El Tratado de Libre Comercio




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bilaterales o regionales -como el ALCA-, se ha procura­

do avanzar en la liberalización de este sector.

La OMC ha identificado una lista de 160 servicios que se

transan internacionalmente, entre los que se incluyen:

transporte y distribución (como aerolíneas y comercio

mayorista), servicios al consumidor (como hoteles y ca­

denas de comida rápida); servicios públicos (como edu­

cación, salud y sanidad); servicios de reparación (como

talleres mecánicos para vehículos); servicios financieros

(como aquellos ofrecidos por bancos y compañías de se­

guros); y servicios de utilidad pública (como electricidad,

telecomunicaciones, agua y gas).52

En los procesos de liberalización de los servicios, las em­

presas transnacionales de servicios públicos han aprove­

chado las medidas privatizadoras para asirse de empresas

públicas y con ello someter el suministro de servicios pú­

blicos a una lógica mercantil que se mueve exclusivamen­

te por criterios de ganancias. Así, en el continente nos en­

contramos con inversiones extranjeras controlando secto­

res sensibles como energía, transporte, agua, turismo, te­

lecomunicaciones y desechos de basura, entre otros.

En América Latina, el sector servicios aporta casi el 60% del

PIB generado, su importancia es indiscutible, no sólo por su

naturaleza como insumo para la producción, sino porque se

trata de bienes que satisfacen necesidades de la población,

muchas de ellas básicas y vitales para su existencia.

63

52 Alternativa para las Américas, Op Cít, p. 101. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

El capítulo de comercio de servicios tiene como propósi­

to avanzar progresivamente en la liberalización del sec­

tor, a través de la aplicación del trato nacional y trato de

nación más favorecida a las empresas extranjeras pres­

tadoras de los servicios. Además, entre las reservas y

excepciones, el TLC les concede a las empresas extran­

jeras que “no tienen la obligación de inscribir las medidas

municipales”53

, con lo cual se está discriminando en con­

tra de las empresas nacionales que deben observar la

normativa emanada de los gobiernos central y municipal.

Si hubiere duda en cuanto al giro mercantilizador de los

servicios que los TLC buscan consolidar, basta referirse al

vínculo que se establece entre éste y el marco multilateral

de los servicios (GATS), pues considera que las partes

“aplicarán entre sí las disposiciones contenidas en los

acuerdos multilaterales sobre servicios de los cuales sean

64

miembros”54

. En materia de servicios resulta fundamental

que los Estados puedan garantizar el derecho de la pobla­

ción al acceso de los servicios básicos, esto supone la ex­

clusión de estos en los TLC, así como de los acuerdos

multilaterales. Los gobiernos tienen el derecho de dejar

fuera de las negociaciones los servicios vitales de manera

que se permita el acceso universal a los servicios esencia­

les y la protección de las personas consumidoras.

Por otra parte, es importante tener presente que la ma­

yoría de los servicios públicos presentan características

de monopolio natural o de bienes públicos; además, mu­

chos de los servicios están relacionados con la identidad

cultural de un país o con su cohesión política y social -co­

mo la educación, la salud o la previsión social—, por lo

cual no pueden establecerse reglas que rijan indistinta­

mente el comercio de bienes que este tipo de servicios.

53 TLCTN, Cap. 10, Art. 10.06.

54 Ibíd, Art. 10-16. Los Tratados de Libre Comercio: mucho más que tratados comerciales

Merece la pena destacar que las regulaciones internacio­

nales antimonopolio en el campo de los servicios, deben

tener presente que los Estados nacionales están en el

deber de mantener empresas públicas proveedoras ex­

clusivas de servicios básicos para la población; estas

consideraciones tienen una especial relevancia, a juzgar

por las demandas presentadas por empresas transnacio­

nales contra Estados, amparadas en el capítulo de inver­

siones de los TLC.

La empresa estadounidense de servicios de entrega inme­

diata de correos y paquetes, United Parcel Service of

America Inc (UPS), ha demandado al gobierno canadiense

por US $ 160 millones ante la Comisión de las Naciones

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI

o UNICITRAL, por sus siglas en inglés), amparándose en

el TLCAN. UPS alega trato discriminatorio porque el ser­

vicio postal canadiense de entrega de paquetes goza de

subsidios, pues se trata de un servicio público que opera

monopólicamente, y que según la transnacional no debe­

ría permitírsele competir en la oferta de servicios integrados de mensajería y entrega de paquetes55

.

La aceptación de la demanda de UPS por parte de la

CNUDMI tendría un enorme impacto en países, como

Estados Unidos y Canadá, en los cuales los servicios de

salud y educación se ofertan como servicios comercia­

les, tanto como servicios públicos subsidiados. Esto po­

dría abrir la puerta para una masiva indemnización de los

Estados a las transnacionales que se consideren afecta­

das por la competencia de las empresas públicas, con el

agravante de que pueda llevar al abandono de la provi­

sión pública de estos servicios para ser retomada por

empresas privadas.

65

55 Public Citizens, Op Cít, pp. 14-16. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

66

e). Propiedad intelectual

El marco que rige los derechos de propiedad intelectual

está regido por el acuerdo de la OMC denominado AD­

PIC, cuyas normas amparan el derecho de las corpora­

ciones de patentar productos, procesos y materiales or­

gánicos -como medicamentos, semillas y biotecnología-.

En este contexto, se inscribe un profundo debate ético,

económico y social que ubica en el centro de la discusión

la relación de propiedad de las patentes y autodermina­

ción de las personas y su acceso a necesidades vitales

como la salud.

Los TLC se convierten en instrumentos que velan celo­

samente por la “protección y defensa adecuada y eficaz

para los derechos de propiedad intelectual”56

; establece

que cada país suscriptor del tratado podrá otorgar en su

legislación protección a los derechos de propiedad inte­

lectual más amplia que la requerida en el capítulo, siem­

pre que ésta no infrinja lo allí dispuesto.

Más allá de las regulaciones nacionales, se fijan relaciones

de cooperación entre países suscriptores del tratado a fin

de eliminar el comercio de bienes que infrinjan los dere­

chos de propiedad intelectual57

. El interés expreso en el

TLC por establecer mecanismos que protejan y defiendan

los derechos de propiedad intelectual sólo es coincidente

con el afán de garantizar los derechos de los inversionis­

tas, contrastándolo con la carencia de medidas relativas a

los derechos de los trabajadores y trabajadoras. En esta

razón también se fundamenta el enunciado que sostiene

que los TLC constituyen verdaderas “cartas de derechos”

para las empresas transnacionales.

56. Tratado de Libre Comercio México - Países del Triángulo

Norte de Centroamérica, Capítulo XVI, Art. 16.02.

57. Ibíd, Art. 16.08.Los Tratados de Libre Comercio: mucho más que tratados comerciales

La propiedad intelectual se desarrolla en secciones con

tratamientos específicos para derechos de autor y dere­

chos conexos, marcas, patentes, diseños industriales, in­

formación no divulgada, e indicaciones geográficas y de­

nominaciones de origen. Las patentes, que constituyen

derechos de propiedad otorgados a invenciones, ya sean

productos o procedimientos, en todos los campos de la

tecnología58

, le confieren a su propietario derechos ex­

clusivos -que le supone un control monopólico- de la pa­

tente durante un período que no podrá expirar antes de

que haya transcurrido un período de 20 años59

.

Los derechos de exclusividad conferidos por el TLC impide a que terceros realicen actos de fabricación -para productos-o utilización -para procedimientos-, uso, oferta para

la venta, venta o importación para los fines del producto

objeto de la patente, en el caso de un producto60

. Es claro

que con la figura de las patentes se limita la competencia

entre empresas e impide la producción genérica de los pro­

ductos, garantizando a su propietario un poder monopólico

sobre la producción y venta del producto durante un perío­

do mínimo de veinte años. Dicha posición monopólico permite a la compañía dueña de la patente fijar unilateralmen­

te y sin restricción el precio del producto, y además aplas­

tar cualquier potencial empresa competidora, dado el dere­

cho exclusivo a fabricar o vender el producto patentado.

Desde el ADPIC se exige a los países miembros de la

OMC el cumplimiento y vigencia del sistema de patentes

para los productos y procedimientos, autorizando com­

portamientos anticompetitivos a las empresas dueñas de

las patentes.

67

58 Ibíd, Art. 16.25.

59 Ibíd, Art. 16.32.

60 Ibíd, Art. 16.26. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

Esta lógica ha venido avanzando en una espiral muy peli­

grosa para la humanidad, pues ha transitado de las patentes industriales -incluyendo los medicamentos-hacia las

patentes de los seres vivos -plantas, animales, genes y

células humanas-, en franca oposición a lo establecido en

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoce que “toda persona tiene derecho a la

protección de los intereses morales y materiales que le

correspondan por razón de las producciones científicas,

literarias o artísticas de que sea autora”61

,

f). Entrada temporal de personas de negocios

Aunque en el contexto de la globalización neoliberal se

promueve la eliminación de las barreras al comercio y al

movimiento de capitales, en los TLC el marco se amplía

a la supresión de las trabas que limitan el movimiento de

las personas de negocio. Tal situación resulta contrastan­

68

te con la absoluta omisión en estos tratados de la proble­

mática migratoria que entraña la movilidad de las perso­

nas trabajadoras.

Se define como personas de negocios aquellos visitantes

de un negocio, comerciantes e inversionistas, y transferen­

cias de personal dentro de una empresa62

; también califican

en esta categoría ejecutivos y técnicos especialistas.

Aún cuando uno de los principios del TLC es el trato no

discriminatorio, la consideración que facilita exclusiva­

mente la entrada temporal de personas de negocios, tiene un claro contenido discriminatorio en contra de los tra­

bajadores y trabajadoras, lo cual va en franco detrimento

de sus intereses y derechos.

61 Carta Universal de los Derechos Humanos, Art. 27.

62 TLCTN, Capítulo XIII, Art. 13-01. Los Tratados de Libre Comercio: mucho más que tratados comerciales

Considerando la relevancia que tiene en la región centroame­

ricana el fenómeno migratorio, expreso en el permanente

desplazamiento de la fuerza de trabajo que es expulsada por

las estructuras económicas de los países de la región hacia

Estados Unidos, a través del territorio mexicano; resultaría

impensable que en el texto del TLC se haya excluido tan re­

levante aspecto. Este hecho identifica los énfasis del tratado,

entre los cuales no figuran aquellos aspectos relacionados

con la vigencia y cumplimiento de los DESC de la ciudadanía.

Aunque la falta de abordaje de la temática migratoria y de

los derechos laborales en el TLC no exime de la necesi­

dad de construir una posición conjunta sobre estos temas, es obvio que su tratamiento no puede reducirse a la

simple inclusión de una cláusula que se adose al conteni­

do del tratado, siendo que la misma lógica y esencia del

Tratado opera en contra de los derechos de las perso­

nas, y particularmente de las migrantes.

g). Normas sanitarias y fitosanitarias

El marco de este capítulo está establecido en el Acuerdo

sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

(AMSF) que forma parte del Acuerdo sobre la OMC, su

propósito es la regulación de las medidas sanitarias y fi­

tosanitarias que puedan afectar directa o indirectamente

el comercio de bienes entre las Partes63

.

Cada país suscriptor del TLC puede “establecer, adop­

tar, mantener o aplicar cualquier medida sanitaria o fito­

sanitaria que regule la protección de la vida, la salud humana o animal y la sanidad vegetal, incluyendo la inocui­

dad de los alimentos y la importación de algún bien desde el territorio de las Partes, cuando no cumplan con los

requisitos aplicables, o no satisfagan los procedimientos

de aprobación definidos en estas medidas”64

.

63 Ibíd, Art. 5.02.

64 Ibíd, Art. 5.03.

69 El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica

70

Aunque en el TLC se establece que estas medidas no

deberán constituir una restricción encubierta al comercio,

ni podrán convertirse en un obstáculo al mismo, en la

práctica algunos países recurren a estas medidas como

barreras no arancelarias, que generalmente operan en

perjuicio de la economía menos desarrollada.

Es claro que el cumplimiento de la normativa sanitaria y

fitosanitarias genera una situación favorable y deseable

para los consumidores, en tanto se abre la posibilidad de

adquirir productos animales y vegetales de mayor calidad. No obstante, merece la pena valorar esa implicación

-en principio- negativa sobre los productores nacionales,

que se deriva del desarrollo asimétrico de las empresas

de las Partes en términos de controles de calidad, tecno­

logías y normalización; así como también las implicacio­

nes que entraña el manejo arbitrario de la norma con fi­

nes eminentemente proteccionistas.

Sería de esperar que la cooperación técnica en materia
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