Notas para una definición de la modernidad




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Feudo y Burgo (Communio)



La duplicidad de existencias que significan el burgo viejo y el faubourg o burgo nuevo, con sus formas de relación, su actividad productiva, su visión del mundo y su sentido de la historia señalan una cristalización especialmente precisa de la oposición sociológica fundamental: comunidad y sociedad. Es fácil contemplar el ascenso multisecular del comercio burgués y la industria asociada como núcleo y motor del proceso de modernización.
Entre los dos tipos de habitantes que se yuxtaponen en ellas sin llegar a fundirse, se descubre la oposición de dos mundos distintos. La antigua organización señorial con todas las tradiciones, ideas y sentimientos, que indudablemente no surgieron de ella, pero a los que proporcionó su peculiar carácter, se encuentra enfrentada con necesidades y aspiraciones que la sorprenden, la contrarían, a las que no se consigue adaptar y con las que, desde el primer momento, se opone. (…) Al desconocer su fuerza, comenzaron por intentar resistir. Sólo más tarde, y frecuentemente demasiado tarde, se resignaron ante lo inevitable”67
Resignación ante la misma inexorable fatalidad, según la cual “la economía” se habría vuelto “destino del hombre”. Pero esta burguesía medieval naciente – frente a los sectores propiamente revolucionarios del Tercer Estado68 siglos después – no ha buscado de modo explícito una revolución o transformación radical del orden social. Si lo ha subvertido enteramente ha sido de modo lento y bajo la cobertura de un discurso conciliador y respetuoso con el orden comunitario heredado. En principio, la nueva clase “únicamente pide que la sociedad le haga un lugar compatible con el género de vida que lleva”.

Pero su género de vida sólo puede existir a condición de destruir el orden feudal. No puede oscurecer esta incompatibilidad la presentación distante y racional de sus demandas, en principio reducida a los siguientes puntos: (1.) una libertad personal que permita los libres movimientos del comerciante, (2.) un tribunal especial que permita evitar los conflictos entre jurisdicciones y el complejo formalismo que el derecho tradicional impone a la actividad comercial e industrial. Pero también (3.) una legislación penal que garantice la seguridad, (4.) la abolición de las prestaciones serviles incompatibles con la actividad comercial e industrial y, sobre todo, con la libre enajenación y propiedad de la tierra. Por último (5.) un cierto grado de auto-gobierno y autonomía local.

Libertad personal y propiedad absoluta (alodial) de la tierra son los puntales de una configuración social ascendente que en sentido estricto sólo existirá, en Francia, a partir de la revolución de 1789. En efecto, sólo con la revolución las diversas formas de tenencia de la tierra en función de derechos diversos, se convertirán en una homogénea propiedad privada (individual) absoluta o alodial. Y a partir de la revolución de la propiedad por antonomasia que es, a la vista de los propios ilustrados y agentes revolucionarios, la propiedad del suelo, se sucede una revolución en el concepto mismo de la propiedad. Este fenómeno sólo culmina, sin embargo, con la Gran Revolución.
El complejo embrollo de derechos sobre la tierra se resolvió (en 1789) en propiedades alodiales individuales. Y lo ocurrido en el campo se generalizó: tras la noche del cuatro de agosto, la propiedad en Francia quedó limitada a la posesión de cosas por individuos”69
Puede añadirse que el cuadro de demandas de la naciente burguesía medieval no buscó justificación teórica en un nuevo orden del mundo, ni pretendió legitimación sobre concepto alguno de derechos universales. Si se reclama la libertad personal no es en nombre del derecho natural, sino – pragmáticamente – en nombre de las ventajas económicas que supone. Será más tarde cuando se entienda que la liberación y afirmación de la actividad económica lleva aparejada un muy determinado concepto de la realidad histórica y social. Será en el contexto de la filosofía (burguesa) de la historia como la nueva filosofía liberal-positivista, con su impulso utilitarista, alcance a concebir la final reducción económica del mundo. Por lo demás todavía hoy son habituales las apelaciones al pragmatismo o al utilitarismo estrictamente económico, como una suerte de remisión a un axioma auto-evidente y estimativamente neutro (no ideológico), cuya validez indiscutible habría de ser acatada por todo sujeto racional.

Pese a esta pretendida ausencia doctrinal, ya en el siglo XI aparecen poderosos ensayos de oposición organizada, por parte de la burguesía, al orden señorial del feudalismo. A través de esta pugna se dotará a las ciudades victoriosas, desde el siglo XII, de instituciones municipales que servirán de base a sus constituciones. El teatro del enfrentamiento fueron, sobre todo, las ciudades episcopales, acaso por la mayor conciencia que los eclesiásticos poseyeran del riesgo que se cernía sobre un orden en el que la Iglesia ocupaba un lugar nuclear.

La oposición burguesa al orden feudal arranca del norte de Italia y adopta inicialmente la forma de una crítica – el término es inevitable – a la corrupción del clero. Se trata de una oposición capitaneada, no obstante, por monjes y sacerdotes reformistas que atacaban las prácticas de simonía, matrimonio de sacerdotes… pero critica también la intervención de autoridades laicas en la vida del clero. El movimiento se opone, en efecto, a los obispos nombrados por el emperador y a sus artes mundanas. Este conflicto se configura como prolongación de la querella de las investiduras, por efecto de la tensión irresoluble entre Potestas y Auctoritas pero anuncia como resultado una ruptura definitiva del modelo de los dos poderes tradicionales y la fragmentación de la unidad cristiana.

En el enfrentamiento, en efecto, las exigencias de los comerciantes se aúnan inmediatamente con un misticismo cristiano reformador, así como con el malestar de los trabajadores de la industrial textil. A todo ello se sumará también una nobleza que busca deshacerse de la férula del episcopado. Puede decirse que la revuelta tiene un éxito notable: en las ciudades episcopales se nombran magistrados administradores de la ciudad, bajo el nombre de cónsules, ya sea con la anuencia del obispado o por la fuerza. La nueva institución aparece en numerosas ciudades a comienzos del siglo XI. Por otra parte, aparecerán cortes comunales reclutadas entre todas las clases y renovadas anualmente de modo electivo, frente al carácter devenido patrimonial y vitalicio de las posesiones feudales.

Dueña del poder, la población urbana lo delega en representantes nombrados por ella misma constituyendo una comuna municipal que se dota de los instrumentos necesarios para su funcionamiento. Esta magistratura consular se extiende por Provenza y sabemos que Marsella cuenta con cónsules desde el XII, pronto aparecen en Arles o en Nimes. Al tiempo nacen instituciones municipales análogas en el norte de Francia y la región flamenca. No tardarán en desplegarse, de un modo que podemos juzgar revolucionario, comunas promovidas por pobres y artesanos, fundamentalmente tejedores. Todo ello envuelto en una atmósfera religiosa reformista que excita la animadversión en nombre de ideales absolutos y que se liga a la nueva autonomía civil frente a la misma jerarquía eclesiástica y feudal.

Bien conocido es el caso de la comuna (communio) de Cambrai cuya sublevación tuvo lugar con ocasión del viaje del obispo Gerardo II a Alemania, al objeto de recibir la investidura del Emperador. Artesanos y sobre todo tejedores juegan la parte más activa en la revuelta. Dispuesta a resistir al regreso del obispo, la comuna de Cambrai aporta un elemento fundamental: ante la necesidad de una acción unánime se exige un juramento de solidaridad – remoto precursor del contrato social – sobre el que edificar la acción común. Si su existencia fue efímera, sirvió para desatar continuas acciones en la mayor parte de las ciudades del norte de Francia: San Quintín 1080, Beauvais 1099, Noyon 1108-1109, Laon 1115.

Así pues, la burguesía y los obispos vivieron inicialmente en un continuo enfrentamiento cuyo desenlace resultó favorable a las comunas, que no sólo contaban con la fuerza del número, sino también con el apoyo real que trata de afirmar su poder sobre la nobleza feudal, al menos desde el reinado de Luis VI (1081-1137). Se anuda aquí y una vez más la síntesis del Mercado en expansión con el Estado (absoluto) naciente.

La figura de las comunas urbanas se sostiene sobre una unión que puede juzgarse solidaria, igualitaria y liberal por comparación con la sólida constitución jerárquica del señorío. También han promovido una tendencia centralizadora y homogeneizadora que interesa al rey que, al erigirse en árbitro de las disputas de burgueses y señores, ve reconocida su soberanía y afirmada su autoridad por encima de la mutua fidelidad personal que suponía el vínculo feudal del homenaje. La desvinculación de la red de lealtades comunitarias afecta a cada estamento y a cada individuo y conduce a una pauta de acción que, definida como maquiavelismo cuando se trata en contextos políticos, se extiende universalmente, bajo la figura de un egoísmo individualista creciente en las sociedades modernas.

En efecto, el proceso que aquí se apunta conduce al cabo a las sociedades de individuos bajo las condiciones del absolutismo político.
Maquiavelo, el primer filósofo de la historia de la época moderna, es un pionero de la sociedad burguesa en su fase de ascenso. Los principios de su concepción de la historia están dirigidos al fomento y despliegue de esta sociedad. En la época de Maquiavelo, la unidad de Italia era condición indispensable para que la burguesía italiana tuviera un poder competitivo. Sin embargo, el maquiavelismo es típico de todo país cuya sociedad precise un gobierno fuertemente centralizado para eliminar las limitaciones de la estrecha economía medieval y, con ellas, los restos de feudalismo.”70
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