sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad.

  • El derecho a ejercer la sexualidad sin riesgos, libre de discriminación, coerción o violencia relativas a la sexualidad.

  • El derecho al placer físico y emocional.

  • El derecho a la libre orientación sexual.

  • El derecho a la información sobre la sexualidad.

  • Todo ello en condiciones de igualdad, pleno consentimiento y respeto mutuo, compartiendo responsabilidades en las relaciones sexuales y sus consecuencias.

  • El derecho a tener acceso a servicios sanitarios.


LA SITUACIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
Tal y como ponen en evidencia los compromisos internacionales y a pesar de lo mucho que queda por avanzar, la salud sexual y reproductiva sigue constituyendo un eje fundamental en la lucha contra la pobreza. Entre los principales problemas en materia de salud sexual y reproductiva se encuentran:
La mortalidad y morbilidad materna:

Las causas de la mortalidad materna son constantes en todo el mundo y se vinculan a la feminización de la pobreza y el valor secundario otorgado socialmente a las mujeres. Alrededor del 80% se deben directamente a complicaciones obstétricas: hemorragias, sepsis, complicaciones en el aborto, pre-eclampsia y eclampsia y partos obstruidos. El otro 20% tiene causas indirectas, generalmente relacionadas con la anemia, la malaria, la hepatitis y el aumento del sida. (FNUAP, 2004) No obstante, existe una amplia distancia entre los datos de mortalidad materna según la región del mundo donde nos encontremos.

En este sentido, la posibilidad de acceso a servicios sanitarios atendidos por personal gran cualificado hace que las mujeres raramente fallezcan a causa de complicaciones en el embarazo, en el parto o en el post-parto.
La violencia de género: por otra parte, influye en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La violencia de género se apoya en un orden social constituido en base a la desigualdad entre hombres y mujeres y es una práctica social con consecuencias trágicas para la vida sexual y reproductiva de las mujeres.

La violencia puede ser la causa de un embarazo no deseado, el castigo por quedar embarazada, el origen de disfunciones sexuales y abortos espontáneos, entre otras cuestiones. Entre las manifestaciones más claras de la violencia hacia las mujeres y las niñas se encuentran la violencia sexual, el tráfico sexual, la preferencia por los hijos varones, la discriminación o trato descuidado de las hijas, el matrimonio precoz, el levirato6, el aborto del feto femenino y el infanticidio femenino.
Las infecciones de transmisión sexual. El VIH/Sida: En todo el mundo se producen alrededor de 340 millones de nuevos casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) cada año, incluyendo sífilis, gonorrea, chlamydia y tricomoniasis, entre la población de 15 a 49 años. Aunque la mayor parte de ellas cuentan con tratamiento, la falta de acceso a los servicios sanitarios adecuados dificulta su diagnóstico y seguimiento. Entre 60 y 80 millones de personas padecen infertilidad a raíz de la ausencia de tratamiento ante una ITS.

Por otra parte, en las mujeres el riesgo de contraer ITS es mayor que en los hombres y la posibilidad de detección mucho menor. Mientras que sólo el 10% de los hombres no presentan síntomas cuando padecen una ITS, este porcentaje alcanza el 70% en el caso de las mujeres. La falta de un diagnóstico y tratamiento en mujeres embarazadas aumenta el riesgo de transmisión al feto y aumenta el riesgo de un parto prematuro, un nacimiento con bajo peso o la ceguera en el neonato. Entre las ITS destaca la pandemia del sida.

Si bien puede transmitirse por otras vías, de los cinco millones de casos nuevos de infectados de VIH al año en torno al 75% de los casos se producen por relaciones sexuales de riesgo. Se trata por tanto de una enfermedad en clara relación con la salud sexual y reproductiva.

Por otro lado, la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas a la infección por el VIH no se debe simplemente a la carencia de información, sino también a la feminización de la pobreza y a la falta de emancipación generalizada de las mujeres. La mayor parte de las mujeres de todo el mundo se infectan por el VIH por no disponer de métodos de protección y como consecuencia del comportamiento de alto riesgo de su pareja, sobre el cual tienen poco o ningún control. La situación apremiante de las mujeres y las niñas frente al sida destaca la necesidad de poner en práctica estrategias que aborden la interacción entre sida y desigualdad en función del género así como estrategias que combatan la fuerte estigmatización que sufren las mujeres infectadas.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA:
La promoción de la salud sexual y reproductiva constituye, como hemos visto, una cuestión fundamental para la mejora de la salud integral de las personas y, especialmente, de las mujeres. Las limitaciones para su promoción, sin embargo, son numerosas y de diferente tipo dependiendo de los rasgos socioeconómicos y culturales de cada país. Entre las principales limitaciones destacan la invisibilidad de los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva de las mujeres y sus causas; la escasez de recursos; la poca cobertura sanitaria; la dificultad de acceso a los servicios por parte de las mujeres; la limitada información y participación de la población; y el escaso poder de las mujeres en la toma de decisiones en los diferentes ámbitos de participación social, política y económica y en el ejercicio de los derechos sobre su salud.

Sólo si atendemos a estas limitaciones de forma conjunta, podemos potenciar una mejora integral de la salud sexual y reproductiva de la población. Para ello hemos de recurrir a cuatro estrategias de acción, complementarias entre sí, que han de implementarse al mismo tiempo. Cada una de las estrategias, aunque trabajan las seis limitaciones señaladas, ponen su énfasis en unas limitaciones concretas:
1. Transversalidad del enfoque de género: que busca la incorporación de la perspectiva de igualdad de género a las políticas de salud en todos los niveles.

De este modo, a partir del análisis de género persigue hacer visibles los problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y sus causas. Ha de atravesar la atención primaria de salud y la educación para la salud al tiempo que es complementaria al empoderamiento.
2. Atención primaria de salud: Estrategia desarrollada con fuerza. Sus características más importantes son la salud entendida desde un enfoque multidisciplinar, equitativo y participativo. En el caso de la salud sexual y reproductiva nos vamos a centrar en 2 aspectos: la

Cobertura y acceso a servicios sanitarios de primer nivel y la educación para la salud, que por su importancia le vamos a dar en este documento rango de estrategia. Esta estrategia debe estar matizada por la transversalidad del enfoque de género y es complementaria al empoderamiento.
3. Educación para la salud: Estrategia que se dirige a mejorar la información y participación de la población para desarrollar su capacidad de controlar y tomar decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Se encuentra íntimamente vinculada a la estrategia del empoderamiento y también ha de incorporar la transversalidad del enfoque de género.
4. Empoderamiento de las mujeres: Establecida como estrategia de desarrollo internacional, el empoderamiento busca incrementar el poder de las mujeres en la toma de decisiones sobre su salud y sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
La participación de los hombres en salud sexual y reproductiva:

Habitualmente, la información y servicios de salud sexual y reproductiva se dirigen específicamente a mujeres dejando a un lado a los hombres. La epidemia del sida ha puesto de manifiesto las consecuencias para la salud que tienen ciertos comportamientos sexuales de los hombres. Del mismo modo, la violencia hacia las mujeres y la falta de responsabilidad en materia de reproducción demandan un mayor grado de compromiso con la igualdad de género por parte de los hombres. Los hombres pueden contribuir a movilizar recursos y redistribuirlos equitativamente entre hombres y mujeres; cambiar las rigideces institucionales culturales favoreciendo el fortalecimiento de la mujer, reduciendo las desigualdades en patrones de salud sexual y reproductiva existentes entre ambos sexos e institucionalizando como prioridad la igualdad de género.

Ahora bien, ¿cómo involucrar a los hombres en los programas de salud sexual y reproductiva? Los tabúes y normas culturales dificultan la comunicación entre hombres y mujeres sobre estos temas. A la vez, las desiguales relaciones de poder imposibilitan plantear un mayor grado de igualdad entre los sexos. Se trata, por tanto, de abrir vías de comunicación y espacios para la construcción de la igualdad. Para conseguir estos dos objetivos, la intervención debe dirigirse a:


  • Llegar al público masculino con mensajes apropiados utilizando los medios de difusión pública disponibles y haciendo hincapié en la población adolescente y juvenil.

  • Incitar a los hombres a asumir mayor responsabilidad en su comportamiento sexual.

  • Informar sobre las identidades de género y los valores asociados a la masculinidad que implican conductas sexuales de riesgo.

  • Informar sobre los preservativos y la vasectomía así como ofrecer una variedad de servicios de salud.

  • Facilitar el acceso de los hombres a servicios de salud sexual y reproductiva.

  • Sensibilizar a los hombres a comunicarse con la pareja y decidir juntos respecto de los anticonceptivos y las prácticas sexuales subrayando la importancia de la influencia del género.

  • Abordar las necesidades de salud reproductiva tanto de los individuos como de las parejas.

Trabajo con jóvenes en materia de salud sexual y reproductiva:

La población joven constituye en nuestros días una parte importante de la población mundial. Según Population Action International, 1.700 millones de los 6.300 millones de personas que habitan en el planeta tienen entre 10 y 24 años y son la generación más numerosa de la historia de la humanidad. Los jóvenes, además, constituyen una población especialmente vulnerable a los problemas de salud sexual y reproductiva puesto que, aunque comienzan su vida sexual y reproductiva, existen dificultades para informarles y dotarles de capacidades y recursos para el desarrollo de una actitud responsable y sana en el paso hacia la edad adulta.

Con frecuencia estas dificultades, asociadas a creencias culturales relativas a la reproducción, la sexualidad y el género, conllevan la no inclusión de los jóvenes como grupo beneficiario de programas y proyectos.

Entre los principales problemas de salud que afronta la población juvenil, se encuentra el alto número de embarazos no deseados en adolescentes; los abortos en malas condiciones; el elevado porcentaje de infección del VIH/Sida en jóvenes, alrededor del 50% de los infectados en el último año, y de ITS en general, entre otros.

Desde el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de El Cairo (1994) se señala en el párrafo 7.44 la necesidad de “abordar las cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia, en particular los embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y las enfermedades de transmisión sexual, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable y sana, inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y asesoramiento claramente adecuados para este grupo de edad”

Para comenzar con esta tarea, es fundamental “el reconocimiento de las y los jóvenes como individuos facultados para tener derechos y como participantes clave de su propio desarrollo”. Debemos tener presente:


  • Determinar las áreas clave para la promoción de salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes.

  • Fomentar la educación sexual y de aptitudes para la vida promoviendo la igualdad entre los géneros como método para reducir los riesgos sexuales y reproductivos. Las desiguales relaciones de género explican, por ejemplo, la coacción sexual hacia las jóvenes y las prácticas sexuales de riesgo que en muchas ocasiones se consideran manifestaciones de la “hombría” del varón joven.

  • Sensibilizar a padres, educadores, proveedores de atención de salud, líderes de la comunidad, políticos, religiosos y personas de edad sobre la importancia de la salud de las y los jóvenes.

  • Fortalecer las leyes que establecen la eliminación de la discriminación y el abuso sexual. Específicamente, garantizar la continuidad de las adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo y apoyar leyes relativas a la edad mínima del matrimonio.

  • Hacer participar a los jóvenes a lo largo de todo el proyecto y adaptar los servicios y las normas a sus necesidades especiales.

  • Involucrar de forma activa a los padres y las madres y a las familias en tanto que ejercen influencias cruciales en las actitudes y el comportamiento sexual de los jóvenes.

  • Establecer redes con organizaciones que trabajen atención a las y los jóvenes.


POLITICAS PÚBLICAS EN EDUCACION SEXUAL A NIVEL NACIONAL

Los principios que orientan las políticas son: la concepción de los DSR como derechos humanos, la equidad social y de género, el empoderamiento de las mujeres y la cualificación de la demanda, la focalización y la calidad para la prestación de los servicios.

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida, tanto en el ámbito de lo individual como de lo social. La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR).

METAS Y ANTECEDENTES CON SU RESPECTIVA JUSTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMATICAS

MORTALIDAD MATERNA
Reducir en un 50% la tasa nacional de mortalidad materna evitable; mejorar la cobertura y calidad de la atención institucional de la gestación, parto y puerperio y sus complicaciones, y fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y atención de la mortalidad materna y perinatal.

Según las cifras del Ministerio de Salud, 67.7 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos mueren en Colombia por causas asociadas a la maternidad, aunque algunas regiones tienen tasas muy superiores al promedio. Si se tiene en cuenta que no todas las muertes maternas quedan registradas como tales, muy probablemente la cifra es aún mayor y pone de presente la urgencia de adoptar una política de SSR orientada a reducir los factores de vulnerabilidad y a introducir mejoras drásticas en la cobertura y la calidad de la atención. Teniendo en cuenta que el porcentaje de partos atendidos institucionalmente es alto (94% de las mujeres de zonas urbanas y 69.8% en las zonas rurales), la disminución de la tasa de mortalidad materna requiere, entre otros, mejorar sustancialmente la calidad de la atención del parto institucional y de los controles prenatales, implementar mecanismos que permitan la captación temprana de las mujeres gestantes, identificar y tratar los riesgos biológicos y psicosociales, e implementar mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de salud de las mujeres gestantes de las zonas rurales y de conflicto armado, entre otros. Así mismo, es indispensable mejorar los sistemas de información y registro de muertes maternas y desarrollar procesos de análisis de los casos de muertes maternas que permitan identificar los factores determinantes de la mortalidad por esta causa, especialmente en las regiones con tasas más elevadas. Con el fin de equilibrar las cargas que significa la reproducción, no sólo debido a los factores biológicos sino a factores culturales y sociales, es importante también estimular la participación de los hombres en el proceso de maternidad y en la crianza de los hijos.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Incrementar el uso correcto de métodos anticonceptivos en la población en edad fértil, con especial énfasis en la población masculina, y reducir la demanda insatisfecha de planificación familiar en la población de mujeres unidas.

El embarazo no planeado no es un problema exclusivo de la población adolescente. Más de la mitad de las mujeres embarazadas (el 52%) reporta no haber deseado el embarazo en ese momento. Las diferencias más significativas entre la tasa de fecundidad observada y la deseada se presentan en las zonas rurales, en las regiones Oriental y Pacífica, entre las mujeres con menores niveles de escolaridad y entre las mujeres desplazadas. Estas cifras sugieren problemas en el acceso, la utilización, apropiación y continuidad de los métodos de planificación familiar, y significan un costo elevado en términos de salud y calidad de vida, en la medida en que los embarazos no planeados pueden convertirse en embarazos de riesgo o favorecer prácticas de riesgo, especialmente el aborto inseguro.

• Salud sexual y reproductiva en la población adolescente: reducir el embarazo en adolescentes en un 26%. La fecundidad en adolescentes ha incrementado en los últimos años. Teniendo en cuenta todas las implicaciones que se derivan de esta situación se propone, mediante acciones de distinto orden, reducir la fecundidad al 14%.

POBLACIÓN ADOLESCENTE
El embarazo precoz tiene graves consecuencias sobre la calidad de vida de los futuros padres y de los/as hijos/as por nacer: limita las posibilidades de desarrollo personal y social de padres e hijos en la medida en que reduce las oportunidades de educación y, por lo tanto, afecta la calidad del empleo, aumenta el número de personas con dependencia económica en una familia que con frecuencia tiene recursos económicos escasos y, en general, se convierte en un factor que afecta la calidad de vida de las personas. El embarazo precoz es un factor que contribuye a perpetuar el círculo de la pobreza.
El factor más fuertemente relacionado con el aumento de la fecundidad entre la población de adolescentes es el bajo nivel de escolaridad (que a su vez está asociado a condiciones de pobreza): las adolescentes sin educación formal tienen su primera relación sexual y su primer hijo mucho antes que las que tienen algún nivel de escolaridad. El otro factor asociado al embarazo adolescente es el lugar de residencia: las jóvenes de las zonas rurales tienden a tener relaciones sexuales e hijos más temprano que las de las zonas urbanas. En el litoral Pacífico el número de adolescentes embarazadas es el doble que en el resto del país. Así mismo, entre las jóvenes en situación de desplazamiento el embarazo precoz es cada vez más común, bien sea como producto de condiciones de vivienda muy precarias que favorecen las relaciones sexuales, o como alternativa de proyecto de vida, caso en el que se trata de una decisión tomada con información y condiciones para el ejercicio de la autonomía individual muy precarias.
CÁNCER DE CUELLO UTERINO
Alcanzar coberturas de detección temprana con citología cervicovaginal (CCV) en el 90% de la población objeto, y simultáneamente trabajar en la disminución de la mortalidad por esta causa promoviendo los factores protectores y fomentando la prevención de factores de riesgo, el mejoramiento de la calidad de la CCV y el tratamiento adecuado de los casos.

El cáncer de cuello uterino es la primera causa de muerte por cáncer en la población de mujeres entre 30 y 59 años y la segunda causa de mortalidad general por neoplasias. Sin embargo, debido a la tendencia a iniciar relaciones sexuales a edades más tempranas, el cáncer de cuello uterino afecta a mujeres cada vez más jóvenes. Está asociado a comportamientos sexuales de riesgo, a bajos niveles de escolaridad y económicos, a la falta de apropiación de usuarias y prestadores de servicios de la importancia de la CCV como medio eficaz para la detección del cáncer de cuello uterino y a la falta de continuidad en el proceso de diagnóstico y tratamiento.

Por lo tanto, es necesario sensibilizar a las mujeres, incluyendo a las adolescentes, sobre la importancia del autocuidado y de la realización de citologías periódicas, así como diseñar mecanismos que permitan aprovechar otros momentos de contacto del sistema de salud con las usuarias y que permitan ampliar la cobertura del SGSSS para facilitar el acceso al diagnóstico y tratamiento. En las zonas de difícil acceso, bien sea por condiciones geográficas o por causa del conflicto armado, es importante diseñar estrategias que faciliten el acceso de las mujeres a los exámenes de diagnóstico.

ITS y VIH/SIDA
Prevención y atención de las ITS,VIH/SIDA: mantener la prevalencia general por debajo del 0.5%; reducir en los recién nacidos la incidencia de sífilis congénita a menos de 0.5 por cada 1.000 nacidos vivos, y eliminar la hepatitis B en los recién nacidos.

La prevalencia de ITS tales como la sífilis, la infección gonocócica y la trichomoniasis urogenital, se encuentran por encima de los promedios mundiales. La tasa de incidencia de la sífilis congénita es de 0.95 por 1.000 nacidos vivos, pero se estima que la cifra esconde un su registro muy alto. La hepatitis B y el herpes genital muestran una clara tendencia al aumento.18

La incidencia del VIH/SIDA ha aumentado en grupos de población distintos a los tradicionalmente considerados como de riesgo o vulnerabilidad, particularmente jóvenes y mujeres, además de homosexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres. Esto revela la necesidad de desarrollar estrategias de prevención de la enfermedad, que incluyan no solamente la divulgación de información sobre los medios de transmisión de la enfermedad, sino que apunten a la modificación de los factores de riesgo o vulnerabilidad y que estimulen el uso del condón como el método de protección más eficaz contra las ITS y el VIH.

Igualmente, la prevención de ITS y VIH exige la continuidad y calidad de los controles prenatales y el acceso a las pruebas de diagnóstico de personas distintas a las tradicionalmente consideradas en riesgo de adquirir alguna de estas enfermedades, incluyendo a las mujeres embarazadas.

VIOLENCIA DOMÉSTICA Y SEXUAL
Violencia doméstica y sexual: incrementar en un 20% la detección y atención de la violencia intrafamiliar y sexual en mujeres y menores.

Es importante llamar la atención sobre el grave problema de salud que implica la violencia doméstica y sexual. En gran medida, estos tipos de violencia son manifestaciones de la violencia de género, teniendo en cuenta que la mayoría de las víctimas son mujeres. La violencia doméstica y sexual tiene un impacto directo sobre la salud de las personas y, por eso, debe ser abordada desde una política de SSR, sin que esto quiera decir que se desconocen otros tipos de violencia igualmente graves que requieren intervención del Estado. Todos los actos de violencia tienen consecuencias individuales y sociales muy graves. Pese al subregistro, el número de personas que acude a alguna instancia a denunciar hechos de violencia o a buscar ayuda es cada vez mayor y compromete cada vez más recursos humanos y financieros del Estado. Un solo acto de violencia puede afectar a quien lo sufre durante el resto de su vida y constituye una violación grave a varios derechos humanos fundamentales.

Las mujeres alguna vez unidas ha sufrido violencia verbal, violencia física, y han sido violada por su pareja. Las mujeres desplazadas: más de la mitad de la población de las mujeres alguna vez unidas reporta haber sufrido algún tipo de maltrato físico y han sido forzada a tener relaciones sexuales por desconocidos. Solamente el 22% de las mujeres que han sido maltratadas reporta haber denunciado el hecho ante las autoridades. En cuanto el maltrato a los menores, también una parte de las mujeres han sido golpeadas por sus esposos, y también sus hijos.
Numerosos estudios demuestran que la violencia doméstica y sexual está íntimamente relacionada con problemas, tales como alteraciones ginecológicas, aborto inseguro, complicaciones del embarazo, aborto espontáneo, parto prematuro, bajo peso al nacer y enfermedad pélvica, sin contar los costos para el sistema de salud directamente producidos por las atención de las lesiones y los costos laborales y económicos para la persona lesionada y para la sociedad. Por otra parte, quienes viven una relación abusiva frecuentemente tienen dificultades para rechazar las relaciones sexuales que no desean, para negociar el uso del condón o para utilizar otros métodos anticonceptivos y, por lo tanto, están en riesgo de embarazos no planeados y de adquirir infecciones de transmisión sexual, incluida el VIH/SIDA. PROFAMILIA.
GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Constitución Nacional define la garantía de los derechos y deberes como uno de los fines esenciales del Estado: el derecho a la vida (por ejemplo, poner en riesgo la vida de las mujeres por embarazo u otros aspectos relacionados con la procreación); a la igualdad y a no sufrir ningún tipo de discriminación (por ejemplo, igualdad independientemente del sexo, la edad, la orientación sexual, la etnia o cualquier otro factor); a la integridad personal (por ejemplo, a tener una vida sexual y reproductiva libre de acoso, coerción o violencia), entre otros. Contribuir al desarrollo de las personas y al mejoramiento de su calidad de vida, y el derecho de las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente sobre los asuntos relativos a su sexualidad y reproducción, libres de coerción, discriminación y violencia.

La Constitución Nacional define la atención en salud y la seguridad social como servicios públicos de carácter obligatorio a cargo del Estado, que deben ser prestados conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Esto implica una responsabilidad indelegable para el Estado, que no se altera por la facultad que le confiere la Constitución de delegar la prestación de servicios en entidades privadas, sobre las cuales existe un deber de vigilancia y control y quienes deben asumir la prestación de los servicios de salud con criterios de responsabilidad social.
En Colombia, la situación de SSR muestra que es inaplazable la implementación de una política integral que logre modificar indicadores que siguen siendo muy preocupantes. Los factores de vulnerabilidad más frecuentemente asociados a condiciones precarias de SSR son el bajo nivel de escolaridad, la situación de pobreza, la ubicación en zonas rurales o urbanas marginales, la situación de desplazamiento, la residencia en zonas de conflicto, las limitaciones de la cobertura del SGSSS, los comportamientos de riesgo y el inicio temprano de relaciones sexuales. Además de estos factores, existen estereotipos y valores culturales sobre la sexualidad, la reproducción y, en general, sobre las relaciones afectivas, que condicionan actitudes y comportamientos que no siempre favorecen la salud y el desarrollo autónomo de proyectos de vida significativos.

Los factores que afectan la SSR están asociados a debilidades en la gestión que se traducen principalmente en deficiencias de calidad y limitaciones de las posibilidades de acceso, así como en la institucionalización de prácticas que en algunos casos hacen que la atención sea fragmentada y que, por lo tanto, carezca del componente de integralidad esencial para garantizar un servicio adecuado.

El factor que afecta la gestión es la falta de conocimiento o de unidad de criterios en la interpretación de las normas, la falta de apropiación de las mismas y la ausencia de mecanismos eficientes de control y sanción en los casos en que se omite su aplicación.

la SSR más preocupantes desde el punto de vista de la salud pública y, por lo tanto, las áreas que deben ser prioritariamente atendidas son la alta tasa de muertes maternas, el aumento de la incidencia de ITS y VIH/SIDA, la falta de servicios de atención integral para adolescentes y el aumento de las tasas de embarazo a edades cada vez más tempranas, el alto porcentaje de embarazos no planeados, la alta mortalidad de mujeres por cáncer de cuello uterino y los altos índices de violencia doméstica y sexual que afectan no sólo las condiciones de salud de las víctimas, sino el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, limitando las posibilidades de convivencia social.

PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA

Esta política nacional de salud sexual y reproductiva adopta como principios que la inspiran y orientan, el enfoque según el cual los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, la búsqueda de la equidad (particularmente en términos de género y de justicia social), el principio de la igualdad de trato y de oportunidades (concepto que incluye el tratamiento diferenciado de las necesidades especiales), el empoderamiento, la intervención focalizada, y la concepción de la salud como servicio público que debe ser prestado con criterios de calidad, eficiencia, universalidad y solidaridad.
Derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos

Además de lo expresado antes respecto al contenido de los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos fundamentales, la concepción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos implica el reconocimiento de su carácter de universales, intransferibles e inalienables y la obligación del Estado de garantizar las condiciones para su pleno ejercicio.
Equidad

Los factores de inequidad más claramente asociados a la SSR tienen que ver con la situación de desventaja que muestran los elementos del diagnóstico para los sectores de la población más pobre, de menor nivel de escolaridad, sin cobertura del SGSSS, habitantes de las zonas rurales, mujeres y, muy especialmente, para la personas en situación de desplazamiento o habitantes de las zonas de conflicto. Para estas personas todos los riesgos asociados con la sexualidad y la reproducción son mucho mayores que para el resto de la población. Por lo tanto, mejorar las condiciones de acceso y la calidad de los servicios y la información contribuirá a superar un factor de inequidad, lo cual es un elemento importante en la búsqueda de la justicia social. De otro lado, la política también aborda las inequidades derivadas de las desigualdades en las relaciones entre los sexos, asociadas principalmente con la mayor carga que enfrentan las mujeres en la división sexual tradicional de las tareas sociales, la baja participación de los hombres y la precariedad de las habilidades de negociación de ambos sexos en los asuntos relacionados con la sexualidad y la reproducción.

Empoderamiento

En el mismo orden de ideas, el empoderamiento debe entenderse en dos sentidos: por un lado, el empoderamiento de las mujeres encaminado hacia la construcción de relaciones entre los sexos más equitativas que permitan la toma de decisiones autónomas y en igualdad de condiciones con los hombres, teniendo en cuenta que las mujeres enfrentan inequidades en este sentido que tienen repercusiones no sólo en el acceso real y la calidad de los servicios sino también en el poder para participar en el sector. El empoderamiento de las mujeres y la consecuente mejora en su situación económica, social y cultural, son elementos indispensables para el desarrollo. El empoderamiento de las mujeres debe ir acompañado del estímulo a la participación de los hombres en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción y, en general, con las responsabilidades domésticas y frente a la crianza de los hijos. El segundo sentido del empoderamiento se refiere a la cualificación de la demanda, es decir, a los mecanismos para dotar a las/os usuarios de los servicios de salud de las herramientas necesarias para exigir y hacer cumplir sus derechos y para asumir la responsabilidad individual y social frente al cuidado de la salud.
Intervención focalizada

Las acciones para desarrollar la política de SSR deben priorizarse con base en criterios de focalización que contribuyan a la equidad y a la justicia social. Por lo tanto, deben implementarse acciones que tengan en cuenta las características y necesidades específicas de las zonas donde los indicadores muestran condiciones de vida más precarias, como las zonas rurales, las zonas de conflicto armado y las zonas marginales urbanas. Así mismo, las intervenciones deben priorizar a las personas con menores niveles de escolaridad, las desplazadas, los jóvenes y, en general, la población en condiciones de pobreza.
Salud como servicio público prestado con criterios de calidad

Además de los criterios de calidad para la prestación de servicios de salud desarrollados en el Decreto 2309 de 2002,21 la calidad en la prestación de servicios de SSR debe considerar elementos tales como la confidencialidad, la formación adecuada del recurso humano, no sólo en los aspectos médicos, técnicos, de seguridad, de sistemas de referencia y contra referencia y normativos sino en habilidades de comunicación y trato; la incorporación de la perspectiva de género y condiciones que les permitan a los usuarios y usuarias la toma de decisiones informadas.

La garantía de calidad incluye, además, el criterio de integralidad que se refiere al acceso a la totalidad de los servicios requeridos sin fragmentar la atención y teniendo en cuenta particularidades y necesidades específicas de los/las usuarios/as según su ciclo vital, sexo, contexto sociocultural o cualquier otro factor que exija adecuar la prestación de servicios a condiciones especiales.

LEYES QUE REGULAN EL DESTINO DE LOS RECURSOS

Ley 715 del 2001

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
Artículo 1°. Naturaleza del Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la presente ley.
Ley 617 del 2000

ARTICULO 1o. CATEGORIZACION PRESUPUESTAL DE LOS DEPARTAMENTOS. En desarrollo del artículo 302 de la Constitución Política, teniendo en cuenta su capacidad de gestión administrativa y fiscal y de acuerdo con su población e ingresos corrientes de libre destinación.
El departamento del Quindío está en la tercera categoría a nivel presupuestal.
El municipio de Armenia está en la segunda categoría a nivel presupuestal.

PROMOCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LAS PROBLEMÁTICAS

MATERNIDAD SEGURA
Teniendo en cuenta que se presentan altas tasas de mortalidad materna en el país, la maternidad segura plantea acciones para reforzar en la población los beneficios de la captación temprana y la adherencia al control prenatal de la madre y su familia, así como las medidas de autocuidado que deben desarrollarse para el beneficio de la madre y el hijo/a. En concordancia con lo anterior se debe:

• Adelantar acciones para que las mujeres y hombres en edad fértil conozcan sus deberes y derechos en cuanto a los servicios de consulta preconcepciones, control prenatal, parto, puerperio y atención a menores de un año.

• Fomentar acciones de autocuidado para la maternidad segura que involucren a ambos miembros de la pareja. Estos proyectos deben orientarse a que el hombre participe en el cuidado de la mujer y el recién nacida/o en la gestación, el parto, el puerperio y el primer año de vida del niño/a. Las acciones de información, comunicación y educación deben centrarse en los cuidados y controles postparto, los métodos de planificación familiar, la nutrición adecuada y la lactancia materna, los controles de crecimiento y desarrollo, la aplicación adecuada del esquema de vacunación desde el nacimiento y el establecimiento de relaciones psicoactivas adecuadas dentro de la pareja y de los padres con el nuevo hijo/a, reconocido como factor protector de la violencia intrafamiliar.

• Promover la discriminación positiva de la mujer gestante o con niños/as pequeños/as en las actividades de la vida cotidiana, tales como acceso privilegiado a lugares públicos, el servicio de transporte público, la priorización en situaciones de emergencia, la atención prioritaria en establecimientos comerciales, entre otros.

• Fomentar el uso seguro y racional de los medicamentos en la gestante mediante estrategias dirigidas a los profesionales de la salud, droguistas, expendedores, distribuidores y la comunidad en su conjunto, así como advertir sobre los riesgos que implica la automedicación en la gestación.

Coordinación intersectorial e interinstitucional
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