Examen de los informes presentados por los estados




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C. Artículo 3


159. Sin perjuicio de lo señalado por la República Argentina en el último informe presentado al Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, resulta importante mencionar que, a través de la Ley Nº 26171, la República Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sin reservas ni cláusulas interpretativas. Esta ley constituye un paso de gran importancia en el avance en la igualdad entre los géneros.

160. En la Argentina el crecimiento de la representación de las mujeres en el Congreso Nacional ha sido no sólo un aumento cuantitativo, sistemático y ascendente, sino también cualitativo. Actualmente, las legisladoras que ingresan al Parlamento lo hacen compitiendo como cabezas de lista y liderando sus bloques partidarios. Su ingreso en los espacios de poder ya no se produce como consecuencia de sus vínculos personales o familiares sino por su trayectoria profesional.

161. La Ley de cupo en Argentina ha sido exitosa. Hoy las mujeres constituyen el 42 y 34% de las Cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente.

162. Por otro lado, las mujeres han comenzado a consolidar su presencia en las máximas esferas del poder ejecutivo. Muestra paradigmática de ello es que el nuevo Presidente electo de la República Argentina pertenece al sexo femenino.

163. Asimismo, por primera vez en la historia de nuestro país, dos mujeres integran la CSJN (Dra. Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la Corte, y Dra. Carmen Argibay), representando un 28% del máximo Tribunal.

D. Artículo 6


164. La República Argentina ha mantenido siempre una posición firme contra la aplicación de la pena de muerte, sea cual fuera el motivo de su aplicación.

165. Es por ello que el Gobierno de la Argentina ha considerado de suma importancia la firma y ratificación de los instrumentos existentes, tanto en el ámbito regional americano como universal, relativos a la abolición de la pena de muerte, por entender que ambos protocolos representan un importante desarrollo progresivo del derecho internacional de los derecho humanos y reflejan la evolución de este tema en otros ámbitos regionales, como el europeo.

166. En efecto, en fecha 12 de diciembre de 2006 se procedió a la firma del Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte y el 20 de diciembre del mismo año se firmó el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, aprobado y proclamado por la Asamblea General en diciembre de 1989.

167. Actualmente, las autoridades competentes se encuentran realizando las gestiones necesarias para la aprobación legislativa de ambos instrumentos internacionales, con miras a su ulterior ratificación.

168. Nuestro país se ha manifestado en diversas oportunidades y de manera contundente en el plano internacional repudiando la aplicación de la pena de muerte, sea cual fuere el delito de que se trate. Asimismo, la Argentina ha participado en diversos pedidos de clemencia a favor de ciudadanos argentinos y de terceros Estados condenados a la pena capital en el ámbito regional.

169. Por último, es importante destacar que la Argentina ha apoyado activamente los tribunales penales internacionales tales como el Tribunal Penal para Rwanda, el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional, que en ninguno de sus estatutos contempla la aplicación de la pena de muerte, aun cuando dichos tribunales juzgan, entre otros, la comisión de delitos de lesa humanidad.

1. Normativa vigente en el ámbito interno

a) La Constitución nacional y los instrumentos internacionales en la materia ratificados y en vigor para la Argentina

170. El derecho a la vida es consagrado en el ordenamiento jurídico del Estado argentino a través de diversas disposiciones. Ello así, el artículo 33 de la Constitución nacional que -incluso antes de la reforma de 1994- prevé el derecho a la vida dentro de los derechos implícitos o que no hallan una disposición expresa en la Ley fundamental pero que, no obstante, no dejan de estar reconocidos por ella. Paralelamente, el artículo 18 de la Constitución prevé que "quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes".

171. Por medio de la reforma a la Constitución nacional de 1994, el derecho a la vida recibe un reconocimiento explícito a través del otorgamiento de jerarquía constitucional a determinados instrumentos internacionales fundamentales que lo consagran expresamente, en virtud de lo establecido en el artículo 75, inciso 22. Las normas son las siguientes: artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

172. El citado artículo 4 de la Convención Americana establece el principio general relativo al derecho a la vida como derecho fundamental para el pleno ejercicio de todos los derechos reconocidos expresa o implícitamente, al tiempo que limita la aplicación de la pena de muerte sólo para casos muy específicos, con la vocación de tender a su abolición definitiva. En efecto, teniendo en cuenta la realidad de los distintos países del hemisferio americano en la materia y su propia naturaleza de instrumento multilateral, la Convención ha previsto la abolición progresiva de la pena de muerte, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ejercicio de su competencia consultiva, ha firmado en su Opinión consultiva Nº 3/83, restricciones a la pena de muerte (artículos 4.2 y 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)4, la necesidad de abolición progresiva de la pena de muerte en los Estados del hemisferio americano que aún la prevén. El párrafo 56 de dicha opinión establece que "no se trata ya de rodear de condiciones rigurosas la excepcional imposición o aplicación de la pena de muerte, sino de ponerle un límite definitivo, a través de un proceso progresivo e irreversible destinado a cumplirse tanto en los países que no han resuelto abolirla, como en aquellos que sí han tomado esa determinación". Por lo tanto, el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe ser interpretado a la luz de lo establecido por la Corte Interamericana en su OC 3/83.

b) La pena de muerte y el Código de Justicia Militar

173. El 7 de noviembre de 2007 la Cámara de Diputados de la nación dio media sanción a un proyecto de ley que estipula la derogación del Código de Justicia Militar, terminando con la única disposición jurídica que establece la pena de muerte en la Argentina. De esta manera, cuando el Senado convierta en ley dicho proyecto, las sanciones a los integrantes de las fuerzas armadas podrán ser apeladas ante la justicia federal.

174. Sin perjuicio de ello, aun cuando las disposiciones relativas a la pena de muerte en el Código de Justicia Militar no estén expresamente derogadas, las normas contenidas en los protocolos destinados a abolir la pena de muerte prevalecerán, dado que en el ordenamiento jurídico argentino los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las layes. Ello así, la normativa hasta hoy vigente que permite la aplicación de la pena de muerte quedará derogada de hecho.

E. Artículo 7

175. Se remite a lo informado respecto a los párrafos 10, 11 y 12 de las observaciones finales del Comité, en la primera parte del presente informe.

F. Artículo 8

176. En lo que respecta a los progresos desarrollados en el ámbito de lo dispuesto por el artículo 8 del Pacto, es menester señalar las acciones implementadas en nuestro país para la prevención y la lucha contra la trata de personas, habiendo la Argentina ratificado en el año 2000 el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

177. Como marco general, es pertinente mencionar la política migratoria de apertura instaurada en nuestro país con la sanción de la nueva Ley de migraciones, ello por entender que cuando el derecho a entrar o salir de un determinado país es limitado, restringido o aun imposible, los flujos migratorios se canalizan hacia la migración irregular, ya sea por sus propios medios o recurriendo a los mecanismos del tráfico y la trata de personas. En efecto, el 20 de enero de 2004 se promulgó la Ley Nº 25871, Ley de migraciones. Esta nueva ley, producto del trabajo consensuado de diferentes sectores gubernamentales y no gubernamentales, refleja el compromiso asumido por la República Argentina de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, al tiempo que establece mecanismos de fácil acceso a la regularidad migratoria, entendiendo que dicha regularidad es indispensable para lograr la plena integración del extranjero a la sociedad de recepción (mayor información sobre la nueva política migratoria se brinda en el presente informe en relación con los artículos 12 y 13 del Pacto).

178. La nueva norma establece la penalización del delito de tráfico ilegal de personas, así como el agravamiento de la pena cuando se hubiera puesto en peligro la vida, salud o integridad del migrante o cuando se trate de un menor de edad. En el capitulo VI se tipifica por primera vez en la legislación migratoria argentina la figura del tráfico de migrantes. Las penas previstas son de prisión de 1 a 6 años, pudiendo llegar a 20 años cuando se den circunstancias de agravamiento.

179. En otro orden de ideas, cabe señalar que la República Argentina participa activamente en el ámbito internacional y regional con el objetivo de consensuar enfoques, coordinar acciones y establecer mecanismos de cooperación internacional destinados al combate de la trata de personas y dar asistencia y protección a las víctimas. A nivel regional, nuestro país participó en la Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas, celebrada entre el 14 y el 17 de marzo de 2006 en Isla Margarita, República de Venezuela. Esta Reunión fue producto de la V Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas, (REMJA V), así como de los mandatos de varias resoluciones de la Asamblea General de la OEA.

180. En el marco del MERCOSUR, existen varias iniciativas y compromisos relativos al combate de la trata, tanto a nivel de los ministros del interior, como en las reuniones de ministros o secretarios de derechos humanos. También en la última Reunión Especializada de la Mujer del MERCOSUR (REM), que se realizó el segundo semestre del año 2006, se resolvió llevar adelante acciones conjuntas, comenzando por una campaña regional de prevención de la trata de personas.

181. En su XIX reunión, los Ministros del Interior del MERCOSUR y países asociados firmaron un acuerdo (MERCOSUR/RMI/Acuerdo Nº 01/06) por el cual se comprometen a desarrollar un "Plan de Acción del MERCOSUR para la lucha contra la trata de personas".

182. En lo que respecto al plano normativo, en el mes de diciembre de 2006, la Cámara de Senadores dio media sanción a la ley que reprime la trata de personas. La norma castiga "la captación, transporte o traslado de personas con fines de explotación". La ley no sólo se refiere a la prostitución, sino también a la captación con fines de "reducción a servidumbre" o "trabajos forzados", lo cual la haría aplicable a talleres clandestinos e incluso contempla la eventualidad de que la persona fuese captada para "extracción ilícita de órganos". El proyecto aprobado define la trata como delito federal: esto contempla el hecho de que, en la prostitución, las víctimas suelen ser reclutadas en una provincia y explotadas en otra.

183. El proyecto de ley define como "trata de mayores de 18 años" a "la captación, el transporte o traslado, la acogida o la recepción, ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, o pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere consentimiento de ésta". La pena prevista para este delito es de tres a seis años de prisión, y puede llegar a los diez años si el culpable fuese cónyuge o familiar directo, funcionario público, o si interviene una organización delictiva, es decir, si "el hecho fuere cometido por tres o más personas" o "si las víctimas fueren tres o más".

184. En casos de menores de 18 años, "el ofrecimiento, captación, transporte o traslado" configuran trata aun cuando no se den las restantes condiciones, y "el asentimiento de la víctima no tendrá efecto alguno". Las penas pueden llegar a 15 años.

185. No obstante, existen en el Código Penal actual figuras que integran el delito de trata de personas y pueden utilizarse para la persecución del delito y penar a los perpetradores, entre otras: los delitos contra la integridad sexual, la facilitación de la corrupción de menores (art. 125), la promoción de la prostitución de menores (art. 125 bis), o de mayores mediante engaños o coerción (art. 126), la explotación de la prostitución ajena (art. 127), la facilitación de la entrada o salida del país para que hacer que la persona ejerza la prostitución, agravada por la edad, y cuando media el engaño, la violencia o la amenaza (art. 127 bis), la sustracción o retención de una persona mediante la fuerza, la intimidación o el fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual (art. 130), delitos contra la libertad individual, la reducción a servidumbre o condición análoga (art. 140), privación ilegítima de la libertad (art. 141), amenazas para amedrentar a una o más personas para realizar acciones contra su voluntad (art. 149 bis).

186. Finalmente, cabe señalar que el 2 de octubre de 2007 el poder ejecutivo de la nación dictó el Decreto Nº 1281/2007 a través del cual creó el "Programa nacional de prevención y erradicación de la trata de personas y de asistencia a sus víctimas", en el ámbito del Ministerio del Interior (véase el anexo II con el texto del Decreto Nº 1281/2007).

187. Dicho Programa ha sido diseñado en aras de coordinar esfuerzos del Estado para lograr mayor efectividad tanto en las tareas de prevención de la trata de personas como en las medidas de asistencia a las víctimas.

188. En ese sentido, el programa tendrá a su cargo todas las gestiones tendientes a la prevención y erradicación de la trata de personas. Entre ellas se desatacan: aumentar la capacidad de detención, persecución y desarticulación de las redes de trata; asegurar a las víctimas el respeto y ejercicio de sus derechos; prevenir e impedir la revictimización; promover el estudio y difusión de la problemática; supervisar el cumplimiento de las normas que existen sobre el tema; crear el registro de datos vinculados con el delito de trata de personas; poner a disposición una línea telefónica gratuita para la recepción de denuncias, entre otras.

1. Medidas para prestar asistencia legal y protección a las víctimas de trata

189. Varias instituciones participan dando asistencia psicológica, médica, social y legal en los casos puntuales de trata de personas. Entre ellas, la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima del Delito (OFAVI), de la Procuración General de la Nación, creada por Resolución Nº 58/98 del Procurador General de la Nación, se encuentra en funcionamiento desde el 8 de septiembre de 1998.

190. Las funciones que desarrolla la Oficina son las siguientes: asesorar jurídicamente a la víctima de un delito sobre sus posibilidades de asistencia estatal en particular a aquellas víctimas de menores recursos; asesorar a aquellas víctimas de delitos que presenten cuadros sociales especialmente complicados a efectos de guiar a estas personas en los mecanismos estatales y no gubernamentales de apoyo asistencial; realizar estudios criminológicos que descubran sectores sociales con especial riesgo de ser victimizados; realizar sugerencias a los organismos competentes a efectos de disminuir esta situación de vulnerabilidad y desarrollar propuestas de estrategias que aumenten los índices de eficiencia en las tareas de investigación penal que tienen a su cargo los fiscales; desarrollar campañas de comunicación social a efectos de informar en forma eficiente a la comunidad sobre cuáles son los caminos para acceder al MPF; organizar los vínculos administrativos y jurídicos necesarios para el logro de una adecuada optimización de los servicios que determinadas ONG prestan hoy día a ciudadanos que sufren las consecuencias del delito, y realizar tareas de coordinación de actividades con otras oficinas que expresen cometidos similares.

191. Desde su creación, la OFAVI ha registrado un progresivo incremento de la demanda de su intervención para proporcionar asistencia jurídica, psicológica y social en cada caso concreto. También ha efectuado recomendaciones, ante los magistrados del MPF y el poder judicial de la nación, dirigidas a evitar la victimización secundaria de las personas asistidas.

192. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires presta asistencia social a las víctimas, y algunos hospitales, como el Hospital Álvarez, están formando equipos especializados. También se coordina con la Organización Internacional de Migraciones (OIM), que es la única, por el momento, que cuenta con un programa organizado de asistencia social destinado a la asistencia de las víctimas de la trata. Pero, en principio, la OIM sólo tiene competencia para asistir a las víctimas de la trata internacional.

193. Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos también da seguimiento a algunos casos de trata que son ventilados en la justicia, participando como observadora de los procesos judiciales. También, a través del Consejo Federal de Derechos Humanos, se articulan acciones en casos concretos de trata de una provincia a otra. Un ejemplo es el de una menor que fue reclutada a través de un aviso engañoso ofreciendo trabajo, en la provincia del Chaco, cuyo destino era un prostíbulo de la ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. La misma fue recuperada debido a la pronta denuncia de su madre y la intervención de la Dirección de Investigaciones de Delitos Complejos, y de la Comisión Interministerial de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz.

194. Paralelamente, en diciembre del año 2003 la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el Protocolo de Acción ante Víctimas de Violación (Resolución Nº 2557 del Secretario de Salud) que pretende explicarse a todos los hospitales que dependen de la mencionada Secretaría. El Protocolo establece la obligación de proporcionar a la víctima de violación la medicación dirigida a la anticoncepción de emergencia y aquella destinada a prevenir el contagio del VIH/SIDA, estableciendo plazos mínimos para dar inicio al tratamiento de modo de reducir considerablemente la posibilidad de contagio. En el plano legislativo, como consecuencia de la sanción de la Ley Nº 25852 (sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 6 de enero de 2004) se han incorporado al Código Procesal Penal los artículos 250 bis y 250 ter, que establecen condiciones especiales para la recepción de los testimonios de aquellas víctimas de delitos contra la integridad sexual o de lesiones cuando sean menores de 16 años. El artículo 250 bis establece que el testimonio de los niños será recibido por un profesional de la psicología, en un gabinete acondicionado a la edad y a la etapa evolutiva del menor. También establece la posibilidad, condicionada a la petición de las partes o la voluntad del tribunal, de emplear la cámara Gesell para filmar el testimonio, e impone la prohibición de contacto entre el imputado y el niño víctima en ocasión de la realización de diligencias procesales. Por su lado, el artículo 250 ter impone el deber de evaluar la necesidad de emplear el método descrito en el artículo 250 bis cuando la víctima tenga entre 16 y 18 años.

195. En el año 2006 se creó, en el ámbito del Ministerio del Interior, el programa "Las víctimas contra la violencia" para atender urgencias en casos de violencia familiar y abuso sexual. El objetivo principal del programa es la atención a las víctimas en general y asistencia a las víctimas de violencia sexual. Asimismo, se posiciona a las víctimas en un lugar activo que implique su decisión de colaborar en tanto responsabilidad ciudadana. El funcionamiento del programa es el siguiente: cuando la policía federal detecta un caso de violencia familiar o de abuso sexual, debe convocar a una "brigada móvil de emergencia", integrada por un psicólogo y un trabajador social que, en un plazo no mayor de 20 minutos, deberá estar junto a la víctima para acompañarla y explicarle la importancia de mantener la denuncia contra el agresor. El programa incluye un plan de acción contra la explotación sexual de niños y una propuesta para elaborar un proyecto de ley contra la violencia intrafamiliar, que recoja las mejores legislaciones existentes en las provincias. El segundo aspecto del programa consiste en la elaboración de un proyecto de ley de violencia intrafamiliar que ampare a las víctimas que, en su mayoría, son mujeres, niños, ancianos y discapacitados. El tercer eje del programa es encarar acciones contra la explotación sexual comercial de niños. El programa cuenta con un número de teléfono gratuito para recibir denuncias e información sobre trata y turismo sexual:

2. Acciones de sensibilización y capacitación

196. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos está desarrollando una tarea sistemática de sensibilización y capacitación de funcionarios estatales, nacionales y provinciales, en particular de funcionarios policiales. Parte de esta tarea se realiza en articulación con el Programa nacional de capacitación policial que desarrolla la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del Interior.

197. En este marco se llevó a cabo un seminario específico sobre tráfico y trata de personas los días 30 y 31 de mayo, en el que participaron más de 70 oficiales de las fuerzas de seguridad (policía provincial, policial federal, prefectura, gendarmería) de las provincias de Río Negro, Chubut, La Pampa. El mismo tuvo lugar en la sede del Ministerio de Gobierno de la provincia de Chubut, ciudad de Rawson. El mismo seminario se repitió el 12 y 13 de junio en el Auditorio Metropolitano del Instituto Nacional de la Administración Pública, y participaron 60 oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires.

198. Con el apoyo de la Oficina de la Cooperación Española, en el mes de octubre de 2006 se llevó a cabo un Programa de sensibilización y capacitación en trata de personas y derechos humanos, con la participación de dos expertos españoles: un teniente de la Guardia Civil y una especialista en asistencia a las víctimas. El Programa se desarrolló en las provincias de Santiago del Estero, de Chubut y en la Ciudad de Buenos Aires, y estuvo dirigido a funcionarios del Estado, operadores de justicia y ONG. Participaron en total alrededor de 300 funcionarios de distintas reparticiones e integrantes de ONG.

199. Se ha desarrollado el concepto de prevención primaria, que consiste en capacitar a organizaciones sociales, en particular de mujeres, que tienen una importante inserción territorial. De esta manera ellas colaboran previniendo sobre las formas de reclutamiento que tienen los tratantes e identificando en el terreno propaganda o avisos engañosos. Producto de estas capacitaciones esta dirección ha recibido denuncias, provenientes del municipio de San Miguel, provincia de Buenos Aires, que han sido canalizadas a la justicia a través de la Secretaría de Seguridad Interior.

200. Durante el año 2006, la OIM desarrolló un Programa de sensibilización sobre trata de personas (FOINTRA I) en las provincias de Chubut, Jujuy, Misiones y Buenos Aires. Tiene previsto comenzar a ejecutar el programa FOINTRA II en las provincias de Río Negro, Tucumán, Córdoba y Entre Ríos.

3. La trata de personas en el Plan nacional contra la discriminación

201. La Cancillería argentina, juntamente con el INADI y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, coordinaron la elaboración del Plan nacional contra la discriminación, adoptado por Decreto nacional Nº 1086/2005 de 8 de septiembre 2005, en seguimiento de los compromisos asumidos en la Conferencia mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001).

202. Una de las características particulares de la preparación de dicho Plan es que su elaboración no se realizó exclusivamente como un proyecto académico, sino que fue fruto del trabajo interdisciplinario entre organismos gubernamentales y no gubernamentales que participaron en su confección5 y más de 300 entrevistas en diversos puntos del país con víctimas y grupos victimizados que sufren discriminación. A su vez, el Plan contiene una serie de propuestas concretas para la implementación de medidas en combate a la discriminación.

203. En el capítulo dedicado a la discriminación por género se ha incluido un acápite sobre la cuestión de la trata de mujeres. En él se señala que "La trata y tráfico de mujeres con el fin de prostituirlas es un negocio tenebroso que va en aumento en nuestro país. Dos redes de trata fueron descubiertas en los últimos años: una que traficaba con mujeres dominicanas y otra con mujeres paraguayas. En general, se trata de mujeres jóvenes que son tentadas con la ilusión de conseguir trabajo en nuestro país y cuando llegan aquí se les quitan los documentos y se las reduce a condiciones de esclavitud y servidumbre sexual. También son objeto de tráfico mujeres provenientes de las provincias argentinas. No existen en nuestro país mecanismos institucionales adecuados y suficientes que se ocupen de manera sistemática de la prevención, investigación y sanción de la trata y tráfico de personas, ni tampoco de las mujeres que son explotadas sexualmente".

204. Entre las propuestas previstas en el Plan nacional sobre el tema de la trata y tráfico de personas, se destacan las siguientes:

Propuesta 24. "Promover la sanción de una ley que incorpore al Código Penal la figura penal de tráfico y trata de personas según los criterios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, otorgando carácter federal a dichos delitos".

Propuesta 49. "Crear una fiscalía especializada en la investigación del delito de tráfico y trata de personas, especialmente de mujeres y niños".

Propuesta 91. "Desarrollar políticas públicas destinadas a prevenir, investigar y castigar el tráfico y la trata nacional e internacional de mujeres, garantizando la protección y la rehabilitación física y psicológica de las víctimas, mediante el establecimiento de mecanismos de reinserción laboral y económica".

G. Artículo 9


205. En seguimiento a lo informado respecto a las disposiciones del artículo 9 del Pacto en el tercer informe periódico argentino (CCPR/C/ARG/98/3), a continuación se presenta información actualizada respecto a las acciones implementadas en el marco de la Política de reparación del Estado nacional.

206. Como es de conocimiento del Comité, esta Política de reparación tiene como antecedente el Decreto Nº 70/91 que concedió a título de beneficio algunas prestaciones dinerarias a ex detenidos, continuándose por la Ley N° 24043, que estableció un beneficio extraordinario a personas que estuvieron detenidas entre el 6 de noviembre de 1974 (en que se decretó el estado de sitio) y el 10 de diciembre de 1983, en que asumió el gobierno electo popularmente, terminando formalmente la dictadura militar.

207. Con posterioridad se dictó la Ley N° 24411, complementada por la Ley N° 24823. Esta ley estableció un beneficio extraordinario para los casos de desaparición forzada de personas y para los supuestos de muertes causadas por el accionar de las fuerzas armadas, de seguridad o grupos paramilitares en el marco de la represión de la disidencia, con anterioridad al 10 de diciembre de 1983.

208. La Ley N° 25192, por su parte, estableció el mismo beneficio para las personas fallecidas por el accionar represivo del levantamiento cívico militar contra la dictadura militar instaurada por el golpe que derrocó al legítimo Presidente de la nación argentina, teniente general Juan Domingo Perón, limitando el lapso de las ejecuciones públicas o clandestinas a las producidas entre el 9 y el 12 de junio de 1956.

209. Ulteriormente se dictó la Ley N° 25914, que estableció beneficios para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidas junto a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del poder ejecutivo nacional y/o de tribunales militares. El beneficio extraordinario se incrementa cuando hubiere mediado sustitución de identidad de los niños o cuando mediaren lesiones graves o gravísimas, y abarca tanto a los nacidos dentro como fuera de los establecimientos carcelarios o lugares de detención.

210. La tramitación de los beneficios a que se refieren las leyes arriba enunciadas se realiza actualmente ante la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la nación, y en tales tramitaciones se aplica el principio de que en caso de duda sobre la procedencia del beneficio debe estarse a lo más favorable al beneficiario.

211. Conforme fuera requerido, cumplo en informarle respecto a los expedientes administrativos iniciados ante esta dirección con la finalidad de obtener los beneficios establecidos por las Leyes Nos. 24043, 24411, 25192 y 25914.

212. En el marco de la normativa antes citada se ha procesado la siguiente cantidad de datos:

a) Ley Nº 24043

Solicitudes presentadas: 22.434

Solicitudes caratuladas en expedientes: 19.515

Expedientes en trámite: 8.930

Expedientes con acto administrativo favorable: 9.776

Cómputo total de días reconocidos: 11.172.393

Expresión en pesos: 834.130.860

b) Expedientes presentados bajo la Ley Nº 24043 con solicitud de exilio

Solicitudes presentadas: 4.950

Expedientes en trámite: 4.725

Expedientes con opinión favorable: 420

Cómputo total de días reconocidos: 62.799

Monto cancelado mediante bonos: 4.688.573

c) Ley Nº 24411

Solicitudes presentadas: 9.422

Expedientes presentados: 9.373

Expedientes en trámite: 1.713

Expedientes con acto administrativo favorable: 7.660

Monto cancelado mediante bonos: 171.584.000

d) Ley Nº 25192

Expedientes iniciados: 31

Expedientes con acto administrativo favorable: 25

Monto cancelado mediante bonos: 5.600.000

e) Ley Nº 25914

Expedientes iniciados: 607

Expedientes con acto administrativo favorable: 219

Monto cancelado: 7.826.560

H. Artículos 12 y 13


213. Desde la fecha de la presentación del tercer informe periódico argentino se han producido avances de suma importancia en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de los migrantes y refugiados
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