Introducción: el Derecho dominicano 1978-2011




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títuloIntroducción: el Derecho dominicano 1978-2011
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La jurisprudencia


Hay quienes consideran a la jurisprudencia como una verdadera ciencia del derecho, esto es, una actividad dirigida a obtener conocimientos, inspirada en, e inspiradora de, valores y principios326. Larenz defiende que la jurisprudencia es efectivamente una ciencia por el hecho de haber “desarrollado métodos que aspiran a un conocimiento racionalmente comprobable del Derecho vigente”, reconociéndole, sin embargo, limitaciones en cuanto a su perfectibilidad científica327.

En la actualidad, la jurisprudencia es el criterio, de vocación constante y uniforme, que los jueces y tribunales establecen al interpretar y aplicar las fuentes del Derecho.

Al interpretar y aplicar las demás fuentes, la jurisprudencia se convierte también en una fuente del Derecho.

Por fuentes del Derecho, a los fines de crear jurisprudencia, debemos entender a la Constitución, las leyes en sentido extenso (ley, resolución legislativa, decreto, reglamento y ordenanza municipal), la costumbre, los principios del Derecho y la jurisprudencia anterior como precedente. Así, la jurisprudencia actual se convierte en fuente de las futuras decisiones judiciales.

La jurisprudencia puede dividirse de varias maneras:

  1. Es nacional o internacional, según provenga de los tribunales nacionales o de una jurisdicción internacional o

  2. Es constitucional u ordinaria, según se refiera a la materia constitucional o que trate sobre cualquier otra materia.

La jurisprudencia internacional que entra al ordenamiento jurídico dominicano suele ser constitucional y no ordinaria.

En materia ordinaria, son muchas las decisiones de los diferentes jueces y tribunales judiciales, pero suele tomarse en cuenta como fuente del Derecho únicamente la jurisprudencia de los tribunales supremos, que en la República Dominicana es la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones de Corte de Casación328. “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”329.

En materia constitucional, la Suprema Corte de Justicia venía asumiendo el control de la constitucionalidad de las normas jurídicas. La reforma constitucional de 2010 crea una jurisdicción constitucional especializada para esa función: el Tribunal Constitucional.


    1. Requisitos de la jurisprudencia


Para constituir jurisprudencia, los criterios del poder Judicial y de la jurisdicción constitucional en sus sentencias acerca de alguna materia deben reunir determinados requisitos. Los más importantes son:

  1. Que se trate de criterios emanados de los tribunales supremos: la Suprema Corte de Justicia en la jurisdicción judicial ordinaria y el Tribunal Constitucional en la jurisdicción constitucional.

  2. Que se trate de jurisprudencia y no de antecedentes o precedentes judiciales.

La diferencia entre jurisprudencia y antecedente judicial es que el antecedente es el producto de una sola y primera decisión judicial, mientras que la jurisprudencia nace en el momento en que dos o más fallos judiciales idénticos reiteren el mismo criterio, de manera estable y constante.

La cuestión de la constancia y estabilidad puede volverse problemática. La jurisprudencia sobre una materia puede variar a lo largo de tiempo, lo cual puede deberse a muchas causas: reforma del sistema político del Estado (vg, que se transite de una dictadura a una democracia), reforma de las normas jurídicas (vg, la reforma de un código completo), suscripción de tratados y compromisos internacionales por parte del Estado (vg, en materia de Derechos Humanos o de libre comercio), reforma del poder Judicial (vg, renovando por completo la matrícula de jueces de la Suprema Corte de Justicia), vacilación y hasta desacuerdo de los jueces con respecto a su postura sobre una materia, o por la evolución de la sociedad, etcétera.

Eso puede dar lugar a sentencias divergentes y hasta contradictorias, sean distantes en el tiempo o falladas por los mismos jueces de la misma corte. Siempre es posible que en algún momento fluctúe la jurisprudencia sobre una materia.

  1. Que los criterios emitidos en el fallo sean ratio decidendi y no obiter dictum.

Las partes fundamentales que componen una sentencia son: a) los “puntos de hecho”, que narran el conflicto expuesto a la justicia (los antecedentes del conflicto, su desarrollo y la manera como terminó, si es que ha terminado); b) los “puntos de derecho”, que es la exposición de las normas jurídicas que, con anterioridad al conflicto, prohíben los actos realizados u ordenan los que no se realizaron, normas que además señalan los órganos que deben intervenir en el conflicto para investigarlo y juzgarlo, el procedimiento necesario y la sanción aplicable; c) los “motivos de la sentencia”, que también se conoce como la parte “considerativa” de una sentencia, en la cual el juez o tribunal expone el conjunto de razonamientos fundamentados que sirven de base al dispositivo, y d) el “dispositivo”, que es la última parte sustancial de la sentencia, consistente en aquélla en la que el juez expone su decisión.

Los “motivos de la sentencia” pueden dividirse en: a) una serie de razonamientos fundamentales que bastarían para fundamentar la decisión del juez, y b) una serie de razonamientos complementarios, dichos para “mayor abundamiento” de las razones principales.

Los “motivos” principales conforman el corpus del ratio decidendi (“razón suficiente para decidir”). Los “motivos” secundarios o complementarios constituyen los obiter dicta (en singular: obiter dictum: “dicho de paso”).

Para crear jurisprudencia, los que deben reiterarse de manera idéntica y constante son los ratio decidendi.


    1. Jurisprudencia y sistemas de derecho


Existen varios sistemas de derecho, según qué tipo de preceptos adquieren el carácter de obligatorios, aplicables a los comportamientos, actos, hechos y relaciones jurídicas.

Destacan, por estar más extendidos, dos sistemas, que son el continental y el anglosajón:

  1. El sistema de derecho continental.

Es el más extendido por el mundo. Tiene dos características básicas: la primera es que su principal fuente es la Ley (las normas jurídicas escritas, emanadas principalmente del órgano legislativo), antes que la jurisprudencia.

Su segunda característica es que tiende a agrupar conjuntos de leyes en códigos, que son textos sistematizados y coherentes que abarcan grandes materias, identificadas a menudo con ramas del Derecho (por ejemplo, el Derecho civil es una rama del Derecho y hay un Código Civil que pretende reunir sistemáticamente las normas comunes a esa rama).

Este es el sistema jurídico de la República Dominicana, aunque no debe descartarse la tendencia hacia un sistema mixto por la relevancia que ha ido ganando la jurisprudencia, relevancia reforzada por la creación del Tribunal Constitucional en 2010.

  1. El sistema de derecho anglosajón.

También muy extendido. Su característica es que se fundamenta en la jurisprudencia más que en las leyes. Las decisiones de los tribunales de instancias superiores tienen un carácter vinculante para los tribunales inferiores; y el conjunto de las decisiones judiciales que conforman los casos típicos es lo que se denomina jurisprudencia propiamente.

Con respecto a su efecto sobre la jurisprudencia como fuente del Derecho, los sistemas jurídicos continental y anglosajón pueden contrastarse en varios aspectos:

  1. El continental se fundamenta en las normas jurídicas emanadas del órgano legislativo y del ejecutivo, mientras que el anglosajón se fundamenta en las decisiones emanadas del órgano judicial.

  2. En el sistema continental, los jueces y tribunales aplican e interpretan la norma jurídica en decisiones judiciales que no obligan a los jueces y tribunales de menor jerarquía, los cuales, antes que por las sentencias, están obligados por las normas. Mientras que en el sistema anglosajón, los jueces están compelidos a motivar sus decisiones en base a los precedentes judiciales y a la jurisprudencia de las cortes supremas y de los tribunales constitucionales: las decisiones judiciales van afirmando lo que se conoce como el precedente judicial, y el conjunto de sentencias de las que se pueden obtener las reglas tipo para la solución de los casos jurídicos se conoce como jurisprudencia.

  3. En el sistema jurídico anglosajón, la jurisprudencia es una fuente primaria del Derecho; mientras que en el sistema continental no siempre lo es.




    1. La jurisprudencia en el ordenamiento jurídico dominicano


En la República Dominicana, la Suprema Corte de Justicia reafirma el carácter de derecho continental del sistema jurídico dominicano, a la vez que llama la atención sobre el papel de la jurisprudencia en el ordenamiento actual.

En sentencia de 2009, recuerda que en la Francia prerrevolucionaria (de la época anterior a 1789), “un órgano (el parlamento) esencialmente destinado a la función legislativa fungía también de Corte soberana de justicia y sus sentencias que hacían jurisprudencia adquirían el carácter de regla general, lo que devino inaceptable después de la Revolución, al asumir cada Poder del Estado su verdadera y específica misión”.

De esa manera, sigue diciendo la sentencia, “la influencia unificadora que en su jurisdicción ejercía la jurisprudencia de los parlamentos rindiendo sentencias de reglamento, fue sustituida por el sistema en que ningún juez queda ligado a lo que ha decidido una decisión judicial anterior, que no ha podido crear una regla de derecho que se imponga a los otros jueces, como antes ocurría”.

Sin embargo, “hoy y desde que el concepto de justicia fue transformado con la Revolución”, los jueces “juegan un rol esencial en la aplicación de la ley, formando con el conjunto de sus decisiones lo que se conoce como jurisprudencia, mediante la cual se precisa y completa la regla de derecho, cuando ésta no es clara o adolece de lagunas, pero esta jurisprudencia”, “al interpretar la ley, no se establece por vía de autoridad y, por tanto, no puede ser tomada de apoyo o fundamento único de un fallo cuando se invoque su violación”330.

Reveladoras de la importancia que ha ido adquiriendo la jurisprudencia en el sistema jurídico dominicano son las palabras de Subero Isa331: “Con más frecuencia invocamos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia como punto fundamental de nuestras pretensiones, lo cual obedece a que nos estamos olvidando de los textos y de la doctrina. Los jueces exigen la presentación de una sentencia que sirva de sostén a su propia sentencia”332.

Parece que los jueces han tomado conciencia de la creciente importancia de su función y de su trascendencia para el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico: “En nuestros días interpretar, glosar, comentar, escoliar o hacer exégesis sobre un determinado texto jurídico son términos que adquieren una sinonimia casi perfecta, cuyo resultado tampoco nadie se atreve a negar que constituye una fuente auténtica del derecho, la cual suele ser llamada como doctrina o dogmática, a tal punto que puede erigirse en norma de cumplimiento obligatorio cuando el legislador le confiere un carácter positivo mediante la incorporación de su contenido en una ley”333.


  1. La jurisdicción constitucional


De acuerdo con Kelsen, “la función de examinar la constitucionalidad de las leyes y anular las que se consideren inconstitucionales puede conferírsele a un tribunal especial, o al tribunal supremo, o a todos los tribunales.

“Queda delegada en los órganos facultados para aplicar las leyes, especialmente los tribunales, cuando el examen de la constitucionalidad no está expresamente excluido de esa facultad.

“Cualquier tribunal está facultado para examinar la constitucionalidad de la ley que ha de aplicar en un caso concreto, es decir, quitar la validez de esa ley para ese caso concreto. La ley mantiene validez para los restantes casos que regula, y debe ser aplicada por los tribunales en todos esos casos mientras no excluyan la aplicación en un caso concreto.

“Si el examen de la constitucionalidad de las leyes queda reservado a un único tribunal, éste puede estar facultado para quitar validez a la ley reconocida como inconstitucional, no sólo para un caso concreto, sino para todos los casos que esa ley regula, es decir, para quitar validez a la ley propiamente.

“Pero hasta ese instante la ley es válida y debe ser aplicada por los órganos de aplicación del Derecho. La ley en cuestión puede permanecer válida durante muchos años y ser reiteradamente aplicada antes de que el tribunal competente la derogue por inconstitucional”334.

Las ideas de Kelsen han sido recibidas en los ordenamientos jurídicos de muchos Estados, no obstante la oposición de algunos juristas335.
En el ordenamiento jurídico dominicano, como en los demás que utilizan este sistema, la utilización del control de constitucionalidad se debe a dos razones: por un lado, a la necesidad de garantizar la primacía de la Constitución; por otro lado, correlativamente, a la necesidad de interpretar y aplicar las normas y demás fuentes del Derecho conforme a la Constitución.


    1. La Constitución de 1966 y el control difuso


Las últimas cuatro constituciones de la República Dominicana han sido la de 1966, la de 1994, la de 2002 y la de 2010. La Constitución de 1966 establecía en su art 46 que: “Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

Se trata del principio de supremacía de la Constitución, que se mantiene en el mismo artículo de las posteriores constituciones, excepto en la de 2010, en la que pasa a formar parte del artículo 6, con la siguiente añadidura: “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”.

Basándose en el principio de supremacía de la Constitución, los tribunales judiciales, al interpretar y aplicar las normas jurídicas, comienzan a conocer sobre su constitucionalidad a partir de 1989: “De conformidad con los principios de nuestro Derecho Constitucional, todo tribunal ante el cual se alega la inconstitucionalidad de una ley, reglamento o acto, como medio de defensa, tiene competencia y está en el deber de examinar y ponderar dicho alegato como cuestión previa al examen del fondo del caso”336.

Con ello se afirmaba el control difuso de la constitucionalidad, que el juez realiza a petición de parte, o de oficio por el juez: “La inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto puede ser alegada como medio de defensa por toda parte que figure en un proceso judicial, o promovida de oficio por todo tribunal apoderado de un litigio, y en este caso, la declaración de inconstitucionalidad sería relativa y limitada al caso de que se trate”337.

Características del control difuso:

  1. Está difuminado en el sistema de justicia, a cargo de todos los tribunales judiciales. De ahí que se llame “difuso”.

  2. La constitucionalidad de las leyes, decretos, resoluciones, reglamentos o actos contrarios a la Constitución sólo se conoce en el ámbito de cada tribunal y con motivo de un conflicto en trámite de solución.

  3. La solicitud de conocer de la inconstitucionalidad puede ser planteada, como una excepción de procedimiento, por una de las partes involucradas en un conflicto entre particulares llevado a la instancia judicial.

  4. El control difuso puede ser ejercido también por los jueces, “de oficio, es decir, sin ninguna formalidad y sin que nadie se lo solicite, pues ellos no pueden desconocer un imperativo de una Constitución que ellos mismos han jurado respetar”338.

  5. La declaratoria de inconstitucionalidad, si se produce, tiene un valor relativo: para la norma o acto en cuestión y con respecto al caso en cuestión. No afecta a otras personas o situaciones ni prevalece más allá de ese caso. Posteriormente la norma o acto sigue teniendo vigencia como si nunca se hubiera declarado inconstitucional.

Se dice que el tribunal realiza el control difuso por vía de excepción porque conoce del asunto por separado, apartándose momentáneamente del asunto principal del litigio para decidir sobre la constitucionalidad.

Sin embargo, si declara la inconstitucionalidad, su decisión influirá decisivamente sobre el resto del proceso, de donde podría resultar que el resto del procedimiento no siga teniendo razón de ser, o que se haga evidente que la balanza de la justicia va a inclinarse en favor de la parte que ha obtenido la declaratoria de inconstitucionalidad.

Con la reforma constitucional de 2010, los tribunales del órgano judicial, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, conservan sus atribuciones para ejercer el control difuso de la constitucionalidad: “Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”339.


    1. La Constitución de 1994 y el control concentrado


La Constitución de 1994 fortaleció el órgano judicial con la introducción de diversas disposiciones que ampliaron la autonomía, la independencia y la estabilidad de los jueces, como órgano y como funcionarios públicos.

Una de esas disposiciones facultaba al órgano judicial para conocer por vía directa de la constitucionalidad de las normas jurídicas: “Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley”, “conocer en única instancia” “de la constitucionalidad de las leyes, a instancias del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”340.

La acción en inconstitucionalidad por vía directa puede ejercerse contra la ley stricto sensu y contra toda norma social obligatoria, como los decretos, resoluciones y actos emanados de los poderes públicos341.

Ese carácter extensivo de la acción fue afirmada por la Suprema Corte de Justicia contra la opinión de que la Constitución de 1994 mandaba conocer la constitucionalidad de las leyes adjetivas únicamente.

La Constitución de 2010 y la Ley del Tribunal Constitucional incluyeron explícitamente las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas como objetos del control concentrado de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional. El mandato es extensivo respecto del control difuso.

Características del control concentrado son:

  1. Su conocimiento compete exclusivamente a la jurisdicción constitucional. Fue de la competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia y lo es del Tribunal Constitucional.

  2. Se ejerce por vía directa, sin necesidad de que se esté ventilando un conflicto en los tribunales.

  3. El Tribunal Constitucional conoce de las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas.

  4. El Tribunal Constitucional conoce de las acciones directas de inconstitucionalidad a instancias del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido342.

  5. La declaratoria de inconstitucionalidad tiene efectos erga omnes, o sea, respecto de todo el mundo343.

  6. La declaratoria de inconstitucionalidad tiene efecto permanente. Se opera una derogación de la norma o acto inconstitucional. El Tribunal Constitucional actúa como lo que la doctrina denomina “legislador negativo”: no crea la norma, pero puede excluirla del ordenamiento jurídico.




    1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos


En Costa Rica, en 1969, fue adoptada la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que entró en vigencia en 1978344.

El órgano jurisdiccional de la convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que tiene competencia territorial en los países que la acepten dentro del ámbito americano y antillano (excepto por el momento Cuba, por razones políticas). Además, tiene doble jurisdicción material: 1) una jurisdicción contenciosa y 2) una jurisdicción consultiva, ambas con competencia en la República Dominicana.


      1. Jurisdicción contenciosa


La Corte IDH decide, conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, las controversias de carácter jurídico que, en materia de derechos de las personas, le sometan los Estados o los particulares contra el Estado, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuando hubieran agotado los recursos del sistema de justicia del ordenamiento jurídico del país en cuestión345.

Para someterse a esa jurisdicción, el Estado debe previamente aceptarla; pero una vez que la acepta, abre todas las posibilidades para que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, pueda presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos peticiones que contengan denuncias o quejas de violaciones de derechos humanos por parte del Estado en cuestión, quejas y denuncias que la CIDH evalúa para apoderar del asunto, si procede, a la Corte IDH.


      1. Competencia consultiva.


Los Estados miembros de la OEA “podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación” de la Convención Americana de Derechos Humanos “o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos”346.

Igualmente podrán consultarla: a) el Órgano de Consulta de la OEA, conformado por los ministros de relaciones exteriores de los Estados partes y b) el Comité Consultivo de Defensa también de la OEA, conformado por militares de los Estados americanos347.

También la “Corte, a solicitud de un Estado miembro” de la OEA, “podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales”348.

No sólo los Estados Partes, también otros organismos que formen parte del sistema interamericano de protección de Derechos Humanos pueden, si sus instrumentos normativos lo establecen, requerir a la Corte IDH opiniones consultivas sobre la interpretación y aplicación de esos instrumentos, en el marco de los mecanismos interamericanos de protección.

Por ejemplo, según la Convención de Belem Do Pará: “Los Estados Partes en esta Convención y la Comisión Interamericana de Mujeres, podrán requerir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos opinión consultiva sobre la interpretación de esta Convención”349.


      1. Competencia de la Corte IDH en República Dominicana


Mediante Resolución 739 del Congreso Nacional dominicano, promulgada el 25 de diciembre de 1977350, República Dominicana ratificó el Pacto de San José.

Pero no fue sino hasta el 25 de marzo de 1999 que República Dominicana ratificó la competencia de la Corte IDH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (que actúa como órgano de investigación de la corte) para conocer sobre la interpretación, aplicación y cumplimiento del pacto y sobre los compromisos contraídos en él por el Estado Dominicano351.

Días antes, el 19 de febrero de 1999, el poder Ejecutivo dominicano había aceptado tal competencia de la Corte IDH y de la CIDH, en un instrumento de aceptación donde el Presidente de la República decía que: “El Gobierno de la República Dominicana, por medio del presente instrumento, declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a" su "interpretación o aplicación”.

Con ello se abrió la posibilidad de que la República Dominicana pudiera demandar a, y ser demandada por, cualquier otro Estado americano que hubiera también aceptado la competencia de esa corte internacional.

Esas decisiones han sido imprescindibles en la configuración del actual bloque de constitucionalidad dominicano. En varias decisiones judiciales352 y en la Resolución 1920-2003, la Suprema Corte de Justicia ha definido el bloque de constitucionalidad como el sistema constitucional del ordenamiento jurídico de la República Dominicana, conformado por un conjunto de “disposiciones de igual jerarquía que emanan de dos fuentes normativas esenciales: a) la nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local, tanto la dictada mediante el control difuso como por el concentrado, y b) la internacional, compuesta por los pactos y convenciones internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

De ahí que esas normas del Derecho internacional y esa jurisprudencia constitucional, nacional e internacional, vinculan al poder Judicial dominicano y, a través de él, se convierten en fuente del Derecho aplicado en la República Dominicana.

Las normas inconstitucionales lo son, no solamente con respecto a las disposiciones contenidas en el texto de la Constitución, sino con respecto a aquellas disposiciones que, siendo del Derecho internacional, vienen a formar parte del ordenamiento jurídico dominicano a través de la Constitución.

El bloque de constitucionalidad está constituido, no sólo por la Constitución y las decisiones judiciales y opiniones consultivas de la Corte IDH. También por los tratados de Derechos Humanos que adquieren jerarquía constitucional al ser suscritos y ratificados por el Estado dominicano. Esos tratados, pactos y convenciones “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”353.

Con la aceptación de la jurisdicción de la Corte IDH, el Estado puede demandar o ser demandado por ante esa jurisdicción supranacional. Su jurisprudencia (sentencias y opiniones consultivas) viene a ser fuente del ordenamiento jurídico dominicano, por lo que puede citarse como fundamento y causa de la producción de normas y como precedente para fundamentar decisiones judiciales. Además, los particulares y organizaciones demandantes o demandados pueden utilizar tal fuente para fundamentar sus pretensiones o su defensa.

Con la apertura de la República Dominicana a las decisiones de la Corte IDH se fortalece el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico nacional y se refuerza el cambio de significado de una constitución, que en pocas décadas ha dejado de ser un documento de principios programáticos, no vinculantes, para convertirse en un instrumento de aplicación directa a la realidad jurídica.

Ya no se habla de Constitución, sino de una familia de normas (la Constitución, tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, las opiniones consultivas de la Corte IDH, las sentencias constitucionales de los tribunales nacionales y las sentencias de la Corte IDH): hoy se habla de un bloque de constitucionalidad, lo que sugiere la idea de un instrumento compacto, unitario y múltiple a la vez, que ocupa el primer lugar en la jerarquía del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico dominicano.


    1. El Tribunal Constitucional dominicano


Con la reforma de la Constitución en 2010 se crea la jurisdicción constitucional, cuya Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales (Ley del Tribunal Constitucional) fue promulgada en junio de 2011354.

El objeto del Tribunal Constitucional es “garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales”355. Según la CD 2010, art 185, y sus nums 1 al 4, para lograr su objetivo, el órgano constitucional tendrá como atribución conocer en única instancia:

  1. Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancias del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido (num 1),

  2. El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano legislativo (num 2),

  3. Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancias de uno de sus titulares (num 3) y

  4. Cualquier otra materia que disponga la ley (num 4).

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de otras materias (excepto el control difuso de la constitucionalidad, que queda a cargo de los tribunales judiciales ordinarios).

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, le compete:

  1. Conocer no sólo la constitucionalidad del contenido de las normas, sino cuando por sus omisiones contradigan la Constitución. La acción directa en inconstitucionalidad puede ser interpuesta “contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma sustantiva”356.

  2. Conocer también de la revisión de las decisiones judiciales en materia de amparo: “todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional”357.

Ha de esperarse que al Tribunal Constitucional competa también controlar la constitucionalidad de la formación y actuación de las instituciones democráticas o que puedan incidir en la democracia y en el tipo de gobierno y de sistema político, vg, los partidos políticos: “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución”358.

Ese tipo de control es ejercido por los tribunales constitucionales de otros ordenamientos jurídicos. Esa competencia se desprende del control de la constitucionalidad del contenido y de las omisiones de las normas jurídicas que regulan las instituciones democráticas o relacionadas con la democracia.

El órgano constitucional controla también “las decisiones judiciales de los tribunales ordinarios”. Por razones comprensibles de seguridad jurídica, esta atribución tiene un carácter irretroactivo: “las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional y las posteriores estarán sujetas al procedimiento que determine la ley que rija la materia”359.

La atribución que aquí se confiere al Tribunal Constitucional es la de examinar las decisiones judiciales que adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada cuando, de acuerdo a su Ley Orgánica, art 53, se presente una o más de las siguientes cuestiones:

  1. Que, mediante la prerrogativa judicial del control difuso, la sentencia de que se trate declare la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza,

  2. Que la sentencia viole un precedente del Tribunal Constitucional o

  3. Que con esa decisión judicial se vulnere el contenido de un derecho fundamental, cuando: a) la vulneración, en el momento de conocerla, se ha invocado en el proceso que produjo la decisión judicial, b) se han agotado los recursos jurisdiccionales ordinarios y extraordinarios contra la decisión judicial sin que la violación sea subsanada y c) la violación sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que han dado lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales no son susceptibles de revisión por el Tribunal Constitucional.

El atributo de revisar las decisiones judiciales de los tribunales ordinarios se ha puesto a cargo del Tribunal Constitucional con el fin de garantizar “la coherencia y unidad de la jurisprudencia constitucional”360. En ese sentido, éste actúa como una verdadera “corte de casación constitucional”, examinando si el Derecho Constitucional ha sido bien o mal aplicado.

El ejercicio de esa atribución está supeditado al conjunto de principios contenidos en el debido proceso y la seguridad jurídica, que son los principios amenazados por un ejercicio abusivo o indiscriminado del control de la constitucionalidad de las decisiones judiciales.

Hasta la integración y funcionamiento de la jurisdicción constitucional, la Suprema Corte de Justicia mantuvo “las funciones atribuidas” por la Constitución “al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial”361.


      1. Fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional


La creación del Tribunal Constitucional resalta la diferencia entre la jurisprudencia ordinaria, emanada de los tribunales judiciales y la jurisprudencia constitucional, emanada del órgano constitucional. Por primera vez en la Constitución, y en la Ley del Tribunal Constitucional, art 31, se habla de “precedente judicial” y se reconoce su fuerza vinculante para los poderes públicos:

  1. Vinculante para el poder Judicial, ya que las decisiones judiciales que infrinjan un precedente judicial se someterán a control constitucional.

  2. Vinculante, en general, para los poderes públicos: las decisiones del órgano constitucional “son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”362.


Con la creación de la jurisdicción constitucional se fortalece el bloque de constitucionalidad. No sólo las “decisiones del Tribunal Constitucional”, también “las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos”, cuya competencia acepte la República Dominicana, “constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”363.


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