Introducción: el Derecho dominicano 1978-2011




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Introducción Al Derecho Dominicano1

Félix Gerónimo**
A Juan Félix, mi hijo
Félix Gerónimo, Introducción al Derecho Dominicano (1a edición dominicana), Santo Domingo, Taller de Félix Gerónimo, 2013

D. R., 2013, Félix Gerónimo: contenido y portada.

Hechos el registro y el depósito de ley.

ISBN: 978-9945-063-03-5

Portada: Rafael, El Juicio de Salomón (detalle), fresco pintado en una de las habitaciones del palacio del Vaticano en Roma, llamada la Stanza Della Segnetura.

Primera edición: Madrid, 2011

Tabla de contenido


Presentación
Introducción: el Derecho dominicano 1978-2011
En República Dominicana, en 1994, se aprobó una reforma constitucional que contemplaba una reforma judicial. En 1998, el Consejo Nacional de la Magistratura, institución creada por la Constitución de 1994 para fortalecer el poder Judicial con la participación de todos los poderes públicos en la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, renovó la matrícula de jueces de esa corte. Se conformó una nueva Suprema Corte de Justicia.

Ya en ese año de 1998 había cobrado fuerza un movimiento de la sociedad que, con el apoyo de algunos legisladores, proponía una reforma procesal penal para cambiar el Código de Procedimiento Criminal francés (adoptado por la República Dominicana en el siglo XIX) por un nuevo Código Procesal Penal.

Después de mucho esfuerzo, las cámaras legislativas aprobaron el nuevo código en 2002. Entró en vigencia en 2004.

La nueva Suprema Corte de Justicia, mientras tanto, se había dedicado a la tarea de acondicionar el sistema de justicia para la entrada en vigencia de esa nueva norma.

La idea era cambiar el modelo de proceso penal “inquisitivo” por otro tipo de proceso de corte “acusatorio”. Ello implicaba más que un trabajo de preparación de los jueces y demás trabajadores de los tribunales. Desde el Estado (Consejo Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal), desde organizaciones de la sociedad civil y desde el órgano judicial se realizaron trabajos para preparar el sistema de justicia dominicano (jueces, abogados, defensores públicos, fiscales, policías, etc.) para la entrada en vigencia del nuevo código en 2004.

Una de las acciones más importantes de ese período fue la creación de un Servicio Nacional de Defensa Pública en 2004.

La reforma procesal penal contribuyó a cambiar la mentalidad y la cultura institucional jurídica dominicana (la de sus instituciones y la de sus abogados y juristas). El Código Procesal Penal muestra, más que ninguna otra norma, la conexión entre la Constitución y las leyes y confirma la prevalencia de la Constitución sobre las demás normas. El proceso penal tiene que ser ante todo un proceso constitucional, o al menos constitucionalizado.

De ese proceso sale beneficiada la mayoría de la población, y los pobres tanto como aquéllos que promovieron las reformas.

El Código Procesal Penal introdujo una serie de garantías y derechos para el imputado durante el proceso penal, desde el momento de la imputación hasta el período de cumplimiento de una sentencia condenatoria, sobre todo de pena de prisión, y mientras dura el cumplimiento de la condena.

La reforma procesal penal no es más que una parte, aunque significativa, de un movimiento de renovación del Derecho dominicano, que ya venía en camino.

Probablemente ese movimiento se inicia el 11 de febrero de 1978, cuando se publica la resolución en la que la República Dominicana ratifica su suscripción a la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese mismo año termina un período de gobierno de corte autoritario para iniciarse la apertura a procesos políticos más democráticos.

Hay otras fechas significativas en ese proceso. En sentencia de 1989, la Suprema Corte de Justicia reconoce la legitimidad del control difuso de la constitucionalidad de las normas, porque es un ejercicio con fundamento constitucional.

Una reforma del Derecho laboral da como resultado la aprobación de un nuevo Código de Trabajo en 1992, el cual desarrolla la materia procesal laboral y favorece el establecimiento de una jurisdicción judicial laboral que comenzó a funcionar en 1997.

Más adelante, en sentencia de 1995, la Suprema Corte de Justicia reconoce la validez y legitimidad del control concentrado de la constitucionalidad de las normas, por su asidero también constitucional. Con el control difuso y con el concentrado comienza una era de mayor relevancia de la Constitución y de mayor control de los jueces sobre su función de interpretar y aplicar las normas.

El 25 de marzo de 1999, la República Dominicana reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2003, en la resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, aprobada a propósito de la inminente entrada en vigencia del Código Procesal Penal, los jueces reconocen que las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligan a la República Dominicana porque forman parte del bloque de constitucionalidad, según dispone la propia Constitución.

En 2004 entra en vigencia el Código Procesal Penal.

En enero de 2010, los legisladores aprueban una nueva Constitución que establece una jurisdicción constitucional independiente: un Tribunal Constitucional.

La institución del Tribunal Constitucional ha sido el último hito en un proceso de fortalecimiento de la Constitución Dominicana, de reforma legal de gran alcance y consecuencias para la población, de aplicación de normas constitucionales, de constitucionalización de leyes positivas, de consolidación de normas de Derechos Humanos mediante su vigencia y aplicación directa e inmediata por los tribunales; de reconocimiento, integración al ordenamiento nacional, interpretación y aplicación de tratados e instituciones del Derecho internacional de los Derechos Humanos; de fortalecimiento de la independencia judicial, y de adquisición de mayor seguridad y protagonismo de los jueces, que al impartir justicia se han convertido en abanderados de estas reformas, etcétera.
Propósitos de este libro
El presente manual pretende hacerse eco de ese proceso y constituir un aporte en él. En realidad, tres aportes: el primero es sumarse (al tiempo que la celebra) a esa transformación de la cultura jurídica dominicana.

El segundo aporte que se pretende es de carácter instrumental. Una de las iniciativas menos comentadas de las que ha llevado a cabo el poder Judicial dominicano ha sido la de llamar a concurso a aspirantes a jueces. La institucionalización de concursos de mérito y oposición para hacerse funcionario público es un reto pendiente en la República Dominicana. Los gobiernos y las administraciones públicas se resisten a dar los pasos necesarios para regularizar y afianzar esos procesos, aunque existen leyes que los contemplan; no ha pasado lo mismo con el órgano judicial, que ha querido institucionalizar los concursos como único medio de acceso a la carrera judicial, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Las “Bases del concurso de oposición para ingresar a los cursos de formación de aspirantes a juez de paz” (en sus distintas convocatorias) contienen un temario-guía para que los aspirantes puedan preparar sus exámenes a partir de unos temas predeterminados y de una bibliografía básica sugerida.

En los países desarrollados, el acceso a la carrera de funcionarios públicos, incluyendo la carrera judicial, está institucionalizada, y el desarrollo es tal que existen escuelas de ámbito privado dedicadas a preparar a los opositores. Se cumple así el principio de igualdad de la CD 2010, art 39, num 1, que dice que entre las personas “no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”. Tal es el caso de España. En ese país hay también juristas que se dedican a desarrollar en amplios manuales los temas que los poderes públicos sugieren para que los opositores preparen los exámenes. Puesto que las normas jurídicas y las instituciones públicas van cambiando, también debe ir cambiando el contenido de los temarios, por lo que los manuales se actualizan constantemente.

En República Dominicana no existe una cultura de opositar para ser funcionario. Y mucho menos podrá encontrarse escuelas que preparen a los opositores que no existen, y tampoco personas que redacten manuales que no tienen destinatarios. Pero el poder Judicial está encabezando un cambio también en ese sentido (que creo que será seguido por la introducción de concursos de oposición para los aspirantes a profesores universitarios: ¡ojalá!). De esa manera, está llamando a concursos para ir llenando las vacantes de los jueces.

Así que el segundo propósito de este libro es apoyar la institucionalización de los concursos de oposición para aspirantes a funcionarios públicos, en este caso los aspirantes a jueces, intentando dotar de contenido actualizado el tema de Teoría General del Derecho de los temarios para aspirantes a jueces.

Paralelamente, no será difícil encontrar en estas páginas un interés por interpretar la Constitución de 2010, releer al menos parcialmente la Historia Dominicana y leer el mensaje de los jueces y comprender algunas de las decisiones judiciales relevantes para una introducción al actual Derecho Dominicano.

Algunos aspectos, por su novedad, se han analizado comparativamente con el sistema de Derecho español, accesible por ser del mismo idioma, por estar más desarrollado que el dominicano, por su profusa doctrina y porque el autor ha tenido la satisfacción de pasar muchas horas en las bibliotecas y librerías de Madrid.

El tercer aporte que este libro pretende, no menos importante por ser último, es el de ser un verdadero manual de orientación, consulta y estudio de los estudiantes de la carrera de Derecho de las universidades dominicanas.

Como rápidamente podrá inferirse, este libro se concentra en aglutinar sintéticamente los aportes fundamentales de los estudiosos de la teoría general del Derecho, a la luz de la realidad jurídica dominicana. No se ha pretendido ofrecer una contribución original y mucho menos criticar los trabajos elaborados por los juristas de esta parcela de las Ciencias Jurídicas.

Lo que sí se admite es un esfuerzo por emparentar la exposición de cuestiones del Derecho, aparentemente profundas, con la existencia vital del lector. A ese propósito han servido dos herramientas: la utilización de un lenguaje llano y la exposición de casos y ejemplos. Con ello, lo que se busca es hacer el texto lo más inteligible, accesible y ameno que se pueda.
Criterio metodológico de delimitación
Hace bastante tiempo que Santi Romano constató una “primacía” del Derecho privado sobre el Derecho público. Ese fenómeno puede verificarse en muchos manuales de teoría general del Derecho o de introducción al Derecho. De una introducción a la teoría del Derecho, los autores pasan directamente a abordar instituciones del Derecho civil. Es así como hacen una introducción a instituciones tales como los contratos, las garantías, las obligaciones, los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, las atribuciones de las personas como titulares de derechos (las personas físicas y jurídicas), los medios de prueba según la lógica civilista en que prevalece la prueba escrita, y hasta los embargos, etc. Al abordar esas instituciones, esos manuales no hacen más que amoldarse a una lógica civilista: aquella en la que el Derecho privado, que tiene como punta de lanza el Código Civil, prevalece sobre el Derecho público.

Al abordar el tema, el profesor chileno Agustín Squella Narducci, en las páginas 12-13 de su Introducción al Derecho, estima que “por tratarse siempre de una introducción al derecho, la asignatura tampoco puede ser reducida, como acontece en ocasiones, a una simple introducción al derecho civil, transformándola de ese modo en una especie de curso de Derecho Civil I que vive entre las asignaturas de primer año simplemente bajo un nombre diferente. La Introducción al Derecho no es una introducción al Derecho Civil, ni siquiera una introducción al derecho privado, como tampoco tiene por qué ser una introducción al derecho público o a alguna de las ramas de éste. Es una introducción al derecho en general y no a una parte determinada de éste”.

En República Dominicana, esta lógica civilista de abordar las cuestiones introductorias del Derecho puede tacharse –además– de “afrancesada” por su tendencia a nutrirse predominantemente de la doctrina francesa, salvo lúcidas y poquísimas excepciones. Espero que no se me acuse de ignorante si me pregunto qué deuda, fuera de la históricamente comprobada, cree la doctrina dominicana que debe seguir pagándole a la doctrina francesa, con el agravante de haber descuidado y, por consiguiente, desaprovechado la riqueza de otras doctrinas, como la española, escrita y hablada en el idioma de los dominicanos. Aunque debo matizar: creo estar asistiendo a una apertura de los juristas a otras fuentes de estudio del Derecho.

Cuando el autor del presente manual habla de sumarse (al tiempo que la celebra) a la transformación de la cultura jurídica dominicana, se está refiriendo también a que ha creído ver un cambio de perspectiva en el estudio del Derecho: tiene confianza en estar contribuyendo a pasar de la primacía del Derecho privado (encabezado por el Código Civil), cuyos destinatarios y protagonistas son menos, a la de un Derecho garantista, encabezado por la Constitución, cuyos destinatarios somos todos. Esas cuestiones sutiles forman parte también del nuevo paradigma de los Derechos Humanos.
Conclusión: muchos abogados; pocos juristas
Finalmente me gustaría abundar en lo que Jorge Blanco y Sosa y García dicen en sus respectivos libros de introducción al Derecho dominicano: primero, que en República Dominicana se investiga y se escribe muy poco, y eso también en las Ciencias Jurídicas, rama del saber en la que, como advirtió Jorge Blanco, hay muchos abogados y pocos juristas; y segundo, que, consecuentemente, no es raro que escasee la literatura dominicana de temas de Derecho, incluso de introducción al Derecho. No es raro que “nuestra” doctrina sea un producto de importación, y eso es desconcertante, especialmente si se conoce que entre los abogados dominicanos el talento sobra y los conocimientos prácticos abundan. Pues también para responder a ese fenómeno se arriesgó esta obra.

Félix Gerónimo

Madrid, 2011 – Santo Domingo, 2013
Abreviaturas
Art: Artículo

BJ: Boletín Judicial

Cám: Cámara

CC: Código Civil Dominicano

CD 1994: Constitución Dominicana de 1994

CD 2002: Constitución Dominicana de 2002

CD 2010: Constitución Dominicana de 2010

CD: Constitución Dominicana

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CP: Código Penal Dominicano

CPP: Código Procesal Penal Dominicano

dC: Después de Cristo

Dir: Director, directora, directores

Ed: Edición, editor, editora, editado por

Etc: Etcétera

GO: Gaceta Oficial

Ibid: La misma fuente bibliográfica (cuando se citará diferente lugar de la fuente)

Ídem: La misma fuente bibliográfica, en el mismo lugar de la fuente

Lit: Literal

Num: Numeral

Nums: Numerales

Ob cit: Obra citada

OEA: Organización de los Estados Americanos

ONU: Organización de las Naciones Unidas

P: Página

Párr: Párrafo

Pp: Páginas

RD: República Dominicana

Rev: Revisión, revisado por

RCD 2004: Reglamento de la Cámara de Diputados del 25 de febrero de 2004

RS 2004: Reglamento del Senado del 27 de febrero de 2004

SCJ: Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana

Sent: Sentencia

Sents: Sentencias

SS: Siguientes

Trad: Traductor, traductora, traducido por

Vg: Verbigracia (utilizada a veces en lugar de “por ejemplo”)

Vol: Volumen


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