Requisitos mínimos /demanda de inconstitucionalidad




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títuloRequisitos mínimos /demanda de inconstitucionalidad
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la despenalización del aborto en los casos reseñados en la sentencia C-355 de 2006 por diversas razones que no es del caso explicar acá, sí está de acuerdo con una premisa general sentada en esa providencia consistente en que la Constitución ordena la protección de la vida como hecho biológico presente en las diversas especies vegetales y animales, lo cual no quiere decir que éstas sean titulares del derecho a la vida porque “[e]l derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos está restringida a la persona humana”. En el mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-1192 de 2005 al concluir que: “a través de la tauromaquia no se desconoce la prohibición del artículo 12 de la Constitución Política referente a la tortura y a las penas y tratos crueles, la cual es una garantía a la dignidad de la persona humana, a la vida y a la integridad personal […] el concepto de violencia y de tratos crueles que recoge el artículo 12 del Texto Superior, corresponde a una visión antropológica de la persona, conforme a la cual se entiende que existen actos violentos, cuando se realiza cualquier comportamiento en el que la persona humana es tratada como si no lo fuera”. Más recientemente en la sentencia C-666 de 2010 se señaló que el fundamento que permite explicar el deber de evitar el maltrato de los animales se deriva del principio de dignidad humana. Finalmente, aunque podría afirmarse que hace poco la Subsección C, de la Sección Tercera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (Rad.: 17001-23-3-1000-1999-0909-01[22592] del 23 de mayo de 2012, M.P. Enrique Gil B.) manifestó que los animales eran titulares de derechos, es preciso decir que ese Tribunal arribó a esa conclusión sin citar siquiera un solo artículo constitucional que permitiese sustentar dicho aserto. El único fundamento que se encuentra a esa afirmación se refiere a la cita de prestigiosos doctrinantes y filósofos, que si bien podrían haber sido útiles en ese caso concreto, no constituyen un argumento suficiente para permitir una transformación tan radical del ordenamiento jurídico que suponga la existencia de los derechos de los animales, empresa que sólo podría acometerse por una reforma constitucional en los términos del artículo 374 Superior.

145 En cierta medida, esta decisión fue la que tomó la Corte Constitucional en la sentencia C-666 de 2010 (M.P. Humberto Sierra Porto) en la que se declaró la exequibilidad del artículo 7º de la Ley 84 de 1989 que permite el rejoneo, el coleo, las corridas de toros, las novilladas, las corralejas, las becerradas y las tientas así como las riñas de gallos, siempre y cuando se cumplan con las condiciones previstas en la parte resolutiva de esa providencia.

146 Añade el Ministerio Público: “Ahora bien, ¿podría estar equivocado este informe? Es posible, pero era deber de los accionantes desvirtuarlo de manera concreta. En ese sentido, si en el futuro algún ciudadano logra demostrar que efectivamente es posible lograr el bienestar animal, sin necesidad de prohibir los circos con animales silvestres, el Tribunal Constitucional deberá analizar esa nueva acción, en tanto que el cargo será distinto al analizado en esta demanda y la eventual cosa juzgada a la que haría tránsito la sentencia que profiera la Corte en este caso será relativa únicamente respecto de las acusaciones vertidas en la presente demanda que, se reitera, no logró certificar la existencia de otra medida menos gravosa”.

147 Personas que se dedican a las actividades circenses relacionadas con los animales silvestres que devengan sus ingresos únicamente de esa actividad, ingresos que a su turno, por regla general, en promedio no siempre representan una suma significativa que les permita vivir con suficiente o mínima comodidad.

148 Precisa que “el Congreso de la República, de manera coordinada con las entidades territoriales, debe diseñar una política pública que les permita realmente (ya no sólo teóricamente) a los afectados por la prohibición contenida en el artículo 1º de la Ley impugnada, contar con un programa de transición que permita el cumplimiento efectivo del mandato contenido en el artículo 13 constitucional, así como el principio constitucional de la buena fe. Así, en tanto que el plazo de dos años consignado en la norma jurídica demandada tiene como objetivo fundamental la adecuación de los espectáculos circenses a la prohibición contenida en la norma, esta Vista Fiscal estima que dicha adaptación no podrá realizarse realmente si no existe una política pública concreta. Por lo anterior, esta Jefatura considera que el plazo de dos años que otorga la disposición parcialmente impugnada debe contarse a partir del momento en que se creen y pongan en funcionamiento los programas de transición que el Legislador en el ámbito de su autonomía llegare a expedir”.

149 Cita a la Corte Constitucional que aunque ha dicho por regla general que los animales silvestres son propiedad del Estado, excepcionalmente los particulares pueden ser propietarios de esta clase de animales, como es el caso de los cotos de caza. Cfr. C-439 de 2011 y arts. 249 a 252 del Decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

150 Se sostiene que con todo no sobra recordar que según el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, esto no significa que las nuevas normas no puedan ser aplicadas a los efectos de un derecho ya adquirido (Cfr. C-258 de 2013). No obstante, la nueva regulación no puede afectar la existencia del derecho consolidado como efectivamente ocurriría en el caso de una licencia de funcionamiento de un circo con animales silvestres, cuyo término subsista con posterioridad a los dos años y que es revocada unilateralmente en virtud de la Ley.

151 Procuraduría General de la Nación.

152 Procuraduría General de la Nación.

153 Procuraduría General de la Nación.

154 Procuraduría General de la Nación.

155 Defensoría del Pueblo.

156 Pontificia Universidad Javeriana.

157 Defensoría del Pueblo.

158 Ciudadano Sergio Manzano Macías.

159 Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.

160 En términos generales la carga mínima de argumentación en las demandas de inconstitucionalidad resulta indispensable por cuanto de no atenderse dichos presupuestos procesales podría frustrarse la expectativa de obtener una decisión de fondo. Su exigencia permite hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana. No debe olvidarse que conforme al artículo 241 superior, no corresponde a la Corte revisar oficiosamente las leyes, sino examinar las que efectivamente hubieran sido demandadas por los ciudadanos, lo cual implica que sólo pueda adentrarse en el estudio y resolución de un asunto una vez se presente la acusación en debida forma. Cfr. Sentencias C-081 de 2014, C-281 de 2013, C-610 de 2012, C-469 de 2011, C-595 de 2010, C-069 de 2009, C-508 de 2008, C-451 de 2005, C-480 de 2003, C-1052 de 2001 y C-447 de 1997.

161 Así lo ha recogido la Corte desde la sentencia C-1052 de 2001, al indicar que las exigencias del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 constituyen una carga mínima de argumentación que debe cumplir todo ciudadano. Cfr. sentencias C-533 de 2012, C-456 de 2012, C-198 de 2012, C-101 de 2011, C-029 de 2011, C-028 de 2011, C-102 de 2010, C-025 de 2010, C-372 de 2009, C-1087 de 2008, C-293 de 2008, C-922 de 2007, C-370 de 2006, C-1197 de 2005, C-1123 de 2004, C-901 de 2003, C-889 de 2002, C-183 de 2002 y C-1256 de 2001.

162 “La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”, no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”.

163 “Las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”.

164 “Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad”.

165 “La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que “el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico”; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola “de inocua, innecesaria, o reiterativa” a partir de una valoración parcial de sus efectos”.

166 “La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (art. 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.

167 Art. 1º, prohibición; artículo 2º, expedición de licencias; artículo 3º, adecuación; art. 4º, cumplimiento de la normatividad; art. 5º, ejecución; art. 6º, establecimientos no objeto de regulación; y art. 7º, vigencia.

168 Cfr. Sentencia C-374 de 2002. En la sentencia C-382 de 2012 se dijo: “A este respecto, ha expresado que ´la oportunidad inicialmente prevista para definir si la demanda se ajusta a los requerimientos de ley, es la etapa de admisión, a través del respectivo auto admisorio (Decreto 2067 de 1991, art. 6°). Sin embargo, la misma jurisprudencia ha precisado que ese primer análisis responde a una valoración apenas sumaria de la acusación, adelantada únicamente por cuenta del Magistrado Ponente, que no compromete ni limita la competencia del Pleno de la Corte, que es en quien reside la función constitucional de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley (C.P. art. 241-4-5)´ Sentencia C-436 de 2011. Así, según las circunstancias particulares del caso, la Corte está autorizada para realizar un nuevo análisis de procedibilidad de la demanda en la sentencia, en razón de ser ella la llamada a decidir, con carácter definitivo e inmutable, si hay lugar o no a proferir sentencia de mérito. Ese nuevo estudio de procedibilidad lo lleva a cabo la Corporación teniendo a su alcance mayores elementos de juicio, pues para ese momento, además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes conforme con el reglamento aplicable a este tipo de juicios, participan en el proceso de constitucionalidad con posterioridad al auto admisorio. Cabe destacar sobre el particular, que el análisis de procedibilidad que adelanta la Corte en la sentencia puede ser de dos tipos: (i) implícito, cuando una primera lectura de la demanda da cuenta sobre la conducencia de la misma, sin que presente resistencia entre los distintos intervinientes, caso en el cual se entiende que la Corte mantiene la postura adoptada en el auto admisorio; (ii) explicito, si revisada la demanda formulada se generan dudas respecto de su pertinencia, y así lo han advertido los intervinientes y la Corporación, debiendo proceder esta última a hacer un pronunciamiento expreso sobre el tema. (Sentencia C-841 de 2010). Bajo ese contexto, aun cuando la demanda haya sido previamente admitida por el Magistrado Ponente, tal circunstancia no impide a la Corte definir nuevamente en la sentencia, si aquella se ajusta o no a los presupuestos de procedibilidad, pues dicho aspecto se enmarca dentro de su ámbito de competencia para proferir o no una decisión de fondo frente a determinado asunto”.

169 Explican que a la actividad circense se le puede atribuir un triple orden de propósitos: i) permite la actuación y concreción del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ii) colabora en la construcción de la unidad nacional en torno a expresiones del sentir de sectores importantes al interior del Estado y iii) fomenta la unidad nacional sobre actividades cuya libre manifestación implica tolerancia y pluralismo en una sociedad con diferentes sensibilidades.

170 Este Tribunal en la sentencia C-359 de 2013 señaló que hay ocasiones en que las demandas exigen un menor esfuerzo argumentativo, lo cual ocurre, por ejemplo, cuando de la simple lectura y comparación entre el contenido de la ley y el texto constitucional es posible avizorar la existencia de una oposición objetiva y verificable que nos lleve, sin mayores lucubraciones, a la presencia de un cargo apto de inconstitucionalidad, así no se participe de la argumentación expuesta y termine la Corte declarando la exequibilidad de lo impugnado. Cfr. sentencias C-595 de 2010 y C-523 de 2009.

171 Cfr. Sentencias C-081 de 2014, C-911 de 2013, C-781 de 2012, C-641 de 2012, C-460 de 2011, C-537 de 2010, C-069 de 2009, C-508 de 2008, C-451 de 2005, C-040 de 2005, C-480 de 2003 y C-1052 de 2001, entre otras.

172 Cfr. Sentencias C-835 de 2013, C-909 de 2012, C-743 de 2012, C-641 de 2012, C-533 de 2012, C-978 de 2010, entre otras.

173 Cfr. Sentencias C-099 de 2013, C-635 de 2012, C-631 de 2011, C-886 de 2010, C-308 de 2009, C-246 de 2009, C-402 de 2007, C-1052 de 2004, C-1115 de 2004 , C-1146 de 2004 y C-913 de 2004, entre otras.

174 Las autoridades nacionales y locales no podrán emitir ninguna licencia dos años después de la publicación de la presente ley a los espectáculos de circos itinerantes que usen animales silvestres ya sean nativos o exóticos, de cualquier especie, en sus presentaciones.

175 Los empresarios de circos, tienen un plazo de dos años, contado a partir de la publicación de la presente ley, para adecuar sus espectáculos en todo el territorio nacional, sin el uso de especies silvestres o exóticas. Se aplicará el mismo plazo, estipulado en este artículo, para que los empresarios de circos realicen la entrega de los animales silvestres a las autoridades ambientales en donde se encuentren ubicados a las entidades de que trata el artículo 5° de la presente ley.Para el caso de especies exóticas así como sus crías, los empresarios de circos, en dicho plazo, deberán adelantar los trámites y obtener los permisos necesarios para salir del país. Parágrafo.
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