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EL CÁLCULO DEL RIESGO: SEGURIDAD PRONOSTICABLE ANTE UN FUTURO ABIERTO


Las relaciones de definición como relaciones de dominio [.1 49
contexto. Desde luego hay que considerarlas catástrofes amenazadoras, pero la diferencia decisiva entre los riesgos clásicos y los modernos se encuentra a otro nivel: los riesgos que proceden de las grandes tecnologías y la industrialización son resultado de decisiones conscientes (tomadas por un lado por organizaciones privadas y/o estatales para obtener ventajas económicas y aprovechar las correspondientes oportunidades y, por otro, sobre la base de un cálculo que considera ios peligros como la inevitable cara oculta del progreso). Los peligros vinculados a la industrialización se convierten en política no en virtud de su magnitud sino en virtud de una peculiaridad social: no es el destino el que nos los envía sino nosotros quienes los creamos; son producto de manos y cabezas humanas, fruto de la unión de saber técnico y cálculo económico. Esta clase de riesgos también es diferente de los causados por las guerras, ya que se presentan por vías pacíficas, fructifican en los centros de la racionalidad, la ciencia y el bienestar y gozan de la protección de quienes velan por la ley y el orden.
Por eso respecto a los grandes riesgos industriales siempre se plantea la cuestión de la imputación: ¿a quién imputa la sociedad la responsabilidad de las catástrofes acaecidas (incluso en el caso de acontecimientos difícilmente imputables según las leyes científicas y legales vigentes)?1
La cuestión, pues, es: ¿no pasarán los dos últimos siglos por ser una época de creciente calculabilidad y previsión de las incertidumbres y estragos causados por la industria? Describir la historia de las instituciones (políticas) surgidas del despliegue de la sociedad industrial como la conflictiva configuración de un sistema de reglas para abordar los riesgos fabricados es, de hecho, un camino muy prometedor y poco transitado hasta ahora (véanse Ewald, 1991, 1993; Evers/Novotny, 1987; Lau, 1989; Schwarz/Thompson, 1990; Hildebrandt y otros, 1994; Yearly, 1994; Bon1, 1995; Lash y otros, 1996; Wynne, 1996a y 1996b; Van Loon, 2002; Strydom, 2002; Voss/Bauknecht/Kemp, 2006).
La marcha triunfal del cálculo del riesgo no hubiera sido posible si no hubiese presentado importantes ventajas. Una de ellas es la oportunidad de documentar estadísticamente (por ejemplo en forma de índices de probabilidad de determinados accidentes) las consecuencias de los riesgos (de entrada siempre asignadas «individualizadamente» a particula Qu

las catástrofes humanas clásicas —la peste, las hambrunas, las catástrofes naturales— tuvieran o no tanto potencial destructivo como

las grandes tecnologías modernas no es una cuestión relevante en este

Las relaciones de definición como relaciones de dominio E...] 53

Los grandes peligros eliminan los tres pilares del cálculo del riesgo, ya que, primero, comportan daños sin límite, globales y a menudo irreparables: la noción de compensación (pecuniaria) fracasa. Segundo, inutilizan la preocupación por prevenir el peor accidente que pueda concebirse: el control anticipatorio de las consecuencias resulta imposible. Tercero, provocan «accidentes» espacio-temporalmente ilimitados, con principio pero sin fin, un open-end-festival de destrucción sigilosa y galopante que cada vez va a más (por ejemplo, el cambio climático). Esto significa que los estándares de normalidad, los métodos de medición y por tanto ios fundamentos de la calculación de los peligros se revelan inaplicables, puesto que comparan lo incomparable, y la calculación se convierte en encubrimiento: surge la «irresponsabilidad organizada», consistente en «confundir los siglos» (Günther Anders). Los retos de principios del siglo xxi se tratan con conceptos y recetas tomados de los albores de la sociedad industrial en el siglo xix o inicios del siglo xx. Los peligros a los que estamos expuestos corresponden a un siglo y las promesas de seguridad que pretenden dominarlos, a otro. Esa es la base tanto de la implosión periódica de las organizadísimas burocracias de la seguridad como de la posibilidad de normalizar los repetidos «shocks del riesgo».4
¿Hay un criterio operativo para distinguir entre riesgos y peligros? La economía misma amojona con precisión económica el territorio de lo razonablemente exigible cuando se resiste a asegurar determinadas actividades económicas privadas.’ Si la lógica de la aseguración privada se inhibe si las grandes compañías de seguros juzgan el riesgo económico demasiad grande o incalculable y con el pretexto de garantizar la indemnización
cluyen defacto los siniestros realmente relevantes, es que, se mire por-donde se mire, se están traspasando- los límites que separan los riesgos «pronosticables» de los peligros incontrolables (véase capítulo VI).
Así pues, en Europa chocan actualmente dos procesos históricos opuestos: un nivel elevado de seguridad, basado en el perfeccionamiento de las normas y controles técnico-burocráticos, y la propagación de peligros sin precedente, que escapan a todos los tamices del derecho, la técnica y la política. Esta contradicción, que no es técnica sino sociopolítica,
4. Por lo tanto, no sólo se trata de una nueva ética de la acción civilizatoria sino de que las categorías y los criterios de la acción establecidos proceden de instituciones de otro mundo.
5. Este principio de aseguración es muy controvertido (véase capítulo VI).

queda encubierta por la pervivencia de los antiguos modelos de racionalidad y control propios de la industrialización y sólo saldrá a la luz en la medida en que ciertos acontecimientos improbables resulten probables (como ocurre en las últimas décadas).
Los grandes riesgos poseen, pues, además de una explosividad física, una explosividad social. A las instituciones cada vez se les exigen más promesas de seguridad, promesas que, ante la aparición de peligros para los que son competentes y no competentes al mismo tiempo, no están en condiciones de cumplir. Por un lado se ven constantemente obligadas a hacer lo seguro aún más seguro pero, al hacerlo, tensan tanto el arco de las expectativas de los ciudadanos que al final la atención ya no se centra sobre accidentes reales sino más bien sobre su posible aparición (lo que destruye la fachada de las proclamas de seguridad). La contrapartida de reconocer los peligros es el fracaso de las instituciones, cuya justificación es precisamente la no-existencia de peligros. De ahí que el «nacimiento social» de un peligro sea tan improbable como dramático, traumático, capaz de sacudir el mundo entero.
Pero paulatinamente, accidente a accidente, la lógica del no-control institucionalizado puede volverse en su contra: ¿qué significado tienen aún las seguridades probables —y por tanto el diagnóstico de las ciencias naturales— a la hora de juzgar un MAC, cuya irrupción deja intactas las teorías de los expertos pero les cuesta la vida? ¿Para qué sirve un sistema legal que persigue y regula en todos sus detalles los pequeños riesgos técnicamente manejables y en cambio, en virtud de su autoridad, legítima e impone a todos (incluso a los muchos que están en contra) los grandes riesgos, que la técnica no puede minimizar? ¿Cómo puede sostenerse política y democráticamente una autoridad que tiene que responder a la creciente conciencia del peligro con vehementes proclamas de seguridad y sin embargo siempre está a la defensiva y jugándose su- credibilidad con cada accidente o amago de accidente?
LAS RELACIONES DE DEFINICIÓN COMO RELACIONES DE DOMINIO:
• ¿QUIáN DECIDE QUÉ (NO) ES UN RIESGO?



Un día, en la comunidad de Altenstadt (Alto Palatinado), en cuyas cercanías se encuentra una fábrica de cristal de plomo, empezaron a llover copos de polvo de plomo y arsénico del tamaño de una moneda mientras vapores de flúor teñían de marrón las ramas de los árboles, corroían las

Las relaciones de definición como relaciones de dominio

el agua como vehículo sean transportados por camiones o barcos. Se trata de «peligros refugiados», de «peligros asilados» difíciles de identificar, que a menudo encuentran la hospitalidad (cuando no complicidad) de los países afectados y pueden provocar conflictos internacionales. Que China, por ejemplo, decida generar gran parte de su energía mediante carbón altamente sulfuroso (en las condiciones tecnológicas más primitivas), repercute sobre los países asiáticos vecinos y el medio ambiente global. Asimismo, la encefalopatía bovina espongiforme dio fe de cómo la gestión del riesgo en el país de origen de un peligro (en este caso Gran Bretaña) y la exportación del peligro a través de las cadenas de comercio y consumo sumían en el caos no sólo a la industria y el consumo cárnicos transnacionales sino ante todo al sistema político.
Puesto que los riesgos y la definición social de los riesgos son uno y lo mismo, el saber y el no-saber colectivos acerca dédños, posibilidad de daños, estándares, enfermedades, posibilidades de diagnóstico, etc., concretos son una parte esencial de la evaluación de los r)esgos y de la forma de tratarlos. En caso de conflicto es obvio que las)elaciones nacionales de definición de los riesgos obstaculizan el cctrol del ir y venir transnacional de los peligros. Puesto que la soberanía de los Estados particulares condiciona que la información esté organizada nacionalmente (cuando lo está), los países receptores de riesgos se quedan con frecuencia sin una información que necesitarían.
A ello hay que añadir las divergencias entre relaciones de definición nacionales. Lo que un país denuncia públicamente como peligroso (de acuerdo con sus relaciones de definición y sus percepciones culturales) puede pasar en otros por más o menos inofensivo.
Así pues, hay dos variantes de la «irresponsabilidad organizada»: una dentro de los Estados nacionales, basada en la inimputabilidad legalmente fundada; otra fuera de los Estados nacionales, fruto de la fragmentación de los espacios legales. Esto explica por qué la destrucción del medio ambiente y el desarrollo del derecho medioambiental avanzan al mismo ritmo.
Desde el punto de vista de la teoría de la sociedad es importante comprender el concepto de las relaciones de definición de manera constructivista: lo que en la sociedad capitalista eran para Marx las «relaciones de producción» son para la sociedad del riesgo las «relaciones de defini. ciónx’. En ambos casos se trata de relaciones de dominio (Beck, 1988; Goldblatt, 1993). De las relaciones de definición forman parte las reglas, instituciones y otras instancias acreditadas que identifican y reconocen

los riesgos en determinados contextos (por ejemplo, los Estados nacionales pero también en las relaciones entre éstos) y que forman la matriz de poder legal, epistemológico y cultural en que se organiza la política del riesgo (véanse capítulos IX y X). Por consiguiente, las relaciones de poder-definición del riesgo pueden analizarse con la ayuda de cuatro grupos de preguntas:
1. ¿Quién decide sobre la peligrosidad o inocuidad de productos, peligros y riesgos? ¿En quién recae la responsabilidad: en los que causan los riesgos, en los que se benefician de ellos, o en los que potencial o efectivamente se ven afectados por estos riesgos en sus vidas y condiciones de subsistencia? ¿Qué papel desempeñan en este contexto las diferentes opiniones públicas y sus actores? Y, ¿qué respuesta se da a estas preguntas intra e internacionalmente y a nivel global?
2. ¿Qué clase de saber o no-saber sobre las causas, dimensiones y actores de los peligros suponen las preguntas anteriores? ¿Quién establece las normas causales (o las normas de correlación) que deciden cuándo se da una relación de causa-efecto? Y, ¿quién tiene el derecho de exigir y obtener información de quién?
3. ¿Qué es una «prueba» válida en un mundo en el que el saber y el no-saber sobre riesgos están indisolublemente mezclados y todo saber es controvertido y probabilístico?
4, ¿Quién decide sobre la compensación a los afectados (en uno o varios Estados nacionales)? ¿Cómo hacer realidad la exigencia de «previsión»? ¿En qué medida participan los más perjudicados por las «consecuencias indirectas latentes» en la elaboración de las regulaciones al respecto?
Teniendo en cuenta estas preguntas queda claro que las sociedades de riesgo, en virtud de la lógica histórica de sus ordenamientos legales nacionales e internacionales y de las normas científicas, están atrapadas en un repertorio de conductas totalmente inadecuado no sólo a la globalidad de las crisis medioambientales sino también a la peculiaridad de las inseguridades fabricadas. Por tanto, se enfrentan a la contradicción institucionalizada de que las amenazas y catástrofes, precisamente en el momento histórico en que son más amenazadoras y están más presentes en los medios de comunicación y la vida cotidiana, más escapan a todos los conceptos, normas de causalidad y exigencias probatorias de responsabilidad existentes hasta el momento. Mientras estas relaciones de definición —especialmente con la ayuda de una teoría crítica de la sociedad del global warming ha conquistado la conciencia de los británicos. Según una encuesta de septiembre de 2006, el efecto invernadero les parece el «peligro más serio del futuro», muy por delante del terrorismo o la guerra. Gordon Brown, el ministro de Finanzas y primer ministro en espera, coincidiendo insólitamente con el todavía primer ministro Blair, lo expresó en la fórmula: el capitalismo «progresista» de Europa,y en un futuro del mundo, no puede seguir sacralizando el binomio crecimiento más pleno émpleo; tiene que «elevar [el cuidado del medio ambierte] a tercer principio fundamental de la dirección de la política mundial»The Guardian, 31 de octubre de 2006, pág. 1; véase también pág. 99 y)igs.).

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