Examen de los informes presentados por los estados




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ii) Desarrollo progresivo

45. Con un claro antecedente en el derecho internacional humanitario, el derecho a la verdad ha sido desarrollado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, y fue reconocido tanto en situaciones de conflictos armados y de violencia interna como en situaciones de paz. Sin perjuicio de ello, el carácter autónomo e independiente del derecho a la verdad fue reconocido, a nivel internacional, por primera vez en 2005, cuando la entonces Comisión de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución sobre el tema, elaborada por la Argentina.

46. Desde entonces, la República Argentina elaboró distintas resoluciones que contribuyeron (en términos de su significado y alcance) al desarrollo progresivo del derecho a la verdad, tanto en el ámbito internacional como en el regional y subregional.

47. El consenso de la comunidad internacional respecto a la necesidad de que los Estados reconozcan y garanticen el derecho a la verdad fue ratificado con la adopción, en 2006, de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que reconoce el derecho a la verdad a la vez que exhorta a los Estados a que lo garanticen. En este punto, cabe señalar que la Argentina ha tenido un rol muy activo tanto en la redacción como en la negociación del texto de dicha Convención.

48. En lo que se refiere específicamente al desarrollo del derecho a la verdad en nuestro país, es pertinente señalar que, tras el advenimiento de la democracia en 1983, los sucesivos gobiernos adoptaron medidas con el fin de dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco del último gobierno militar. El Juicio a las Juntas y la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que se constituyó con el fin de esclarecer los hechos ocurridos, fueron algunas de las medidas más destacadas.

49. Posteriormente, como se señalara previamente, la sanción de las Leyes de obediencia debida (Ley Nº 23521) y punto final (Ley Nº 23492) en 1987 y el indulto en 1990, impidió la continuidad de los procesos judiciales abiertos en el contexto de las violaciones referidas.

50. En este marco, se desarrollaron los procedimientos judiciales por la verdad, iniciados principalmente por familiares de personas desaparecidas y por organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, con el objetivo de conocer el destino o paradero de sus seres queridos, así como los motivos y las circunstancias que rodearon esos hechos. Ello así, en el año 2000 se creó la Comisión de fiscales ad hoc sobre juicios por la verdad a través de la Resolución PGN 15/00, y a solicitud del Representante Especial para los Derechos Humanos en el Ámbito Internacional de la Cancillería argentina, en referencia al seguimiento de un acuerdo de solución amistosa en el caso Nº 12059 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso Lapacó).

51. Cabe aclarar también que, luego de la reapertura de las causas mencionadas precedentemente, en muchos de los casos se han incluido en los expedientes judiciales las pruebas documentales y orales obtenidas en el marco de los procedimientos por la verdad realizados en el período en que las causas judiciales estaban bloqueadas. Ello contribuye a cerrar el ciclo de lucha contra la impunidad que, con avances y retrocesos, se desarrolla en el país desde el advenimiento de la democracia. Lejos de ser un tema menor, la inclusión de los procedimientos por la verdad en las causas penales actuales, explicita la intrínseca relación existente entre las nociones de verdad y justicia. Asimismo, si bien en la actualidad se están llevando a cabo procesos penales en el sentido informado, en algunas jurisdicciones se siguen desarrollando procedimientos por la verdad que, aunque se realizan de manera paralela a los juicios, no se manejan como compartimentos estancos, sino que contribuyen con éstos, en la medida en que constituyen una fuente permanente de información.

52. Por último, es importante señalar algunas prácticas desarrolladas en los últimos años en la República Argentina que permitieron garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la verdad en términos de identidad y memoria. Se destacan en este sentido las siguientes prácticas:

a) Labor desarrollada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Dicha organización ha contribuido en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus respectivas familias y la sociedad en general. Un componente clave del trabajo que realiza esta organización es recuperar, analizar y aportar la información obtenida en las causas penales relacionadas con las violaciones a los derechos humanos, a la vez que difundir dicha información de manera tal de contribuir a garantizar el derecho que asiste a la sociedad de conocer lo sucedido en torno a las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos. En tanto, cabe señalar que el Estado argentino, junto al EAAF, realiza acciones de cooperación técnica internacional.

b) Creación en 2003 del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), destinado a obtener, analizar, clasificar, digitalizar, archivar y difundir testimonios y documentos relacionados con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en la última dictadura militar.

c) Participación de la Cancillería argentina en el proyecto implementado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "Missing. The right to know". En tal sentido, se elaboran recomendaciones a los distintos entes gubernamentales tendientes a que se cumplimenten las disposiciones existentes en el derecho internacional en materia de prevención de la desaparición de personas.

5. Investigaciones sobre el delito de sustracción de menores

53. Existen diversas investigaciones radicadas en el poder judicial de la nación que investigan el delito de sustracción de menores nacidos en cautiverio durante el período 1976-1983, dado que las Leyes de obediencia debida y punto final, al momento de ser sancionadas, excluían expresamente de su ámbito de aplicación el delito de sustracción de menores. Estos procesos tienen por finalidad encontrar a los responsables políticos de aquellos delitos, es decir, a quienes dieron las órdenes y armaron la estructura de encubrimiento para que se produjeran los robos de bebés.

54. Dichos procesos han sido posibles y siempre han estado abiertos debido a que, en el juicio a las Juntas Militares de 1985, sólo se investigaron 6 de los aproximadamente 200 casos que se dieron ya que las Leyes de punto final y obediencia debida no alcanzaban el secuestro y cambio de identidad de menores.

55. En este contexto, en el mes de junio de 2004 el Presidente de la nación dispuso mediante el Decreto Nº 715/2004 la creación de la Unidad Especial de Investigación (UEI), en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con la función de investigar los casos de desaparición y apropiación ilegal de niños durante la última dictadura militar.

56. Esta Unidad funciona en el ámbito de la CONADI, creada hace 12 años para buscar y localizar a los hijos de las víctimas de la dictadura militar, y está presidida por el Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en su calidad de Presidente de la CONADI.

57. Entre los considerandos del decreto de creación de dicha Unidad se destaca que, "a pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha por distintos organismos públicos y no gubernamentales, las investigaciones judiciales tendientes a individualizar a sus autores, cómplices e instigadores y a restituir su verdadera identidad a las víctimas, sólo han arrojado resultados positivos parciales respecto de algunos partícipes de los hechos criminosos."

58. La UEI asiste de modo directo los requerimientos de la CONADI, las peticiones judiciales o provenientes de fiscales que se formulen en las causas instruidas sobre el tema, así como en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos. Puede también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del MPF.

59. El artículo 3 del decreto que crea la UEI establece que todos los organismos dependientes del poder ejecutivo nacional deberán dar carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la citada Unidad, a efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado la creación del organismo. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de este decreto, la UEI puede acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del poder ejecutivo nacional, incluidos los de la Presidencia de la nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, fuerzas armadas y de seguridad y los organismos registrales y requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia de este decreto obrantes en sus archivos, los que deberán tramitarse en el término que se fije en el requerimiento.

60. Para el cumplimiento de su mandato, se le asignan al Presidente de la UEI las siguientes competencias y facultades:

a) Ejercer la supervisión directa y dirección de la UEI;

b) Representar al poder ejecutivo nacional ante las instituciones y ONG nacionales y extranjeras que posean interés en el seguimiento de la investigación;

c) Asistir a los requerimientos efectuados por las autoridades judiciales y del MPF en las causas judiciales vinculadas con la comisión de los hechos de sustracción de identidad;

d) Coordinar con la CSJN y con el Consejo de la Magistratura la atención de los requerimientos de recursos técnicos, humanos o materiales que formulen las autoridades judiciales o del MPF para el trámite de las mencionadas causas judiciales;

e) Solicitar por la vía que corresponda colaboración, documentación o informes a instituciones o reparticiones provinciales, como así también a órganos de seguridad e inteligencia extranjeros;

f) Disponer todas las medidas necesarias para la protección de los testigos que declaren en el marco de las investigaciones que desarrolle la UEI y de los testigos e imputados en las causas judiciales vinculadas con los hechos de apropiación de menores, cuando esta protección sea solicitada por los magistrados intervinientes.

61. La iniciativa de la creación del organismo suscitó el reconocimiento de las principales organizaciones locales de derechos humanos, entre ellas la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, cuya presidenta, Estela de Carlotto, resaltó que "ahora se trabajará en forma mancomunada con el Estado… la voluntad de un Presidente que tiene el empecinamiento de dar vuelta la historia es contagiosa y esto va a promover una cadena de acontecimientos positivos para echar luz y sobre todo poder encontrar a nuestros nietos".

C. Párrafo 10 de las observaciones finales

"... el Comité reitera su honda inquietud ante el hecho de que el Estado Parte no garantice plenamente el principio de la presunción de inocencia en el proceso penal. A este respecto, el Comité considera motivo de preocupación que la duración de la prisión preventiva venga determinada por la posible longitud de la sentencia después de la condena y no por necesidad de enjuiciar al detenido y destaca a este respecto que la imposición de la prisión preventiva no debe ser la norma y sólo se debe recurrir a ella como medida excepcional y en el grado necesario y compatible con las debidas garantías procesales y con el párrafo 3 del artículo 9 del Pacto. A este respecto, no debe existir ningún delito para el que sea obligatoria la prisión preventiva. Se deben reformar todos los aspectos del sistema de prisión preventiva de conformidad con los requisitos del artículo 9 y el principio de la presunción de inocencia del artículo 14."

62. Si bien el Estado comparte la preocupación manifestada por el Comité, en el orden jurídico interno existe una disposición específica sobre el tema. Se trata de la Ley Nº 25430 (modificatoria de la Ley Nº 24390), del año 2001, que regula el plazo de la prisión preventiva y que, al respecto, establece lo siguiente: "La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años. No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior que correspondiere para su debido contralor" (art. 1). En tanto, en su artículo 2, la norma establece que los plazos previstos en el artículo 1 no serán computados "cuando los mismos se cumplieran después de haberse dictado sentencia condenatoria, aunque la misma no se encontrara firme."

63. Por otro lado, debe considerarse el lento pero sostenido cambio en el criterio jurisprudencial en cuanto al tema en tratamiento. En efecto, recientes fallos de la CSJN sostienen expresamente la necesidad de utilizar la prisión preventiva como medida cautelar excepcional, que debe aplicarse siguiendo estrictos criterios de legalidad, y no de modo indiscriminado.

64. Así, puede destacarse particularmente el fallo dictado por el máximo Tribunal el 3 de mayo de 2005 en autos Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus, en el que fijó los estándares de protección de los derechos de las personas privadas de libertad que deben respetar los distintos poderes para cumplir con el mandato de la Constitución nacional y con las disposiciones de los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Entre esos mandatos está el de la razonabilidad de la prisión preventiva tanto para su aplicación como también en lo que hace a sus plazos.

65. Otros fallos recientes, de la justicia federal y de ejecución penal, han establecido la jerarquía superior de aquellos derechos consagrados por tratados internacionales, por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre las normas procesales, para conceder la excarcelación a mujeres con hijos menores de edad, a fin de que éstos puedan gozar del derecho de vivir con sus madres.

66. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró en 2006 la inconstitucionalidad del artículo 24 del Código Penal, que regula el cómputo de días de prisión preventiva de los presos condenados a reclusión perpetua. Específicamente, dicha norma establecía que la prisión preventiva se computa de la siguiente manera: por dos días de prisión preventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión o dos de inhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre 35 y 175 pesos.

67. Entre las medidas legislativas en curso para moderar los excesos de utilización de la prisión preventiva puede citarse también el anteproyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados de la nación recientemente, y pendiente de aprobación en la de Senadores, sobre las posibilidades de decidir el arresto domiciliario para madres de hijos pequeños, personas mayores de edad, y personas cuya detención en condiciones de encierro pueda suponer un agravamiento de su salud.

68. Finalmente cabe señalar que, en marzo de 2006, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 13449, que reforma el régimen de excarcelación del Código Procesal Penal. A partir de esta reforma ya no se considera que determinados delitos resultan per se no excarcelables. La detención cautelar de una persona sólo procederá cuando fuera absolutamente indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del procedimiento y la aplicación de la ley.

D. Párrafo 11 de las observaciones finales

Preocupa hondamente al Comité que las condiciones reinantes en las cárceles no se ajusten a las previstas en los artículos 7 y 10 del Pacto y considera que la gran superpoblación y la mala calidad en la prestación de servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales, como la alimentación, la ropa y la asistencia médica, son incompatibles con el derecho de toda persona a un trato humano y con el respeto de la dignidad inherente al ser humano. Se ha establecido además la existencia de abusos de autoridad por los funcionarios de prisiones, que se manifiestan en tortura y malos tratos, corrupción y otras prácticas. Aunque observa que hay planes en curso para la construcción de nuevas instalaciones penitenciarias, el Comité recomienda que se preste atención inmediata a la necesidad de satisfacer debidamente las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad. En relación con las reclamaciones por malos tratos o tortura, recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe datos detallados sobre el número de reclamaciones recibidas, con mención de los recursos a disposición de los reclamantes, el resultado de las reclamaciones hasta la fecha, el tipo de sanción disciplinaria o punitiva que se impone a los culpables reconocidos de estas prácticas y las responsabilidades precisas de todos los órganos pertinentes del Estado.

69. Las condiciones en las cárceles argentinas han constituido un tema de preocupación tanto para el Estado nacional como para varias ONG que realizaron reclamos y denuncias ante organismos internacionales. En este sentido, se ha llevado a cabo un conjunto de medias tendientes a revertir la situación de manera tal de poder garantizar el efectivo respeto de los artículos 7 y 8 del Pacto.

70. En esa línea cabe recordar que el 29 de julio de 1993, a través del Decreto Nº 1598, se creó el cargo de Procurador Penitenciario, con rango de Subsecretario de Estado, con incumbencia en el ámbito interno y en el área del poder ejecutivo nacional.

71. La función sustancial del Procurador es garantizar la protección de los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, tal como está previsto en el orden jurídico nacional, así como en los instrumentos internacionales ratificados por el país. En el ejercicio de su cargo, este funcionario no está sujeto a mandato imperativo alguno, de manera tal que debe desempeñarse con independencia funcional.

72. Técnicamente, la institución de referencia fue diseñada como un "Ombudsman sectorial" cuya finalidad era el control administrativo en lo que respecta al rol de custodia de las personas sometidas a prisión en el ámbito federal.

73. El mandato del Procurador Penitenciario lo habilita a visitar periódicamente todos los establecimientos penitenciarios en los que se alojen detenidos nacionales o federales. Asimismo, dicho funcionario puede investigar, de oficio o a petición de parte, cualquier hecho u omisión que pueda lesionar los derechos de los internos, teniendo la obligación, en su caso, de formular una denuncia penal.

74. Las opiniones del Procurador pueden traducirse a su vez en recomendaciones al Ministerio de Justicia, a quien le incumbe el control y supervisión del régimen penitenciario nacional y federal.

75. Luego de años de experiencia en el campo, la Procuración se comprometió a llevar a cabo un control externo de la administración penitenciaria que se hizo efectivo a través de diversos modos de acción, a saber:

a) La concurrencia permanente a las cárceles tomando audiencias solicitadas por los presos;

b) Las auditorías sorpresivas a la unidad, relevando las condiciones de detención y funcionamiento de su organización y controlando el cumplimiento de la legalidad vigente;

c) La solicitud de informes especiales sobre distintos aspectos de la ejecución de la pena;

d) La presentación de recomendaciones al Ministerio de Justicia o a la administración penitenciaria;

e) La denuncia penal es el modo, legalmente regulado en el ordenamiento argentino, para llevar a conocimiento de un órgano judicial la noticia de la existencia de un hecho delictivo, que en el caso del Procurador Penitenciario adquiere el carácter de obligación procesal;

f) El informe anual al Congreso de la Nación.

76. Tras diez años de labor, la actividad de este órgano fue reconocida con la inserción de la Procuración Penitenciaria al ámbito del poder legislativo nacional, a través de la Ley Nº 25875. Este traspaso consagra la definitiva autonomía funcional del organismo. Dicha norma tiene como objetivo fundamental "proteger los derechos humanos de los internos comprendidos en el régimen penitenciario federal, de todas las personas privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal (...) de los procesados y condenados por la justicia nacional que se encuentren internados en establecimientos provinciales", ampliando así la competencia a jurisdicciones que no se hallaban incluidas en el Decreto Nº 1598/1993 (comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales donde se encuentren personas privadas de libertad).

77. En relación con las medidas específicas para asegurar la integridad física de los miembros de todos los grupos vulnerables, se desarrollaron visitas a instituciones donde se encuentran alojados niños privados de libertad (comisarías, hogares, institutos y cárceles) en las provincias de Tucumán, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Salta y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada uno de esos casos se efectuaron informes públicos, intervenciones directas ante las autoridades de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Asimismo, en cada una de las jurisdicciones visitadas se difundió el contenido y los alcances del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

78. En otro orden de ideas, en lo que hace a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, cabe destacar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las principales ONG del país en materia de derechos humanos, presentó en el año 2001 un hábeas corpus colectivo sobre condiciones de detención en comisarías bonaerenses. En el fallo del 3 de mayo de 2005, frente al recurso de hecho deducido por el CELS en la causa Verbitsky, Horacio s/hábeas corpus, la CSJN declaró que "las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas, recogidas por la Ley Nº 24660, configuran las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención", es decir, que deberán considerarse contenidos mínimos para interpretar el artículo 18 de la Constitución nacional. En su resolución, el máximo Tribunal consideró que la legislación en materia de prisión preventiva y excarcelaciones que rige en la provincia no se ajusta a principios constitucionales e internacionales. Señaló asimismo que "el artículo 18 de la Constitución nacional, al prescribir que las cárceles de la nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que ella exija, hará responsable al juez que la autorice"; reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano, como así también establece la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento (…) Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas -si bien carecen de la misma jerarquía que los tratados incorporados al bloque de constitucionalidad federal- se han convertido, por vía del artículo 18 de la Constitución nacional, en el estándar internacional respecto de personas privadas de libertad. No cabe duda de que hay un marco normativo, no sólo nacional sino también internacional, que, de confirmarse y continuarse la situación planteada, estaría claramente violado en la provincia de Buenos Aires.

79. La Corte instruyó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y a los tribunales de todas las instancias de la provincia para que, en sus respectivas competencias y por disposición de la Corte Suprema, con la urgencia del caso, hagan cesar toda eventual situación de agravamiento de la detención que ocasione un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro susceptible de acarrear responsabilidad internacional al Estado federal. Agregó, además, que la presencia de adolescentes y enfermos en comisarías o establecimientos policiales, configuraba una flagrante violación a los principios generales de las Reglas mínimas y muy probablemente innegables casos de trato cruel, inhumano o degradante. Asimismo, dispuso que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través de los jueces competentes, hiciera cesar en el término de 60 días la detención en comisarías de la provincia de personas menores de edad o enfermas. También dispuso que cada 60 días el poder ejecutivo de la provincia de Buenos Aires informe a la Corte de las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en todo el territorio de la provincia. Por último, la Corte exhortó a los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelación y su legislación de ejecución penal y penitenciaria, a los estándares constitucionales e internacionales.

80. Más recientemente, en el mes de octubre de 2007, se realizó una audiencia pública en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires para analizar la situación de las personas privadas de su libertad. Los distintos actores coincidieron en la necesidad de fortalecer un espacio de discusión común para la construcción de soluciones ante la persistencia del uso de la prisión preventiva. Sin perjuicio de ello, se coincidió en que a lo largo de los dos últimos años se registró una marcada disminución de la cantidad de detenidos, fundamentalmente en comisarías.

81. Por otra parte, en uno de los casos paradigmáticos de la grave situación carcelaria, en la provincia de Mendoza, se logró un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, a través del cual el gobierno de la provincia no sólo asume su responsabilidad en el caso y sus consecuencias jurídicas, sino que se compromete a adoptar una serie de medidas de enorme importancia para neutralizar el complejo escenario que dio lugar al dictado de las medidas provisionales por parte de la Corte IDH, contribuyendo decididamente al mejoramiento institucional del Estado, y ratificando su compromiso con la irrestricta vigencia de los derechos humanos, particularmente en ámbitos de extrema sensibilidad como el sistema penitenciario.

82. Tales medidas incluyen la constitución de un tribunal arbitral "ad hoc" que determinará las reparaciones pecuniarias debidas a las víctimas, y un nutrido conjunto de medidas de reparación no pecuniarias y de no repetición, tales como la adopción de reformas normativas, mejoras en el régimen de vida de los internos (particularmente en materia de recreación, alojamiento y capacitación laboral), la creación de un órgano de prevención en el marco del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la creación de la figura del Defensor del Pueblo de Mendoza, que tendrá a su cargo la defensa de los derechos humanos al conjunto de la población (salud, educación, seguridad, desarrollo, medio ambiente sano, libertad de información y comunicación, derechos de los consumidores y usuarios, etc.), la creación de una procuración a favor de las personas privadas de libertad y de una defensoría pública oficial ante los juzgados de ejecución penal, y el diseño de un Plan de acción en política penitenciaria destinado a establecer políticas públicas de corto, mediano y largo plazo con un presupuesto acorde que posibilite su aplicación, entre otras importantes medidas.
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