Examen de los informes presentados por los estados




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134. Finalmente, es importante mencionar que, además de la información producida a través del Programa que desarrolla el CNM, la Dirección de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produce información sobre la atención de llamadas atendidas y población asistida en sus diferentes centros de atención.


I. Párrafo 16 de las observaciones finales

"... El Comité reitera su inquietud ante el trato preferencial, incluidas subvenciones financieras, que recibe la Iglesia católica en comparación con otras confesiones, lo que constituye discriminación por razones religiosas en virtud del artículo 26 del Pacto..."

135. La Constitución nacional, norma fundamental del Estado argentino, reconoce el derecho a la libertad religiosa de todos sus habitantes. Al respecto, la libertad de culto esta contemplada por el artículo 14, que garantiza el derecho a profesar libremente el culto, y por el artículo 20, que reconoce igual derecho a todo extranjero que se encuentre dentro del territorio nacional. Merece destacar que el artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el derecho a la libertad religiosa en su artículo 18. Esta múltiple contemplación de la libertad religiosa es significativa y refleja la importancia que tal derecho tiene para la República Argentina. En este sentido, el Estado es el garante de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, entre ellos, la libertad religiosa, de conciencia y de culto.

136. La Argentina no posee una "religión oficial" o "religión de Estado". En este sentido, la obligación del Gobierno federal de sostener al culto católico (artículo 2 de la Constitución nacional), se circunscribe a un apoyo de índole material o económico para lo cual se dispone de una partida al efecto en el presupuesto nacional. En este sentido, el trato financiero que se le otorga a la Iglesia católica no responde a una preferencia estatal, sino al cumplimiento del mandato establecido por el artículo 2 de la Constitución nacional. Así también lo tiene dicho nuestra Corte Suprema de Justicia1.

137. La justificación histórica según explica el diagnóstico sobre religión del Plan nacional contra la discriminación2 (del que se brindará información detallada en la segunda parte del presente informe), se debe a una compensación del Estado nacional a la Iglesia católica por una gran confiscación de tierras y bienes que tuvo lugar en 1821.

138. Varios constitucionalistas3 afirman que tal relación implica también admitir la unión moral entre el Estado y la Iglesia, como así también su reconocimiento como persona jurídica de derecho público, que a diferencia de los demás cultos deben inscribirse como personas jurídicas privadas para poder ejercer su ministerio.

139. A fines del siglo XIX y comienzos del XX el país recibiría así un gran caudal de inmigrantes, siendo la libertad de cultos una condición importante para su pacífica recepción.

140. En otro orden de cosas, es menester señalar que las entidades religiosas inscritas en el Registro Nacional de Cultos gozan de variadas exenciones impositivas que facilitan su tarea espiritual. De esta manera, se procura evitar que el sostenimiento normado por el artículo 2 de la Constitución nacional implique un trato discriminatorio hacia otras confesiones religiosas existentes en el país.

141. Los requisitos establecidos por el Registro Nacional de Cultos para la inscripción de las organizaciones religiosas han sido flexibilizados en 2005 (Resolución de la Secretaría de Culto Nº 2092/05) a fin de facilitarles la obtención de los beneficios que la inscripción trae, incluidas las exenciones impositivas, y así garantizar el efectivo y libre ejercicio de la libertad religiosa.

142. A las entidades inscritas en el aludido Registro se les otorgan visas y residencias para que sus autoridades, religiosos, estudiantes, académicos, etc., puedan cumplir con su tarea espiritual, al igual que ocurre con la Iglesia católica. Con relación a la aptitud para tener establecimientos educativos desde el nivel inicial hasta el universitario, el régimen aplicable es el mismo para todas las confesiones religiosas existentes en la República.

II. INFORMACIÓN RESPECTO A LAS NOVEDADES, EN LOS CASOS
EN QUE LAS HUBIERA, RESPECTO A LOS PROGRESOS EN EL
DISFRUTE PLENO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS
EN CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS DEL PACTO


A. Artículo 1

143. Como fuera señalado en informes anteriores, el Estado argentino garantiza plenamente el ejercicio del derecho a la libre determinación, no sólo respecto a la población que lo compone como conjunto sino también a la autonomía de cada una de las personas que forman parte de ella. De esta forma el pueblo argentino determina libremente su régimen político, económico y social. Por su parte, las distintas comunidades que lo integran poseen los instrumentos necesarios para conservar y desarrollar su cultura. Este último aspecto ha sido reforzado por normas constitucionales, incorporadas a la Carta Magna en la reforma llevada a cabo en el año 1994.

144. En este contexto, es importante mencionar que, en ocasión de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (A/Res/61/295) por la Asamblea General, la delegación argentina recalcó la necesidad de compatibilizar las referencias al derecho a la libre determinación en esa Declaración con el principio de integridad territorial, con la unidad nacional y con la estructura organizativa de cada Estado."

145. Los esfuerzos realizados desde entonces para resolver esta cuestión han dado los frutos esperados a través de la incorporación al primer párrafo del artículo 46 de condiciones de aplicación de esta Declaración que la hacen plenamente compatibles con los principios mencionados.

146. Finalmente, se remite a lo informado en el artículo 27 respecto a las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las minorías indígenas.
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