Notas para una definición de la modernidad




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Ciudad y Estado.



Ahora bien, y esto es de importancia capital, las ciudades medievales no deben confundirse – aunque están en su génesis – con las modernas sociedades de individuos. Es fácil ver que el título que ostentan – communio – no es, de ningún modo, mendaz.

Hemos hecho referencia al equilibrio imperfecto entre la plena integración y la perfecta diferenciación, a que aluden respectivamente comunidad y sociedad. Diremos que las ciudades medievales – todavía relativamente acotadas por el perímetro de sus murallas – representan una notable realización histórica de semejante equilibrio. Estas ciudades establecen, junto a su carácter de núcleos de la actividad comercial e industrial, estructuras de relación de una solidez extraña enteramente al horizonte social moderno.
En todas, en efecto, (así en las ciudades comunales como en las demás) los burgueses forman una corporación, una universitas, communitas o communio, en la que todos sus miembros, solidarios entre sí constituyen partes inseparables. Sea cual sea el origen de su liberación, la ciudad medieval no consiste en una simple amalgama de individuos. Ella misma es un individuo, pero un individuo colectivo, una personalidad jurídica”71
Esto no contradice la idea de que, respecto de la inmediata consistencia piramidal del feudo, la ciudad representa una comunión mediata, instituida sobre un acuerdo o juramento de solidaridad. Lo que, aunque alude a la intimidad cordial, incluye también un elemento deliberativo, consciente o instrumental y, en definitiva, un cierto avance de la voluntad arbitraria o racional (Kürwille) y, por lo mismo, un nuevo grado en el proceso de individualización.

Por supuesto, estamos ante un grado indudablemente muy lejano del límite de diferenciación que conocen las sociedades de nuestro tiempo, al punto de que – a falta del fondo de contraste de la comunidad defensiva universal – las ciudades medievales, clausuradas en el interior de sus murallas, ofrecerían un referente adecuado de la idea genérica de comunidad.

En realidad la comunidad urbana está saturada de la visión feudal del mundo que de algún modo ha perdurado hasta entrado el siglo XX. En alguna medida sólo el estallido bélico de la última gran guerra, y la inflexión que ha significado, habrían supuesto la definitiva neutralización de todo vestigio feudal y, por lo mismo, el fin del último elemento comunitario – la familia – tal como lo concibió la vieja Europa. En efecto, todavía la atmósfera burguesa victoriana conservaba una paradójica emulación comercial de la nobleza remota en la atmósfera de la vida familiar.
Las obras de arte, el lenguaje, la cultura subjetiva, las formas de tráfico comercial privado, asumieron e inscribieron en su frente los símbolos de la diferencia social pretérita, que negaban. (…). La Inglaterra burguesa clásica, Voltaire, el enemigo mortal de la infamia represiva, Goethe, el hijo de burgueses de Fráncfort, querían respetar sin más a la nobleza; los comerciantes la reconocieron, reconociéndose en ella, de forma exagerada”72
El mismo Horkheimer señalaba a las sociedades industriales de postguerra como el escenario de una transformación que ha supuesto la completa neutralización de todo residuo “feudal” y en particular del resto escondido en la concepción del cliente-rey cuya norma retrógrada y cuasi-absolutista reza: the costumer is always right.

En este ámbito hasta el más humilde experimentaba en el acto de la compra una parte de su libertad y de la consideración que le era debida. Todavía quedaban adheridos restos de valor singular en la figura crecientemente abstracta del cliente. Pero la naturaleza de este cliente – devenido consumidor masivo – ha alcanzado su plena abstracción con el despliegue mismo de las grandes áreas (Mall) de consumo, íntegramente desacralizado.
Inserta en la vertiginosa evolución técnico-económica, la constitución humana no deja de verse afectada por la transformación a que hoy asistimos de la situación del cliente. (…). El aumento del nivel de vida, el mejor abastecimiento de amplias capas sociales, que antes quedaban lejos de las burguesas, revoluciona el mecanismo de la compra y de la venta incluso en la alta burguesía. (…). En los comercios modernos, diseñados de acuerdo con criterios y conocimientos psicológicos, cadenas de tiendas, en su mayoría, cuyos precios y cualidades, fijados lejos del lugar de compra, apenas se debaten en el acto de la compra, el devoto gesto inquisitivo del ama de casa del viejo estilo es … algo tan anticuado como ella misma.”73
Éste es, sin embargo, el extremo del proceso de realización de la gran ciudad – la cosmópolis – de cuyo curso anterior volvemos a ocuparnos porque sólo atendiendo a su génesis puede contemplarse con alguna claridad la forma resultante.

Sea de ello lo que fuere, el violento proceso por el que pasaron numerosas ciudades en el desarrollo de su constitución comunal puede encontrarse en las ciudades medievales en general, todas las cuales conocieron un proceso de institucionalización análogo ya fuera más o menos violentamente. Por otra parte, la nobleza feudal no compartió la beligerancia que los obispos mostraron frente a la burguesía, presentando más bien el aspecto de una benevolente neutralidad. No sólo no fueron hostiles a un comercio que, al aumentar la circulación en sus tierras, aumentaba la renta de sus peajes, sino que resultaron menos sensibles a la concepción teológico-política de la existencia antropológica, obra fundamental de la Iglesia, desde la que se contemplara con enorme suspicacia la actividad comercial e industrial.

En Flandes se puede encontrar el origen de la nueva organización municipal en un medio estrictamente laico. La semejanza no deja de ser grande, dado que también allí los mercaderes – entre la heterogénea masa de habitantes de los nuevos burgos – han sido la vanguardia de las transformaciones que la ciudad ha conocido. Su acción se debe no sólo a su interés en las reformas, sino también a su organización en corporaciones autónomas (gildas o hansas) que, independientes de todo poder, imponían una disciplina aceptada por todos los miembros. Los cofrades se reúnen para la discusión de sus intereses compartidos; una caja común, que procede de sus contribuciones, sirve a la satisfacción de las necesidades de estas sociedades que cuentan, asimismo, con un hogar social (gildhalle), sede de sus actividades. Sabemos que asociaciones de este tipo estaban extendidas por todas las ciudades comerciales de Flandes y que han sido el agente transformador de las ciudades flamencas.

La asociación comercial, al margen de títulos legales, cuida por propia iniciativa – dado que la prosperidad del comercio está unida a la buena organización de la ciudad – del cuidado de la naciente ciudad: obras de defensa, limpieza de calles… son trabajos sufragados por la asociación. De este modo los jefes de la gilda (dekenen, hansgraven) han desempeñado el mismo papel que los magistrados comunales en una síntesis políticio-económica característica.

Resultado del proceso: la burguesía, en principio un grupo social dedicado a la práctica del comercio, se destaca como una clase distinta y privilegiada, jurídicamente definida. A la nueva legislación corresponden nuevos tribunales: regidurías cuyos miembros proceden de la burguesía y aplican su justicia. En Flandes, y siempre según Pirenne, la primera regiduría urbana data de 1111 (Arras) pero se puede suponer que debieron ser anteriores en ciudades de mayor importancia comercial.

Así pues, los comienzos del XII ven realizarse el programa político del nuevo tercer orden, aprovechando la continua ocasión de los conflictos entre el rey y la nobleza. Podría juzgarse la constitución de Saint-Omer, de 1127, como máxima realización de las instituciones urbanas. La ciudad es allí reconocida como territorio jurídico distinto, provisto de un derecho especial, común a sus habitantes, y de una regiduría particular en un espacio de plena autonomía comunal. El curso del siglo XII contempla concesiones semejantes para las principales ciudades del condado.

Sin duda, no hay que exagerar el fenómeno al punto de encontrar en estas formaciones el resultado de un trabajo sistemático y de una reflexión legal como la que hay detrás de las constituciones políticas modernas. Ahora bien, tampoco cabe disminuir su importancia, y entendemos que no distorsionamos estas formaciones jurídicas si las contemplamos como núcleo genético de la paulatina evolución o envolvimiento de la comunidad por la sociedad, un aspecto fundamental de la emancipación de la dimensión económica de las sujeciones comunitarias en las que estuvo integrada o embebida (embed, K. Polanyi). Una emancipación de la dimensión económica que, insistimos, tiene como necesario correlato la constitución del Estado (la Gran Ciudad) como medio de integración, articulación y administración de la sociedad naciente.

Así pues, cuando el propio Pirenne se niega a “encontrar en ellas los principios fundamentales a partir de los cuales surge la evolución posterior, como, por ejemplo, el derecho romano surgió de la ley de las XII Tablas”74, hemos de señalar, por nuestra parte, que tampoco nosotros buscamos en el desarrollo urbano esos principios, que concebimos como históricamente últimos y, sin embargo, no por ello dejamos de ver aquí el comienzo de un desarrollo que no es todavía doctrinal o teórico, sino ejercitado de hecho en la cotidiana necesidad de afrontar dificultades prácticas. Los principios doctrinales o teóricos se asientan al final de un proceso que, sin ser ciego, no está orientado por principios extrínsecos previamente determinados.

De un modo que podríamos llamar orgánico surgen las mentadas instituciones urbanas como estructura formalizada, sobre la que crece “una espesa fronda de costumbres, usos y privilegios no escritos, pero no por ello, menos indispensables”. Usos necesarios que desbordan cualquier construcción doctrinal ante la emergencia cotidiana de las necesidades vividas, las cuales son relativamente las mismas en todo el occidente europeo. Razón por la que, así como puede hablarse de un derecho feudal que trasciende límites locales, también puede encontrarse una evolución universal en el derecho urbano medieval, salvando diferencias menores. Se conjugan así las dos figuras de la universalidad que señalábamos arriba y que sólo se escinden para oponerse frontalmente en el mundo moderno.

A nuestro juicio, la caracterización genérica del derecho urbano medieval que hace el propio historiador belga viene a avalar nuestra interpretación del urbanismo medieval como núcleo activo de modernidad. Este derecho urbano medieval, tal como se desarrolló a lo largo del siglo XII, medra a través del espacio feudal según las líneas siguientes:

En primer lugar, la libertad como condición de las personas – “atributo necesario y universal de la burguesía” – de tal suerte que cada ciudad aparece como una franquicia en la que han desaparecido los restos de servidumbre rural. Todo siervo que haya habitado un año y un día en el recinto urbano queda liberado de sus ataduras, de este modo el lugar del nacimiento (la naturaleza y la ascendencia familiar) se disuelve en la atmósfera ciudadana. La libertad que de hecho gozan inicialmente los mercaderes erradicados y liberados, será así disfrutada de derecho por los burgueses.

Pero además esta libertad personal arrastra asimismo la libertad del suelo o la mercantilización de la tierra. Así como la libertad personal dice la mercantilización del cuerpo humano devenido cuanto de trabajo, la tierra se transforma de sustrato campesino en solar edificable y espacio rentable. Si la liberalización del suelo fue lenta no por ello dejó de suponer la quiebra de toda dependencia personal entre el nuevo arrendatario y el propietario.
“Comparada con las formas antiguas de propiedad, feudales o señoriales, la propiedad según el derecho municipal (propiedad Weichbild, Burgrecht, como se dice en Alemania, o bourgage como se dice en Francia) presenta una originalidad característica. Situado en condiciones económicas nuevas, el suelo urbano acabó por conseguir una nueva legislación apropiada a su naturaleza”75
No hay que olvidar que el feudo o beneficio fue primero patrimonializado y luego mercantilizado por la propia nobleza señorial, contribuyendo a la ruptura del edificio feudal. En el terreno urbano el proceso se intensifica y radicaliza iniciando un curso que conduce, finalmente, al concepto revolucionario de propiedad alodial individual, resultado de la conquista burguesa del Estado.

Así pues el derecho urbano o burgués (que podemos empezar a llamar con estrecha sinonimia derecho civil) supuso la eliminación de privilegios señoriales y rentas locales que obstruían el comercio y la industria. El telonio, que grava la circulación de bienes, será el primer obstáculo a abatir en la escalada de fluidez y velocidad del comercio. A lo largo del XII el telonio sufre profundas modificaciones que, bajo supervisión de la ciudad, conducen a su paulatina debilitación.

Pero es la entera fisonomía de la ciudad la que se modifica con el nuevo estatuto ciudadano. La vieja organización había poblado la ciudad de hornos y molinos comunes a los que el señor conducía la molienda del trigo o la cocción del pan de su comunidad. Gozaba asimismo del privilegio de venta sin competencia del vino de sus viñas o la carne de sus rebaños. Asimismo el deber de hospedaje y sustento cargaba a los burgueses con los costes que se derivaban de la estancia del señor en la ciudad. Por otra parte, disponía de derechos de requisa sobre caballos, naves… que podía poner a su servicio, o de derecho de leva sobre su servidumbre con ocasión de luchas o guerras.

Semejantes costumbres y derechos consuetudinarios empezarán a resultar opresivos cuando han dejado de responder a su función defensiva originaria. Especialmente inadecuadas al nuevo estado del mundo y su tráfico creciente resultan la prohibición de construir puertos en el curso de los ríos o la exigencia de sostenimiento de los caballeros del viejo burgo, que pesa sobre los nuevos burgueses. A finales del siglo XII no queda apenas recuerdo del viejo orden defensivo y sus exigencias empiezan a resultar opresivas.

La metamorfosis señala justamente a los tres fundamentos de la vieja realidad señorial, guerrera y campesina, se trata de las tres realidades cuya mercantilización abre paso a la futura sociedad de mercado hipostático: trabajo, tierra, dinero.
“Se transforma la misma base del derecho, como lo hicieron la condición de las personas, el régimen de la tierra y el sistema fiscal”76
Finalmente, la transformación del derecho urbano alcanza de manera determinante al terreno penal o criminal en un esfuerzo sostenido por garantizar la seguridad interior.
“En aquellas aglomeraciones de hombres de todas las procedencias que son las ciudades, en aquel medio donde abundan los desarraigados, los vagabundos y los aventureros, se hace indispensable una disciplina rigurosa para mantener la seguridad…”77
Esta paz urbana será garantizada merced al ejercicio de una “violencia legítima” – atributo político fundamental – sostenida sobre un nuevo derecho penal, más severo y duro que el rural o tradicional. Su pretensión inmediata es la de suprimir los delitos mediante el terror. Una suerte de terrorismo público que se funda en el hallazgo de alguna analogía entre los delitos y las penas. En efecto, el suplicio esconde un acto de policía racional, aunque cualitativa o fenoménica y participativa o comunal, lejos todavía de la terapéutica penalidad científica moderna con la que guarda una honda continuidad, pese a sus reclamos de perfecta diferenciación78. Por lo demás, esta paz que la política de la ciudad busca garantizar llegará a constituir el criterio mismo de la legitimidad del Estado bajo las condiciones de la modernidad, en la obra de doctrinarios del absolutismo como Hobbes y, naturalmente, en la propia realidad histórica del Estado naciente.

Ahora bien, sobrepuesto a las diversas jurisdicciones tradicionales, el nuevo derecho penal iguala a todos los habitantes del interior de la muralla urbana. Expresado de un modo sumario: los burgueses que se someten por igual al mismo derecho penal acabarán participando también de un mismo derecho civil, vigente en el todavía estrecho espacio interior y pacificado de la ciudad.

La analogía con el gran proceso de la modernidad alcanza, como vimos, al asiento de semejante paz civil sobre un juramento de cuya secularización procederá la idea del contrato social. En efecto, el juramento mantiene todavía un fundamento metafísico (conjuratio) del que la idea de contrato se ha deshecho completamente, disponiendo su nuevo fundamento en la inmanencia de los contrayentes. Este juramento entraña obligaciones precisas pero – sobre todo – una determinante, a saber: la de mantener y hacer respetar la paz civil. Lejos de delegar en un potencia coactiva superior, detentadora del legítimo ejercicio de la violencia, el juramento implica a todos y cada uno de los juratus o juramentados. El juramento sanciona una fraternidad entre los ciudadanos lejana todavía de la solidaridad moderna, de hecho, el término hermanos designa a menudo a los conciudadanos.

Y junto al ejercicio de la violencia legítima se desarrolla también la legítima imposición. Un nuevo sistema de impuestos se constituye en fuente de los recursos necesarios para el sostenimiento de los trabajos públicos. Durante siglos destaca entre estos trabajos públicos, como prioritario y constitutivo, la edificación de la muralla de la ciudad, tributo acaso de la cercanía al tiempo de la gran agresión y a los persistentes peligros procedentes del entorno no urbanizado o no civilizado. En el entorno de Lieja, por ejemplo, el impuesto comunal se conocerá hasta el final del Antiguo Régimen con el título de firmitas y en todas partes la substancia del impuesto se encuentra en una fortificación que se encuentra, sin embargo, on the Move79, es decir, incesantemente re-ampliada hasta el punto en que llegue a ser suprimida, vertiendo la existencia urbana a un exterior indefinido. Y, por fin, el pago del impuesto pide a su vez una fuerza capaz de obligar a la contribución. Quien no contribuye al sostén de la ciudad es expulsado de la misma.

Pero esta célula germinal de la bürgerliche Gesellschaft prospera inicialmente en aislamiento, constituyéndose en territorio jurídico independiente. En este terreno independiente pero aislado llegará a poseer – como indicábamos – una jurisdicción propia, encarnada en un tribunal especial a cargo de la aplicación del derecho urbano. Este tribunal especial80 se define, casi en la totalidad de las constituciones municipales, como el único ante el que pueden ser llevados los magistrados de la ciudad que se reclutan entre los ciudadanos. Es cierto que el señor interviene de algún modo en la elección de estos magistrados pero, en última instancia, es la ciudad la que decide.

Por otra parte, la ciudad se administra mediante un Consejo (Consilium, Curia) constituido a menudo por los mismos miembros del tribunal especial, aunque posee, otras veces, identidad separada. Delegados de la ciudad, ocupan la función por períodos relativamente breves, y la ciudad jamás abdica en ellos. Al menos inicialmente son simples delegados, como indica la ausencia de un presidente o una autoridad central, que es un rasgo esencial de todo cuerpo constituido. Antes del siglo XIII no se halla la figura de alcaldes o burgomaestres: estos son signo de una centralización interior, que puede contemplarse a su vez como condición de la posterior apertura expansiva de las ciudades.

El Consejo – órgano de gobierno – resulta así un notable análogo en estado germinal del posterior centro político de la Gran Ciudad, que es el Estado moderno. Las funciones del consejo coinciden con la íntegra gestión de la sociedad que germina en su seno, en la matriz intramuros de las ciudades.
“El consejo se encarga de la administración corriente en todos los dominios. Cuida de las finanzas, decide y supervisa los trabajos públicos, organiza el aprovisionamiento de la ciudad, reglamenta el equipo y la buena conservación del ejército comunal, funda escuelas para los niños y paga el sostenimiento de los hospicios para pobres y viejos. Los estatutos que dicta constituyen una auténtica legislación municipal”81
Todo este nuevo ordenamiento social burgués no encuentra en el anterior estado de cosas nada que le pudiera servir de modelo, puesto que responde a necesidades enteramente nuevas. Una somera comparación del sistema “financiero” de la época feudal con el instituido por las comunas urbanas ofrece diferencias radicales. Si, por una parte, el feudo impone una prestación fiscal entendida como un derecho fijo y perpetuo, al margen de las posibilidades del contribuyente, siendo que el recurso impositivo se entiende como patrimonio señorial y afecta únicamente a la servidumbre; la comuna urbana, por su parte, no reconoce excepciones y privilegios en la carga tributaria, según un principio de igualdad estricta. Igualdad que sólo se modula cuantitativamente en proporción a la fortuna de cada tributario.

Por lo demás, el producto del impuesto no se concibe en modo alguno como bien patrimonial, sino que se destina a sufragar las necesidades de la ciudad. Esta economía urbana está al servicio del naciente bien público, todavía cercano al bien común, substrato inconmovible de la relación mutua de los conciudadanos. Este centro de gobierno civil se presentará de modo paulatinamente preciso como una instancia separada de los individuos y discontinuo respecto de la sociedad. La distancia entre los ciudadanos y el consejo, salvada por numerosas mediaciones corporativas, anuncia, sin embargo, la completa ausencia de mediación entre el individuo y el Estado en las sociedades modernas. Por el contrario la morfología feudal tiene más bien carácter reticular y continuo: interpersonal.

Pese a todo es preciso señalar que la completa legislación que se articuló en torno a la producción contó durante siglos con vínculos antropológicos todavía no erosionados por la pugna económica desatada o substantivada: esta legislación suprime intermediarios, garantizando buenos precios a los ciudadanos-burgueses, persigue el fraude, regula el trabajo protegiéndolo de la explotación y conteniendo la competencia, cuida de la higiene del trabajo, del aprendizaje de los oficios, impide el trabajo de mujeres y niños – una norma que, a nuestro juicio, manifiesta patentemente una comprensión comunitaria de la existencia antropológica – y, con todo ello abre mercados distantes para su comercio.

Sin embargo su enorme éxito, que tiene como condición anterior el espíritu comunitario de la población, indudablemente vinculado al carácter pre-tecnológico de esta industria artesanal y su motor comercial, ha impedido su continuación estable y ha forzado, finalmente, la honda mutación que representa la moderna sociedad universal. Esta integración fraternal de los con-ciudadanos devendrá, en efecto, crecientemente problemática con el mismo éxito comercial de las ciudades y la consiguiente escalada industrial. Durante largo tiempo el afán de lucro quedaba contenido en la estructura comunitaria merced a una normativa que evoca – como siendo su núcleo genético – a las modernas “políticas sociales”. En suma, del mismo modo que las ciudades están constreñidas en el interior de sus murallas, así está también sometido el lucro.

Podemos ver en la actividad comercial a gran distancia la fisura capaz de romper la estructura comunitaria o corporativa que la contuvo. Este comercio – heredero de los viejos pedes pulverosi – generará una compleja trama de instrumentos económicos asociados al gran intercambio, fundamentalmente instrumentos financieros promovidos por una clase de intermediarios y opulentos comerciantes – négociants, no marchands – que escapa a la estructura corporativa de la ciudad, al tiempo que el viejo campesinado va perdiendo definitivamente su condición servil para someterse a las nuevas condiciones que ofrece el comerciante, promotor de una nueva industria doméstica al servicio del comercio expansivo, inicial y paradigmáticamente en el sector textil. Las figuras que indicamos significan el tránsito de la ciudad a la Gran Ciudad: el Estado.

Estas nuevas figuras del comercio continental primero, luego mundial, no han de confundirse con las gens de métier, (gentes de oficio) centradas en la ciudad. Por ello han merecido, de hecho, el título de négociants (en vez de marchands). Son individuos extraños a la estructura corporativa de la ciudad; son hombres nuevos, libres en un nuevo grado, los cuales acabarán siendo verdaderos acreedores del reino en el umbral del mundo moderno. Su figura señala la presencia de una nueva fase en el proceso de liberación y expansión de la existencia económica.

El espacio propio de esta nueva clase es ya la ciudad moderna que, aunque todavía bajo las condiciones del Antiguo Régimen, se constituye en auténtico semillero del nuevo Estado nacional82. Una ciudad moderna cuyo corazón no late ya en su propio interior.

Ante esta realidad reciente la vieja ciudad medieval sólo puede contemplarse subordinada todavía a un orden antropológico deudor de la constitución comunitaria de los ciudadanos, un espacio cuyas semillas de progreso todavía no habían germinado y que responde, como decíamos, en buena medida a los principios de la comunidad.
Unus subveniet alteri tanquam fratri suo, que uno ayude al otro como a un hermano, reza una carta municipal flamenca del siglo XII y estas palabras fueron verdaderamente una realidad (…). El afán de lucro se alía en ellos con el patriotismo local. Cada uno está orgulloso de su ciudad y se dedica espontáneamente a trabajar por su prosperidad”83
Se puede vislumbrar la línea que conducirá al Estado social moderno, a través de las formas intermedias: absoluta y nacional y en la que la cuidad medieval representa una forma de germen o núcleo genético, que no ha perdido todavía su figura primera ejemplarmente equilibrada y comunitaria.

En efecto, si las atribuciones municipales encuentran su eco en las atribuciones estatales éstas variarán, con su cambio de escala, también el modo y alcance de su ejercicio.
“La comuna de la Edad Media posee efectivamente las atribuciones que el Estado ejerce en la actualidad. Garantiza a cada uno de sus miembros la seguridad de su persona y de sus bienes que, fuera de ella, se encuentran en un mundo hostil, lleno de peligros y expuesto a todo tipo de azares”
Y así, la disolución revolucionaria de los privilegios urbanos en el estatuto común de la ciudadanía nacional no ha de verse como una simple negación, sino como una superación por metábasis de la existencia civil-urbana a escala nacional. La monarquía en el proceso de homogeneización había reducido notablemente la autonomía de las ciudades, pero éste es sólo el umbral de un proceso conducente a la plena autonomía del Estado, es decir, de la Gran Ciudad, la cual resulta a su vez sólo la antesala, tal pareciera, de la Ecumenópolis o Cosmópolis de un tiempo de globalización.

El proceso político moderno reproduce sólo analógicamente, a una escala multiplicada, procesos propios de la gran pluralidad urbana medieval. Así como el Estado ha pacificado su interior, orientándose contra el resto de Estados del entorno como contra enemigos perfectos, la ciudad medieval que eleva las catedrales góticas, no lo hace sólo como glorificación de Dios, sino también de la propia ciudad que se opone a las demás ciudades. El sentimiento de pertenencia anuncia, como la ciudad anuncia al Estado, al moderno nacionalismo. Pero la ampliación de escala supone una diferencia real pese a que el modo de integración resulta análogo.

En efecto la nueva escala supone diferencias fundamentales, base de la analogía, y estas diferencias substanciales remiten a la unidad cristiana en cuyos límites se desarrolló, durante mucho tiempo, la vida urbana medieval. La moderna ruptura de esa unidad quedará sancionada por el absolutismo político. Diríamos que si en un principio la glorificación de Dios pudo anteponerse a la de la ciudad, la modernidad, que se libera de Dios al liberarse de la comunidad, se entregará finalmente a la glorificación del Estado y/o la Sociedad.

También la relación entre ciudadanos y campesinos reproduce el choque ulterior. Los campesinos del alfoz son excluidos sistemáticamente de las libertades civiles y simplemente sometidos al servicio de la ciudad o, más en rigor, de los comerciantes con sede en la ciudad. Bajo las condiciones de la moderna economía política serán convertidos en obreros agrícolas o asimilados, en el mejor de los casos, como mano de obra industrial “deslocalizada” en cuanto desprotegida por la muralla de derechos corporativos que sólo vale en el interior de la ciudad.
Los campesinos que la rodean no son considerados como compatriotas, únicamente sueña en explotarlos… (…); les impone el deber de abastecerla y les habría sometido a un protectorado tiránico si hubiese sido capaz. Por lo demás, lo hizo en todas partes en que le fue posible, por ejemplo, en Toscana, donde Florencia sometió bajo su yugo a los campos vecinos” 84
Así será posible para la primera industrial textil, promovida por empresarios urbanos en el siglo XVII, afincarse en el campo al objeto de evitar las minuciosas regulaciones técnicas, salariales o laborales que las corporaciones urbanas imponen a la producción.

Por entonces, la población rural francesa ha perdido una condición servil, conservada todavía largo tiempo en el oriente europeo y de este modo, fuera de las corporaciones urbanas, los campesinos tampoco encuentran amparo en un feudo extinguido. Pero la moderna economía política no se detendrá en el sometimiento y explotación de una población rural desamparada por sus señores naturales, endeudados con la nueva clase o integrados en ella, sino que conducirá finalmente a la plena extinción de la figura antropológica del campesino. Éste es el horizonte de una modernidad en cuyo umbral hay que situar, precisamente, las grandes revueltas campesinas85.

Así pues, lejos todavía de su posterior desarrollo multisecular puede hallarse en la ciudad medieval un carácter fundamentalmente comunal y corporativo, pese al cual esconde en su seno los elementos de superación de su trasfondo comunitario86. La ciudad inicialmente contenida por su muralla se desbordará más allá de la misma, hasta desconocer frontera alguna, hacia un mundo globalizado.

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