Un apunte sobre los Derechos Humanos y sus Generaciones




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fecha de publicación18.01.2016
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Un apunte sobre los Derechos Humanos y sus Generaciones
Dr Juan Álvarez-Cienfuegos Fidalgo, Facultad de Filosofía de la UMSNH
En el año 1979, Karel Vasak, Director del Departamento Jurídico de la UNESCO, pronunció la Lección Inaugural de la Décima Sesión del Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo titulada Pour les droits de l’homme de la troisième génération. El mismo autor volvía a esa idea, cinco años más tarde, publicando en una obra colectiva su artículo “Pour une troisième génération des droits de l’homme”. Desde entonces para acá, la expresión “Derechos Humanos de la Tercera Generación” se ha extendido y popularizado en los medios jurídicos, políticos y entre los activistas de los Derechos Humanos. También, ha sido matizada, criticada, ampliada y rechazada.

El presente artículo pretende ser una rápida y breve aportación a la historia de las generaciones de los Derechos Humanos, la particular relación que mantiene cada una de ellas con distintas formas de concebir el Estado y, en último término, las diferentes visiones sobre el ser humano que subyacen a las distintas formulaciones de tales Derechos. Para concluir, se aludirá a las críticas dirigidas a las declaraciones de los Derechos Humanos desde diversas concepciones jurídicas, políticas y filosóficas, así como a los problemas teóricos y prácticos que entraña su defensa.
A finales del siglo XVIII, envueltos en el ambiente ilustrado que preconizaba la autonomía como principal distintivo del ser humano, cuyo corolario era la libertad, se hacen públicos algunos textos básicos del ideario de la revolución burguesa, cuya inspiración última serían el iusnaturalismo racionalista, todos los seres humanos poseen unos derechos naturales que dimanan de su racionalidad y que deben ser reconocidos por el poder político, y el contractualismo, las normas que deben regir a la sociedad son el resultado del consenso o la voluntad popular.

La Declaración de Derechos de Virginia, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y las sucesivas Declaraciones de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa tienen en común partir del reconocimiento de que “todos los hombre fueron creados libres e iguales” -lo cual entraña la evidente paradoja, respecto a la mencionada autonomía, de que la dignidad del ser humano no le es intrínseca, sino que proviene del hecho de haber sido creado a imagen de Dios, es decir, una dignidad heterónoma-, también comparten un mismo y sentido énfasis en considerar a la libertad como la seña de identidad que tiene que guiar la acción de los poderes públicos –ahora bien, para decirlo en términos actuales, la libertad defendida por los independentistas americanos y los republicanos franceses es la libertad negativa, la “libertad de”; lo que quiere decir, la ausencia de obstáculos interpuestos por el poder político al libre desarrollo del ciudadano- y, asimismo, dieron lugar a la aprobación de Constituciones como declaraciones últimas que estructuraban jurídicamente al Estado y constituían el horizonte al que debía dirigir su mirada el legislador.

En suma, la idea central, la ley debe proteger la libertad pública e individual contra la opresión de los que gobiernan, se cifraba en preservar las acciones del individuo frente a la acción del Estado, una acción sujeta a las debidas garantías jurisdiccionales. De ahí que su fundamento ideológico fuera el liberalismo y su fundamento político la democracia formal. Estas Declaraciones, que sientan las bases del Estado Liberal de Derecho y conciben al ciudadano como el titular de unos derechos que no pueden ser atropellados por ningún tipo de poder arbitrario, inspiran la implantación de los Estado-nación en la Europa decimonónica y los diversos movimientos de emancipación en América Latina.

Desde este punto de vista, los derechos humanos son concebidos como derechos de defensa de las libertades del individuo que exigen la no injerencia de los poderes públicos en su vida privada; la acción del Estado, entonces, queda limitada a preservar el orden público, algo así como una mera policía administrativa. El Estado está obligado únicamente a un “no hacer”: no detener arbitrariamente, no aplicar penas sin juicio previo, no restringir la libertad de expresión, no violar la correspondencia ni los papeles privados, en fin, no interferir con la propiedad privada. El titular de esos derechos es un individuo autónomo y racional, una mónada aislada que se desenvuelve en una sociedad en equilibrio y que encuentra en el mercado el mejor mecanismo de creación de riqueza. Es la época de la Primera Generación de los Derechos Humanos o, también, la época de los derechos civiles y políticos

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El fuerte desarrollo industrial y fabril experimentado a lo largo del siglo XIX en gran parte de Europa y América, a finales de la centuria en Japón, provocó importantes movimientos de población del campo a la ciudad; unos contingentes de hombres, mujeres y niños que trabajaban en unas penosas condiciones y subsistían en miserables viviendas en las cercanías de la fábrica o la mina. Es así como la distancia entre las proclamas del poder político y las declaraciones de las constituciones se estrellaban con una realidad bien ajena a sus buenas intenciones.

A partir de 1848 se extienden por toda Europa numerosas revoluciones que son la expresión de un descontento social generalizado; siempre derrotadas, consiguieron, con todo, la creación de partidos políticos representantes de la clase trabajadora, de sindicatos que defendían las reclamaciones obreras y, sobre todo, la idea de que una sociedad cortada según el patrón del Estado liberal de Derecho era incapaz de resolver los agudos problemas derivados de la extensión del capitalismo. En resumidas cuentas, o el Estado Liberal de Derecho dejaba de ser un mero árbitro garante exclusivamente de las libertades individuales y asumía tareas de mayor alcance social o corría el riesgo de ser arrollado por la creciente marea social que, aunque reiteradamente vencida, dados su mayor alcance y profundidad, lo amenazaba con fuerza en sus propias bases.

Es en este contexto, a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del XX, en donde comienzan a atisbarse, primero, a adquirir carta de naturaleza, después, una nueva serie de derechos. Son los derechos económicos, sociales y culturales. A estos es a los que se denomina Derechos de la Segunda Generación. Si la consigna que puede resumir el espíritu de la Primera Generación de Derechos Humanos fue la libertad, entendida en los términos antes enunciados, la que permea los de la Segunda es la igualdad. Y ya no una mera igualdad formal, igualdad ante la ley, sino una igualdad de contenidos, que podría ser equiparada a la libertad positiva, a una “libertad para”, de tal forma que esta es concebida no sólo como el resguardo frente a la acción del Estado, sino que le exige al poder político la creación de unos mínimos sociales comunes a todos sus ciudadanos.

La doctrina de los derechos económicos, sociales y culturales obliga al Estado “a hacer”, es decir, a brindar prestaciones positivas tales como proveer servicios de salud, asegurar la educación, sostener el patrimonio cultural, o lo que es lo mismo, “derecho a la salud”, “derecho a la vivienda”, “derecho a la educación” o “derecho al trabajo”. Estos nuevos cometidos del Estado, que alcanzan su punto máximo de expansión tras la segunda guerra mundial, el keynesianismo, son los que dan pie para hablar ya no sólo de un Estado Liberal de Derecho, sino de un Estado Social de Derecho. Un tipo de Estado que no sustituye al modelo de Estado Liberal, sino que corrige sus disfunciones; a tal fin, modifica algunos de sus presupuestos de la teoría de la sociedad y de las relaciones sociedad-individuo e interviene cuando el funcionamiento del mercado no garantiza resultados aceptables. Así, la acción humana no sólo es vista como acción de individuos, sino también tiene en cuenta la dimensión colectiva de esa acción: clase social, grupo, etnia, género, es decir, se considera que los ciudadanos están “situados”, frente al ciudadano “aislado” del Estado Liberal, en los contextos en que operan esos diversos grupos en los que desarrollan su existencia como ser social y en función del logro de intereses que rebasan la mera individualidad para proyectarse también hacia metas colectivas; unos individuos, por otra parte, que no se consideran a sí mismos como únicamente racionales, también admiten otros componentes, pasionales o irracionales, constitutivos de su personalidad. También se tiene presente que la riqueza no es el único rasero que debe medir los resultados económicos, hay otros bienes sociales valiosos, y contempla a la sociedad como un campo conflictivo, más que como una unidad orgánica.

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Si se habla de dos revoluciones que transformaron radicalmente la forma de vida de los seres humanos, la neolítica y la industrial, se puede afirmar que a partir de la segunda guerra mundial se inició la tercera, la tecno científica. Los exponentes más conspicuos de esta última revolución serían la energía nuclear, la auténtica invasión de los vehículos a motor a lo largo y ancho de todo el Planeta, el desarrollo de la industria electrónica cuya culminación sería la aparición de la sociedad-red y las diversas vertientes de las tecnologías de la vida, desde la fabricación de transgénicos hasta la manipulación genética humana. Las nuevas tecnologías, debido a su potencial de manipular y dañar el medio ambiente y la propia condición de los seres humanos, nos sitúan ante problemas nunca antes contemplados.

A medida que la humanidad toma conciencia de la enorme e imprevisible capacidad manipulativa de las nuevas tecnologías se ve obligada a elaborar normas que regulen la investigación y difusión de los productos derivados de las mismas. A ello, habría que añadir los movimientos de población que tienen lugar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, movimientos que incluyen refugiados políticos, emigrantes y quienes huyen de sus tierras devastadas por catástrofes naturales o por conflictos bélicos. Por último, todo lo anterior debe ser entendido como un proceso de carácter planetario al que comúnmente se le denomina globalización. Las nuevas relaciones que conllevan los fenómenos citados, con la naturaleza y de los seres humanos entre sí, propician la aparición de un nuevo tipo de Derechos Humanos que, sin olvidar los anteriores, recoja las preocupaciones y retos que dichas tecnologías y movimientos sociales representan para el mundo actual. Es así como se habla de los Derechos Humanos de la Tercera Generación.

Tal como se había señalado en relación con los Derechos Humanos de la Primera y la Segunda Generación, también en esta se pueden perfilar los cambios habidos en lo que al Estado y al ciudadano se refiere. Si se encontraba una relación entre el Estado Liberal y los derechos civiles y políticos o de la Primera Generación, si al Estado Social le correspondían los derechos económicos, sociales y culturales o de la Segunda Generación, ¿qué tipo de titular de derechos y qué tipo de Estado son los característicos de la Tercera Generación de Derechos?

Estos derechos, obviamente, tienen como principales focos de atención el desarrollo de las tecnologías y la coexistencia de diversos grupos humanos muy diferentes entre sí; hay que señalar, además, que dichos grupos bien pueden convivir en un mismo país, manteniendo sus lazos comunitarios en uno distinto al suyo y con formas de vida diferentes a las del país de acogida, bien esos diferentes grupos pueden tener sus propios estados. El primero de los Derechos de la Tercera Generación es el derecho a la paz. Las potencialidades letales de las armas atómicas y bacteriológicas suponen un grave riesgo no sólo para los países beligerantes, sino para la humanidad en su conjunto. Asimismo, no se puede perder de vista el derecho a la calidad de vida. En este sentido, el pensamiento y la sensibilidad ecológica constituyen una referencia ineludible en un mundo que se muestra tan hostil o indiferente a las consecuencias que se derivan de la producción y consumo de determinado productos y bienes extremadamente nocivos para el medio ambiente: la desertización de grandes zonas del Planeta, la voracidad de la industria maderera, los problemas medioambientales derivados de la emisión de dióxido de carbono, el agotamiento de las fuentes de energía.

En un mundo, hay que señalarlo, en el que una buena parte de la humanidad no sabe lo que son los Derechos Humanos de la Segunda ni de la Primera generación; para ellos, la calidad de vida comenzaría porque fueran titulares de esos derechos. La sociedad-red conecta a los humanos a lo largo y ancho de la Tierra, pasando por encima de todo tipo de fronteras, almacena en un mínimo espacio físico inmensas cantidades de información, realiza operaciones a una velocidad impensable para el cerebro humano, pero también conlleva la posibilidad de llevar adelante un control sobre las vidas y los mensajes que envía y recibe la población inimaginable sin esa tecnología. De ahí la exigencia de un derecho a la intimidad, puesto que corremos el riesgo de someternos a “un juicio universal permanente”; en fin, el uso torcido de la informática por parte de distintos poderes puede llevar a cometer graves ataques contra la libertad y la igualdad. Otros derechos que se avizoran serían las garantías frente a la manipulación genética, el derecho a morir con dignidad, el derecho al disfrute del patrimonio histórico y cultural de la humanidad o el derecho de los pueblos al desarrollo; catálogo, por lo demás, incompleto que nos da a entender su condición abierta a nuevos derechos.

Si emergen, en un proceso integrativo de los de las generaciones anteriores, estos nuevos derechos, sus titulares, asimismo, mostrarán un rasgo característico. Si los de la Primera Generación aparecen como personas aisladas y los de la segunda como individuos, sí, pero situados, los titulares de la Tercera serán personas que, además de ser vistas como individuos situados, están interconectadas a un medio ambiente que exige la sustentabilidad, a redes planetarias de información y comunicación y, por ende, a un mayor compromiso con las extremas desigualdades económicas, sociales y culturales de nuestro mundo. Bajo esta perspectiva, se podría afirmar que los Derechos de la Tercera Generación completarían el ideario de la Revolución Francesa, constituyendo la solidaridad su inspirador referente último. O lo que es lo mismo, a la “libertad de” y a la “libertad para”, vendría a sumársele la “libertad con” los demás.

A su vez, el Estado Constitucional sería el marco institucional adecuado para llevar a cabo esta política de derechos. La construcción de un Estado tal viene apuntada por el desplazamiento de la primacía de la ley a la primacía de la constitución, por el desplazamiento de la reserva de ley a la reserva de constitución y por el desplazamiento del control jurisdiccional de la ley al control jurisdiccional de la constitución. Un breve comentario al respecto. En lo que se refiere al primer desplazamiento, si el Estado de Derecho tenía como signo distintivo el imperio de la ley, lo que se puede constatar con mayor evidencia de un tiempo acá es el recorte de los poderes del Estado en sus atribuciones legislativas. Hay un recorte normativo supraestatal, legislación, tribunales y tratados internacionales, y un recorte normativo infra estatal, competencias legislativas regionales, de determinados grupos sociales y de gran especialización, que dan paso de un ordenamiento jurídico jerarquizado a un pluralismo jurídico. Respecto al segundo de los desplazamientos, se constata que el Estado Social dio lugar, dada su mayor complejidad legislativa que el Liberal debido a sus numerosas atribuciones, a un marasmo de leyes o, como suele decirse, a una “contaminación legislativa”, de tal manera que incluso los mismos juristas encuentran serias dificultades para conocer y aplicar el derecho. De ahí que la reserva de ley a duras penas consigue ser una garantía para regular el status normativo de las cuestiones jurídicas básicas y se vea la necesidad de acudir a la reserva de constitución. Por último, puesto que el Estado de derecho contempla la sumisión de los poderes públicos al control de tribunales independientes, dada la hipertrofia legislativa del Estado Social de derecho, hay quien lo denomina “Estado de derecho administrativo”, se tiende a conceder un mayor papel al ordenamiento constitucional.

En resumidas cuentas, el Estado Constitucional constituye la forma de Estado resultante de las tendencias incubadas por el Estado de derecho. Así, el Estado Constitucional mantiene la primacía de la constitución sobre la ley, la reserva de constitución sobre la de ley y la del control jurisdiccional de la constitución sobre el de la ley. En último término, constituiría el marco normativo y político dentro del que tendrían su reconocimiento y sus garantías los Derechos Humanos de la Tercera Generación. Por otra parte, la preeminencia de la constitución podría preparar el camino para un constitucionalismo internacional que acogiera bajo sí las diferentes generaciones de derechos mencionadas

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Tras los comentarios precedentes, habría que hacer dos consideraciones. En primer lugar, la descripción presentada de los derechos humanos y su relación con las diferentes formas de Estado no debe inducir al lector a que la realidad política responde a un desarrollo histórico que haya seguido los pasos presentados de una manera tan uniforme y lineal; ni en todos los países se puede encontrar el proceso de las transformaciones del Estado vistas, ni dentro de un mismo país en el que se hayan dado los tres tipos se puede seguir el desarrollo de una manera tan esquemática. La realidad fue, y lo sigue siendo, mucho más sinuosa, dúctil y difusa de lo que estos modelos nos ofrecen. Lo que se enumeraba eran eso, modelos, tipos ideales al modo weberiano que, sin estar totalmente alejados de la realidad, tampoco se puede afirmar que respondan a un tipo medio estadístico, algo así como Harpagón es el tipo ideal del avaro.

El otro comentario requiere más detenimiento. Es el concerniente a las diversas críticas a las que han sido sometidas las diferentes versiones de los Derechos Humanos. Los Derechos de la Primera Generación fueron puestos en la picota, tanto por la derecha como por la izquierda. El pensamiento conservador del siglo XIX, con Joseph de Maestre a la cabeza, consideraba la idea misma de derechos humanos como algo ridículo, por el principio del que partían: el hombre como un universal, y peligroso por sus efectos letales para la tradición, la costumbre y la religión. El Marx de La cuestión Judía, por su parte, denunciaba la fractura en el Estado Liberal entre los derechos del hombre, entendidos como derechos del individuo egoísta, del burgués en cuanto miembro de la sociedad civil, y los derechos del ciudadano en cuanto miembro de la comunidad política. La realización de los derechos humanos exigía, en su opinión, la emancipación humana que se produce cuando el hombre y el ciudadano se funden.

Respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, las críticas provienen en su mayor parte del campo conservador. Siguiendo la senda de von Hayek, primero, y de Robert Nozik, después, los ultraliberales consideran que la única misión del Estado es la de defender la seguridad interna frente a la delincuencia y la defensa externa frente a potenciales enemigos, el resto, considerar que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir los derechos mencionados anteriormente, es abogar por unas medidas ilegítimas que desvirtúan el propio ser y esencia del Estado. Su crítica de fondo es la de rechazar, entonces, lo que llaman paternalismo estatal, pues sostienen que el Estado de Bienestar adopta, con sus medidas sociales, un papel de padre protector; más que un órgano de gobierno sobre ciudadanos libres y racionales capaces de tomar decisiones por cuenta propia, los considera como seres humanos de minoría de edad necesitados de la ayuda de un tutor. A la postre, añaden, cada uno elige para sí la vida que prefiere o que más le convence.

Tras lo visto, no podían faltar críticas a la formulación de los Derechos Humanos de la Tercera Generación. Unas mantienen que la misma idea de “tercera generación” crea confusión frente a los derechos anteriores, otras afirman que no es que se deba hablar de tercera generación, sino que abogan por una cuarta o quinta generaciones; en fin, por no citar a quienes extienden la idea de derechos humanos al mundo animal o a la naturaleza en su conjunto. Asimismo, algunos autores señalan la sima entre el Estado de derecho y el Estado Constitucional.

A su vez, habría que añadir que, en la actualidad, la mayoría de quienes ven con suspicacia los Derechos Humanos tienen algo en común: su crítica a la idea de universalidad de unos derechos cuyos titulares son individuos. Quienes militan en el relativismo cultural, en la concepción patriarcal de la sociedad o transitan por las diversas sendas del comunitarismo dirigen su atención a esas dos dimensiones, básicas, de los derechos humanos. Apuntaría, brevemente, un par de cosas. En efecto, es intrínseca a la idea de derechos humanos la noción de individuo, puesto que de esos derechos sólo puede disponer una persona frente a su familia, a su grupo social, al estado o a cualquiera de las variantes de iglesia que nos podamos encontrar. De ahí que tampoco tenga mucho sentido hablar de derechos colectivos o de grupo, puesto que esos derechos no encuentran su justificación última en la defensa o protección del grupo en cuestión, sino de los individuos que lo componen.

Tantos o más recelos provoca la noción de universalidad. Desde el punto de vista de la crítica filosófica, posmodernos y comunitaristas, la universalidad es rechazada por su carácter ideal y abstracto, cuando los seres humanos tienen derecho a la diferencia, dicen unos, y son seres “situados”, afirman los otros. Las impugnaciones de los derechos provenientes del campo de la política centran sus objeciones en la desconfianza que a muchos líderes políticos, especialmente del ámbito geográfico no europeo, les ofrece la universalidad, pues consideran que bajo la inocente fórmula del universalismo se esconde en realidad el desconocimiento de las diversas tradiciones culturales y, lo que es más pernicioso aún, su justificación deja la puerta abierta a intereses económicos, generalmente de multinacionales, cuyo único objetivo es el expolio de sus países. No faltan, tampoco, las voces de juristas que rechazan el universalismo al no existir un marco económico y social que permita satisfacer plenamente todos los derechos en todo el Planeta.

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Para recapitular. Los Derechos Humanos o son individuales y universales o no son tales derechos. Respecto al carácter de individuos de los titulares de dichos derechos, poco más se puede decir que lo apuntado con anterioridad, es decir, que los pretendidos derechos de grupos tienen como horizonte último de su alcance los derechos de los individuos que los integran. El derecho de un ciudadano a expresarse, presentar sus alegaciones ante el juez, acudir a la consulta del doctor o estudiar en una lengua que no sea la más extendida en el ámbito político en que vive no encuentra su justificación en el derecho de un grupo determinado lingüístico, como un todo, sino, precisamente, en la facultad que debe tener cada uno de los integrantes de ese grupo para expresarse en su lengua particular, y a tal efecto el Estado deberá poner los medios necesarios a su alcance para que así sea. Ahora bien, esto también quiere decir que ese ciudadano en cuestión, si, por las razones que fuera, no está dispuesto a hacer uso de la lengua minoritaria, estará también en su derecho de expresarse en la de la mayoría.

La de universalidad, qué duda cabe, es una noción de muy difícil y equívoca significación, además de estar cargada de tintes negativos en tiempos de reivindicación, en ocasiones acrítica por excesivamente apasionada, de lo propio y vernáculo como patrón de modelo a seguir. Por ello, poco será lo que estas líneas puedan aportar a tan debatido término. Sin embargo, considero oportuno hacer alguna consideración al respecto. En este sentido, quisiera traer a colación las conocidas palabras de Goethe referidas a la creación literaria: se alcanza lo universal profundizando en lo particular. Si trasladamos esta reflexión al campo de los derechos humanos y su universalidad, quizá sea posible encontrar unos mínimos criterios de derechos que si no todas las formas de vida, sí una gran mayoría de ellas estaría dispuesta a compartir. Contando, claro está, con que la unanimidad sería imposible. Habría que recordar, al mismo tiempo, como así lo expresan determinadas corrientes antropológicas, que la concepción de una cultura como algo homogéneo, atemporal, dado de una vez por todas y en la que el principio holista ahoga cualquier tipo de personalidad individual es una visión cuando menos ingenua, que no resiste el mínimo análisis histórico y social. Las culturas, conviene usar el plural, son mucho más deudoras de préstamos e intercambios de lo que a primera vista se suele admitir.

De otro lado, considero que no es justa ni correcta la ecuación universalismo-intereses comerciales, resulta muy capcioso el argumento según el cual detrás de una comisión de observadores de los derechos humanos llega la instalación de una petroquímica multinacional que en su lugar de origen encuentra dificultades para ello. Es evidente que se pueden dar casos de ese tipo, pero no es un proceso automático y necesario. Añádase que en numerosas ocasiones son, precisamente, esos observadores quienes denuncian las tropelías cometidas por las empresas y entidades comerciales transnacionales.

Tampoco quisiera obviar las evidentes insuficiencias ya no de los derechos humanos, sino de los propios ordenamientos internos de cada país. Quien se asome a la ventana y contemple la vida diaria y los afanes cotidianos de sus conciudadanos, puede dudar de la vigencia práctica de su particular ordenamiento constitucional. ¿Quiere esto decir, entonces, que debemos renunciar a cualquier tipo de orden jurídico?

Si de estas consideraciones pasamos a la puesta en práctica de dichos derechos, el asunto no hace más que complicarse. ¿Quién toma las decisiones de carácter internacional?, ¿cuándo y cómo se debe usar la fuerza?, ¿qué criterios deben guiar la intervención en un país?, ¿se debe intervenir en nombre de los derechos humanos en un país si las consecuencias previsibles son que a corto y medio plazo aumente la violencia, la injusticia y el terror? Estas y muchas más preguntas son pertinentes porque los acuerdos sin espadas no son más que palabras. Porque todo ordenamiento jurídico tiene que contar, en último término, con la capacidad constrictiva de hacer que se cumpla.

Que muchos países firmaron los acuerdos internacionales relativos a los Derechos Humanos y hacen caso omiso de ellos en la vida diaria es un hecho evidente, que, paulatinamente, países enteros o sátrapas caídos son sancionados o perseguidos, también lo es. No serán ninguna panacea las diversas declaraciones y generaciones de Derechos humanos, como, por otra parte, no la hay para hacer prevalecer la justicia, pero, desde un sano escepticismo, estaría dispuesto a admitir que la reflexión sobre dichos derechos y los esfuerzos encaminados a implantarlos suponen un reto y una exigencia a nuestra ciudadanía global. Al fin y al cabo, las respuestas son muy complejas, pero las preguntas relativas a la justicia distributiva y a la legitimidad del poder político son muy simples: ¿quién consigue qué?, ¿quién lo dice?.

Nota bibliográfica

Sobre los derechos humanos en general:

Ignatieff, Michael, Los derechos humanos como política e idolatría, Introducción de Amy Gutman, Barcelona, Paidós, 2003 (original en inglés, 2001).

Peces-Barba Martínez, Gregorio, (comp.), Curso de los Derechos Fundamentales: teoría general, Madrid, Universidad Carlos III, 1995.

Peces-Barba Martínez, Gregorio (dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Madrid, Dykinson, 1998.

Shute, Stephen, Hurley, Susan, De los Derechos Humanos, Valladolid, Trotta, 1998 (original en inglés, 1993).

Sobre los Derechos Sociales:

Abramovich, Víctor, Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002.

Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2004 (original en italiano, 1999).

Sobre el Estado Constitucional:

Häberle, Peter, Teoría de la constitución como ciencia de la cultura, Madrid, Tecnos, 2000 (original en alemán, 1997).

Kriele, M., Introducción a la Teoría del Estado. Fundamentos Históricos de la legitimidad del Estado Constitucional Democrático, Buenos Aires, Depalma, 1980 (original en alemán, 1975).

Zagrebelsky, G., El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, Valladolid, Trotta, 1995 (original en italiano, 1992).

Sobre los Derechos Humanos de la Tercera Generación:

Jiménez, Eduardo Pablo, Los Derechos Humanos de la Tercera Generación: medio ambiente, derechos del usuario y consumidor, acción de amparo, jurisprudencia, Buenos Aires, Ediar, 1997.

Pérez Luño, Antonio-Enrique, La tercera generación de Derechos Humanos, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2006.

Vasak, Karel, Pour les droits de l’homme de la troisième génération, Estrasburgo, Institut International des Droits de l’Homme, 1979.

Vasak, Karel, ‘Pour une troisième génération des droits de l’homme’, en Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’Honneur de Jean Pictet, La Haya, Mouton, 1984.
Advertencia

Para la elaboración de este artículo se siguió de una manera especial la obra de Antonio-Enrique Pérez Luño citada en la bibliografía.
Este texto ha sido publicado en Teresa da Cunha Lopes, Rafael Luviano González, Benjamín Revuelta Vaquero y Roberto Sánchez Benítez (coordinadores), Globalización, Derechos Humanos y Sociedad de la Información, Morelia, U.M.S.N.H., 2007, pp. 9-19.


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