Examen de los informes presentados por los estados




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E. Párrafo 12 de las observaciones finales

"Además, en relación con el artículo 7 del Pacto, el Comité lamenta que en el presente informe no se aborden debidamente las cuestiones de la tortura y del uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía. El Comité está preocupado ante las alegaciones que ha recibido y que indican que se trata de un problema general y que los mecanismos gubernamentales establecidos para resolverlo son inadecuados. El Comité recomienda que el Estado Parte incluya en su próximo informe datos detallados acerca del número de reclamaciones recibidas por tortura y malos tratos infligidos por la policía, incluidos los recursos y posibilidades de apelación de que disponen los reclamantes, el resultado de las reclamaciones, el tipo de sanción disciplinaria o punitiva que se impone a los culpables reconocidos de esas prácticas y las responsabilidades específicas de todos los órganos pertinentes del Estado en los planos federal y provincial."

83. Entre las medidas adoptadas por el Estado para abordar la problemática relativa a la prevención de la tortura, merece mencionarse la ratificación por parte de la República Argentina del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el mes de noviembre de 2004. La República Argentina fue el primer país de América y el primer país federal en ratificar el Protocolo.

84. Con la ratificación del Protocolo, el Gobierno de la República Argentina reforzó el compromiso asumido el 3 de diciembre de 2002 en relación con los mecanismos extraconvencionales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la emisión de una invitación abierta a todos los procedimientos especiales temáticos de la citada Comisión. Al formular la invitación abierta, el Gobierno manifestó que siempre permitirá el ingreso a nuestro país de los representantes y expertos del sistema universal de promoción y protección de derechos humanos. En este marco, la ratificación del Protocolo es en todo compatible con la política argentina llevada a cabo desde la restauración democrática en materia de transparencia y control internacional.

85. Con el fin de poner en marcha el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura previsto en el citado Protocolo, se constituyó un equipo de trabajo interdisciplinario, el cual elaboró un proyecto de ley que prevé la creación de un Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, facultado para actuar en todo el territorio de la nación, en forma directa o a través de delegaciones creadas a tal efecto. Dicho Comité podrá coordinar su actuación con organismos locales que desarrollen actividades similares a las previstas en el Protocolo Facultativo.

86. Las principales atribuciones del citado órgano serán, entre otras, las enunciadas en el artículo 19 del Protocolo, es decir: a) examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; b) hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones Unidas; c) hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia.

87. En cuanto a la necesidad de registrar los casos de abusos policiales y las situaciones de maltrato, el citado proyecto de ley incluye la creación de una base de datos específica para el relevamiento de este tipo de casos provenientes de todo el territorio nacional.

88. Sin embargo, no ha sido esta la única medida para producir registros fiables acerca de los hechos de violencia y abusos cometidos dentro de las instituciones de encierro y por las fuerzas policiales y de seguridad. Así, por ejemplo, en enero de 2006, el Ministerio de Justicia de la nación solicitó a los Ministerios de Justicia de las provincias su colaboración para producir un registro fiable acerca de las muertes producidas en cualquier lugar de detención del territorio nacional, con el objeto de hacer un seguimiento de estos hechos y elaborar políticas públicas para evitarlos. La casi totalidad de las provincias ha respondido con datos oficiales, lo que permitirá producir un registro sobre estos hechos, así como mantenerlo actualizado. Cabe consignar que, si bien el número de personas privadas de libertad muertas en condiciones de detención durante el año 2006 es alto y algunos de los casos particularmente graves, la totalidad de los casos en los últimos dos años se ha reducido en más de un 50% en relación al año 2005.

89. Por otro lado, también se realizaron a lo largo de 2005 visitas a distintas unidades carcelarias y otros centros en los que se encuentran personas privadas de libertad en todo el país. Estas visitas fueron realizadas por equipos de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los que en algunos casos se sumaron miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos. En la visitas se utilizó la metodología del Protocolo Facultativo y de otros instrumentos vinculados a la temática, como el Manual de Monitoreo de Sanción y Prevención de la Tortura elaborado por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), con el objetivo de perfeccionar las visitas como mecanismo de control con miras a la futura implementación del mecanismo nacional.

90. Finalmente, en aras de realizar un registro fiable que recogiera los datos de las muertes violentas sucedidas en cualquier lugar de detención, la Secretaría de Derechos Humanos elaboró un registro de muertes producidas en situación de encierro sobre la base de información cruzada recibida de diversas fuentes gubernamentales y no gubernamentales, como el Servicio Penitenciario Federal y los servicios penitenciarios provinciales; policías y otras fuerzas de seguridad; personas privadas de libertad y sus familiares allegados; información periodística; de organizaciones de derechos humanos, y la propia obtenida por personal de la Secretaría.

91. Por su parte, a través de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha creado el primer Observatorio de Derechos Humanos de tipo temático, sobre condiciones de detención en instituciones de encierro en la provincia de Río Negro, en su presentación pública, efectuada el 26 de agosto de 2005.

92. Asimismo, la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación y la Defensoría General de la nación, en colaboración con la Cancillería argentina, organizaron un seminario sobre "Buenas prácticas penitenciarias", que se llevó a cabo en las instalaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Academia del Servicio Penitenciario Federal, en noviembre de 2007. En dicho seminario, participaron representantes de los 19 Estados de habla hispana miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

F. Párrafo 13 de las observaciones finales

El Comité expresa su preocupación ante los ataques continuos de que son víctima los defensores de los derechos humanos, jueces, denunciantes y representantes de las organizaciones de derechos humanos, así como los representantes de los medios de comunicación social. Además, quienes participan en demostraciones pacíficas se exponen, según se dice, a la detención y a una acción penal. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos y contra las personas que participan en demostraciones pacíficas se deben investigar con prontitud y se han de imponer a los autores las sanciones disciplinarias o punitivas que proceda. El Estado Parte debe dar detalles en su próximo informe sobre los resultados de estas investigaciones y sobre los procedimientos seguidos para imponer sanciones disciplinarias o punitivas a los autores de esta clase de actos.

93. El Estado argentino es consciente de la importancia de la labor realizada por los defensores, jueces, fiscales y otros actores en la denuncia e investigación sobre las violaciones a los derechos humanos. Por ello, frente a los ataques sufridos por esos actores, el Estado ha reaccionado inmediatamente.

94. Asimismo, el Estado también ha manifestado un particular interés en diseñar sistemas de protección eficaces para los testigos que declaran en las más de 1.000 causas que fueron reabiertas y que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar. En este punto, el caso del testigo Julio López, aún desaparecido, demuestra la gravedad de la situación y la necesidad de que el Estado continúe firme tanto con las políticas destinadas a luchar contra la impunidad como con aquellas ligadas a la protección de los testigos y defensores de los derechos humanos.

95. El 23 de abril de 2007 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó una resolución (M. J. y D. H. N°439/07) en virtud de la cual se establece que la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de ese Ministerio brindará protección a personas por requerimiento del magistrado de la justicia nacional o del ministerio público nacional, en el marco de procesos judiciales vinculados a violaciones a los derechos humanos cometidos durante el último período dictatorial.

96. Dicha resolución tendrá vigencia hasta que se instrumente la creación de un programa u organismo en el que se coordinen las actividades que en la materia presten los distintos ministerios nacionales involucrados. El propósito fundamental del Plan de referencia es resguardar no sólo la integridad de los testigos sino además el valor de prueba de los testimonios y su valor social en cuanto aporte a la construcción de la memoria colectiva. En ese sentido, el Plan consiste en brindar acompañamiento a los testigos y/o querellantes, coordinando las acciones a implementar, con una perspectiva integral psicojurídica a nivel nacional y mantener el seguimiento de los casos para una mejor evaluación de las respuestas ofrecidas en cada situación puntual.

97. A nivel provincial existen a su vez programas de protección especiales. A saber:

a) Programa de vigilancia y atención de testigos en grado de exposición (Decreto Nº 2475/06 de la provincia de Buenos Aires);

b) Programa de protección y atención de testigos en grado de exposición y riesgo (Decreto Nº 0076/07 de la provincia de Santa Fe).

98. Según se desprende del primer informe de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, el 29 de septiembre de 2006, en el marco de la Procuración General de la nación, se resolvió enviar notas a todos los funcionarios del MPF de la nación para que remitan la siguiente información:

a) Calendario de juicios orales previstos en tales procesos;

b) La totalidad de los datos personales de los testigos propuestos y/o convocados para el futuro en dichos procesos, cualquiera sea la etapa procesal que transiten;

c) Idéntica información de cualquier testigo que ya haya prestado declaración y que a criterio del fiscal su declaración haya sido crítica o estime que requiere protección especial del Estado.

99. Asimismo, se requirió que se informe respecto a la totalidad de los datos de las causas en las cuales se investigan amenazas a magistrados, empleados y funcionarios. Al respecto, el informe de referencia sistematiza la siguiente información:

a) En cuanto al calendario de los futuros juicios orales, si bien varias causas han progresado a juicio, en ningún caso se han fijado las fechas en las que se llevarán a cabo las audiencias. Los procesos en esas condiciones son cinco, y se encuentran radicados en el Tribunal Oral Nº 5 de la ciudad de Buenos Aires, con intervención de las fiscalías ante los Tribunales Orales Federales Nº 2 y 4, y de la Unidad de Asistencia de carácter coadyuvante.

b) La Unidad ha tomado contacto y mantiene un fluido intercambio con la Oficina de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación (Ley Nº 25764). También a través de dicha oficina se han encauzado solicitudes al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en mérito al Decreto Nº 2475/06 que implementa el Programa de vigilancia y atención a testigos de grado de exposición para aquellos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que declaren en procesos en los cuales se encuentren involucrados represores militares o policiales.

100. Por último, el Centro de Protección de Derechos de la Víctima del Gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo saber que se ha dispuesto un Programa de atención y protección de testigos, para el cual se solicitó la colaboración de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

101. Finalmente, cabe destacar que el total de los testigos informados asciende a 4.178; aquellos considerados críticos por los respectivos fiscales son 360; 17 los amenazados; 5 de aquellos que no fueron amenazados pero que a criterio de los fiscales requieren especial protección; y 19 los funcionarios y magistrados del MPF federal amenazados.

G. Párrafo 14 de las observaciones finales

"En cuanto a los derechos relacionados con la salud reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando existe un claro riesgo para la salud de la madre o cuando el embarazo resulta de la violación de una mujer con discapacidad mental. El Comité expresa también su inquietud ante los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas vigentes, que da como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan en zonas rurales a un aborto ilegal y arriesgado.

El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de salud reproductiva y procreación responsable de julio de 2000, gracias a la cual se dará asesoramiento sobre planificación familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El Comité recomienda además, que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que se pueda practicar legalmente el aborto, se deben suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por violación."

102. El 30 de octubre de 2002 se promulgó la Ley nacional sobre salud sexual y procreación responsable (Ley Nº 25673), que marca un gran progreso en materia de garantizar la salud y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como también implica un avance frente a las posturas oposicionistas de fuertes sectores conservadores de la sociedad y la Iglesia católica, ya que por primera vez se instala la salud reproductiva y sexual en la agenda de las políticas públicas del país.

    103. La citada ley crea el Programa nacional de salud sexual y procreación responsable, en el ámbito del Ministerio de Salud. Entre los objetivos del Programa está el de alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción o violencia; disminuir la morbimortalidad maternoinfantil; prevenir embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, del VIH/SIDA y patologías genitales y mamarias; garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

104. Reconoce la autonomía de todas las personas para elegir individual y libremente, de acuerdo a sus convicciones y a partir del asesoramiento, un método anticonceptivo adecuado, reversible, no abortivo y transitorio, para decidir la cantidad de hijos que cada pareja desea tener. A su vez, respalda el derecho que tienen todas las personas a la salud, que incluye la posibilidad de desarrollar una vida sexual gratificante y sin coerción, sin temor a infecciones o a embarazos no deseados.

105. Por su parte, la ley promueve la posibilidad de acceder gratuitamente a una elección informada en materia de procreación responsable a través de los servicios de salud pública de todo el país, a la vez que favorece la detección precoz de enfermedades genitales y mamarias mediante la realización de la prueba de Papanicolau (PAP) a todas las mujeres bajo programa y contribuye a la prevención y detección temprana del VIH/SIDA, por medio de la articulación con otros programas, poniendo además, al alcance de la población, los medios de protección adecuados.

106. La implementación del Programa nacional abarca lo siguiente:

a) Entrega de métodos anticonceptivos para su distribución gratuita en los centros de atención primaria y hospitales públicos, a solicitud de los usuarios, con asesoramiento especializado;

b) Asistencia técnica y capacitación permanente a los equipos de salud;

c) Asistencia técnica y apoyo a las autoridades provinciales, para la implementación de programas locales en todas las provincias;

d) Promoción de actividades de comunicación social sobre salud sexual y procreación responsable, así como articulación con el Programa nacional de lucha contra el SIDA;

e) Monitoreo, seguimiento y evaluación de actividades y resultados, en todas las jurisdicciones, así como cobertura nominal y seguimiento individual de los beneficiarios.

107. Más recientemente, en el mes de agosto de 2006, se sancionó la Ley nacional Nº 26130 sobre el "Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica". Dicha norma establece que toda persona capaz y mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas "ligadura de trompas de Falopio" y "ligadura de conductos deferentes o vasectomía" en los servicios del sistema de salud, siempre que lo requiera formalmente, y otorguen su consentimiento informado. A su vez prevé que estas intervenciones quirúrgicas deben ser realizadas sin cargo en el sistema público de salud, las organizaciones de seguridad social y las entidades de medicina prepaga, que deberán incorporar esas prácticas a su cobertura. Para las mismas, no se requiere el consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial.

108. La única excepción mencionada en la ley hace referencia a las personas declaradas "judicialmente incapaz", para quienes "es requisito ineludible la autorización judicial" solicitada por su representante legal.

109. La ley establece que los médicos encargados de realizar estas operaciones deben informar al paciente de "la naturaleza e implicancias sobre la salud de la práctica a realizar", "las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados" y "las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias". Por su parte, el personal médico o auxiliar puede interponer el derecho de "objeción de conciencia" para no realizar la práctica, "sin consecuencia laboral alguna".

    110. En este contexto, el 23 de octubre de 2006 se promulga la ley que crea el Programa nacional de educación sexual integral (Ley Nº 26150) en la órbita del Ministerio Nacional de Educación. Entre sus disposiciones establece que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, establece que es deber de cada provincia garantizar esta educación en base a los contenidos básicos establecidos por el Ministerio de Educación, debiendo cada comunidad educativa elaborar el proyecto institucional con sus propuestas en base a la realidad sociocultural. También se organizarán espacios de formación para los padres y madres.

111. En lo que respecta a la figura del aborto en la legislación argentina, una comisión de expertos, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, elaboró una propuesta de reforma el Código Penal argentino que modifica los artículos vinculados a este tema. Si bien la reforma no se ha producido aún, la propuesta es un importante instrumento para avanzar jurídicamente en el tema, al ampliar las circunstancias en que el aborto no es punible.

112. Finalmente, merece destacar que a nivel provincial también se ha dictado legislación sobre salud reproductiva, a saber:

a) Provincia de Buenos Aires

Ley Nº 13066 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y procreación responsable (año 2003)

b) Provincia de Chaco

Ley Nº 4276 de creación del Programa de educación para la salud y procreación humana responsable (año 1996)

c) Provincia de Chubut

Ley Nº 4545 de creación del Programa de salud sexual y reproductiva (año 2000)

Ley Nº 4950 de anticoncepción quirúrgica (año 2003)

d) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ley Nº 418 de salud reproductiva y procreación responsable

Ley Nº 439 modificatoria de la Ley Nº 418 de salud reproductiva y procreación responsable

Resolución Nº 874/2003 de la Secretaría de Salud Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

e) Provincia de Córdoba

Ley Nº 9073 de creación del Programa de maternidad y paternidad responsables

Ley Nº 9099 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable

f) Provincia de Corrientes

Resolución Nº 878/03 del Ministerio de Salud Pública de creación del Programa provincial de salud sexual y procreación responsable

Ley Nº 5527 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable

g) Provincia de Entre Ríos

Ley Nº 9501 de creación del sistema provincial de salud sexual y reproductiva y educación sexual

h) Provincia de Jujuy

Ley Nº 5133 de creación del Programa provincial de maternidad y paternidad responsable y de prevención de enfermedades de transmisión sexual

Decreto Nº 2139/2000 reglamentario de la Ley Nº 5133. Creación del Consejo Provincial de Salud Reproductiva

i) Provincia de La Pampa

Ley Nº 1363 de creación del Programa provincial de procreación responsable

j) Provincia de La Rioja

Ley Nº 7425 de adhesión provincial a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable

k) Provincia de Mendoza

Ley Nº 6433 de creación del Programa provincial de salud reproductiva

Resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Salud Nº 2492/2000 de habilitación a los hospitales públicos provinciales del procedimiento quirúrgico de ligadura de trompas de Falopio

l) Provincia de Misiones

Decreto Nº 92/98 de creación del Programa provincial de planificación familiar integral

m) Provincia de Neuquén

Ley Nº 2222 de creación del Programa provincial de salud sexual y reproductiva

Decreto Nº 3331/98 y su modificatoria Ley Nº 2431

n) Provincia de Río Negro

Ley Nº 3450 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y sexualidad humana

o) Provincia de Salta

Ley Nº 7311 de sexualidad responsable

p) Provincia de San Luis

Ley Nº III-0068-2004 (5429 "R") de procreación responsable. Pautas reproductivas. Planificación familiar. Asistencia.

Decreto Nº 127/2003 de creación del Programa provincial integral de salud reproductiva

q) Provincia de Santa Cruz

Ley Nº 2656 de adhesión a la Ley nacional Nº 25673 de creación del Programa nacional de salud sexual y procreación responsable

r) Provincia de Santa Fe

Ley N º11888 de creación del Programa provincial de salud reproductiva y procreación responsable y sus modificatorias

Ley Nº 12323 de anticoncepción quirúrgica

s) Provincia de Tierra del Fuego

Ley Nº 509 de creación del régimen provincial de salud sexual y reproductiva y su modificatoria

H. Párrafo 15 de las observaciones finales

En relación con el artículo 3 del Pacto, el Comité considera inquietante que, pese a importantes progresos, las actitudes tradicionales hacia la mujer sigan ejerciendo una influencia negativa en su disfrute de los derechos enunciados en el Pacto. Preocupa en especial al Comité la alta incidencia de casos de violencia contra mujeres, incluidas la violación y la violencia doméstica. También preocupan el acoso sexual y otras manifestaciones de discriminación en los sectores público y privado. El Comité observa asimismo que no se lleva sistemáticamente información sobre estos asuntos, que las mujeres tienen un escaso conocimiento de sus derechos y de los recursos de que disponen y de que no se tramitan debidamente las denuncias. El Comité recomienda que se emprenda una campaña de información en gran escala para promover el conocimiento que las mujeres tienen de sus derechos y de los recursos de que disponen. El Comité insta a que se reúnan sistemáticamente y se archiven datos fiables sobre la incidencia de la violencia y la discriminación contra la mujer en todas sus formas y a que se faciliten estos datos en el próximo informe periódico.

113. En la legislación interna de la República Argentina existen normas penales, civiles y administrativas que tienen como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este sentido, después de la ratificación de la Convención de Belém do Pará se sancionaron la gran mayoría de las leyes provinciales de violencia familiar, se modificó la legislación penal en el año 1999 y se dictaron distintas disposiciones administrativas.

114. En este contexto, es importante destacar que, en el año 1993, el poder ejecutivo nacional emitió el Decreto Nº 2385/93 que incorpora la figura del acoso sexual a la reglamentación del régimen jurídico básico de la función pública para el personal de la administración pública central. Por otra parte, en 1994, con la Ordenanza Nº 47506, AD 230-57 BM 17/1/9, se incorpora el acoso sexual como falta sancionable, dentro del régimen disciplinario que rige en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Misiones han dictado leyes provinciales que lo sancionan en sus jurisdicciones, siempre en el ámbito del sector público.

115. Asimismo, lo incluyen, expresamente las leyes provinciales dictadas sobre violencia laboral y acoso sexual de las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero únicamente en la esfera del sector público de las respectivas provincias

116. En diciembre de 1994 se sanciona la Ley Nº 24417 de protección contra la violencia familiar, reglamentada en marzo de 1996, por Decreto Nº 235/96.

117. En el año 1999 el Congreso Nacional sanciona la Ley Nº 25087 que modifica el título III del Libro segundo del Código Penal. Sus principales disposiciones son:

    a) Sustituye la rúbrica del título "Delitos contra la honestidad" por el de "Delitos contra la integridad sexual". Representa un cambio fundamental en la conceptualización de las agresiones y vejámenes que afectan la integridad y el ejercicio autónomo de la sexualidad de las personas. Se pasa de considerar que estas agresiones afectan la pureza o castidad de las víctimas o el honor de algún varón a referirlas a la integridad y dignidad como personas.

    b) Elimina el concepto de mujer honesta.

    c) Reconoce distintos tipos de agresiones sexuales, de acuerdo al daño provocado: abuso sexual, abuso sexual calificado y violación.

    d) Modifica la definición del artículo 119 sobre violación, partiendo de un concepto más amplio, al considerar que el acceso carnal puede ser por cualquier vía. Tiene distintos supuestos de agravamiento en los cuales las penas se elevan a entre 8 y 20 años de prisión o reclusión, agravamiento que se hace extensivo a los casos de abuso sexual calificado en las situaciones de ultraje grave y en los mismos supuestos del delito de violación.

    e) Deroga el artículo 132 que eximía de prisión al delincuente por casamiento posterior con la víctima, eliminando la posibilidad de que el violador sea eximido de la pena por casarse con la víctima.

    f) Introduce la figura del avenimiento (entendimiento o acuerdo). Si la víctima fuera mayor de 16 años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El tribunal la podrá aceptar excepcionalmente si ha sido formulada libremente y en condiciones de plena igualdad y cuando fuera comprobada una relación afectiva preexistente. En tal caso la acción penal se extingue.

    g) Las víctimas podrán instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.

    h) Separa los delitos de corrupción y de prostitución agravando las mínimas de las penas de prisión o reclusión en el caso de los menores. En ambos casos, establece como límite de minoridad la edad de 18 años. Cuando se trata de mayores de esa edad está penada cuando mediare engaño, abuso, relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción.

    i) El delito de pornografía sanciona al que produjere o publicare imágenes pornográficas o espectáculos en vivo, con la participación de menores de 18 años y a quienes facilitare el acceso o lo distribuyera a menores de 14 años.

118. En el año 1998 se constituye la Oficina de asistencia integral a la víctima del delito de la Procuración General de la Nación y, posteriormente, se crea en el ámbito del MPF una Unidad Fiscal Especializada (UFE) para la investigación de delitos contra la integridad sexual, trata de personas y prostitución infantil.

119. Por otra parte, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, en diciembre de 2003, el Protocolo de Acción ante Víctimas de Violación que establece la obligación de proporcionar a las víctimas la medicación dirigida a la anticoncepción de emergencia y aquella destinada a prevenir el contagio del VIH/SIDA, estableciendo los plazos en los que se debe dar inicio al tratamiento. En ese sentido, a través de la Resolución Nº 140/04 se exhorta a los funcionarios de las comisarías y dependencias de la ciudad de Buenos Aires a que instruyan a las víctimas de acoso sexual sobre la posibilidad de recibir asistencia médica inmediata.

120. La provincia de Misiones en el año 2003 sanciona la Ley Nº 4013 de protección y asistencia a las víctimas de delitos contra la integridad sexual; el Ministerio de Salud Pública es la autoridad de aplicación. El MPF da asesoramiento legal gratuito, el acompañamiento y la contención necesarios para realizar la denuncia si la víctima así lo decide. El Ministerio de Gobierno es el encargado de instrumentar mecanismos adecuados en comisarías y destacamentos a fin de recibir las denuncias y/o exposiciones.

121. Asimismo, la provincia de Mendoza, mediante la Ley Nº 7222 del año 2004, dispone la creación del Registro contra la integridad sexual (RECIS) en el ámbito de la justicia provincial dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que, mediando orden judicial, se integra con los datos personales, físicos, fecha de condena, pena recibida y demás antecedentes procesales, de los condenados por delitos tipificados como delitos contra la integridad sexual; se complementa con fotografías y registros de ADN.

122. En sentido análogo, la provincia de Corrientes, por Ley Nº 5665 del año 2005, propone implementar un protocolo de acciones conjuntas para la prevención, el tratamiento y la contención de víctimas de violencia sexual a través del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Desarrollo Humano y de los organismos de seguridad.

123. En 2005 se creó una oficina especializada en el ámbito de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas para recibir denuncias sobre violencia laboral (incluye acoso sexual) de empleados estatales de la administración central.

124. La Ley nacional y todas las leyes provinciales tienen como finalidad esencial que, junto con la denuncia, se soliciten medidas cautelares conexas o medidas autosatisfactorias (abordada por la doctrina bajo el nombre de "soluciones urgentes no cautelares"); también los jueces de oficio pueden disponer este tipo de medidas, al tomar conocimiento de los hechos.

125. Las medidas cautelares que contemplan están destinadas, por un lado, a proteger a las víctimas de la violencia en situaciones de riesgo y/o hacer cesar las situaciones de violencia y/o evitar su repetición, mediante la exclusión del hogar del agresor y/o la prohibición de su acceso al domicilio, a los lugares de trabajo o de estudio del o la damnificada; otras, como ordenar el reintegro al domicilio de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal. Por otro lado, garantizan el derecho alimentario, la tenencia de los hijos, así como el contacto y comunicación con los mismos.

    126. Estas medidas pueden ser dictadas por el juez sin tener que citar al agresor, por razones de peligro para la víctima. Pero de manera inmediata el mismo debe ser oído, ya que goza de las garantías del debido proceso. Es decir, que una vez dispuestas por el juez de la causa, estas medidas permiten ordenar desde un primer momento, y aunque tengan carácter provisorio, los principales puntos de conflicto que se suscitan entre los miembros del grupo familiar. Por ejemplo, la exclusión del hogar suele tener como resultado inmediato el cese de la violencia o la pacificación familiar. Al mismo tiempo, al decidir el juez la fijación de una cuota alimentaria, la tenencia de los hijos y/o el régimen de visitas, según corresponda en cada caso, soluciona problemas de gran peso como el de la subsistencia, el lugar de residencia y el contacto de los menores con el cónyuge excluido del hogar.

127. Por otro lado, es importante tener en cuenta que estas medidas no son taxativas y el juez podrá adoptar otras que considere necesarias, a fin de proteger situaciones de riesgo o de abuso de algún miembro del grupo familiar. Por ejemplo, la Ley de la provincia de Buenos Aires dispone expresamente que el juez pueda dictar toda otra medida urgente que estime oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima.

128. Las garantías que otorgan todas estas medidas a las víctimas despejan una serie de limitaciones que pesan en el ánimo de las mujeres y que sirven de freno, muchas veces, para el ejercicio de sus derechos, por temor a la supervivencia económica del grupo familiar, el alejamiento del hogar, la pérdida de la tenencia de sus hijos, etc.

1. Programas y acciones destinados a la prevención, la erradicación y la atención de la violencia contra la mujer

a) El Consejo Nacional de la Mujer (CNM) impulsa y trabaja en la elaboración de un Plan de acción nacional para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. Para ello, desde el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales (CNCPS) se ha constituido un comité interinstitucional, donde se encuentran representados los ministerios que lo integran, y se ha mantenido contacto e intercambio con diversos organismos del ámbito nacional que resultan estratégicos para la elaboración y ejecución de dicho Plan (Ministerio de Justicia, de Interior, de Salud, de Educación, de Desarrollo Social, etc.).
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