El Tratado de Libre Comercio




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tiva se hace pública por Bush padre en la Cumbre de Pre­

sidentes de Miami en 1994, con la pretensión de hacerla

efectiva a partir del 2005. Con el ALCA se impulsan un

conjunto de reglas con validez hemisférica que tiene co­

mo base el contenido capitular de los TLC, de manera

que las propuestas del ALCA buscan extender los “dere­

chos y privilegios” establecidos en TLC.

Uno de los aspectos centrales del ALCA son las inver­

siones, cuyo tratamiento observa una extraordinaria coin­

cidencia en la lógica de desregulación, en los contenidos

y en los mecanismos ya definidos en los TLC. En el últi­

mo borrador del ALCA se plantean ocho definiciones de

inversión, todas amplias e inclusivas como se demues­

tran en estos dos ejemplos: por inversión se entiende

“todo tipo de actividades y derechos de cualquier natu­

raleza” o “todo activo de propiedad controlado directa o

indirectamente”. Siendo así, la inversión abarca práctica­

mente todo: bienes raíces u otra propiedad, tangibles o

intangibles, adquiridos o utilizados para obtener beneficio

económico o para otros fines empresariales.

25 El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

26

Esta acepción de inversiones es coincidente con el plan­

teamiento recogido en el extinto Acuerdo Multilateral de

Inversiones (AMI), y su amplitud cobra sentido desde los

intereses transnacionales que con una definición tan am­

plia se estaría planteando la desregulación de cualquier

actividad o giro realizado por esas empresas, por lo que

cobra sentido este tipo de definiciones.

El ALCA retoma también la prohibición establecida a los

gobiernos para establecer requisitos de desempeño a las

inversiones extranjeras, entre las ocho restricciones que

introducen el ALCA y los TLC, no se puede imponer u

obligar el cumplimiento de un porcentaje de contenido

nacional de bienes y servicios locales; otorgar preferen­

cia a bienes y servicios locales; cuotas o tipos de bienes

o servicios a exportar; usar determinado tipo de tecnolo­

gía; cualquier relación de importaciones, exportaciones y

ganancias; transferir tecnología, proceso productivo u

otro conocimiento reservado; o actuar como proveedor

exclusivo de los bienes que produzca o servicios que

preste. Desde esta lógica se descarta cualquier posibili­

dad de ligar las políticas de inversiones a una estrategia

nacional de desarrollo.

Los mecanismos de solución de controversias, al igual que

los TLC, exponen su carácter antidemocrático y confieren

el “derecho especial” para el uso de arbitrajes internacio­

nales, con la consiguiente sustitución de la legislación na­

cional y las cortes jurídicas de los países receptores de la

inversión extranjera. Sólo en Norte América se conocen

de 25 casos y demandas de transnacionales contra Esta­

dos, entre absueltas y resueltas: once contra México, seis

contra Canadá y ocho contra Estados Unidos. El contexto de los Tratados de Libre Comercio

En el ALCA también se amplía la definición de expropia­

ciones. Además del concepto tradicional de expropiación

directa -ligada a su correspondiente indemnización-, tam­

bién se incluyen las expropiaciones indirectas; desde el

contenido de esta categoría se considera que cualquier

política pública o decisión del Estado, que a juicio de la

empresa, pueda afectar sus intereses y potenciales ga­

nancias equivale a una expropiación y, consecuentemen­

te puede ser denunciada por las empresas en los tribunales de disputas como el CIADI.

El ALCA previene a los gobiernos a no utilizar mecanis­

mos para el control de movimientos de capital, hecho

que contrasta con la necesidad cada vez más consensua­

da entre especialistas que reconoce la necesidad de es­

tablecer regulaciones al funcionamiento del capital. En el

capítulo de inversiones se incluye contribuciones al capi­

tal, regalías, honorarios y pagos a derechos de propiedad

intelectual, así como regalías derivadas de la explotación

de los recursos naturales.

Una completa interpretación del capítulo de inversión re­

quiere del análisis complementario de las Compras Gu­

bernamentales, la flexibilización de los Servicios y los De­

rechos de Propiedad Intelectual, esto permitiría retomar

elementos complementarios al capítulo de inversiones

que dan sentido a la desregulación del capital.

En este sentido el ALCA, al igual que los TLC, buscan ce­

der poderes y el control de aspectos básicos de la vida

económica y social a transnacionales, en tanto garanti­

zan el acceso a la inversión extranjera a servicios públi­

cos como educación, salud, seguridad social, recursos

hídricos y energía -lo que queda por privatizar-.

27 El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

28

En el afán de avanzar en la desregulación de las inversio­

nes a nivel global, la Unión Europea, Japón, Canadá, Corea del Sur y Suiza20

están liderando una iniciativa en el seno de la OMC que busca el establecimiento de un marco

multilateral para la inversión, retomando altos estándares

de protección al inversionista y fuertes medidas disciplina­

rias contra las restricciones sobre el libre flujo de IED entre

los miembros de la OMC, tales como los que actualmente

están vigentes en los TLC y se incorporan en el ALCA.

Con esto se busca crear un quinto carril para la desregula­

ción de la IED al pretender que la OMC se convierta en un

foro para negociar un marco multilateral para la inversión.

La pretensión de retomar los Nuevos Temas de Singapore

en la próxima Ronda de la OMC en Cancún, enfrenta una

importante oposición integrada por India, Malasia, Zimbab­

we, Tanzania, Zambia, Kenya, Belice, Uganda y Sri Lanka,

desde cuya postura se plantea que la OMC no es el foro

idóneo para el tratamiento de la inversión, pues ésta esca­

pa de sus competencias eminentemente comerciales.

Con la multilateralización de la inversión, el grupo de la

Unión Europea estaría pretendiendo alcanzar los privile­

gios de que ya gozan los inversionistas estadounidenses,

producto de las negociaciones bilaterales -como los TLC

y los TBI-y regionales -como el ALCA-llevadas a cabo en

las Américas. En contrapunto, el grupo de países lidera­

do por India cuestiona los planteamientos recogidos en la

propuesta de la OMC en materia de inversión, en lo que

respecta al derecho al establecimiento de las inversiones

y la aplicación del principio de tratamiento nacional; ade­

más valoran que el modelo de IED ha sido insatisfactorio

para los intereses de las economías receptoras.

20. Mapa Político de Posiciones de los Países en la Discusión

sobre Inversión en la OMC elaborado por WWF Internacional

y Oxfam, 22-04-2003, Ginebra. 2.3

El contexto de los Tratados de Libre Comercio

Los Tratados de Libre Comercio: instrumentos

para la consolidación del “ajuste”

La prolífica carrera de los gobiernos de Centroamérica

por la suscripción de Tratados de “Libre Comercio”

arranca en plena década de los noventa con la firma del

primer TLC entre México y Costa Rica (1996), hecho que

coincide con la fase de apogeo en la implementación de

las reformas económicas e institucionales empujadas por

el BM y el FMI a través de los PAE y PEE.

Esta “curiosa” coincidencia temporal entre TLC y PAE­

PEE refuerza y consolida el proceso de ajuste iniciado

desde finales de los ochenta, pues permite simultanear

en dos carriles distintos medidas de políticas con propó­

sitos convergentes. Ambos se enfilan hacia el objetivo

compartido de garantizar la desregulación de la economía

y el aseguramiento de una base de acumulación de las

empresas transnacionales, y para ello traslapan sus ac­

ciones u operan como en una carrera de relevos, dando

continuidad desde el TLC a lo ya iniciado por los

PAE-PEE.

Las reformas económicas e institucionales contenidas en

los PAE-PEE, que se convierten en exigencias para los

países deudores a través de las condicionalidades cruza­

das contenidas en los préstamos de estabilización —

otorgados por el FMI— y de ajuste -del BM—, se com­

plementan y profundizan con la suscripción de los TLC,

en la medida en que los contenidos de estos tratados

transforman los marcos jurídicos de las naciones, sellan­

do legalmente las reformas que promueve.

29 El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

La fundamentación teórica de los PAE-PEE se encuentra

contenida en un conjunto de “recomendaciones” que

conforman el Consenso de Washington21

, y que han sido

estructuradas a partir de diferentes enfoques teóricos22

,

en un auténtica “ensalada” de planteamientos débilmen­

te estructurados. Tal inconsistencia teórica ha sido cues­

tionada y expuesta por sus mismos promotores23

, que­

dando en evidencia su fundamentación meramente ideo­

lógica, la cual hace que el Consenso sólo tenga sentido

a partir de su crítica centrada en la naturaleza y participa­

ción del Estado en la economía.

Este núcleo de medidas recoge los puntos sustantivos

de la agenda “neoliberal”, y se definen expresamente co­

mo instrumentos al servicio de los países desarrollados,

para que puedan afrontar y aprovechar las oportunida­

des que se plantean en la nueva competencia en el siste­

ma capitalista mundial.

30

21. El Consenso de Washington constituye un conjunto de orientaciones

de política económica en que se fundamenta el neoliberalismo,

“consensuadas” entre el complejo político, económico, militar

y académico estadounidense. El Consenso se estructura en base

del trabajo de John Williamson (1990): “Lo que Washington quiere

decir cuando se refiere a reformas de las políticas económicas”.

Incluye diez ejes de política, recogidos en cuatro paquetes: fiscal,

financiero, externo y reforma del Estado. Las “recomendaciones”

abarcan medidas como: Disciplina fiscal, Focalización del gasto público,

Reforma tributaria, Liberalización financiera, Tipos de cambio

competitivos, Políticas comerciales liberalizadas, Fomento a la inversión

extranjera directa, Privatización de las empresas públicas,

Desregulación de la economía y Derechos de propiedad intelectual.

22. Enfoque monetario de Balanza de Pagos, Teoría de la Absorción,

Teoría Cuantitativa del Dinero, Enfoques Ofertistas, entre otros.

Ver: Rosales, Osvaldo (1979): El debate del Ajuste Estructural

en América Latina, ILPES, CEPAL, Santiago de Chile.

23. Joseph Stiglitz cuestiona los supuestos de competencia perfecta

y simetría de información en que se fundamentan las propuestas

del Consenso de Washington. James Wolfenson formula su crítica

a la pertinencia del ajuste impulsado por el Banco Mundial,

dadas sus secuelas sociales y políticas. El contexto de los Tratados de Libre Comercio

El discurso neoliberal identifica al Estado como fuente y fac­

tor de inestabilidad macroeconómica, y obstáculo real para

la concreción del “libre juego del mercado”. Estos argu­

mentos son justificados por la presunta interferencia que la

intervención del Estado genera en los mercados (en los

precios y las cantidades), limitando la competencia y desa­

lentando la iniciativa privada. A la base de los PAE-PEE pre­

valece el mito de una contradicción insalvable entre Estado

y mercado, y la creencia que la asignación privada de recursos “siempre es más eficiente” que la asignación pública.

Con estos planteamientos de marco, cobra sentido el

propósito supremo de los PAE-PEE -aunque implícito—,

que se orienta a limitar las funciones propias del Estado

en la economía24

y con ello suprimir “la fuente de inesta­

bilidad y de distorsiones”, que asegure las condiciones

óptimas para la consecución de los máximos beneficios

de la empresa privada. En la práctica esto se expresa en

propuestas fiscales de reducción del gasto público, vía

por la cual penetra el endeudamiento público externo; en

la restricción de las intervenciones estatales en la econo­

mía a través de las reformas institucionales; la venta de

los activos y empresas públicas; y finalmente la apertura

y desregulación de la economía.

Las reformas impulsadas por el BM y FMI en la región

han conducido a importantes cambios en la definición de

la política económica25

.

31

24. Desde el enfoque neoestructuralista, el rol del Estado

en el desarrollo entraña funciones económicas de regulación

y promoción del desarrollo, funciones clásicas y básicas.

Ver: Salazar Xirinachs, José Manuel (1991): El Papel del Estado y

del Mercado en el Desarrollo Económico, El Trimestre Económico,

Compilado por Osvaldo Sunkel

25. Ver Moreno, Raúl (2000): Los impactos de los Programas de

Ajuste Estructural en la niñez salvadoreña, Save the Children. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

32

La apertura y desregulación se conjugó con la denomina­

da “modernización del sector público”, que en la prácti­

ca llevó a la reducción de las competencias del Estado y

su debilitamiento en la conducción de la actividad econó­

mica; con ello se configuró un contexto propicio a los

procesos de acumulación del capital, empujados por las

empresas transnacionales.

Simultaneando los procesos de privatización, a partir de

los cuales importantes empresas públicas fueron adquiri­

das por empresas transnacionales y la gran empresa na­

cional, para configurar monopolios privados en servicios

públicos como la distribución y generación eléctrica, las

telecomunicaciones o la administración de los fondos de

pensión, entre otros; se llevaron a cabo procesos unilate­

rales de apertura externa y desgravación arancelaria -mu­

chas partidas llegaron a tasas del 0%-; se aplicaron políti­

cas ofertistas que buscaron estimular la inversión privada,

principalmente la extranjera -a través de incentivos en zo­
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