Azzolini, Alicia. Derechos Humanos en los centros de Reclusión de la ciudad de México




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BIBLIOGRAFIA

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COMISIÓN N.˚ 6: Realidad Penitenciaria


SUB-COMISIÓN: Violaciones a la Constitución Nacional del Sistema Penitenciario.


TÍTULO DE LA PONENCIA:
REEDUCACION, REHABLITACION Y REINCORPORACION.

¿Letra muerta?

Una violación más a la Constitución.


AUTORA: Angie Stefanny Chumbes Luna.

INSTITUCIÓN: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Lima-Perú.

CORREO ELECTRÓNICO: a_chumbes@hotmail.com

Ciudad Universitaria, Lima, Agosto del 2005.


REEDUCACION, REHABLITACION Y REINCORPORACION.

¿Letra muerta?

Una violación más a la Constitución.

A lo largo de todos estos años, la Situación Penitenciaria no ha obtenido un mejoramiento destacable, sin caer en el pesimismo, pensamos que si bien ésta situación se torna cada vez más difícil, tal vez sería motivo para buscar alternativas apropiadas, que no menoscaben el derecho de todos los internos, en el que no gane uno, sino ganemos todos.
La falta de recursos económicos, la demora de los procesos judiciales son algunas de las principales razones por las cuales año tras año se van limitando las posibilidades del sistema, para no solamente ofrecer un trato digno al interno, sino también coadyuvar al proceso de reinserción del interno a la sociedad y a la vida.
Éste trabajo tiene como consigna realizar una somera revisión del estado actual de nuestro sistema penitenciario frente al resto de países latinoamericanos, la organización y función de la generalidad de los establecimientos penitenciarios en el país, cómo es que en realidad se está llevando a cabo el tratamiento y la posibilidad inquietante de la concesión de los penales, aportando algunas recomendaciones para que en la medida de lo posible, los derechos constitucionales de los internos sean respetados.

A. Sistema, Régimen y Tratamiento Penitenciario-Conceptos.
Las expresiones sistema, régimen y tratamiento penitenciario han tenido distinto enfoque. Así, García Basalo define al sistema penitenciario como “la organización creada por el estado para la ejecución de las sanciones penales (penas o medidas de seguridad) que importan privación o restricción de la libertad individual como condición sine qua non para su efectividad”. Se comprende que en ese “sistema” u “organización creada por el Estado…” tendrían cabida los distintos regimenes penitenciarios que eventualmente lo integren. Es decir que existiría una relación de género (sistema) a especie (régimen]”1
Se busca el logro de la finalidad particular que se le asigne a la sanción penal. Podrá ser la reeducación, tratándose de delincuentes jóvenes; la readaptación, tratándose de adultos normales, e incluso la segregación condicionada respecto de habituales o contumaces.2
El tratamiento penitenciario es conceptuado por García Basalo como la aplicación intencionada a cada caso particular de aquellas influencias peculiares, específicas, reunidas en una institución determinada para remover, anular o neutralizar los factores relevantes de la inadaptación social del delincuente.

B. Objetivos del Tratamiento Penitenciario.
Tal como lo menciona nuestro Código de Ejecución Penal, en su Art. 60.˚ “El Tratamiento Penitenciario tiene como objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad.”

El objetivo del tratamiento es hacer del preso o interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, en la medida de lo posible, desarrollando en el “reeducando” una actividad de aprecio a si mismo, de responsabilidad individual y social con respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general. Las Reglas Mínimas para el tratamiento del preso de la ONU prevén que el tratamiento de los condenados a una pena privativa de la libertad, les inculque la voluntad de querer vivir en observancia de la ley. En la exposición de motivos de la ley de ejecución penal en Alemania, consta que el fin del tratamiento es proporcionar condiciones para que el sentenciado en el futuro lleve una vida de responsabilidad social, sin acciones delictivas. En la ley de ejecución penal italiana, se determina que debe ser efectuado un tratamiento reeducativo que posibilite, inclusive con el ambiente externo, la reinserción social de los condenados y de los internos.
Cuando se dice que la ejecución de la pena de privación de libertad debe concebirse como “tratamiento”, quiere decirse que esta pena, si se atiende a su buscada finalidad reeducadora (resocializadora), ha de adaptarse en la mayor medida posible, a las características individuales de cada recluso (o cada grupo homogéneo de reclusos), a fin de obtener, por una concentración de medios, un mayor éxito.

Se debe notar que las Reglas Mínimas, emplean la palabra “tratamiento” en aquella significación amplia, que quiere decir trato, quiere decir también todo lo que se hace pudiendo contribuir para que el condenado sea responsable por su conducta, para lo que es indispensable la cooperación de él mismo, y todo eso constituye lo que se llama enmienda.

Esa imagen del condenado como persona, sujeto a derechos, de deberes y de responsabilidades corresponde a una de las conclusiones del V Congreso de naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, que tuvo lugar en Ginebra en Setiembre de 1975.
Pero quedan alunas preguntas en el tintero: ¿Cómo y para qué resocializar a alguien que por razones coyunturales de desocupación laboral, grave crisis económica, etc. comete un delito contra la propiedad, mientras esas razones de desocupación y crisis económica sigan existiendo?

¿Cómo resocializar en el respeto a la vida a un delincuente violento, sin criticar al mismo tiempo a una sociedad que continuamente está reproduciendo violencia a través de los medios de comunicación y desencadenando o ejerciendo una agresión brutal contra otros grupos más débiles o marginados, entre los cuales probablemente se halla el delincuente?

C. Resocialización como fin de la pena.
La Resocialización supone un proceso de interacción y comunicación entre el individuo y la sociedad que no puede ser determinado unilateralmente ni por el individuo ni por la sociedad. El individuo no puede determinar unilateralmente un proceso de interacción social, porque la propia naturaleza de sus condicionamientos sociales obliga al intercambio y a la comunicación con sus semejantes. Tampoco las normas sociales no son algo inmutable y permanente.3
Realmente ¿la finalidad del tratamiento penitenciario es lograr la readaptación social del delincuente? Hay que analizar si este es el fin de la pena. Pues hay quienes consideran que la reforma del recluso se debe conseguir reintegrándolo a la sociedad una vez conseguida su resocialización. Sin embrago, la finalidad no es necesariamente lograr la reforma del delincuente, pues hay muchos que no necesitan ser reformados, como en el caso de los internos por delitos culposos, o por delitos políticos.
El principio rector de las Reglas Mínimas de ginebra señala que el fin y justificación de las penas, son en realidad, el proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se logrará este fin si se aprovecha el periodo de privación de la libertad para lograr que el delincuente una vez liberado no sólo quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades. Se rescata este principio por la protección de la sociedad y la readaptación social del delincuente.

Podría afirmarse que la resocialización como fin de la ejecución de la pena y la medida privativa de libertad tiene doble función dentro de ley penitenciaria por dos razones: en primer lugar, configura en su conjunto distintas instituciones penitenciarias, de tal forma que se armonicen entre si las fundamentaciones de la meta. En segundo lugar, que esta meta sirva de fundamentación del tratamiento. Es necesario rescatar en la Ley Penitenciaria la reinserción de la pena como meta de su ejecución. Si la estructura no estuviera orientada hacia esos fines de resocialización, se entendería organizada y orientada hacia fines exclusivos de custodia.
Aún existen dificultades para establecer si con la prisionalización se puede lograr la resocialización, no obstante las opiniones de quienes están convencidos que es la única manera de preservar el orden social a la vez de resocializador.

D. El fracaso de la resocialización en el sistema penitenciario.
Muchos autores han formulado a la prisión un sinnúmero de observaciones basadas en la idea de que la misma que existe en un establecimiento es negativa para conseguir los efectos resocializantes que se pretenden. Se hace imposible educar para la libertad en condiciones de no libertad. Las razones son:

-El tratamiento supone una clasificación de los reclusos, realizada en función de sus necesidades de reinserción. La vida en cárcel se caracteriza por la aparición de una variable subcultural específica: la sociedad carcelaria.

-Los reclusos tienen un código, por el cual no cooperan con los funcionarios y mantienen una lealtad entre los internos, entre sí.

-La cárcel cambia al delincuente; pero para empeorarlo. No le enseña valores positivos, sino negativos para su vida en sociedad.

-La personalidad del recluso se altera durante el internamiento, que puede ser profunda y dejar secuelas.

-La propia naturaleza de la prisión, como institución total, conspira contra los objetivos resocializadores.

-La pena produce una fractura clave en la vida del interno, que cuando sale se encuentra con las puertas cerradas, y con una etiqueta de ex recluso, por lo que es rechazado, y casi nunca encuentra un trabajo honrado, con lo cual sobrevivir y sacar adelante a su familia.

-El costo familiar del recluso, pues falta el sustento económico en su casa, así como en la educación de los hijos.

E. Los derechos del Interno y su Protección según los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las naciones unidas, en el cumplimiento de sus varias actividades en los sectores de la justicia penal y de los derechos del hombre; ha dedicado particular atención a la situación del recluso y en múltiples ocasiones ha reiterado la importancia de una realización de las disposiciones contenidas en el texto de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.4
A este texto ha sido dedicada una parte considerable de los trabajos de los varios congresos de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente a partir del de Ginebra de 1955 para terminar con el caracas de 1980. El objeto de las mismas es el de establecer los principios y las reglas de buenas organizaciones penitenciarias y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos. Si bien estas reglas no están investidas de la fuerza del derecho internacional y dependen para su efectividad de su adopción por las leyes nacionales, se intenta por medio de ellas, de eliminar la crueldad, la negligencia y la degradación, y en general, reducir a un mínimo el efecto de la segregación carcelaria, cualquiera sea el delito cometido, protegiendo al mismo tiempo, la dignidad humana del recluso, teniendo en cuenta la gran variedad de condiciones, valores, costumbres, tradiciones y niveles de vida existentes en todo el mundo.
Considerando que no existe ningún método de tratamiento que no afecte a la cuestión de los derechos humanos y que, a la inversa, el reconocimiento de los derechos básicos de una persona es muy importante para el éxito de su programa de rehabilitación, se debe concluir que las reglas mínimas, favoreciendo un tratamiento basado en principios progresistas de prácticas correccionales, protegen al mismo tiempo los derechos humanos fundamentales de los individuos privados de libertad.
A la iniciativa de la Comisión Internacional penal y Penitenciario se debe al mérito de haber sido la primera en estudiar y promover a nivel internacional un cuerpo de normas para el tratamiento de los detenidos, el 1.˚ de julio de 1926.

La primera parte de los estudios del CIPP se concluyó en 1929, cuando fue preparado un primer texto que fue dirigido a la Sociedad de las naciones, la cual decidió someterlo al examen de los estados y de varias asociaciones e instituciones no gubernamentales adherentes a la Sociedad, así como a organizaciones privadas que se interesaban de cuestiones penales y penitenciarias en el campo internacional.
La CIPP se percató intempestivamente de la necesidad de una revisión del citado texto de normas para hacer corresponder a las varias exigencias del sector que especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizaban por una más decidida tendencia hacia la humanización y por una mayor preocupación de garantía. El compromiso fue compartido por la Organización de las naciones Unidas que, en preparación del Primer Congreso sobre la Prevención del delito y el tratamiento del delincuente, efectuado en Ginebra e 1955, invitó a los varios grupos consultivos regionales a enviar observaciones sobre el texto que la Comisión ya había revisado en 1951. En el curso del mencionado Congreso de 1955, se llegó a la adopción de un nuevo cuerpo de normas al que le dio el nombre de “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”. En 1957, El Consejo Económico y Social, aprobó el texto de las Reglas Mínimas, invitando a los gobiernos a aplicarlas.
Las Reglas Mínimas, no tienen efecto jurídicamente vinculante para los países miembros porque no revisten carácter de convención internacional. Dichas Reglas Mínimas constituyen sólo una normativa inderogable para las mismas Naciones Unidas y una recomendación de considerable valor moral para cada una de las naciones, con el objeto de que inspiren sus legislaciones y prácticas internas a los principios proclamados.

F. la Resocialización en la Legislación Comparada.
1. La resocialización en Argentina.
En Buenos Aires existe un instituto de Criminología que se encarga de examinar a todo penado que tenga 60 días de reclusión, desde su ingreso al Establecimiento. De las informaciones que se obtienen forma un Boletín Médico Psicológico que contiene todos los exámenes completos que se realiza al recluso como histórico, genético y somático-psíquico. Estos boletines destacan todos los datos relacionados a la situación penal de recluso, su adaptabilidad, conducta y moralidad. La importancia de estos boletines radica en la utilidad para el juez cuando tenga que pronunciarse sobre alguna solicitud de libertad condicional, para ello es el director del establecimiento penitenciario es quien tiene la responsabilidad de archivarlos y mantenerlos al día. Además, asiste con esta información cada vez que el Juez lo crea conveniente.
El régimen progresivo se aplica a cualquier tipo de pena, siempre y cuando fuere de tres años a más. Cumplido el periodo de observación la Dirección General de Institutos Penales determina el establecimiento donde el condenado deba cumplir su condena, como son las colonias y Granjas Penales, cárceles industriales, campos de semi-libertad, cárceles de mujeres adultas, de encausados de la capital, en cada territorio, sección para infecciosos, anexo psiquiátrico. Asimismo, se destina un establecimiento especial para reincidentes y penados rebeldes al régimen siempre que demuestren inadaptación y peligrosidad.

Considerando la promiscuidad en los últimos años, de los Centros Penitenciarios, en los cuales no se puede distinguir a simple vista la calidad del delincuente, los legisladores argentinos para resolver este problema han creado cárceles destinadas exclusivamente para los encausados, las que se encuentran divididas en dos secciones: una para alojar a los primarios y la otra para reincidentes.
2. En Estados Unidos.
Algunas cárceles de Estados Unidos han encaminado el trabajo penitenciario hacia fines industriales como la prisión de SPILLWATER de Minnesota, en las que se ha logrado grandes ganancias; pero sin llevar a cabo su misión de reforma y educación profesional del penado; por ello, algunos afirman que el sistema industrial no es un sistema educativo y por lo tanto, no debe olvidarse que el trabajo penal más que un problema económico es un problema social. Por la gran magnitud del trabajo penitenciario se produjo la competencia del trabajo penal y la industria libre y aunque los reclamos y las quejas de la industria libre contra la competencia del trabajo penitenciario son muy antiguos, en Nueva Cork se creó una organización secreta con el propósito de combatir dicha competencia.

La libertad bajo palabra se aplica sobre la base de sentencias indeterminadas. Los legisladores norteamericanos aprecian que si existiera la certeza de libertad condicional acarrearía la corrección, ésta libertad se concedería en forma definitiva; pero como no existe esa seguridad se otorga tan sólo a título provisional y a condición de que el condenado observe buena conducta a su salida.
3. En Francia.
El Código de Instrucción Criminal se encuentra regulado bajo el sistema de la rehabilitación judicial existiendo la rehabilitación legal en leyes anteriores a 1900.

Emplea el trabajo como forma de lograr la rehabilitación o resocialización del recluso. La Dirección General de Administración Penitenciaria cumple al respecto una exhaustiva labor, cual es la de encontrar albergue para aquellos liberados que no cuenten con vivienda ni familia donde hospedarse, además de que se encuentran permanentemente en contacto con ellos.



  1. Una mirada rápida a la realidad peruana.


La Constitución Política de nuestro estado establece en su artículo 139.˚ que, son principios y derechos de la función jurisdiccional:
Inc. 21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos adecuados.

Inc. 22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Continuando con éste orden de ideas, es que en cumplimiento de lo establecido, que el Estado ha diseñado las reglas básicas para que esto se efectivice. Así tenemos nuestro Código de Ejecución Penal, Dec. AEG. N.˚ 654, promulgado en Julio de 1991. Por lo que toda la política esta diseñada para defender a los internos del sometimiento a condiciones de reclusión inhumanas, humillantes y degradantes, incompatibles con la dignidad de la persona humana y que transgreden el Art. 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Pero como todos podemos apreciar, la realidad que nos embarga es una totalmente distinta, a pesar de los esfuerzos poco fructuosos que se han realizado. Tal como lo indica la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), el derecho y la obligación que tiene el Estado de sancionar a las personas que cometen delitos son indudables. Pero ciertamente ello no implica que las personas privadas de su libertad, que en su mayoría, tanto en Perú como en otros Estados del hemisferio, se encuentran en situación de detención preventiva, es decir, sin que un tribunal haya determinado su responsabilidad, carezcan del derecho de ser tratados con pleno respeto a la dignidad humana.
En el tema de la superpoblación carcelaria, la realidad a nivel latinoamericano –hasta setiembre 2004- se tenía que sólo Costa Rica y Venezuela están dentro de su capacidad instalada para cobijar a sus internos. A lo contrario que como vemos, Brasil es el país que ha sobre pasado en 66% su capacidad, Perú, no está muy lejos de ésa realidad, pues según las cifras estamos sobrepasando en 41% al igual que Chile. Cifras que no son muy alentadoras, teniendo en cuenta que hablamos de Brasil, un país que supera largamente en número al resto de poblaciones latinoamericanas. Pero nada es imposible.
Cuadro 1: Tasa de ocupación carcelaria



Fuente: Consorcio Justicia Viva.
Para enero de 2005, tenemos una población de 32 046 internos (háblese de hombres y mujeres), sin embargo nuestra capacidad es de 20 497 personas, y aumentando. La estadística nos presenta que el 93.04% de la población son varones y 6.96% mujeres. De todas ellas, sólo un 7.1% son madres que conviven al interior de las cárceles con sus menores hijos. Situación que no ofrece mayores ventajas a la niñez recluida, que no tiene un ambiente optimo donde formarse, entre rejas y soledad, estos niños inocentes que acompañan a sus madres deberían gozar de una serie de beneficios especiales, o sus madres gozar de otros medios alternativos a la prisión efectiva.
Toda ésta problemática se conjuga a su vez, con el continuo incremento de manipulación carcelaria por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú que lejos de garantizar que la seguridad en las cárceles muestre alguna mejoría, para nadie es indiferente que ellos también forman parte del problema, puesto que se aúnan a las políticas con que se rigen éstas. Por supuesto que siempre hay contadas excepciones; pero también, conocemos que éste no es el personal adecuado al objetivo resocializador en el país.

Ésta situación es afirmada en el informe final que elaboró la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia-CERIAJUS, en lo que respecta a la debilidad institucional en el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), por lo que recomienda dejar de lado progresivamente la administración de algunos penales por parte de la Policía Nacional. Así como deberá darse una formación adecuada para el trabajador penitenciario.


  1. Población Real, determinado por tipo de delitos


La criminalidad en nuestro país va en constante aumento y eso se ve reflejado en las cifras que sobre población carcelaria existe. Pues en u estudio sobre los tipos de delitos por los que están recluidos, casi el 36% de los internos han ingresado al penal por cometer delito contra el patrimonio, lo sigue el Tráfico ilícito de drogas con 24%, terrorismo con 14%, los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud con 10%. Mientras tanto, otros delitos conforman el 15% restante.

Nuestro sistema judicial tiene también su cuota dentro de toda la problemática, pues debido a la excesiva carga procesal de la que se van envueltas, la gran mayoría de internos se encuentra en calidad de internos procesado, incluso muchos de ellos podrían ser inocentes injustamente encarcelados, quienes tienen que esperar hasta que se emita un fallo en el que los absuelva. Fallo que de por sí mismo, ya es injusto, por lo que su demora en el proceso ya resquebrajó toda esperanza de vida de una persona injustamente encarcelada. Pues su calidad de vida se ha visto mellada y vulnerada.
Prueba de ello, es que al margen de la función resociabilizadora de la Ejecución Penal, aquel interno, no solamente sale en libertad con una esperanza de encontrar trabajo muy lejana, sino que la mayoría de los que están dentro de los penales, son aquellos reincidentes, en donde la cárcel para ellos es sólo un medio de aprendizaje de nuevas formas delictivas e intercambio de información. Es así que los internos hacen del delito su forma de vida, lo que conlleva a que se reafirme la crisis y el fracaso del sistema.


  1. Infraestructura.


Como punto de inicio tomemos al Penal de Lurigancho. Este Establecimiento Penitenciario está diseñado para albergar a 1400 internos, cifra muy por debajo de lo que realmente mantiene. Actualmente este penal mantiene 8564 internos, situación totalmente alarmante puesto que éste número va en aumento. Los internos duermen hasta en los corredores, los patios, en condiciones totalmente infrahumanas, totalmente alejadas de su condición humana y la dignidad que nos caracteriza.
No solamente sucede todo esto en Lurigancho, en realidad, en los 83 establecimientos penales que existen a lo largo y ancho del país, hay un problema de hacinamiento generalizado. Tendríamos que construir cerca de 20 prisiones más para poder dar abasto a todas las exigencias del sistema. Realmente es preocupante, puesto que también esto acarrearía un problema de salud, puesto que por el hacinamiento que existe, hay un gran riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas. Según las declaraciones de Wilfredo Pedraza, Jefe del INPE (Instituto Nacional Penitenciario), este se ha convertido en un estado de emergencia en salud. Este establecimiento es visitado por 300 mil niños y 600 mil adultos en todo el año.

“Cada mes mueren dos personas de enfermedades terminales” así lo indica el Dr. Pedraza en una entrevista radial; ¿pero se ha hecho algo al respecto?
En un congreso sobre Ciencias Penales, el Jefe del INPE, dijo que si bien, las cárceles son centros productores de violencia, se tomarían las providencias del caso, para que si ya no se puede cumplir con el objetivo resocializador, se evite que los internos que están ingresando al penal, no se infecten de las malas maniobras y actos de los antiguos, quienes vienen infringiendo sin control alguno dentro de éste penal.


  1. El paso a la privatización de las cárceles.


Este es un tema espinoso y muy polémico, investigado y aceptado por muchos; pero que a través de los últimos años ha tenido muchas confrontaciones. Lo primero es lograr determinar cuál es el principal problema en el caso de la infraestructura y el tratamiento de los internos. Una vez detectado el problema, busquemos tal vez no las soluciones totales; pero por lo menos el camino hacia una mejora pronta y eficaz, que hasta el momento se nos ha hecho esquiva.
De modo tal que bata dar una mirada rápida a nuestra realidad para darnos cuenta que estamos en una crisis, en donde el papel protagónico en cuanto a las tomas de decisiones, la tienen los Directivos, legisladores y los administradores de Justicia, quienes tienen importantes responsabilidad que es mejor de una vez por todas enfrentar y cómo no, poder solucionar.

Se dice que la Seguridad Ciudadana, es un fiel reflejo de lo que sucede en las prisiones, los internos que ingresan, no ingresan para tener un tratamiento resocializador y que los provea de las ganas de salir adelante en la vida de una manera honesta-por lo menos no en la mayoría de los casos-, sino que aquellos que tienen la desafortunada vía de la prisionalización, deben ingresar a un penal, y lo único que lograrán a la perfección es mejorar sus técnicas de latrocinio, mejoramiento y agrupación para próximos actos delictivos.

Cuesta decirlo, pero tal es el fracaso en el que estamos estancados hace mucho tiempo.
La policía nacional como comenté líneas arriba, no ayuda en nada a mejorar la situación, que claro está, no forma parte de sus funciones; pero eso no quita que la empeoren, tal como lo vienen haciendo. Hay alguna reflexión que me lleva a analizar el por qué del rechazo liminar, de plano, de manera tajante, de la posibilidad de las concesiones de las cárceles peruanas. Y es que ellos también son parte del problema. Para nadie es indiferente que los policías que trabajan dentro del penal (seguimos teniendo de ejemplo al de Lurigancho), se pelean por entrar a trabajar ahí. Cada uno de nosotros no podemos imaginarnos el costo de la corrupción campeante dentro del penal. Cada policía cobra S/. 0.50 por persona para traspasar reja tras reja, para poder ingresar, lo mismo que para salir. Y ni pensemos en los cupos a pagar para poder dejar ingresar alimentos, radios, drogas, cigarrillos, licores y demás enseres que son utilizados por los mismos internos para su propia subsistencia.
Demás está decir que los internos están dentro bajo una característica indigna, como es el ambiente en el que se desenvuelven. El costo asumido por los mismos internos, y por sus familias, es casi el mismo costo que pagarían en una prisión con mejores reglas y con un mejor tratamiento, celdas, alimentos y vestimenta digna. Si le sumamos lo que cuesta al Estado, veremos que es casi lo mismo en otras condiciones. Pero falta decisión de parte de los directivos. Cualquiera sospecharía de las razones por las cuáles no la toman, ¿será que no les conviene debido a la gran corrupción que campea? (Esto es sólo una especulación). Entre tanto, nuestro jefe del INPE, anunció la construcción de 2 nuevos penales con capacidad para 4 mil internos, que se ubicarán en las localidades de Huaral y Cañete, con la finalidad de reducir en 50% la sobrepoblación penitenciaria. Asimismo, descartó la demolición del penal de Piedras Gordas, ubicado en Ancón y manifestó que a pesar de la controversia con el alcalde de esa localidad, JAIME PAJUELO, por el pago o no de la licencia de construcción, seguirá en funcionamiento5. Sin dejar en el olvido de que si bien es bueno que existan éstas, nuevas cárceles, preocupa en gran medida si el Estado tendrá presupuestado el dinero necesario para su mantenimiento, ya que es casi una política común, que nos dediquemos a inaugurar obras, sin tener el presupuesto necesario y mínimos, para su funcionamiento.
Pero tampoco podemos llegar a creer que la Prisión será la panacea para todas nuestras deficiencias. No, esto es una apreciación totalmente irreal, puesto que para que se de el efecto resocializador tantas veces analizado, se deben dar las condiciones necesarias, y ¿esto que significa? Significa que tantos legisladores, administradores de justicia, efectúen mucho más rápido sus apreciaciones, y emitan sus sentencias con mayor celeridad.
Quién no nos puede refutar el hecho de que hay muchos inocentes indebidamente encarcelados; pero que sin embargo siguen sin poder rehacer su vida en libertad, por ellos y por los que están adentro esperando su oportunidad para poder ver desde una perspectiva distinta la vida, es que debemos aunque sea, poner en marcha, tal vez como un plan piloto, la concesión de alguno de los penales que existen, para ver como se podría mejorar. Al final, después de todo, podemos ver la situación de los penales en Chile, para lo cual, la Gendarmería chilena ya está aplicando una política de concesiones.


  1. El modelo público-privado chileno. Programa de concesiones.


Tal como lo señalan Dammert y Díaz6, éste modelo tiene dos consecuencias directas, el beneficio económico del modelo y por otro, el diseño de programas de rehabilitación de reinserción.

Con la creación de 10 establecimientos penitenciarios, el fisco no invertirá a corto plazo en la infraestructura y construcción de las cárceles, pues comenzarán a pagarle a las empresas privadas después de transcurridos diez años. Se calcula que la reducción de costos, para el estado será de 20 % en la construcción y de un 10% 15% en la operación de los recintos. El Estado, se compromete a asegurar la ocupación de al menos el 90% de las plazas.
Así, la ganancia de los concesionarios, se traduce en la certeza de que semestralmente recibirán, por parte del Estado, un subsidio por cada recluso que alberguen en sus establecimientos, si a esto sumamos la incorporación de empresas privadas al interior de las cárceles, las cuales llevarán a cabo los proyectos de capacitación laboral y trabajo propiamente tal, de mas está decir que la ganancia será tener mano de obra a un menor costo que en el mercado, por el mismo servicio.

Las empresas privadas, al igual que el Estado, ganan con la privatización, pues se considera un importante espacio para explotar. En Chile, la ganancia por preso diario es de US$ 10, Francia US$ 24 y USA entre 30 y 35 US$.7

Es necesario señalar que dichas políticas de rehabilitación están destinadas sólo para la población condenada con lo cual, un importante porcentaje de la población recluida queda marginada de cualquier proceso de rehabilitación. Estos programas están basados en un sistema de clasificación, situación que se relaciona con el concepto de unidad básica de segmentación, ya que las celdas estarán ocupadas por reclusos que tengan características comunes, los cuales estarán clasificados de acuerdo a su compromiso delictual, el que será determinado según las variables descritas anteriormente.


1 GARCIA BASALO, Carlos. En torno al concepto de régimen penitenciario. En Rev. De Escuela de Estudios Penitenciarios. Madrid, 1955. Año XI, N.˚ 117. Pág. 28 y ss.

2 NEUMAN, Elías. Evolución de la pena privativa de la libertad y regímenes carcelarios. Buenos Aires, 1971, Pág. 115.

3 PRADO SALDARRIAGA, Víctor. Derecho Penal. Ed. Aldas, Lima, 1988. Pág. 11.

4 VETERE, Eduardo, Las reglas mínimas de las naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, su adopción y aplicación en relación a la protección de los Derechos Humanos, en “Crime and Crimninal Policy, Papers in Honour of Manuel Lopez-Rey Arroyo (Compiled and edited by Pedro R. David). UNSDRI, Publication n.˚ 25, Milano, Franco Angeli, 1985, Págs. 717 y ss.

5 Tomado de un extracto de El Peruano. Fecha: 23 de marzo 2005.

6 Cfrt. Artículo preparado para la reunión del grupo CLACSO en Caracas, Diciembre 2004. Investigadoras del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Universidad de Chile.

7 CORREA SUTIL, Jorge. Exigencias para una Política Penitenciaria Moderna. El caso de Chile. Buenos Aires, 29 de agosto del 2000. http://minjusticia.cl/


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