Examen de los informes presentados por los estados




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B. Párrafo 9 de las observaciones finales

"Pese a las medidas positivas tomadas recientemente para reparar injusticias pasadas, incluida la abolición en 1998 de la Ley de obediencia debida y la Ley de punto final, preocupa al Comité que muchas personas que actuaban con arreglo a esas leyes sigan ocupando empleos militares o en la administración pública y que algunos de ellos hayan incluso obtenido ascensos en los años siguientes. El Comité reitera, pues, su inquietud ante la sensación de impunidad de los responsables de graves violaciones de los derechos humanos bajo el gobierno militar. Las violaciones graves de los derechos civiles y políticos durante el gobierno militar deben ser perseguibles durante todo el tiempo necesario y con toda la retroactividad necesaria para lograr el enjuiciamiento de sus autores. El Comité recomienda que se siga desplegando un esfuerzo riguroso a este respecto y que se tomen medidas para cerciorarse de que las personas que participaron en violaciones graves de los derechos humanos no sigan ocupando un empleo en las fuerzas armadas o en la administración pública."

1. Medidas en torno a la investigación de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar

21. En la República Argentina se han producido avances significativos en lo que respecta a la lucha contra la impunidad respecto a las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos ocurridas en el país durante el terrorismo de Estado (1976-1983).

22. En ese sentido, en lo referente a la vigencia de las leyes denominadas de obediencia debida (Nº 23521) y punto final (Nº 23492), derogadas por Ley del Congreso Nacional Nº 24952 de 25 de marzo de 1998, en el mes de diciembre de 2001 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo del juez federal Gabriel Cavallo que meses antes había declarado inválidas estas leyes. En el mismo sentido se expidió la Cámara Nacional de Casación Penal. Actualmente la causa está siendo analizada por la CSJN.

23. Paralelamente, en el mes de agosto de 2003 el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 25779 promulgada por Decreto Nº 689 de fecha 2 de septiembre de 2003, por la que se declaran "insanablemente nulas" las Leyes Nos. 23492 y 23521. Inmediatamente después de la sanción de dicha ley, la Cámara Federal de la Capital Federal dispuso mediante sendas decisiones acordadas la reapertura de las causas que habían sido archivadas como consecuencia de la sanción de las Leyes de punto final y obediencia debida. Al poco tiempo, la mayor parte de las cámaras federales del país adoptó igual decisión.

24. Asimismo, como ya fuera señalado, por Decreto Nº 579/2003 el Presidente de la nación dispuso la adhesión a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la cual había sido aprobada por el Congreso Nacional por Ley Nº 24584 del año 1995.

25. Por otra parte, en el año 2004, la CSJN resolvió en el caso Arancibia Clavel que las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el terrorismo de Estado, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles.

26. Otra cuestión de relevancia en torno a la validez de las "leyes del perdón" en el marco de las violaciones de los derechos humanos en el pasado período militar se dio con la decisión de la CSJN de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, el 14 de julio de 2005. En el voto de la mayoría, la Corte señaló que "Si bien es cierto que el artículo 75, inciso 20, de la Constitución nacional mantiene la potestad del poder legislativo para dictar amnistías generales, tal facultad ha sufrido importantes limitaciones en cuanto a sus alcances. En principio, las leyes de amnistía han sido utilizadas históricamente como instrumentos de pacificación social, con la finalidad declarada de resolver los conflictos remanentes de luchas civiles armadas luego de su finalización. En una dirección análoga, las Leyes Nos. 23492 y 23521 intentaron dejar atrás los enfrentamientos entre civiles y militares. Sin embargo, en la medida en que, como toda amnistía, se orientan al "olvido" de graves violaciones a los derechos humanos, ellas se oponen a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y resultan, por lo tanto, constitucionalmente intolerables (art. 75, inciso 22, Constitución nacional)."

27. Con la declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso Nacional en 2003 y la posterior declaración de inconstitucionalidad de aquellas leyes por la CSJN en el año 2005, sumado a la obligatoriedad de tramitar judicialmente los pedidos de extradición que lleguen a la Argentina por estos delitos (de lo cual se informa a continuación), se logró despejar el camino para la reapertura de más de 1.000 causas por violaciones a los derechos humanos.

28. En este particular contexto histórico y político, el Procurador General de la Nación (PGN), con arreglo a lo dispuesto por el artículo 120 de la Constitución nacional y los artículos 11, 25 y 33 de la Ley orgánica del ministerio público (Nº 14946), emitió la Resolución PGN Nº 163/04, de fecha 10 de noviembre de 2004, por medio de la cual creó la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, cuya misión consiste en colaborar con los magistrados de todas las secciones federales en las causas que se sustancien por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Con posterioridad, el Procurador General emitió otras resoluciones vinculadas con la materia extendiendo las facultades de la Unidad para que intervenga en las causas que se investiguen o juzguen los delitos que hacen en su cometido, en las secciones judiciales de la Capital Federal, Rosario, Santiago del Estero, La Rioja, Neuquen y Jujuy (Cfr. Res. PGN 163/04, 11/05, 30/05, 109/05, 110/05, 23/06).

29. Asimismo, debe mencionarse que el 10 de noviembre de 2005 el Procurador resolvió instruir a los magistrados para que agilicen las investigaciones que se sustancien por violaciones a los derechos humanos, propiciando, en los procesos que resulte, la elevación a juicio o la sustanciación de los debates correspondientes (Cfr. Res. PGN 138/05). Esta resolución fue complementada por la Res. PGN 72/06 donde se dispone que la Unidad interviene en carácter de coadyuvante, en forma conjunta o alternada, con los señores fiscales generales ante los tribunales orales en lo criminal federal en aquellas causas arribadas a los tribunales orales ante los que actúan en los que se investigan violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

30. Es menester señalar también que luego de la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura, en muchos casos se han incluido en los respectivos expedientes las pruebas documentales y orales obtenidas en el marco de los procedimientos vinculados al "derecho a la verdad" realizados en el período en que las causas judiciales estaban bloqueadas. Todo ello contribuye a cerrar el ciclo de lucha contra la impunidad que, con avances y retrocesos, se desarrolla en la Argentina desde el advenimiento de la democracia.

31. Finalmente, cabe destacar que los avances producidos por la República Argentina en el marco de acciones para erradicar la impunidad fueron objeto de un reconocimiento expreso del entonces Alto Comisionado Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bertrand Ramcharan, quien, en fecha 15 de agosto de 2003, destacó "los esfuerzos que realiza la Argentina para luchar contra la impunidad y terminar con uno de los episodios más penosos de su historia". En ese sentido, resaltó la actuación del poder judicial y del Congreso argentinos, así como del actual Presidente, que han permitido avanzar en la posibilidad de llevar ante la Justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la última dictadura militar.

32. El Alto Comisionado Adjunto sostuvo que es "alentador ver el trabajo que se está realizando para que la justicia se imponga a pesar de que algunos hicieron lo posible en el pasado para evitarlo. En este contexto, manifestó que "el Gobierno de la Argentina ha mostrado voluntad para acabar con la impunidad", tras afirmar que se trata de un paso esencial para "cicatrizar las heridas dejadas por años de dictadura y demostrar que aquellos que sufrieron esas terribles violaciones a sus derechos humanos no han sido olvidados".

2. Medidas referidas a la cooperación internacional en materia penal

33. En atención a las diversas solicitudes de cooperación jurídica formuladas por autoridades judiciales extranjeras en causas que tramitan en otros países relativas a hechos ocurridos en la Argentina durante el último gobierno militar, el 5 de diciembre de 2001 se emitió un decreto por el cual se dispuso que se rechazarían los pedidos de extradición por hechos ocurridos en el territorio nacional o lugares sometidos a la jurisdicción nacional. Paralelamente, el decreto dispuso que las solicitudes de arresto provisorio se enviaran al juez competente dejando constancia que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto actuará de acuerdo al citado decreto frente a un eventual pedido de extradición. Asimismo, se estableció que si con el requerimiento se acompañaran antecedentes, documentación o pruebas, los mismos se remitirán al juez de la causa o, en su defecto, al juez de turno o al Ministerio Público Fiscal (MPF) con carácter de denuncia.

34. Entre los argumentos de este decreto se hacía referencia a, entre otras cosas, que en las causas existentes en los tribunales extranjeros se investigan hechos ocurridos en nuestro país que, en la mayoría de los casos, fueron investigados, condenados los responsables o extinguidas las acciones de acuerdo a leyes dictadas al efecto, encontrándose otras causas en plena tramitación. Asimismo, se entendía que dar curso a rogatorias de esos tribunales iría en desmedro de la jurisdicción de los tribunales argentinos que han tomado y tienen la intervención pertinente, además de conculcar el principio non bis in idem, de raigambre constitucional y aceptación universal. Acceder a las rogatorias de esos tribunales implicaría también violentar los intereses esenciales de la Argentina que, en forma solidaria, ha estructurado una solución legislativa y judicial que ha permitido la pacificación interna y está dispuesta a conservar.

35. Posteriormente, el 25 de julio de 2003 el Presidente de la nación emitió un nuevo decreto derogando el Decreto Nº 1581/2001, dejando establecida la obligatoriedad del trámite judicial en caso de solicitudes de colaboración o extradición requeridas en el marco de la Ley Nº 24767 de cooperación internacional en materia penal y extradición. A su vez, el nuevo decreto dispone que, verificado el cumplimiento de los requisitos formales y las condiciones establecidas de la mencionada ley, se instará judicialmente el trámite a través del MPF en los términos de la ley de referencia. En los considerandos del nuevo decreto se estableció que "el vallado que el Decreto Nº 1581/2001 impone, resulta inadmisible desde la perspectiva del juego armónico de la división de los poderes republicanos. No puede el poder ejecutivo arrogarse facultades propias de los jueces. La Constitución nacional, la división de los poderes en la República, la propia Ley de cooperación, los principios generales que deben regir la materia se encuentran agredidos por la norma".

36. Cabe mencionar que la Ley de cooperación internacional en materia penal rige en la República Argentina desde el mes de enero de 1997. En su artículo 1 establece que la República Argentina prestará a cualquier Estado que lo requiera la más amplia ayuda relacionada con la investigación, el juzgamiento y la punición de delitos que correspondan a la jurisdicción de aquél. Las autoridades que intervengan actuarán con la mayor diligencia para que la tramitación se cumpla con una prontitud que no desnaturalice la ayuda.

3. Medidas en relación a los "indultos"

37. Como es de conocimiento del Comité, en el año 1989 se dieron a conocer los Decretos Nos. 1002/89 y 1003/89, a través de los cuales se dispuso el indulto de un numeroso grupo de individuos, militares y civiles, que se encontraban procesados o condenados; unos en situación de detenidos, otros prófugos, otros bajo arresto domiciliario o excarcelados. En total se trataba de alrededor de 250 personas con proceso abierto y comprendían dos situaciones, a saber: a) la totalidad de los altos jefes militares procesados y que no fueron beneficiados por las Leyes de punto final y obediencia debida, con excepción del ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, extraditado de los Estados Unidos de América (Decreto Nº 1002/89); b) un cierto número de ciudadanos acusados de subversión, que se encontraban prófugos, detenidos, excarcelados o condenados (entre ellos, varios sobreseídos, muertos y "desaparecidos"), además de represores uruguayos pertenecientes al ejército de su país (Decreto Nº 1003/89).

38. Por otra parte, en el año 1990 se habían firmado los Decretos Nos. 2741/90 y 2746/90. Por el primero se indultó a los comandantes que habían sido condenados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en 1985, en el denominado "Juicio a las Juntas", mientras que con el segundo decreto se benefició a Carlos Guillermo Suárez Mason.

39. En el marco de los procesos iniciados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, se han realizado numerosos planteamientos ante los tribunales de primera instancia argumentando la inconstitucionalidad de los mencionados indultos. Como consecuencia de ello, se han pronunciado, hasta la actualidad, además de diversos tribunales federales de primera instancia, tanto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal como la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. La primera, el 1º de abril de 2005 declaró la inconstitucionalidad de los Decretos de indulto Nos. 1002/89 y 2746/90 y ordenó la prosecución de la investigación respecto de Juan Bautista Sasiaiñ, Jorge Carlos Olivera Rovere y Carlos Guillermo Suárez Mason en el incidente "Suárez Mason, Guillermo y otros s/inconstitucionalidad de indultos, Decretos Nos. 1002/89 y 2746/90". Por su parte, la segunda declaró la inconstitucionalidad del Decreto Nº 1002/89 en octubre de 2005, en los autos Pérez Esquivel Adolfo, Martínez María Elba s/presentación.

40. Finalmente, el 13 de julio de 2007 la CSJN dejó sin efecto el indulto dictado en 1990 al ex comandante de institutos militares, Santiago Omar Riveros.

41. Si bien en el citado fallo la Corte se pronuncia sobre el caso puntual del ex general Riveros, el efecto se podrá proyectar sobre otros indultos a militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad, en la medida en que sienta un precedente importante de cara al futuro, para cuando lleguen a estudio de la Corte expedientes referidos a casos análogos. Asimismo, en el fallo de referencia, la Corte anticipa que resulta igualmente inconstitucional si el indulto se aplicó a personas procesadas que aún no tenían sentencia o a personas que ya fueron condenadas.

42. Lejos de ser un tema menor, con la citada decisión de la Corte cierra una etapa que se inició hace tres años, cuando ese tribunal declaró que los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones cometidos en el marco del terrorismo de Estado no prescriben.

4. El denominado "derecho a la verdad"

i) El derecho a la verdad: noción

43. El derecho a la verdad es aquel que tienen tanto las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como a la sociedad en su conjunto, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido, individualizando los hechos y los responsables. Tiene entonces una dimensión colectiva, que se asienta en el derecho que posee la comunidad de conocer lo sucedido en torno a los casos de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos más fundamentales.

44. Este derecho tiene como contrapartida el deber de garantía de los Estados, en particular, en cuanto a las obligaciones de investigar y reparar, independientemente de aquellas relativas a juzgar y sancionar a los responsables por los daños causados.
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