Introducción: el Derecho dominicano 1978-2011




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títuloIntroducción: el Derecho dominicano 1978-2011
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Inexcusabilidad del cumplimiento de la norma


Hay quien pueda no cumplir la norma jurídica, o violarla, y alegar, con razón o no, que lo hizo porque la desconocía, o por razones de índole moral, ideológica o religiosa. ¿Qué soluciones plantea el Derecho para esos casos?

Si se comenzara a excusar a toda persona que alegara haber violado la norma porque la desconocía, probablemente muchas personas terminarían acogiéndose a esa excepción, por lo que el daño social podría ser grave. Por eso se ha optado por entender que toda persona conoce la norma aunque en principio una persona específica realmente desconozca una norma específica que sin embargo le es aplicable.

No puede alegarse el desconocimiento de la norma. Si no puede alegarse su desconocimiento, y la norma se ha hecho para cumplirla, entonces no hay excusa para no cumplirla. En eso consiste la inexcusabilidad del cumplimiento de la norma jurídica. Diferente es el caso en que la norma misma permite ser objetada, como cuando en un ordenamiento jurídico se admiten determinadas razones de las personas para no hacer el servicio militar obligatorio.

De acuerdo a la CD 2010, art 109: “Las leyes, después de promulgadas, se publicarán en la forma que la ley determine y se les dará la más amplia difusión posible. Serán obligatorias una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas en todo el territorio nacional”.

En cuanto a los plazos para que se reputen conocidas, el CC, art 1, dice que: “Las leyes, salvo disposición legislativa expresa en otro sentido, se reputarán conocidas en el Distrito Nacional y en cada una de las Provincias, cuando hayan transcurrido los plazos siguientes, contados desde la fecha de la publicación hecha en conformidad con las disposiciones que anteceden, a saber: En el Distrito Nacional, el día siguiente al de la publicación. En todas las Provincias que componen el resto del territorio nacional, el segundo día. Las disposiciones que anteceden se aplican también a las Resoluciones y a los Decretos y Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo”.

Una vez transcurridos los plazos señalados desde su publicación, las normas jurídicas se reputan conocidas por toda persona alcanzada por el ordenamiento jurídico nacional.

Según el carácter de la obligatoriedad que se impone, las normas deben ser acatadas y nadie debe alegar que no las conocía. Esa inexcusabilidad del cumplimiento de la norma se conoce como el principio de ignorantia iuris no excusat (la ignorancia no excusa del cumplimiento del Derecho), que se puede explicar con más claridad mediante el principio neminem licet ignorare ius (a nadie le está permitido ignorar el Derecho), o incluso mediante este otro: “nemo jus ignorare censetur, ignorantia legis neminen excusat (se presume que todo el mundo conoce la ley, por lo cual, aunque resulte que uno la ignoraba, se obliga lo mismo que si la hubiese conocido)”127.

El Digesto romano (siglo VI) recogía ya el principio de la inexcusabilidad del cumplimiento de la norma, que a veces, en algunos ordenamientos jurídicos, se ha atenuado para favorecer a determinadas clases de personas, tales como los incapaces (menores de edad y enajenados mentales).

El principio de ignorantia iuris no excusat debería entenderse en el sentido de que el hecho de que una o varias personas desconozcan una o varias normas específicas no debe obstaculizar la vigencia de esas normas ni, llegado el caso, su aplicación con relación a esas personas que las desconocen.

Para los poderes públicos (gobernantes, funcionarios y empleados de los organismos públicos), es especialmente imperativa la inexcusabilidad del cumplimiento de la norma, con motivo del ejercicio de sus funciones o en ocasión de dicho ejercicio. Por tanto, tienen el deber de conocerla, interpretarla correctamente y aplicarla de acuerdo a los valores constitucionales. La Constitución y otras normas contienen varias disposiciones que así lo mandan; entre otras medidas, la CD 2010 establece que el respeto y protección de la dignidad humana “constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”128, y: “Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley”129.

Es que las personas que forman parte del gobierno, de la Administración Pública y de los órganos legislativo y judicial tienen un doble compromiso frente a las normas: el de servir de guía y ejemplo en su cumplimiento y el de velar por su observancia.

Es quizá por eso que es menos comprensible la violación de la norma cuando el infractor es un servidor público; un ejemplo es la posibilidad de endurecer el régimen sancionador en los casos de corrupción: “La ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo”130, mandato que se suma a los regímenes disciplinarios y sancionadores que el Código Penal y otras normas contienen para las infracciones administrativas y penales de los servidores públicos.

Por otra parte, el juez conoce el Derecho; eso es lo que expresa el aforismo iura novit curia. El Código Civil dominicano lo presume en su art 4: el juez no puede alegar silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley.

En su calidad de dirimentes de los conflictos sociales convertidos en conflictos jurídicos y como funcionarios investidos de autoridad y legitimidad para hacer cumplir las normas y para sancionar su incumplimiento, los jueces conocen el Derecho, se presume, lo cual implica, entre otras cosas, aplicarlo de oficio cuando corresponda, vigilar la constitucionalidad de las leyes y la legalidad de los procesos, subsanar las deficiencias de Derecho que en sus pretensiones manifiesten las partes, etc., todo ello de acuerdo al petitum de la partes, es decir, sin salirse ni ir más allá de la justicia que se ha solicitado “y se espera merecer” (como suelen decir los abogados dominicanos en sus peticiones a los jueces), excepto cuando la intervención judicial constituya un acto de justicia y una aspiración de equilibrio, legalmente permitidos, en favor de la parte débil o indefensa.


    1. Error de derecho


Ante el error de derecho, la doctrina moderna propugna la atenuación. Está de acuerdo en que el cumplimiento de la norma alegando ignorancia es inexcusable, pero sostiene que para efectos de atenuación debería tomarse en cuenta la prueba de que ha habido error de derecho o conocimiento equivocado de la norma.

El error de derecho o error iuris consiste en aplicar erróneamente la norma jurídica a los casos concretos: se aplica una norma a un caso cuando en realidad debió aplicarse otra que a veces contradice la aplicada.

Que la aplicación sea errónea quiere decir que el error no ha sido deliberado, sino porque se creía que esa norma era aplicable a ese caso. El error no excusa el incumplimiento de la norma.

No se puede confundir con el error de hecho o error facti, regulado por el CC, arts 1109 y ss, que distingue entre error en cuanto a la cosa y error en cuanto a la persona, error que consiste en que, por equivocación atribuible a la persona que contrata, se termina contratando sobre una cosa o con una persona diferente de la que se esperaba contratar: “No hay consentimiento válido, si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo”131; “El error no es causa de nulidad de la convención, sino cuando recae sobre la sustancia misma de la cosa que es su objeto. No es causa de nulidad, cuando únicamente recae en la persona con la cual hay intención de contratar, a no ser que la consideración de esta persona sea la causa principal de la convención”132; y: “La convención contratada por error, violencia o dolo, no es nula de pleno derecho, sino que produce una acción de nulidad o rescisión”133.

El error iuris puede tener efectos diferentes que el error facti, en cuya regulación las leyes son menos benignas: por ejemplo, una transacción no puede impugnarse por error de derecho, pero sí por error de hecho, sea sobre la persona como sobre la cosa134.


    1. Motorización normativa e inflación legislativa


De todas maneras, no parece que tenga sentido pretender que todas las personas conozcan todas las normas, y que las conozcan correctamente, porque es un hecho que el común de las personas desconoce la mayor parte de las normas, excepto cuando se ven obligadas a conocerlas para aplicarlas en situaciones específicas. Más aun cuando vemos la situación a la luz del fenómeno de la “motorización normativa”, que consiste en el hecho de que cada día se producen más y más normas, cuyo número crece en términos relativos y absolutos, es decir que, en principio, dado que hay más legisladores y materias reguladas, se producen más en relación con las cantidades que se producían en otros tiempos, a la vez que las actuales se acumulan con las anteriores que se mantienen vigentes.

A la motorización normativa se agrega el problema de la “inflación legislativa”, que implica, no sólo la existencia de un cúmulo de normas, sino que los legisladores dictan más y más normas, y en muchos casos existe redundancia o, por el contrario, contradicción, entre ellas. De ahí se supone un ordenamiento jurídico sobrepoblado de normas que cohabitan en una situación caótica. La inflación legislativa hace referencia a la pérdida de validez y eficacia de las normas jurídicas por efecto de esa situación.

No es un problema insoluble, como demuestra el caso argentino. Durante diez años, entre 1999 y 2009, la Universidad de Buenos Aires (Argentina) estuvo trabajando en un proyecto llamado “Digesto jurídico argentino”135, que consistió básicamente en expurgar y limpiar el ordenamiento jurídico argentino mediante la eliminación de las normas redundantes y la corrección de las contradictorias.

El resultado es que la facultad de Derecho, a cargo del proyecto, logró reducir 32.204 leyes a 3.134, esto es: ¡redujeron 90% y salvaron, como necesarias, el 10% de las leyes que tenía Argentina cuando comenzó el proyecto!136

La idea de un “digesto jurídico” es atractiva para la certeza del Derecho y contradice la percepción entre los juristas, expuesta por Bobbio, de que “los ordenamientos se componen de una miríada de normas que, como las estrellas en el firmamento, son imposibles de contar”137.


    1. Exclusión voluntaria de las normas


El Derecho Civil establece que las “convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho”138.

En el marco de esos convenios, las partes pueden renunciar a someterse a una determinada norma de carácter dispositivo y optar por otra que les convenga.

También con motivo de una litis, una de las partes puede renunciar a su derecho a recurrir, por ejemplo en apelación o en casación; y si ambas partes en conflicto llegasen a un acuerdo antes de que intervenga una decisión judicial, entonces estarían renunciando al derecho que tienen a proseguir sus demandas y a ejercitar los recursos que la justicia pone a su disposición, aunque tal renuncia no se explicite en el acuerdo que han firmado.

La exclusión voluntaria de la Ley tiene unas determinadas características y condiciones:

  1. Exclusión no significa quedar fuera de la Ley.

Tanto el procedimiento que se siga para “excluirse” como el hecho mismo de quedar “excluido” de la Ley no quieren decir que se quede al margen del ordenamiento jurídico, sino que se renuncia a la aplicación de una norma.

Puesto que no se puede vivir fuera o al margen del ordenamiento jurídico, entonces la exclusión voluntaria de una o varias normas jurídicas implica quedar automáticamente sometido a otra u otras, aunque no se establezca en el acuerdo.

  1. Es una conducta voluntaria de las personas. A la vez que no puede ser obligada, tampoco opera de pleno derecho.

  2. La exclusión voluntaria es también personal.

No puede una persona renunciar a los derechos adquiridos por otra ni a la ley aplicable a una relación jurídica entre terceros. La exclusión es unilateral si una sola persona es la beneficiaria de la ley o de los derechos a los que renuncia; en caso de relaciones jurídicas, como cuando dos partes contratan, ha de ser consentida por todas las partes.

  1. El ámbito de eficacia de la exclusión voluntaria de la Ley no puede perjudicar a terceros.

  2. No puede referirse más que a las normas de carácter dispositivo.

No puede haber exclusión de las normas de carácter imperativo, excepto si el legislador lo permite o justifica, caso en el cual debe hacerse mediante Ley.

Tampoco debe afectar a los derechos de las personas, aunque la Constitución establece que el ejercicio de tales derechos puede regularse mediante Ley, que en ese caso deberá ser de carácter excepcional en los estados de excepción: “Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad”139.

  1. La exclusión voluntaria de la Ley tampoco puede hacerse sobre normas relativas al orden público, las buenas costumbres y las leyes de policía y de seguridad pública.

Según la CD 2010, art 111: “Las leyes relativas al orden público, policía y la seguridad, obligan a todos los habitantes del territorio y no pueden ser derogadas por convenciones particulares”. Y el CC, art 6: “Las leyes que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden ser derogadas por convenciones particulares”.

Rige la misma excepción en cuanto a las leyes orgánicas por el especial contenido de las materias que regulan: “los derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; la función pública; el régimen electoral; el régimen económico financiero; el presupuesto, planificación e inversión pública; la organización territorial; los procedimientos constitucionales; la seguridad y defensa; las materias expresamente referidas por la Constitución y otras de igual naturaleza”140.


    1. Eficacia sancionatoria de la norma jurídica


El incumplimiento o la transgresión de la norma jurídica obligatoria (imperativa o prohibitiva) conllevan una serie de efectos establecidos por el propio ordenamiento jurídico. En la realización de tales efectos consiste la eficacia sancionatoria de las normas.

“Si las acciones reales no corresponden con las acciones prescritas, se dice que la norma es violada. Toda prescripción es susceptible de ser transgredida, por cuanto expresa, no lo que es, sino lo que debe ser”, siendo que su cumplimiento no es más que la adecuación de los hechos, no según lo querido, sino según lo esperado por la norma, a veces por vía de constreñimiento. “A la violación se da el nombre de ilícito. Cuando la norma es un imperativo negativo” (vg, no robar), “el ilícito consiste en una acción” (robar), y “cuando la norma es un imperativo positivo” (vg, pagar la deuda contraída o reparar el daño causado), el ilícito consiste “en una omisión” (no pagar o no reparar el daño). En el primer caso se dice que la norma no ha sido observada; en el segundo, que no ha sido cumplida”: “lo que se observa es una prohibición y lo que se cumple un mandato, de donde hay dos formas diferentes de violación”: “la inobservancia respecto de un imperativo negativo, y el incumplimiento respecto de un imperativo positivo”141.

A la inobservancia o incumplimiento de la norma se imputa una sanción, definida por Bobbio como “el medio a través del cual se trata, en un sistema normativo, de salvaguardar las leyes de la erosión de las acciones contrarias”, o más brevemente, la sanción es la “respuesta a la violación142.

Bobbio prevé tres tipos de sanciones según el tipo de norma violada: a) en caso de violación de normas morales, la consecuencia, interna al individuo, es la sanción moral, “que en el lenguaje de la ética se denomina ‘remordimiento’ o ‘arrepentimiento’”, b) en el caso de violación de normas sociales o del grupo social con el que la persona convive, la consecuencia desagradable adopta la forma de sanción social, respuesta externa a la persona sancionada, que puede tener “diferente grado de gravedad”: desde la reprobación, al aislamiento, el destierro o expulsión del grupo hasta, en su forma más grave, el linchamiento. La sanción interna, agrega Bobbio, es de escasa eficacia y la externa no está institucionalizada, lo que acarrea inconvenientes como el de la desproporción entre la violación y la respuesta. De ahí que la sanción deba ser institucionalizada y exteriorizada para convertirse en sanción jurídica143.

Ese tipo de sanciones, las jurídicas, son las que nos interesan en este apartado: que sean externas significa que constituyen una respuesta del grupo social, y que estén institucionalizadas quiere decir que son producidas, todas ellas, con las mismas formas y por medio de las mismas fuentes de producción.

Ya hemos visto que, de acuerdo al tipo de sanción que prevén para su violación, las normas jurídicas pueden clasificarse en leges plusquamperfectae, perfectae, minusquamperfectae e imperfectae. Según esa clasificación, el efecto sancionatorio actúa sobre la validez del acto o sanciona al sujeto.

Pero la eficacia sancionatoria de la norma se extiende más allá, e impone:

  1. La ejecución forzosa,

  2. El resarcimiento, la reparación o la indemnización de los daños y perjuicios causados,

  3. Las sanciones penales y/o

  4. La nulidad de los actos jurídicos contrarios a las normas o contra legem.

Para prevenir atropellos e injusticias, la eficacia sancionatoria de las normas se realiza con estricto apego a una serie de principios del Derecho, en especial los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.


      1. La ejecución forzosa


“Se puede autorizar al acreedor, en caso de falta de cumplimiento, para ejecutar por sí y a costa del deudor, la obligación”144.

Las normas pueden disponer que sea el mismo infractor el obligado a cumplir la conducta ordenada o la obligación pactada (aun sea por sustitución o reemplazo de la cosa prometida por otra de igual naturaleza), o a devolver lo que ha recibido a cambio de lo que no cumplió.

La finalidad de la ejecución forzosa “es la obtención del crédito, al tiempo de proteger al deudor del despojo arbitrario e ilegal de sus bienes”145, para no incurrir en injusticia. Por eso son tan necesarios como legales, para proceder a la ejecución, la existencia de ciertas condiciones y solemnidades, principalmente la existencia de un título y de un crédito cierto, líquido y exigible e, idealmente, la aprobación judicial.

La Administración Pública sigue un procedimiento administrativo especial para la ejecución forzosa de las obligaciones tributarias. Tal procedimiento se inicia con la determinación de si existe el hecho generador o no; y en caso de que exista, procede la declaratoria de su ocurrencia y se define el monto de la obligación146.


      1. Resarcimiento, reparación o indemnización


El resarcimiento, la reparación o la indemnización de daños y perjuicios proceden toda vez que el incumplimiento de las normas acarree daños a otras personas.

  1. En materia contractual.

El Código Civil, art 1101, resume las obligaciones contractuales en las de dar, hacer o no hacer una cosa, y establece que: “La obligación de dar, comprende la de entregar la cosa y conservarla hasta su entrega, a pena de indemnizar los daños y perjuicios al acreedor”147. Además: “Toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en indemnización de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor”148. Y finalmente: “Si la obligación consiste en no hacer, el contraventor debe daños y perjuicios, por el solo hecho de la contravención”149.

  1. En materia extracontractual.

De acuerdo al Código Civil: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquél por cuya culpa sucedió, a repararlo”150. Y: “Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su negligencia o su imprudencia”151. Bajo ciertas condiciones también se es responsable del daño causado por el hecho de otra persona, o incluso de un animal, de una cosa o de un edificio152.

  1. En materia penal.

De acuerdo al Código Penal, art 51: “Cuando haya lugar a restituciones, el culpable podrá también ser condenado en favor de la parte agraviada, si ésta lo requiere, a la indemnización de los daños que aquél le hubiere irrogado, debiendo éstos apreciarse por el tribunal, cuando la ley no los hubiere determinado”.

Y el Código Procesal Penal establece que: “Quien pretende ser resarcido por el daño derivado del hecho punible debe constituirse en actor civil mediante demanda motivada”153. La persecución de los bienes, a los efectos de resarcir daños y perjuicios, no procede hasta después de la condenación154.

  1. En materia administrativa.

En el ámbito administrativo propiamente, y en el de la Administración tributaria, la Administración Pública es responsable frente a los particulares, a los cuales debe indemnización en los casos en que, con motivo de la prestación de los servicios públicos, resulten lesionados sus bienes o derechos.

A éste y cualesquiera otros efectos, la Administración Pública se considera como persona jurídica. Le corresponde indemnizar, resarcir o reparar los daños y perjuicios causados por sus funcionarios y empleados con motivo de la prestación de un servicio, sin perjuicio del principio de inembargabilidad de los fondos públicos y de los bienes del Estado, salvo la excepción constitucional a favor de los salarios de los trabajadores155.

La CD 2010 se ha referido a la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o agentes: “Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”156.

El daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a la persona o personas que reclaman la indemnización. Para resolver sobre los frecuentes casos de desacuerdo, se ha establecido la jurisdicción contencioso-administrativa, instancia en la que la Administración Pública está representada por un Procurador General Administrativo y por los abogados que en determinados casos designe la Administración para defender sus causas157.


      1. Las penas


Las penas consisten en la privación o limitación coactiva de uno o varios derechos. Hay penas de carácter civil, administrativo y penal.

  1. Las penas de carácter civil.

Las penas civiles son las restricciones o privaciones de derechos que las normas del Derecho privado establecen en forma penal. Al respecto, el Código Civil establece la revocación de la adopción, de los testamentos y de las donaciones; en el artículo 17 regula lo concerniente a la pérdida de los derechos civiles.

Por otro lado, la Ley de Sociedades Comerciales contempla sanciones a los actos ilícitos de los fundadores, el presidente, los administradores de hecho o de derecho, o los funcionarios responsables de sociedades comerciales y de empresas individuales de responsabilidad limitada.

  1. Las penas de carácter administrativo.

La Administración Pública tiene un amplio régimen sancionatorio de las personas físicas o jurídicas, difuminado en diversas normas. El ejercicio de esa facultad, realizado bajo el principio de legalidad, entre otros, y el control jurisdiccional158, se conoce como potestad sancionadora de la Administración Pública, cuya incidencia es relevante en el ámbito de la Administración tributaria.

Tal potestad puede ejercerse ad intra (hacia el interior) o ad extra (hacia afuera) de la Administración, por lo que respectivamente puede hablarse de sanciones disciplinarias o de sanciones de policía administrativa. Sin embargo, sin perjuicio de la decisión fundada del juez competente, la Administración, en ejercicio de la potestad sancionadora, no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad159.

  1. Las sanciones penales.

En ejercicio de la facultad exclusiva del ius puniendi, el Estado aplica las sanciones penales legales ante la comisión de todo hecho típicamente antijurídico y culpable.

“Como fundamento de las sanciones penales se han formulado tres teorías:” a) “teoría de la retribución, que ve en ellas un castigo por el mal cometido (el malum passionis como compensación del malum actionis)”, b) la “teoría de la corrección”, que “considera la pena como un instrumento de reeducación del delincuente para su recuperación por la sociedad” y c) la “teoría de la defensa (o de la intimidación”, que “ve en la pena el antídoto del delito, ofreciendo al delincuente potencial, a falta de otros motivos, una motivación válida para seguir una determinada conducta”160.

Las sanciones penales pueden clasificarse de diferentes maneras: pueden ser: a) graves, menos graves y leves; o b) principales y accesorias; o c) penas en sentido estricto, medidas de seguridad y consecuencias accesorias, o c) incluso pueden ser sanciones personales, cuando actúan directamente sobre el condenado y sanciones patrimoniales o reales, cuando se aplican a los bienes del condenado.

El Código Penal dominicano clasifica las sanciones penales en: 1) penas de policía, 2) penas correccionales, 3) penas infamantes y 4) penas aflictivas e infamantes: “La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención. La infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito. La infracción que las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen”161.

El Código Procesal Penal operativiza esta clasificación al dividir las sanciones entre las que son aplicables al condenado y las que son aplicables a su patrimonio; y entre las sanciones que tienen un carácter estrictamente penal y las que son de carácter civil, que suelen ser pecuniarias; y, finalmente, entre aquellas penas que debe cumplir directamente el condenado y las que obligan a su comitente, mandante o poderdante, cuando se impone lo que se conoce como la responsabilidad civil derivada de la infracción penal.

A las penas principales, o en sustitución de ellas, la legislación penal agrega medidas de seguridad, como el internamiento en centros de desintoxicación, y penas accesorias, como el embargo de los bienes y ganancias que han resultado de la infracción.


        1. Situación de las jurisdicciones militar y policial


En el pasado, en la República Dominicana, paralelas a la jurisdicción judicial ordinaria, existían una jurisdicción penal militar y una jurisdicción penal policial. Remanente de ese sistema es el artículo 145 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que data de 1978 (y que ha sido implícitamente derogado por el CPP): “Los crímenes y delitos cometidos por los militares en servicio activo se juzgarán y castigarán conforme a las disposiciones del Código de Justicia de las Fuerzas Armadas, según las distinciones que en el mismo se establecen”.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, la exclusividad y universalidad de los tribunales ordinarios se extendió al ámbito militar y policial: “Las normas de procedimiento establecidas en este código se aplican a la investigación, conocimiento y fallo de cualquier hecho punible, sin importar su naturaleza ni la persona imputada, incluyendo los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aun cuando los hechos punibles que les son atribuidos hayan sido cometidos en el ejercicio de sus funciones y sin perjuicio de las facultades estrictamente disciplinarias de los cuerpos a los que pertenecen”162.

De esa manera quedaron derogadas normas como el artículo 145 de la Ley de las Fuerzas Armadas y se deslindó el régimen disciplinario (que siguió bajo la competencia de la institución militar y de la policial) del régimen penal, que pasó a competencia de la jurisdicción penal ordinaria.

El reconocimiento de los principios de universalidad y exclusividad de los tribunales ordinarios para conocer de todo asunto penal, sin importar quién los cometa, no se logró sino después de vencer una prueba, incluso antes de que se aprobara el Código Procesal Penal: dicha prueba se trata del que llamaremos el “caso Tyson”, que se relata a continuación:

A finales de 2001, el cabo de la policía, PR o FRSS, alias “Tyson” y el sargento, también de la policía, CMM, fueron acusados de homicidio voluntario contra el civil PMC, alias Morenito. Del juzgamiento del hecho se apoderaron, simultáneamente, el Tribunal de Primera Instancia de Justicia Policial, tribunal de excepción de la policía, y el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tribunal penal ordinario. Se produjo un conflicto positivo de competencia de tribunales163, que debía ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia.

Para zanjar el problema de competencia, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que “el soldado, entre los que se debe incluir al policía”, “no debe ser sustraído más que excepcionalmente de la jurisdicción ordinaria, de lo que se deriva, como consecuencia”, “que durante el tiempo” “constituido no por un estado de guerra”, ni de excepción, “sino de paz, los tribunales militares y policiales no deben conocer, en principio, más que de las infracciones especiales de puro orden militar o policial, cometidas por los militares y policías”; “que no existe en el país, al momento de juzgarse la presente demanda en designación de jueces, un estado de guerra o de naturaleza similar que justifique” “que los tribunales policiales reivindiquen su competencia para conocer” de las “infracciones cometidas por miembros de la Policía Nacional”, por lo “que en tales condiciones es la jurisdicción ordinaria del Distrito Nacional la competente para conocer y decidir del caso de que se trata”164.

Con su sentencia, acatada por la jurisdicción policial, como naturalmente debía ser, la Suprema Corte de Justicia sentó un precedente judicial y resolvió un conflicto que tarde o temprano iba a tener que enfrentarse, en vista de la práctica, arraigada en la República Dominicana, de que los tribunales de excepción, militares y policiales, juzgaran a sus miembros por crímenes tipificados en las leyes penales ordinarias.

Lo execrable del juzgamiento de los policías por sus pares, denunciado constantemente, era la parcialidad y complicidad de los juzgadores con los imputados, por razones de consideración y afecto, ya que los policías y militares que cometían crímenes eran juzgados por sus propios jefes y compañeros. El resultado era un sistema de impunidad y reincidencia.

El deslinde entre los tribunales de excepción (el policial y el militar) y los ordinarios está expresamente reconocido por el art 62 (entre otros) de una nueva Ley Institucional de la Policía Nacional165, a tono con el Código Procesal Penal y que fue aprobada en 2004, dos años después del código: “Las autoridades de la Policía Nacional, cuando tengan conocimiento de que un miembro de la Policía ha actuado en violación a los principios básicos de actuación, procederán de conformidad a la gravedad del hecho, y lo pondrán a la disposición del tribunal competente, si se tratare de un crimen o delito, o lo someterán al régimen disciplinario, si se tratare de faltas disciplinarias”. El régimen disciplinario al que se refiere la Ley de la Policía es el de los tribunales de excepción, que conocen de las faltas disciplinarias de los policías; mientras que el “tribunal competente” al que hace referencia el artículo citado es el tribunal penal de la jurisdicción ordinaria.

Los principios de universalidad y exclusividad de la jurisdicción penal ordinaria han sido reafirmados por la CD 2010, que en sus arts 254 y 257 sostiene que las jurisdicciones policial y militar sólo tienen competencia para conocer de las infracciones policiales y militares previstas en las leyes sobre la materia, y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán regímenes disciplinarios aplicables a aquellas faltas que no constituyan infracciones del régimen penal militar o policial, respectivamente.


      1. La nulidad de los actos contrarios a las normas


Según el Código Civil, art 900: “En toda disposición entre vivos o testamentaria, se tendrán como no escritas las condiciones imposibles y las que son contrarias a las leyes o a las buenas costumbres”. De esa manera, la norma jurídica reacciona negando la eficacia jurídica de todo acto que la infringe.

En el sistema de justicia se anulan los actos contrarios a las normas. Los tribunales de apelación, con motivo de los recursos de apelación, y más propiamente la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación, pueden también declarar la nulidad de las sentencias de los tribunales de rango inferior cuando no están conformes con la Ley: la “Suprema Corte de Justicia decide como Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial”166.

Como característica general, la nulidad con que se sancionan los actos contrarios a las normas jurídicas es absoluta, imprescriptible, insubsanable y sus efectos tienen carácter erga omnes.

También es regla que la nulidad sea inmediata, pero es común que previamente, para probar la contradicción, se tenga que recurrir a los tribunales por la apariencia de validez que a veces reviste el acto o porque una de las partes en conflicto defiende su eficacia.

Los requisitos para declarar la nulidad de un acto son:

  1. Que se trate de un acto en el sentido de ser aquél en el cual interviene una o más voluntades y que tiene efectos jurídicos,

  2. Que intervenga una norma imperativa o prohibitiva, o una de carácter dispositivo cuando su aplicación no ha sido excluida conforme a Derecho,

  3. Que el acto se oponga a la norma,

  4. Que la norma quebrantada no establezca un efecto distinto para esa situación en particular, caso en el cual deberá aplicarse tal efecto. Por efecto distinto ha de entenderse que, en vez de la nulidad absoluta del acto, la norma puede establecer una sanción de otro tipo, por ejemplo: la aplicación de una pena a los sujetos que intervienen en el acto, o la simple corrección del acto mismo y

  5. Que la infracción sea relevante y sustantiva, de manera que el acto no pueda subsanarse.

La consecuencia de la nulidad del acto es la pérdida de los efectos buscados por las partes y la generación de efectos adversos a las partes e impuestos por el Derecho, como son la ineficacia del acto, la obligación de restitución recíproca y las posibles penalidades derivadas del régimen sancionatorio de las normas, etc.

De acuerdo al Código Civil, la declaratoria de nulidad comporta automáticamente, y en primer término, la rescisión (revocación) del acto.

Este apartado ha hecho referencia a la nulidad absoluta. Existe también la nulidad relativa, que significa la ineficacia parcial del acto o negocio jurídico, porque afecta algunas de sus cláusulas no fundamentales, por lo que puede subsanarse cuando se ha eliminado la causa de nulidad.

El Código Civil dominicano distingue también entre la nulidad de pleno derecho, que se impone sin necesidad de acción, y la acción en nulidad167.


    1. El fraude de Ley


El fraude a la Ley puede definirse como la conducta o el acto jurídico que producen efectos contrarios a una norma jurídica amparándose en otra norma producida para casos o finalidades distintos.

La teoría del fraude a la Ley ha sido desarrollada por la doctrina que se ocupa del Derecho internacional privado, la cual ha intentado encontrar soluciones a los problemas derivados de aplicar normas de Estados diferentes a una situación jurídica, en los casos en que acogerse a las normas de un ordenamiento jurídico vulnera las de otro, vg, los conflictos de normas que pueden suscitarse entre distintos ordenamientos jurídicos en materia de adopción de menores168.

Aplicada al Derecho interno, la teoría se ocupa de resolver el problema cuando entran en conflicto dos normas de un mismo ordenamiento jurídico.

Los requisitos del fraude a la Ley son:

  1. Que la conducta o el acto busquen y tengan efectos contrarios a una norma, o prohibidos por ella.

La norma contradicha se llama ley defraudada. No tiene por qué tratarse de una ley concreta, específica, o de uno o varios artículoss de una ley; sino que puede consistir en un conjunto de preceptos difuminados por el ordenamiento jurídico y que en conjunto caractericen un mandato o prohibición.

  1. Que la conducta o el acto se amparen en una norma dictada con finalidad distinta a la que se ha vulnerado. La norma que ampara se llama ley de cobertura.

  2. Que la norma en que se pretende amparar la conducta o el acto no proteja suficientemente la validez de tal acto o conducta.

En este requisito reside la clave de la diferencia entre el conflicto de leyes y el fraude a la Ley. En el conflicto de leyes, la norma sustituta o de cobertura protege el acto o conducta lo suficientemente como para que tengan validez al amparo de tal norma, desapareciendo el fraude; en el fraude a la Ley, no.

  1. La concurrencia del animus o intención del sujeto de violar la norma jurídica, sustrayéndose de los efectos de una en aplicación de otra para lograr un resultado ilícito con una falsa apariencia de validez.

La doctrina todavía discute si este requisito subjetivo es necesario o si debe tenerse en cuenta para caracterizar el fraude a la Ley. Ha ganado mayor peso la opinión favorable a que la prohibición del fraude de ley se fundamenta en garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas, con independencia de que haya habido, o no, mala fe o intención maliciosa, por lo que da por hecho el fraude de ley aunque no concurra la intención.

De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia, el fraude a la Ley debe ser probado, en principio por todos los medios cuando no exista un contraescrito y prevalezca, sin embargo, la presunción de la contravención169. Además necesita confirmarse mediante decisión judicial por motivo de su falsa apariencia de licitud.

En la República Dominicana es importante verificar la concurrencia del animus para determinar la pena imponible. Es criterio de la Suprema Corte de Justicias que “los jueces deben realizar una investigación a fondo cuando conocen de un caso en el que se alega” que ha habido simulación o fraude a la ley. Con ello se busca determinar la verdadera y común intención de las partes, excepto cuando ha habido un contraescrito probatorio de la simulación o fraude. Por otro lado, “los hechos que caracterizan la simulación son de la apreciación soberana de los jueces del fondo y sus sentencias al respecto no pueden ser censuradas en casación, salvo desnaturalización” evidente del Derecho170.
Una vez probado el fraude de ley, sus efectos son los siguientes:

  1. La sanción que la misma Ley defraudada establezca, o la que establezcan las normas, aun las del derecho común, que regulan la materia,

  2. La indemnización de daños y perjuicios cuando, por causa del fraude, una parte ha hecho lo que no debía o ha dejado de hacer lo que debía en perjuicio de otra, ya que toda “obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en indemnización de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor”171 y

  3. La nulidad de la conducta o del acto cuando la propia Ley lo ordena o en los casos en que la Ley defraudada sea imperativa o prohibitiva, o cuando la solución no pueda lograrse sino con la anulación. Vg: “Toda donación simulada o hecha a personas interpuestas, es nula”172.

Pero la declaración del fraude no implica necesariamente la nulidad del acto. Por el contrario, el principio es que se deje sin efecto la ley de cobertura, en favor de la ley defraudada, que comenzará a regir el acto o conducta.

En la República Dominicana suele hablarse de “simulación o fraude a la ley”. La regulación más clara al respecto está contenida en el Principio IX del Código de Trabajo173: “Es nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido en simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación de trabajo quedará regida por este Código”.

Como puede verse, la ley laboral opta porque prevalezca la ley defraudada y no por la anulación. Con ello pretende amparar los derechos del trabajador, que de otro modo perdería el contrato de trabajo.


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