Examen de los informes presentados por los estados




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7. Acciones

361. Para cumplir con los objetivos y desafíos presentados, el INAI, por medio de esta dirección, lleva adelante varias acciones, a saber:

a) Actuar como el organismo de aplicación de la Ley nacional Nº 26160 de emergencia de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.

b) Realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

c) Localizar en articulación con el Programa nacional de tierras fiscales -Programa Arraigo-, tierras disponibles para su posterior adjudicación a comunidades indígenas.

d) Entender en la ejecución y el financiamiento de los procesos de expropiación de tierras a favor de comunidades indígenas, ordenados por las leyes que sancione el Honorable Congreso de la Nación, que responda al imperativo constitucional de "…reconocer la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano,…".

e) Intervenir en las solicitudes de compra de tierras de las comunidades que no posean tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

f) Asesorar a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y acompañar a las comunidades indígenas en la realización de procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales propias de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración del Consejo de Coordinación.

g) Asistir a las comunidades indígenas en los procesos de mediación por conflictos suscitados entre ellas y en su relación con los demás actores de la sociedad, especialmente en aquellos que obstaculicen su acceso y el uso racional de los recursos naturales de las tierras en las que habitan.

h) Asistir técnicamente a las comunidades indígenas que lo requieran para que, mediante procesos de autogestión, alcancen una organización formal basada en sus tradiciones y pautas culturales, favoreciendo su registro en el RENACI.

i) Organizar, mantener actualizado y hacer público el RENACI. Coordinar la acción del RENACI con los registros similares creados en las jurisdicciones provinciales y municipales. Analizar las actuaciones y emitir informes técnicos sobre las tramitaciones que le sean derivadas a tal fin.

Ley Nº 26160

362. Desde principios de 2006 el INAI impulsó el tratamiento de un proyecto de ley sobre "emergencia de la propiedad comunitaria indígena", que contó con el apoyo del CPI. Dicha ley fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2006. Dicha norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, por el término de cuatro años, a la vez que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. La posesión de las tierras debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada.

363. Durante los tres primeros años, el INAI deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.

364. A tal efecto se crea un Fondo especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000, el cual será asignado al INAI. Estos fondos estarán destinados a afrontar los gastos que demanden:

a) El relevamiento tecnicojurídicocatastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas;

b) Las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales;

c) Los programas de regularización dominial.

365. La emergencia declarada se aplicará a las comunidades indígenas registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), organismo provincial competente, y también a aquellas que aún no hayan registrado su personería jurídica.

366. El INAI aprobará los programas que fueren menester para la correcta implementación del relevamiento tecnicojurídicocatastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas perteneciente a los pueblos originarios del país, para la instrumentación del reconocimiento constitucional de la posesión y propiedad comunitaria. Los citados programas deberán garantizar la cosmovisión y pautas culturales de cada pueblo, y contar con la participación de los representantes del CPI en la elaboración y ejecución de los mismos.

367. Los representantes del CPI fueron y son consultados en el diseño de los citados programas, en orden a garantizar el derecho constitucional a participar en los intereses que los afecten.

368. El INAI, de acuerdo a la Ley Nº 26160, pretende garantizar:

a) El reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas;

b) La Promoción de la participación indígena -a través del CPI- en la elaboración, ejecución y seguimiento de los proyectos que deriven del programa;

para:

c) Promover el reconocimiento jurídico de los derechos de las comunidades indígenas sobre los territorios y los recursos;

d) Impedir los eventuales desalojos en territorios comunitarios de ocupación tradicional;

e) Requerir la participación "efectiva" del CPI a través de todo el ciclo del programa;

f) Involucrar a los pueblos indígenas -a través del CPI- en la implementación, el monitoreo y la evaluación del programa.

369. El relevamiento está orientado a:

a) Actualizar la información acerca de los pueblos y de las comunidades indígenas pertenecientes a los distintos pueblos registradas en la República Argentina, en el ámbito nacional y provincial, aun aquellas que no han registrado su personería jurídica.

b) Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: difusión, asambleas comunitarias y capacitación en la implementación de la Ley Nº 26160 y en el relevamiento comunitario.

c) Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que pertenece.

d) Relevar los aspectos socioproductivo y recursos naturales.

e) Realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio comunitario de ocupación tradicional, actual y pública.

f) Verificar mediante relevamiento -con participación activa de las comunidades- la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados, respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. Modalidad rural y urbana.

g) Realizar el relevamiento catastral; realizar la mensura de las comunidades y asentamientos y/o núcleos urbanos de las provincias mediante:

i) Formulación de bases y condiciones para la mensura;

ii) Adjudicación y contratación de mensuras;

iii) Ejecución de mensuras;

iv) Aprobación planos.

h) Elaborar informes de avance parciales bimensuales y anuales.

i) Evaluar herramientas de regularización dominial.

j) Ejecutar el Programa de regularización dominial pertinente.

7. Personería jurídica

a) Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI)8

370. A fin de crear las condiciones y promover el respeto a la identidad en su sentido más pleno, transparentando situaciones ambiguas y asignando las formas que se corresponden con la naturaleza jurídica de las personas, la entonces Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la nación, de la cual dependía el INAI, dictó la Resolución Nº 4811/96 adecuando los criterios para autorizar la inscripción de comunidades, simplificándose los requisitos y regulando la concurrencia de las provincias.

371. A partir de esta resolución, las comunidades indígenas que deseen inscribir su personería jurídica no están obligadas a seguir un determinado modelo de estatuto, sino que sólo deben describir su propia forma de organización. Las comunidades tampoco tienen la obligación de tener libros de actas autorizados ni de realizar balances contables anuales. Pueden tener sus registros internos que no necesitan ser certificados ni autorizados por ningún organismo.

372. La personería jurídica permite a las comunidades entender directamente en sus propios asuntos, sin necesidad de que intermedie un particular, institución pública o privada. Por ejemplo, permite que la propia comunidad reciba los fondos de un financiamiento para un proyecto de desarrollo, tener un título de tierras a su nombre, etc.

b) Objetivos

373. Los objetivos del RENACI son:

a) Promover la inscripción de las comunidades indígenas y asistirlas para que realicen las tramitaciones y acrediten las circunstancias que esa inscripción requiera. Este asesoramiento se realiza, en algunos casos, mediante talleres de capacitación, para así facilitar los trámites.

b) Mantener actualizada la nómina de comunidades indígenas inscritas y no inscritas.

c) Coordinar su acción con los institutos de asuntos indígenas existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales. El objetivo es homogeneizar criterios para la inscripción, el reconocimiento y la adecuación de las personerías jurídicas oportunamente otorgadas a las comunidades indígenas y así poder establecer una base de datos única.

d) Establecer registros locales en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento.

374. La vigencia de la personería jurídica se mantiene mientras siga existiendo la comunidad y se respeten las pautas de organización descritas por la misma comunidad.

Total general de comunidades registradas inscritas por
el INAI o algún organismo provincial competente


Provincia

Comunidades

Buenos Aires

20

Catamarca

2

Chaco

86

Chubut

26

Corrientes

1

Entre Ríos

1

Formosa

99

Jujuy

175

La Pampa

5

Misiones

62

Mendoza

13

Neuquén

54

Río Negro

14

Salta

326

San Juan

2

Santa Cruz

1

Santa Fe

32

Santiago del Estero

21

Tucumán

19

Tierra del Fuego

1

Total

960

375. Los logros principales son los siguientes:

a) Se ha confeccionado una base de datos con la información proporcionada por los registros provinciales de comunidades y las direcciones provinciales de personas jurídicas, que contiene a 565 comunidades y asociaciones civiles indígenas registradas. Este número es aproximado, pues los distintos organismos provinciales no tienen una respuesta homogénea en el momento de informar al INAI sobre la existencia de alguna incorporación.

b) En resumen, aproximadamente se cuenta con 960 entidades con personería jurídica nacional o provincial, ya sea bajo la forma de comunidad indígena u otras formas asociativas.

c) Existen 145 solicitudes de inscripción de personería jurídica en trámite. En la mayoría de los casos la demora se debe a conflictos internos de las comunidades, a incompatibilidades y yuxtaposiciones entre diferentes solicitudes de inscripción y/o a falta de documentación.

d) Se han desarrollado talleres de capacitación para el reconocimiento de las personerías en distintas provincias, en muchos casos acompañando el Programa de regularización dominial. Asimismo, se ha comenzado el proceso de reconversión a sus formas tradicionales de las personerías otorgadas bajo el régimen de la ley civil.

c) Programas de regularización dominial

376. Los Programas de regularización dominial constituyeron una de las primeras acciones en orden al cumplimiento del imperativo constitucional de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que ocupan las comunidades indígenas. En tanto, a través de dicho programa se realizaron, y se continúan llevando a cabo, las siguientes medidas.

377. A través del Área Tierras, por medio del Programa de regulación dominial, se diseña, ejecuta y financia, junto con los gobiernos provinciales y las comunidades indígenas, la regularización de la situación de las tierras que habitan (provincia de Río Negro, Chubut y Jujuy, en donde recientemente se han entregado los títulos comunitarios de aproximadamente 300.000 h de tierra a comunidades aborígenes del departamento de Susques). En el año 2005, la financiación de proyectos fue por un total de $ 610.206,50. Este programa presta especial atención a sentar los mecanismos necesarios para que el dominio de las tierras no sea en ninguna circunstancia enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargo.

378. Por otra parte, el Programa fortalecimiento comunitario, Resolución Nº 235/04, es el encargado de subsidiar a las comunidades indígenas que lo soliciten, para afrontar los gastos que demanden la defensa o promoción de las acciones jurídicas que tengan como objetivo la regularización dominial de las tierras que ocupan ancestralmente. Esto es, el pago del trabajo de profesionales idóneos, comprometidos con las demandas comunitarias y su especialización en el derecho indígena. La labor profesional será de acciones y/o defensas judiciales: asesoramiento juridicocontable; capacitación legal, y ejecución e inscripción de mensuras.

379. El INAI también podrá efectuar supervisión técnica en cualquier momento, para lo cual tendrá acceso a la documentación de la beneficiaria, pudiendo también requerirle toda la información complementaria que juzgue necesaria.

d) Comunidad indígena Lhaka Honat

380. En el marco del conflicto de larga data vinculado al reclamo de titulación de las comunidades indígenas que habitan los lotes 55 y 14 del departamento de Rivadavia de la provincia de Salta, (que abarca aproximadamente 600.000 ha), es menester recordar que, en el año 2000, la asociación de comunidades aborígenes Lhaka Honhat solicitó a la CIDH la adopción de medidas cautelares, dando inicio al proceso de solución amistosa, que aún sigue en proceso.

381. Desde entonces se llevaron a cabo reuniones presididas por la CIDH entre el Estado nacional, el Gobierno de la provincia de Salta y los peticionarios, en las que el Estado nacional se comprometió a no continuar con el proceso de entregas parciales de tierras.

382. Desde el año 2000 y hasta octubre del 2004 se llevaron a cabo periódicamente una serie de reuniones con la presencia de los distintos actores involucrados, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada del conflicto.

383. Finalmente, cabe señalar que en 2007 el poder ejecutivo de la provincia de Salta dictó el Decreto Nº 27/86 relativo al proceso de regularización de los lotes fiscales 55 y 14. Dicha norma aprueba un acta de consenso entre la provincia de Salta y Lhaka Honhat, firmada el 17 de octubre de 2007, a través de la cual ambas partes acuerdan asignar 400.000 ha a las comunidades indígenas.

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* Con arreglo a la información transmitida a los Estados Partes acerca de la tramitación de sus informes, el presente documento no fue objeto de revisión editorial oficial antes de ser enviado a los servicios de traducción de las Naciones Unidas.

** Los anexos están disponibles en la Secretaría a disposición de quien desee consultarlos.

GE.08-40968 (S) 170308 250308

1 Véanse, entre otros, fallo Ignacio Villacampa c. María Angélica Villacampa, sentencia de 9 de febrero de 1989; Sejean c. Zaks de Sejean, sentencia de 27 de noviembre de 1986.

2 Hacia un Plan nacional contra la discriminación, la discriminación en Argentina, diagnóstico y propuestas, INADI 2005, III. Diagnóstico. Áreas de análisis, religión págs. 200 y ss.

3 Ibídem.

4 Corte IDH, OC-3783: Restricciones a la pena de muerte, 8 de septiembre de 1983, serie C N° 3.

5 Véase Organización Internacional para las Migraciones, Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la Argentina, Buenos Aires, 2003.

6 Contenido y desarrollo del Plan nacional contra la discriminación fue expuesto precedentemente.

7 Nexo institucional del Estado con las diversas organizaciones religiosas del país y como tal tiene una serie de competencias de carácter administrativo y legal. Sin embargo, más allá de esas obligaciones formales, lo característico de la gestión es la impronta política con la que se asume el compromiso público. El signo distintivo de esta gestión está caracterizado por la promoción de la libertad religiosa y de conciencia, la cultura de la paz y el desarrollo de políticas activas de apertura e inclusión.

8 La inscripción de la personería jurídica como comunidad indígena se tramita en el INAI y en los registros provinciales de comunidades indígenas de las provincias de Misiones, Chubut, Jujuy y Río Negro. En los últimos dos casos, el INAI firmó convenios con las provincias, con el fin de unificar los criterios para la inscripción y reconocimiento de las personerías jurídicas de las comunidades indígenas y crear una base de datos única. En las demás provincias, las comunidades tramitan su personería jurídica bajo la forma de asociación civil y, para ello, deben cumplir los requisitos de cualquier asociación civil.

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