Introducción: el Derecho dominicano 1978-2011




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títuloIntroducción: el Derecho dominicano 1978-2011
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justa o injusta; 2) si es válida o inválida; 3) si es eficaz o ineficaz. Se trata de tres diferentes problemas: de la justicia, de la validez y de la eficacia de una norma jurídica”74.

“El problema de la validez es el problema de la existencia de la regla en cuanto tal, independientemente del juicio de valor sobre su contenido de justicia”75. Más exactamente, una norma es válida cuando ha sido producida de acuerdo a las normas de producción del ordenamiento juridico del que forma parte. Tales normas de producción se encuentran recogidas básicamente en la Constitución, con remisión al Código Civil. Para Bobbio, la validez de la norma jurídica depende de tres comprobaciones: a) que ha sido promulgada por un poder legítimo, autorizado por la norma fundamental, b) que no ha sido derogada y c) que no es incompatible con otras normas del sistema jurídico76.

Una norma es eficaz cuando se cumple. “El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirige”, o sea, sus destinatarios77. Lo ideal es que el cumplimiento de la norma sea voluntario. Pero la eficacia se entiende también como el poder de los poderes públicos encargados de su aplicación para imponerla por la fuerza.

Finalmente, la norma jurídica debe responder a unos valores o ideales encarnados en unos principios. Para la doctrina, el valor más caro es el de la justicia, que suele englobar otros valores. “El problema de la justicia es el problema de la más o menos correspondencia entre la norma y los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico”. “Cuando se considera que hay valores supremos, objetivamente evidentes, preguntarse si una norma es justa o injusta equivale a preguntarse si es apta o no para realizar esos valores”78. Se exige de la norma su conformidad con la justicia y se quiere saber si es justa o injusta.

La justicia, como se ha visto, es el valor defendido por el Derecho natural y data de la Antigüedad. Recuérdese que los romanos identificaron el Derecho con la justicia.

A pesar de que parece que es capaz de representar cualesquiera otros valores, la concepción de la justicia es de alcance limitado, porque puede llegar a ser relativa y subjetiva. Siempre existe la posibilidad del desacuerdo entre lo que es justo o injusto, o entre lo que es más o menos justo. Dos personas no tienen que estar necesariamente de acuerdo en alguna cuestión, y posiblemente las dos tengan fundados argumentos para defender sus puntos de vista. Piénsese, por ejemplo, en una mujer que por razones biológicas o socioeconómicas, o de otro tipo, reclame su derecho al aborto, contra un Estado cuya legislación prohíba abortar, fundamentándose en la protección de la vida embrionaria y fetal.

De ahí que la justicia como único valor al que deban conformarse las normas jurídicas sea insuficiente y conlleve que cobren importancia otros valores, para los cuales se han creado incluso criterios y metodologías de medición: para cualificarlos y cuantificarlos. Entre los más importantes están la igualdad y la libertad, que, sin embargo, según la doctrina, remiten nuevamente a la búsqueda de la idea de lo que es, o debería ser, justo, como se verá más abajo.

Por el momento, considérese que una norma jurídica será más o menos justa según que fomente más o menos la libertad de las personas y su igualdad de condiciones, unas respecto de las otras y frente al Estado. A veces, una crítica y atenta lectura de las normas jurídicas puede develar las claves de un ordenamiento jurídico que ampara la desigualdad y que, al negar la realización de ciertos derechos fundamentales, corroe por sus bases el principio de la libertad.

Piénsese, por ejemplo, en el derecho constitucional a la educación cuando su acceso se ve dificultado por las restricciones a otros derechos, a cuya realización se debe: alimentación del alumno, formación del maestro, transporte público eficiente, aulas equipadas, etcétera79. Lo mismo puede decirse de los otros derechos garantizados y reconocidos por la Constitución: lista de derechos que en la República Dominicana ha sido ampliada por la Constitución de 2010, sin que tal Constitución haya dejado de ser nominal, según diría Loewenstein, es decir, que la realidad social está lejos de adecuarse a sus preceptos, lo que, dicho de otro modo, forma parte del problema de la desaplicación de la Constitución: el caso de “normas jurídicas que, aun siendo válidas, esto es, existentes como normas, no son eficaces”80.

Según Bobbio, los criterios de validez, eficacia y justicia son independientes entre sí, de manera que: a) “una norma puede ser justa sin ser válida”, b) “ser válida sin ser justa”, c) “ser válida sin ser eficaz”, d) “ser eficaz sin ser válida”, e) “ser justa sin ser eficaz” o f) “ser eficaz sin ser justa”81.

Sin embargo, las afirmaciones de Bobbio pueden ser matizadas, ya que parece que el autor confunde por momentos la norma jurídica o regla de Derecho con cualquier otro tipo de regla o de norma. En efecto, en cuanto a los puntos “a” y “d” anteriores, una norma, para ser jurídica, tiene que haber sido promulgada, es decir, tiene que ser válida; si no es válida, no es jurídica y por tanto no vale la pena seguir adelante para preguntarse si es eficaz o justa. Por lo demás una norma, que es jurídica porque es válida, puede ciertamente ser justa o injusta, eficaz o ineficaz, como plantea Bobbio.

Las anteriores observaciones, lejos de hacernos considerar la validez, eficacia y justicia como independientes entre sí, nos obligan a pensar lo contrario: no deja de apreciarse una estrecha incidencia entre la validez, la eficacia y la concepción valorativa de la norma. Una norma puede ser válida y justa. Pero si no es eficaz no sirve de nada, porque significa que no se aplica. O puede ser eficaz y justa, pero ser extraña al ordenamiento jurídico, por no haberse producido conforme a sus criterios, y eso cuestiona su inclusión en el ordenamiento: en ese caso, como he dicho, no será una norma jurídica. O puede ser válida y eficaz, pero repugnante a los destinatarios cuyos comportamientos regula injustamente.

Este último caso se acepta, sin embargo, que se ha dado con frecuencia en los ordenamientos jurídicos, sea para regular la situación de muchos, como de pocos, como de sociedades enteras: como el caso de las leyes que regularon la esclavitud; más recientemente, leyes que regularon y regulan la vida privada de las personas en los sistemas políticos socialistas, en los casos en que ello significa coartar ciertas libertades y derechos individuales bajo el argumento de que atentaban o atentan contra el Estado: la libertad de expresión, por ejemplo; y aún más recientes, leyes que organizan un sistema de libremercado cuyos fundamentos éticos se cuestionan porque fomentan el enriquecimiento egoísta y a toda costa. Objetivamente no parece que sean normas justas para los grupos cuyos derechos se resienten, aunque los destinatarios (víctimas) no siempre logran calificar su situación como justa o injusta y a veces, lo que es más paradójico, contribuyen a mantener su estado de cosas, por considerarlo, cuanto menos, “natural”. Lo cierto es que, como afirma el propio Bobbio, el Derecho injusto también vale como Derecho, no existiendo un ordenamiento jurídico perfectamente justo.

Para el iusnaturalismo “más intransigente”, la única condición, no sólo suficiente, sino necesaria para la validez de la norma es su sujeción al valor de la justicia. Una norma no es válida si no se sujeta a ese valor; en cambio es válida si se sujeta a una concepción de lo justo, aunque no sea eficaz. El realismo, en cambio, defiende la eficacia hasta el punto que sus exponentes más radicales no reconocen una norma como tal hasta que ha sido aplicada por el juez o incluso llegan a identificar las decisiones judiciales con las normas. El positivismo, por su parte, al menos la corriente normativa kelseniana, “se opone a las teorías reduccionistas, es decir, a las tentativas de reducir la validez a otra de las caracterizaciones” mencionadas, sea la eficacia o la justicia82; para el normativismo, la validez es el atributo fundamental de la norma.


    1. Naturaleza de la norma jurídica


Cuatro tipos de corrientes discuten acerca de la naturaleza de la norma jurídica: a) las corrientes imperativistas, b) las corrientes antiimperativistas, c) una corriente mixta y d) la tesis de la coexistencia entre las corrientes imperativistas y antiimperativistas.

  1. Las corrientes imperativistas plantean que la norma jurídica es un imperativo. Thon, Olivecrona y Ravà se cuentan entre sus principales exponentes. De acuerdo a esas posturas, la norma es un mandato del legislador; su cumplimiento es obligatorio. Según esta teoría, aceptada comúnmente entre los juristas, “todas las normas jurídicas son imperativas”: “la imperatividad se ha elevado a carácter constitutivo del Derecho”83. Según Augusto Thon, citado por Bobbio, el ordenamiento jurídico, por medio del Derecho, impulsa a un comportamiento de acción u omisión por medio de preceptos de contenido positivo o negativo. Ravà, por su parte, entiende que la norma jurídica es un conjunto de reglas técnicas destinadas a la consecución de un fin social.

  2. Las corrientes antiimperativistas, también llamadas negativas, “niegan que las normas jurídicas sean imperativos”84. Entre estas se distinguen dos posturas:

  1. La que concibe a la norma jurídica como un juicio hipotético del tipo “Si... entonces”. Entre los autores de esta escuela pueden citarse a Zitelmann y Kelsen. Para Kelsen, en toda norma hay una hipótesis y una consecuencia jurídica; así, “Si es A, debe ser B”.

  2. La escuela que concibe la norma como un juicio de valor o como una valoración. Para los autores de esta escuela, el elemento fundamental de la norma jurídica es la directio sobre la coactio. Perassi y Giuliano se citan entre sus exponentes. Cuando esos autores se refieren a la norma como “una valoración de determinados hechos, quieren decir que la norma jurídica cualifica determinados hechos como jurídicos, esto es, liga ciertos hechos a determinadas consecuencias, que se denominan consecuencias jurídicas” tales como el surgimiento de una obligación85.

  1. Bobbio se refiere también a un conjunto de “doctrinas mixtas, según las cuales sólo una parte de las proposiciones que componen un ordenamiento jurídico son imperativas”86. Tales teorías “admiten que en todo ordenamiento jurídico hay imperativos, pero niegan que todas las proposiciones que componen un sistema jurídico sean imperativas o reducibles a imperativos”; por ejemplo, junto a las normas propiamente imperativas hay también normas permisivas, es decir, junto a las normas que imponen deberes existen otras que atribuyen facultades87. Fichte y Brunetti exponen principalmente este cuerpo de teorías.

  2. La cuarta postura, la que sostiene que imperativismo y antiimperativismo pueden coexistir, fue expuesta por Bobbio, quien reacciona contra el reduccionismo de las anteriores concepciones y afirma que los enfoques imperativistas y los no imperativistas acerca de la naturaleza de las normas no se excluyen, sino que se complementan mutuamente, toda vez que el carácter imperativo de la norma defendido por la corriente imperativista es matizado por normas de naturaleza distinta de las del simple mandato.

Bobbio destaca en el ordenamiento jurídico un tipo de normas que él llama “normas para producción de otras normas”. Así, se puede denominar imperativos de primera instancia a las normas imperativas, e imperativos de segunda instancia a las normas para la producción de esas normas imperativas88.

En tanto que las normas mandan, permiten o prohiben, las normas de producción o imperativos de segunda instancia se encargan de mandar, permitir o prohibir a las normas que manden, permitan o prohiban. Se trata de una especie de metanormas o normas sobre normas. Los ejemplos comúnmente van a encontrarse en la Constitución, cada vez que ésta ordena al legislador regular o no regular alguna materia, o regularla de este o de aquel modo.

Por lo demás, hay normas explicativas e interpretativas de otras normas, de su alcance, redacción o contenido. Difícilmente pueda llamarse imperativas a tales normas.


    1. Estructura de la norma jurídica


Como se ha dicho, la estructura de la norma jurídica puede representarse con la fórmula kelseniana: “Si es A, debe ser B”. Lumia nos recuerda que “la relación entre el evento condicionante A y la consecuencia B no es una relación de implicación (lógica) o de causalidad (natural)”, sino de imputación89 (relación jurídica): la consecuencia B no implica un es, sino un debe ser: no dice lo que ocurrirá si A se verifica, “sino lo que debe hacerse”90.

En la expresión “Si es A, debe ser B”, “A” es un determinado comportamiento de acción u omisión (no necesariamente una violación de la norma) y “B” es la reacción o respuesta del Derecho ante tal supuesto. Así, un testador puede, si quiere, escribir su testamento a mano (A), en cuyo caso debe redactarlo por entero, firmarlo y fecharlo a mano. De ahí se sigue la validez del testamento como consecuencia jurídica (B).

De manera que A se relaciona con los hechos y B con el Derecho. Como exponía Kelsen, el Derecho es el ámbito del deber ser, de lo que debe ocurrir dados los hechos. Sin embargo, de acuerdo al principio de legalidad, para garantizar la seguridad jurídica y para hacer un ordenamiento jurídico inteligible, la norma no establece la consecuencia jurídica sin haber establecido el hecho: no tendría sentido que la norma estableciera los hechos sin establecer las consecuencias, o que estableciera las consecuencias sin regular los hechos.

Por eso, la doctrina, a propuesta de Engisch, ha distinguido dos partes en la norma jurídica: a) el supuesto de hecho y b) la consecuencia jurídica, llamada también eficacia jurídica.

Tal distinción responde a dos razones: 1) “el evento condicionante A” “no siempre” “está constituido por un comportamiento humano consciente y responsable” y 2) “la consecuencia condicionada B” “no siempre” “consiste en un tratamiento aflictivo”91, sino que puede ser de cualquier otro tipo, incluyendo las prescripciones adquisitivas o extintivas, o el reconocimiento de derechos.

A tal efecto existe la distinción que se expondrá más adelante entre hecho, acto y negocio jurídico: el hecho que deviene en jurídico (como el nacimiento y la muerte) no depende de la voluntad de las personas, mientras que el acto jurídico (como el matrimonio) sí; en tanto que el negocio jurídico es un acto con el que se busca y obtiene determinado efecto de naturaleza jurídica.


      1. El supuesto de hecho


Es la situación fáctica que contempla la norma. Se trata de cualesquiera hechos y actos de las personas, pero también de cualquier otra manifestación de la realidad, cuya regulación se ha creído necesaria.

La regulación sobre la realidad puede ser concomitante a los casos que son objeto de regulación, pero es común que la regulación sobrevenga con posteridad a la ocurrencia o repetición del objeto regulado.

Por ejemplo, la creación de negocios por dueños únicos es una realidad cotidiana de muchos años en la República Dominicana; para fomentar la confianza y potenciar la creación de empresas era necesario limitar la responsabilidad de los emprendedores, esto es, reducir la garantía del pago de las obligaciones de una empresa a los bienes de la empresa, sin extender esa garantía a los bienes del pequeño empresario, además teóricamente de facilitar la obtención de créditos, entre otros incentivos. Pero no fue hasta finales de 2008 cuando se legisló al respecto con la creación de una ley92.

De acuerdo al principio de irretroactividad de la ley, la norma regulará, con pocas excepciones, solamente los hechos que acaezcan con posterioridad a la regulación.

Hecho y supuesto de hecho no son la misma cosa: un conjunto de hechos concretos, contentivos de unas características que los hacen idénticos, pueden ser regulados por una norma, que se dicta para ese tipo de situaciones. La vocación de la norma, salvo excepciones, no es regular una situación concreta, sino un conjunto de situaciones dadas, que el legislador prevé y regula de manera abstracta y con cierta regularidad.

Se llama tipicidad normativa a ese acto de identificar un conjunto de comportamientos, hechos, acciones y relaciones de las personas y regularlos bajo una norma susceptible de contener su regulación. No siempre es posible contener la perfección en el sentido de regular en un conjunto de normas el contenido completo de la realidad social. El legislador sabe que pueden no existir normas que regulen determinadas materias que debieran ser reguladas (la realidad es difícil de predecir y de aprehender).

La duda favorece a las personas: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”93 y nadie “puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”94. El legislador, desconfiando de la perfectibilidad o completud de las normas, ha dispuesto que su intérprete y aplicador se valga de otras fuentes del Derecho para completar su contenido tipificador: El juez no puede rehusarse a “juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley”, so pena de “ser perseguido como culpable de denegación de justicia”95.


      1. La consecuencia o eficacia jurídica


Es la materialización de los efectos o resultados que la norma ha previsto que acontecerían en caso de que se produzca la situación que la misma norma ha establecido que activaría tales efectos o resultados. La consecuencia o eficacia jurídica puede expresarse mediante la sentencia condicional “Sí... entonces”. A esto se refiere Kelsen cuando dice: “Si A, entonces B”, donde “A” es el supuesto de hecho y “B” es la consecuencia jurídica.

Puede servir de ejemplo la CD 2010, art 6: Son nulos de pleno derecho (consecuencia jurídica) toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución (supuesto de hecho). En la formación de esa oración, la consecuencia aparece primero que el supuesto de hecho, pero la inversión del orden no reviste mayor importancia, ya que se obtiene el mismo resultado reordenando gramaticalmente la expresión:

  1. Toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución (supuesto de hecho)

  2. Son nulos de pleno derecho (consecuencia jurídica).

La consecuencia o eficacia jurídica puede subdividirse a su vez en eficacia ordinaria y eficacia extraordinaria, según el jurista español Federico de Castro:

  1. La eficacia ordinaria se refiere a cuando la norma se cumple sin contratiempo; la norma es acatada.

  2. La eficacia extraordinaria es cuando los responsables del cumplimiento de la norma se ven obligados a imponerla porque ella ha sido desatendida; los casos se resuelven echando mano de los mecanismos y modalidades de sanción que la misma norma ha previsto para los casos y formas de incumplimiento.




    1. Características de la norma jurídica


Las normas jurídicas tienen varias características. Unos autores mencionan unas; otros mencionan otras. En resumen, de la combinación de varios de los autores citados en la bibliografía de este manual, se han resaltado nueve características básicas: la racionalidad, la generalidad, la imperatividad, la coercibilidad, la estatalidad, la unidad formal, la unilateralidad, la permanencia y el carácter proposicional.

  1. La racionalidad.

El principio de racionalidad indica que la norma debe orientarse a la justicia como “bien común”: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”96. Como es posible advertir, se trata de un aporte del Derecho natural a las características de las normas jurídicas.

  1. La generalidad.

Característica de la norma que la CD 2010 contiene como principio implícito en el art 40, num 15: en tanto que “para todos”, la Ley (en este caso, entiéndase por “Ley” toda norma jurídica) es de carácter general.

La generalidad de la norma debe entenderse en un doble sentido: a) en cuanto a las materias objeto de regulación y b) en cuanto a los sujetos de derechos y obligaciones para con la norma.

En cuanto a las materias objeto de regulación, la generalidad quiere decir que la norma viene a regular el conjunto de las situaciones para las que ha sido creada, constituyéndose en injusticia el hecho de aplicarla a unos casos y a otros no, cuando se trate de casos con las características suficientes para ser igualmente regulados por la misma norma.

En cuanto a los sujetos de la regulación, la generalidad significa que la norma se aplica a todos los individuos cuyo comportamiento y relaciones estén regulados por esa norma.

A las normas generales en cuanto al objeto de regulación, Bobbio las denomina abstractas, y denomina generales propiamente a las que lo son en cuanto al sujeto regulado, y añade que, en cuanto al ordenamiento jurídico, el fin de la generalidad es la igualdad y el de la abstracción es la certeza97.

El carácter de la generalidad no significa que todo tipo de normas alcancen a todos los habitantes del Estado; vg, las ordenanzas municipales son de alcance general en el ámbito del municipio, pero su eficacia no llega más allá de esas fronteras. Hay también una serie de normas especiales, otras excepcionales y otras incompletas, que afirman la relatividad de la característica de generalidad de las normas, vg, una resolución del Congreso que otorgue una pensión en dinero a una persona.

  1. La imperatividad.

Se refiere a dos objetivos básicos de una norma jurídica, especialmente cuando es imperativa: mandar o prohibir algo. Así, una norma puede contener una obligación, una prohibición, o un permiso o autorización para hacer (permiso positivo) o no hacer (permiso negativo). Excepción a ese principio es la cláusula dispositiva, que permite disponer del contenido de una norma en la medida en que ella lo disponga.

  1. La coercibilidad.

Lo ideal es que el cumplimiento de la norma se produzca voluntariamente, sin contratiempo. Pero si las relaciones entre las personas en sociedad fuesen tan simples que todas las personas cumplieran siempre las normas voluntariamente, entonces las leyes no serían necesarias. Por eso, la característica de la coercibilidad se concibe a partir del presupuesto de que la norma puede ser violada o incumplida. Por eso es común que las normas incluyan disposiciones y mecanismos de anulabilidad de actos y, o, de sanción personal para el supuesto de que se produzca su incumplimiento o violación.

  1. La permanencia.

En principio las normas se dictan para que prevalezcan en el tiempo. Excepcionalmente, algunas normas se llaman temporales en tanto vienen a regular materias sobre las que el legislador u órgano productor de la norma tiene la certeza de que llegarán a su fin, y entonces esas normas se dictan para que sus efectos se extingan junto con la materia que vinieron a regular.

De todos modos, la experiencia parece haber demostrado que es imposible que una norma, por fundamental que sea en el ordenamiento jurídico, se resista al tiempo, sin ir experimentando cambios o sin que sea necesario, incluso, derogarla por completo algún día: tal ha ocurrido en 2002 con el Código de Procedimiento Criminal dominicano. El Código Penal está lleno de enmiendas, e igualmente el Código Civil. El Código de Procedimiento Civil está en proceso de revisión y reforma...

Teóricamente, la Constitución es la más estable de las normas, porque tanto el procedimiento de su reforma como las mayorías llamadas a votarla son complejos o agravados a propósito, precisamente para dar estabilidad a las instituciones constitucionales. Sin embargo, de cuando en cuando, la Constitución necesita ser enmendada y, de hecho, se actualiza.

  1. La estatalidad.

Sólo tienen facultad normativa las instituciones públicas reconocidas por la Constitución. Facultad normativa en el sentido de un verdadero poder o legitimidad, en base al contrato social con los ciudadanos, para dictar normas de obligatoriedad erga omnes o de carácter general. Esta aclaración es pertinente toda vez que los particulares, personas físicas y jurídicas, tienen la facultad de obligarse por vía de convenciones que tienen, sin embargo, vigencia y eficacia inter partes y no más allá, como explica el Código Civil, art 1134: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley”, pero solamente “para aquellos que las han hecho”.

  1. La unidad formal.

Las normas dictadas por el Congreso se llaman leyes y resoluciones, en tanto que las dictadas por el ejecutivo se llaman decretos: o sea, que cada tipo de norma recibe su denominación dependiendo del órgano que la produce.

De modo que, por ejemplo, por mucho que un decreto reglamentario del poder Ejecutivo se parezca a cualquier ley, incluso a la que reglamenta, no deja de ser un decreto, y los legisladores, por su parte, jamás podrán llamar decreto a una norma que produzcan, lo cual no tiene que ver con la materia que regule, ni con el tamaño de la norma, sino con el órgano que la ha producido.

  1. La unilateralidad.

Si consideramos una de las divisiones clásicas del Estado en dos partes, de un lado la sociedad y del otro los poderes públicos, las normas, para ser producidas, no precisan de la voluntad inmediata de la sociedad, sino de la única y sola voluntad de los poderes públicos con facultad legislativa. Eso es sólo en principio, ya que esta cuestión tiene sus atenuantes.

  1. El carácter proposicional.

En unas normas más que en otras, la redacción se realiza mediante proposiciones lingüísticas descriptivas, por la necesidad de que la norma sea general, dictada para materias, comportamientos, hechos, actos, relaciones, problemas y personas que la norma, para ser justa y servir a la igualdad, no puede ver de manera concreta sino en abstracto.

Es en parte ese carácter proposicional de la norma la que hace necesaria su posterior interpretación de cara a su aplicación en casos concretos y a su estudio y conocimiento por parte de los estudiosos: doctrina, estudiantes de derecho, etcétera.


      1. La coercibilidad, según la concepción imperativa


Existe una corriente del Derecho, la concepción imperativa, que sostiene que la característica esencial y diferenciadora de la norma jurídica es la coerción. Sólo siendo coactiva puede la norma, mediante la consecuencia jurídica de la sanción, resolver el hecho potencial de la desobediencia.

La norma es una imposición que expresa el poder de mandar en una sociedad. Para Kant, el Derecho es en sí mismo coactivo; para Stammler, la coacción es condición sine qua non de la norma; para Ihering, la coacción es esencial a la idea de Derecho, de manera que una norma que no sea coactiva, aunque fuese voluntariamente obedecida, no sería jurídica.

La evolución del Derecho, y el protagonismo de la concepción valorativa del Derecho natural, ha posibilitado que hoy en día la idea de la coercibilidad se asocie a las ideas sobre lo que es justo y a los criterios de determinados valores como legitimadores de la norma. Del Vecchio teme que, de no estar así legitimada, sobrevenga la desobediencia generalizada de la norma, incluso la rebelión.


      1. Dos atenuantes a la unilateralidad de la norma


Hay al menos dos atenuantes al principio de la unilateralidad de la norma jurídica. La primera es que, aunque es verdad que en lo inmediato los poderes públicos no precisan de la voluntad de la sociedad para legislar, y menos para legislar tales materias concretas, ha habido ya, al menos en términos mediatos, un acuerdo, que en su origen se denomina pacto social, tema explicado por la filosofía política.

En las democracias modernas, ese pacto se renueva en el acto de las elecciones: cada cierto tiempo la ciudadanía vota para elegir a sus autoridades públicas, con lo cual les están dando el mandato para que, entre otras cosas, produzcan las normas que entiendan necesarias.

La otra atenuante, que está siendo estudiada por la relativamente nueva rama de las políticas públicas dentro de las ciencias políticas, tiene que ver con lo que se conoce como el “lobbing”: grupos de presión, sindicatos, intereses empresariales, ONG, comunidades jurídicas, etc., que presionan para que el Congreso conozca y apruebe un proyecto de ley. Esa presión suele ejercerse legal o legítimamente, con asidero incluso constitucional en el derecho de reunión, de participación y de expresión del pensamiento.

Es legal mientras se maneje en el plano institucional, sin que implique ofrecimiento, promesa, entrega o aceptación de dádivas, favores u otras categorías de intercambio, a veces tan explícitas como el dinero en efectivo y a veces difícilmente cuantificables. Es legal en tanto que las leyes tiendan a regular estas prácticas.

Pero es fácil caer en la ilegalidad o, cuando menos, en la inmoralidad: la línea que separa la buena práctica de la práctica corrupta es tenue. Los casos extremos son las negociaciones encubiertas entre empresas, grupos y legisladores, negociaciones en las cuales estos grupos están dispuestos a pagar y a beneficiar a los legisladores por aprobar o desaprobar proyectos de ley, incluso en contra del bienestar general.

Ya a principios de 1992, Ferrajoli veía en este tipo de prácticas uno de los elementos de una crisis de legalidad. Ausentes o ineficaces los controles de los electores sobre sus mandatarios, se cae en la “ilegalidad del poder”, que puede llegar a manifestarse como un “sistema de corrupción, que envuelve a la política, la administración pública, las finanzas y la economía, y que se ha desarrollado como una especie de Estado paralelo, desplazado a sedes extralegales y extrainstitucionales, gestionado por las burocracias de los partidos y por los lobbies de los negocios, que tiene sus propios códigos de comportamiento”98.

Esta situación forma parte, según Ferrajoli, de una más amplia crisis del Derecho99. (En ocasiones los juristas abordan el tema de una supuesta crisis del Derecho. Carnelutti llegó a hablar de la muerte del Derecho. Las más de las veces los planteamientos arrancan de presupuestos fácticos que reclaman del Derecho respuestas para las que éste no está preparado por tratarse de acciones poco ortodoxas, contradictorias con el Derecho tal como se conoce o cuando menos sospechosas para el sistema jurídico vigente. Perplejos, una de las primeras reflexiones de los juristas es: o negar la legitimidad de los hechos por no estar conformes a las normas, o declarar el anquilosamiento del Derecho por no adecuarse a las nuevas realidades. Tal es el caso de la controvertida fundamentación jurídica de la guerra preventiva; la discusión no es nueva, pero George W. Busch volvió a ponerla de moda durante los años 2001-2009 con la guerra contra el terrorismo. Otro ejemplo es la discusión ética sobre la clonación humana. La dinámica social impone, no la parálisis del Derecho, sino su adecuación a los nuevos retos, desde la postura que sea (de crítica, de rechazo, de explicación, de fundamentación), pero postura en fin, como finalmente terminan asumiendo los juristas después de la parálisis inicial. Lo cierto es que cada día surgen nuevos retos para que tienen que ser regulados y explicados por el Derecho: el pleno reconocimiento de las minorías, la eutanasia, el terrorismo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera100.)

En la República Dominicana, el lobbing irresponsable se conoce como el “hombre del maletín”, y evoca la silueta de un personaje hipotético metido en los hemiciclos del Senado y de la Cámara de Diputados, sacando fajos de billetes de su hipotético maletín y distribuyéndolos entre unos hipotéticos legisladores para que apoyen o no apoyen determinadas iniciativas de ley.

La figura del hombre del maletín es anecdótica. Ha habido tiempos en que en la política dominicana se ha constatado realmente la presencia de un “hombre del maletín” comprando votos de los legisladores para que aprueben o rechacen algún proyecto de ley.


    1. Clases de normas jurídicas


Una parte de la doctrina, cobijada bajo la teoría imperativista de las normas jurídicas, considera que toda norma es de carácter imperativo por cuanto procede del legislador, quien en la propia norma indica que se le de determinado uso y no otro: así, los preceptos que no sean estrictamente imperativos o mandatos, deberán entenderse como “imperativos condicionados”101.

Pero, aunque aceptáramos que en última instancia toda norma es de carácter imperativo, la doctrina ha clasificado ampliamente las normas de acuerdo a diversos criterios: 1) según la delimitación de la materia o del sujeto regulado; 2) según el efecto jurídico de la norma; 3) según la sanción prevista por la norma; 4) según el ámbito espacial de la norma; 5) según la duración de la vigencia de la norma; 6) según que la norma establezca precepto o sanción, y 7) las ficciones jurídicas.


      1. Según la delimitación de la materia o del sujeto regulado




  1. Normas generales, especiales y excepcionales:

  1. Las normas generales reglamentan una materia en base a criterios tenidos como de valor general o conforme a los Principios Generales del Derecho.

Así, las “grandes leyes” sobre una materia, recogidas en compendios que suelen llamarse códigos, son los ejemplos más significativos de las normas del Derecho general, que con frecuencia suele llamarse Derecho común. El amplio alcance material de las normas de Derecho general o común implica que se dicte, a su vez, para todas las personas, sin distinción; por ejemplo, los códigos: el Código Penal, el Código Civil, etcétera.

  1. Las normas especiales son las que regulan una materia en particular, y alcanzan a una determinada clase de personas.

En este tipo de normas se desarrollan y especifican las normas de carácter general. Ellas constituyen el producto característico de la actividad legislativa. Los cambios sociales, los nuevos retos de cada día, obligan a una permanente revisión de las normas y a una constante regulación de nuevas actividades, nuevos modos de relaciones sociales, nuevas expresiones de los conflictos sociales y nuevos reconocimientos de derechos de las personas. El resultado es una constante derogación y producción de normas.

  1. Las normas excepcionales regulan situaciones concretas.

Por su excepcionalidad, no se aplican a otros casos que los comprendidos en ellas, ni más allá del ámbito territorial y temporal que en ellas debe consignarse. Sus efectos no se extienden más allá de su período de vigencia. Esas normas tampoco sirven para hacer analogías tomándolas como precedente o como referencia. Por ejemplo, la necesidad de reformar la Constitución debe declararse “por una ley de convocatoria. Esta ley, que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, contendrá el objeto de la reforma e indicará el o los artículos de la Constitución sobre los cuales versará”. Una vez aprobada la reforma constitucional, esa ley deja de tener vigencia; es una norma de carácter excepcional.

  1. Normas abstractas, en las que el legislador prevé como supuesto de hecho una clase de hechos; y normas concretas, en las que el legislador regula un hecho determinado.

  2. Normas rígidas y normas elásticas.

  1. Las normas rígidas o ius strictum (“de Derecho estricto”) no dejan margen para su interpretación; o mejor dicho, deben entenderse literalmente, tal como han sido escritas. Se dice que son taxativas. Así, cuando el Código Civil, art 312, dice que el “hijo concebido durante el matrimonio se reputa hijo del marido”, no admite mayor interpretación. A veces también se les llama normas de Derecho estricto.

  2. Las normas elásticas, flexibles o de Derecho equitativo, conocidas también como ius aequum admiten interpretación y muchas veces necesitan ser interpretadas por el Juez o por los interesados, de acuerdo a las circunstancias de cada caso.

En ese tipo de normas, el supuesto de hecho, o la consecuencia jurídica, o ambos elementos, son flexibles: el legislador los deja a la libre interpretación. Por ejemplo, el CPP, art 238, afirma que: “Salvo lo dispuesto especialmente para la prisión preventiva, el juez, en cualquier estado del procedimiento, a solicitud de parte, o de oficio en beneficio del imputado, revisa, sustituye, modifica o hace cesar las medidas de coerción por resolución motivada, cuando así lo determine la variación de las condiciones que en su momento las justificaron”.

No obstante, la interpretación de la norma puede plantear problemas en un doble sentido: cuando, necesitándose la interpretación, se niega; o cuando se interpreta sin necesidad de hacerlo o en un sentido contrario o diferente del que se espera, con lo cual se desnaturaliza la norma por interpretarla erróneamente. Para el primer supuesto, la Ley prohíbe la negativa del Juez a interpretarla; en ese sentido, el CC, art 4, sostiene que: “El juez que rehusare juzgar pretextando silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido como culpable de denegación de justicia”. Mientras que, en referencia a la interpretación errónea, es común que en los litigios los abogados, con razón o sin ella, acusen a los jueces de interpretar erróneamente las normas y precisamente esa acusación suele ser causa (o justificación) de los recursos de casación que las partes someten ante la Suprema Corte de Justicia sobre las sentencias con las que no se encuentran conformes.

En el caso específico del artículo 238 del Código Procesal Penal, la Suprema Corte de Justicia llama la atención sobre la necesidad de moderación de los jueces al señalar que “en todo estado del procedimiento existe la posibilidad de variar las medidas de coerción impuestas, pero esto es a condición de que surja, real y concretamente, una variación de las condiciones y/o circunstancias que originalmente se tomaron en cuenta al momento de dictarse la medida”102. Ese fragmento es una advertencia sobre la interpretación de la norma de manera caprichosa cuando tal interpretación amerita ser fundamentada; al prohibir la interpretación caprichosa, se está previendo el peligro de la parcialidad y subjetividad del juzgador.

  1. Normas incompletas. Estas cobran sentido en tanto que complementarias de otras. Se dividen en:

  1. Explicativas o interpretativas de otras normas, cuyo alcance terminan de definir.

  2. Normas que limitan, restringen o modifican el alcance de otras normas.

  3. Normas que definen términos jurídicos o del lenguaje técnico para precisar su significado, alcance o contenido.

  4. Normas de remisión o reenvío, que remiten al Derecho común para la regulación de determinadas materias o procedimientos.

Son normas de remisión, por ejemplo, las que establecen penas de prisión, que van a remitirse al Código Penal para establecer la duración de la pena, dependiendo de la modalidad de infracción, y al Código Procesal Penal para establecer el procedimiento de imposición de la pena. Otro ejemplo: los embargos están detallados en el Código de Procedimiento Civil, así que una norma especial, en vez de repetir un procedimiento de embargo (a menos que se trate de un embargo especial creado para esa materia), remite al que ya existe, lo que ahorra duplicación de procedimientos, de esfuerzos y de recursos legales.

El derecho común será entonces la norma o el conjunto de normas que contienen en detalle aquella regulación necesaria en normas posteriores, las que por lo tanto se auxilian de las preexistentes remitiéndose a ellas. Por ejemplo, la Ley de Amparo103 dispone que: “La sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada mediante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que estable el derecho común”.

En ese caso, el derecho común está constituido por la norma (una o varias) que perfeccionan y agotan el contenido del procedimiento de la tercería y el de la casación, que para este caso, como ha dicho la Suprema Corte de Justicia, “lo constituye el conjunto de disposiciones” de la Ley “3726, del 29 de diciembre de 1953, y sus modificaciones, sobre Procedimiento de Casación”104.



      1. Según el efecto jurídico de la norma




  1. Normas positivas, en las que el comportamiento previsto consiste en una acción (la norma manda hacer algo), y normas negativas, en las que el comportamiento previsto consiste en una omisión (la norma prohíbe hacer algo).

  2. Normas necesarias o ius cogens, y normas supletorias o ius dispositivum:

  1. Las necesarias, también llamadas principales, constituyen la regulación principal y necesaria de la materia de que se trate.

En principio, toda norma es necesaria o principal, aunque con frecuencia ocurre que dos o más normas regulan complementariamente diferentes aspectos de la misma manera, regulando una lo que la otra no había regulado, o cuando la posterior modifica aspectos de la anterior, la cual sigue vigente en los demás aspectos.

La norma necesaria se impone de un modo absoluto, y es inderogable por la voluntad de las partes. Por ejemplo, de acuerdo al principio de inderogabilidad: “Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares”105.

Las normas necesarias se dividen en:

  • Imperativas, que imponen la obligatoriedad de una conducta,

  • Prohibitivas, que prohíben una determinada conducta y

  • Semi-imperativas, las cuales pueden ser imperativas o prohibitivas, pero se caracterizan porque su inderogabilidad puede atenuarse por voluntad de las partes, especialmente cuando la derogabilidad favorezca a la parte débil en el contrato. Por “parte débil” debe entenderse el trabajador en oposición al empleador, el arrendatario en oposición al arrendador, el asegurado en contraposición al asegurador, el consumidor en contraposición al vendedor, etcétera.

  1. Las supletorias, también llamadas normas dispositivas o normas de Derecho voluntario. No se imponen a la voluntad de las partes, que pueden excluirlas. Se dividen en:

  • Interpretativas, cuyo objeto es aclarar o interpretar la voluntad de las partes cuando surge el desacuerdo o la duda con respecto a lo que quisieron decir e

  • Integrativas, con las que se pretende completar cualquier falta o carencia en la expresión de la voluntad de las partes.




      1. Según la sanción prevista por la norma



  1. Leges plusquamperfectae o “más que perfectas”, aquellas que actúan radicalmente sobre el objeto y sobre el sujeto, anulando el acto realizado contra la norma e imponiendo una pena o sanción a quien lo ha realizado.

  2. Leges perfectae, que contemplan solamente la anulación del acto violatorio.

  3. Leges minusquamperfectae o “menos que perfectas”, las cuales penalizan al sujeto pero sin declarar la nulidad del acto.

  4. Leges imperfectae, que son aquellas que, sin penalizar al sujeto ni anular el acto violatorio, contienen cláusulas para evitar su incumplimiento, como la anulabilidad o la rescisión del acto.




      1. Según el ámbito espacial de la norma




  1. Normas de Derecho común, que son las que tienen vigencia en todo el territorio de un Estado, por ejemplo las leyes que emanan del Congreso; y

  2. Normas de Derecho particular, que rigen una parte del territorio, como es el caso de las ordenanzas municipales, que son normas de los ayuntamientos con vigencia únicamente para la jurisdicción municipal.




      1. Según la duración de la vigencia de la norma




  1. Normas de Derecho normal y normas de Derecho excepcional.

  1. Las de Derecho normal se dictan de acuerdo a un conjunto de criterios, principios y valores tenidos como fundamentales para el sistema jurídico.

  2. Las de Derecho excepcional regulan situaciones excepcionales, durante un tiempo mínimo mientras se mantenga el estado de excepción que regulan, durante el cual se niegan o limitan algunos derechos fundamentales de las personas.

La CD 2010 plantea las pautas generales de los estados de excepción, que el art 262 define como “aquellas situaciones extraordinarias que afecten gravemente la seguridad de la Nación, de las instituciones y de las personas”, “frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias”.

Los estados de excepción se dividen en: 1) “estado de defensa”, que podrá declararse cuando la “soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas”106, 2) “estado de conmoción interior”, que “podrá declararse en todo o parte del territorio nacional, en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades”107 y 3) “estado de emergencia”, que “podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264” de la Constitución, “que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública”108.

  1. Normas de Derecho permanente (asimilables a las de Derecho normal), que tienen vigencia por tiempo indefinido, lo que en principio es la vocación de toda norma; y normas de Derecho temporal, dictadas para un determinado período de tiempo o para una situación temporal mientras ésta se mantenga. Estas últimas son asimilables a las que regulan estados de excepción, pero las de Derecho temporal pueden regular cualquier materia.




      1. Según que la norma establezca precepto o sanción




  1. Normas primarias, que establecen el precepto condicionante y

  2. Normas secundarias, que establecen la consecuencia jurídica en la forma estrictamente de sanción, o lo que Kelsen llama la imputación, en caso de incumplimiento del precepto.

Sin embargo, como señala Lumia, precepto y sanción son “los aspectos complementarios de una misma norma”. En realidad, son las dos caras de una misma moneda: no puede haber un mandato por cuyo incumplimiento no se establezca una sanción, ni puede ordenarse una sanción sin especificar un mandato. A veces precepto y sanción aparecen en artículos distintos de una misma ley, o en leyes diferentes; y a veces en el mismo artículo. Así, el Código Penal dice: “El que voluntariamente mata a otro, se hace reo de homicidio”109, y en artículos posteriores entra en detalles sobre las penas imponibles por homicidio.

Por otro lado, como ha reconocido la doctrina, las consecuencias jurídicas no se resuelven en el ámbito estrictamente de las sanciones. En efecto, sanción y consecuencia jurídica no son la misma cosa. La sanción es un tipo negativo de consecuencia jurídica. Hay también consecuencias jurídicas de tipo positivo, como cuando la ley establece condiciones para ser legatario o donatario y una persona llega a reunir esas condiciones; o como cuando la ley, para fomentar el desarrollo de la línea fronteriza, establece incentivos y exoneraciones a empresas que se establezcan en esa parte de la República, lo que es aprovechado por las empresas que se establecen allí.


      1. Las ficciones jurídicas


No son normas en sí mismas. Consisten en el hecho de tomar por verdadero algo que no existe para fundamentar un derecho, que entonces deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica por efecto de la regulación.

Por ejemplo, las empresas, como personas jurídicas, son ficciones que deben su existencia a las leyes que regulan la materia. La premoriencia y la conmoriencia también son ficciones jurídicas, que el legislador toma como referencia para regular derechos sucesorios. Entre otras.


    1. Efectos esenciales de las normas


Fundamentalmente, el efecto que busca toda norma jurídica es su cumplimiento. Lo que les da sentido a las normas es que se cumplan. En la medida en que sus normas jurídicas no se cumplan, un Estado se encuentra ante un serio problema de legitimidad, que eventualmente puede acarrear una situación de crisis y de ingobernabilidad.

Si el objeto de la norma es hacerse cumplir, entonces sus destinatarios son las personas a quienes va dirigida. No todos los juristas lo han entendido así. Ihering consideraba que los destinatarios de las normas son los órganos públicos, porque ellos son los encargados de hacerla cumplir. Sostenía que la norma no sería eficaz, es decir, que nadie se sentiría obligado a observarla, si no hubiera ante todo unos poderes públicos obligados a cumplir la norma y a imponer su cumplimiento, y que efectivamente tuvieran el poder de coerción, o sea, del uso de la fuerza pública e institucionalizada, si fuera necesario.

La aspiración de la norma de hacerse cumplir se traduce, según Federico De Castro, en tres efectos, que son: el deber de obediencia, la sanción y la eficacia constitutiva.

  1. El deber de obediencia.

Está citado varias veces en la Constitución Dominicana de 2010. Así, la expresión: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe”110 tiene entre sus múltiples corolarios el mandato de que a todos puede exigírseles hacer lo que la ley manda e impedírseles lo que ella prohíbe.

Por otro lado, el primer deber de todo dominicano es “acatar y cumplir la Constitución y las leyes” y “respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas”111, deber que se extiende a las propias autoridades, siendo el Presidente el primero que está llamado a “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República”112, según el significado que implica la investidura de Primer Mandatario113.

Según el jurista Federico Puig Peña, puede distinguirse una “proyección personal” y una “proyección real” del mandato de obediencia:

  1. La proyección real se refiere al hecho de que todos están obligados a cumplir la norma jurídica.

  2. La proyección personal se refiere a un cumplimiento de primer grado y a uno de segundo grado de la norma jurídica.

El cumplimiento en primer grado remite a la obligación de cada quien de cumplir con lo que la norma dicta y abstenerse de hacer lo que ella prohíbe. El cumplimiento de segundo grado refiere a la obligación de acatar las situaciones jurídicas establecidas por las normas o creadas a su amparo, a no obstaculizar el cumplimiento de las normas e incluso a cooperar para su efectiva vigencia.

  1. La sanción.

Está prevista por la norma jurídica para el caso de su violación o incumplimiento. Puede consistir en declarar nulo el acto realizado contra la norma o en imponer una pena al infractor.

  1. La eficacia constitutiva.

La norma jurídica es la expresión concreta con la cual el Derecho regula la vida en sociedad. Ese regular la vida en sociedad se refiere a intervenir en la vida de las personas para organizarla, para darle reglas que rijan la conducta de los individuos, lo que les permitirá adecuar su comportamiento al punto de convivir con los demás.

De ahí que la norma existe por y para la persona humana. La eficacia constitutiva se refiere al hecho de que la norma jurídica acota una realidad social y la convierte en realidad jurídica, convirtiendo los vínculos sociales en vínculos jurídicos cargados de expresividad normativa, es decir, en una serie de derechos y obligaciones.

Los elementos de la eficacia constitutiva son: la persona física o humana, la relación jurídica, la institución jurídica y el derecho subjetivo:

  1. La persona humana, de la que se dice “persona humana” o “persona física” para diferenciarla de las “personas jurídicas” (las empresas y otras organizaciones). Una persona es un individuo. En Derecho se la define como todo sujeto de derechos y obligaciones.

  2. La relación jurídica es el vínculo entre dos o más personas con respecto a un bien o conjunto de bienes, o a determinados intereses en común, siempre que tal relación esté regulada por el Derecho o sea susceptible de estarlo. Más exactamente, se trata de “la relación entre el poder de un sujeto y el deber de otro sujeto”114. Un contrato cualquiera establece una relación jurídica. La relación jurídica tiene tres características:

  • Sirve de base a las relaciones específicas y derivadas, es decir, al conjunto de derechos subjetivos, facultades y deberes, que constituyen su contenido.

  • Es la situación en la que una persona se encuentra respecto de otra. Pero debe entenderse en un doble sentido: en una obligación, es la situación del deudor con respecto del acreedor, pero es también la del acreedor con respecto del deudor.

  • Es una organización unitaria y total y no una simple acumulación, desordenada o incompleta, de derechos y deberes entre dos o más personas. Consta de tres elementos: el elemento subjetivo (personas), el elemento objetivo (objeto o materia de la relación) y el de actividad (los hechos que ponen en contacto a las personas para que nazca esa relación).

  1. La institución jurídica es la “idea superior” o marco objetivo al que se adhieren dos o más voluntades subjetivas vinculadas por una relación jurídica. Entre muchas otras, son ejemplos de instituciones jurídicas el matrimonio, la adopción y las donaciones.

  2. Por derecho subjetivo (o deberíamos decir derechos subjetivos) se entiende el conjunto de facultades y prerrogativas de cada individuo como tal y como parte de la sociedad.

Tales derechos tienen tres elementos, que son: el sujeto o persona que los ostenta (los derechos subjetivos varían según la relación jurídica de la que se trate y el papel de la persona en esa relación), el objeto o realidad social acotada y regulada como base de la relación concreta en que actúa el sujeto y el contenido de la relación, o sea, el conjunto de derechos, deberes y facultades del titular de los derechos objetivos.

Debe distinguirse, como frecuentemente ha hecho la Suprema Corte de Justicia, entre derechos objetivos y los derechos fundamentales, que son inherentes por igual a toda persona humana y que están enumerados por la Constitución.

Debe igualmente recordarse que “el verdadero derecho subjetivo existe cuando el individuo cuenta con todo un sistema a su alcance para poner en ejecución ante la violación de un derecho, que incluye desde la titularidad de una acción (legitimación), pasando por el acceso a la Justicia ante tribunales imparciales integrados por jueces naturales que respeten las reglas del debido proceso”115.


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