Requisitos mínimos /demanda de inconstitucionalidad




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títuloRequisitos mínimos /demanda de inconstitucionalidad
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Universidad Santo Tomás, Facultad de Ingeniería Ambiental. Manifiesta que la fauna hace parte de la diversidad al interior de los ecosistemas que amerita por parte del Estado establecer las políticas necesarias para su conservación y protección. Estima que “se debe asegurar para toda la fauna que se aplique el principio de protección, tratando de propender por su conservación en el caso de especies en vía de extinción y que para las especies que han sido domesticadas sean evitados los maltratos y crueldad”. Informa que la ley demandada apunta a la protección de la fauna silvestre, sin alterar las condiciones laborales de los trabajadores de los circos, debiendo quedar bien establecida dicha relación para una mejor comprensión de la integralidad del ambiente.
Pontificia Universidad Javeriana. Solicita declarar la constitucionalidad de la ley demandada, salvo el artículo 6º en los apartes que excepciona a oceanários, zoológicos y acuarios. Respecto al cargo de violación de la potestad de configuración legislativa solicita la exequibilidad, aunque indica que la Corte debe inhibirse al no especificarse las normas constitucionales consideradas infringidas y la manera como se presenta la violación. Asiste libertad de configuración legislativa para prohibir actividades en que se presente maltrato animal. Anota que no se demuestra que los animales tienen mejores condiciones de vida al interior de los circos. En cuanto a la presunta violación de los derechos fundamentales y esenciales de los animales silvestres pide la constitucionalidad, ya que el legislador basó su iniciativa en diversos y amplios estudios que demuestran la relación de maltrato hacia los animales en las actividades circenses. Se presenta una errada interpretación de la ley, ya que no es propósito regresarlos a su hábitat natural sin un proceso de preparación. Aunque encuentra lamentable que el ordenamiento legal no prevea a los animales como sujetos de derechos, restringiendo su protección a deberes de los sujetos dignos y a principios del ordenamiento constitucional, califica de errado afirmar que son titulares de derechos fundamentales como los mencionados por los accionantes. Quienes demandan la ley no demuestran cómo los animales tienen mejores condiciones de vida al interior de los circos.
Respecto al cargo por violación de los derechos fundamentales de los propietarios de los circos fijos e itinerantes solicita la exequibilidad al considerar que no es cierto el argumento según el cual la prohibición de animales en circos implica el fin de los mismos, al existir iniciativas exitosas de actividades circenses comprometidas con la protección animal como el Circo del Sol. Señala que no se afecta la propiedad privada por cuanto no es un derecho absoluto. Pone de presente la normatividad que precede a la Ley 1638 de 2013, como la Ley 84 de 1989, el Decreto 2811 de 1974 y el Decreto 1608 de 1978. En un primer escenario, indica que no existe propiedad sobre los animales silvestres nativos porque está en cabeza del Estado, contemplando dos excepciones: los zoocriaderos (art. 254, Código de Recursos Naturales Renovables) y los cotos de caza de propiedad particular. En un segundo escenario, se prohíbe el tráfico ilegal de animales silvestres exóticos. En el tercer escenario, la normatividad mencionada exige para tener la propiedad de animales silvestres exóticos el cumplimiento de formalidades sustanciales como la expedición de licencias. Sobre estos tres primero escenarios solicita que la Corte se inhiba al implicar un pronunciamiento de fondo sobre normas que anteceden a la Ley 1638 de 2013, que no podría oficiosamente analizar y sobre las cuales existe cosa juzgada.

En cuanto a que existe propiedad sobre animales silvestres exóticos cuando se cumplen los requisitos esenciales, estima que no es un derecho absoluto por lo cual el legislador puede imponer limitaciones razonables y proporcionadas como la establecida en la ley cuestionada. Ello por cuanto: i) la medida persigue fines legítimos como son el deber de protección de la fauna, el medio ambiente y la prevención del maltrato animal, además de promover la protección de los niños asistentes al poder ser atacados y, finalmente, incentivar la formación de la infancia en valores acordes con la dignidad. También se busca la protección de la integridad de las personas asistentes y trabajadores, como la dignificación del trabajo de los artistas circenses. Todo lo cual considera que disminuye los costos de actividad laboral, permitiendo el acceso de más trabajadores que no tienen los medios económicos para comprar y mantener animales silvestres exóticos. ii) La medida es razonable por cuanto sacar a los animales de su hábitat y forzarlos a realizar actividades propias del circo, genera maltrato físico y psicológico.
Asevera que se presenta una limitación razonable y proporcional al derecho al trabajo porque se dignifica la actividad laboral circense al permearla con el principio de dignidad sobre el que se construye el deber de protección del medio ambiente, conforme a la sentencia C-666 de 2010. Igualmente considera que se impulsa a los trabajadores circenses a adecuarse a las tendencias contemporáneas artísticas. Así mismo, disminuye los costos de la actividad laboral permitiendo el acceso de más trabajadores que no tienen los medios económicos para comprar y mantener a un animal silvestre exótico, pero sí la suficiente preparación actoral y artística. Es razonable al ser la única medida que permite alcanzar estos fines, como evitar el maltrato al haber sido separados de su hábitat natural y someterlos a torturas innecesarias tendientes a adecuar su conducta a comportamientos humanos que solo entretienen a éstos.
Sobre el cargo por violación de los derechos fundamentales de los niños señala que parte de un supuesto falso porque existen múltiples expresiones circenses sin animales que resulta ser más atractivas y propugnan por la formación cultural en éticas acordes con la dignidad humana y deber de protección hacia los animales. De otra parte, señala que ninguna actividad particular cultural está definida en la Constitución, tampoco resulta intocable respecto a una regulación que pretenda limitarlas, al hacer parte de la potestad configurativa del legislador, quien según los cambios sociales puede considerar que una actividad cultural ceda ante el deber mismo de protección animal. No se desconoce tampoco el principio de igualdad al resultar legítima y proporcional. Exigir la adecuación de una actividad cultural al deber de protección animal está permitido. Estima inconstitucional por violación del derecho a la igualdad es que no se exija el mismo cumplimiento de actividades similares a las desarrolladas en oceanarios, zoológicos y acuarios que emplean animales silvestres y/o exóticos, y en circos que emplean animales domésticos. No halla razones para justificar discriminaciones positivas en estos escenarios, ya que los estudios muestran que se genera el mismo maltrato animal.
Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. No encuentra mérito para declarar la inexequibilidad de las normas demandadas. Se pretende la evolución de los circos tomando en cuenta la función ecológica de la propiedad. Halla incomprensible la aseveración de los actores atendiendo el deber de protección hacia los animales y entendiendo el ambiente como el contexto en que distintos seres sintientes llevan a cabo su existencia, lo cual excluye cualquier visión utilitarista que valora a los animales como un recurso más. Expone que los animales sufren maltratos injustificados en los circos fijos o itinerantes al ser obligados a vivir en espacios reducidos, lejos de su hábitat natural, privados de la libertad, saliendo la mayoría de las veces de sus jaulas para obligarlos a hacer trucos que permitan a los seres humanos sentirse superiores al reducirlos y acobardarlos con golpes y latigazos, que apoya la vieja idea que somos seres superiores y con derecho a dominarlos (Desmond Morris, antropólogo y experto en comportamiento animal).
Es claro que el circo constituye una actividad cultural y artística que ha tenido una marcada evolución desde aquel que entregaba sangre de seres humanos, pasando por un circo con animales que genera una diversión asimétrica y sádica, y no la empatía que debe existir entre los humanos y los animales. Los animales silvestres no entienden por qué deben hacer trucos que se obtienen tras largas jornadas de entrenamiento que causa sufrimiento y angustia. No encuentra base investigativa en los planteamientos de los accionantes. Al contrario, muestra el padecimiento de los animales silvestres en los circos, como lo informa la organización Igualdad Animal que demostró que los animales permanecían encadenados y enjaulados todo el tiempo que no participan en el espectáculo, razón por la cual presentan trastornos físicos y psicológicos. Padecen de enfermedades mentales debido a la falta de ejercicio, socialización y al duro entrenamiento.
Contrario a lo sostenido por los accionantes encuentra procedente la rehabilitación de los animales silvestres proveniente de los circos al existir centros especializados de recuperación para que puedan regresar a su hábitat natural y ser autosuficientes. En Bogotá existe URRAS que es la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre y cuenta con un grupo de profesionales como veterinarios, zootecnistas y biólogos, apoyados por cuidadores y alimentadores con experiencia. Manifiesta que no es cierto que los circos sin animales silvestres pierdan su razón de ser, toda vez que además de no aportarse prueba alguna de esa afirmación los existentes hoy en día conservan su atractivo con malabaristas, trapecistas y payasos, como el Circo del Sol. Concluye que los circos con animales desconocen la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles. Así mismo, no son actividades culturales con arraigo social en ciertas regiones del territorio nacional, además de que el legislador está habilitado para prohibir manifestaciones como la cuestionada.
Universidad Sergio Arboleda, Escuela de Ciencias Exactas e Ingenierías. No encuentra válidos los argumentos para la inexequibilidad de la ley demandada. Conceptúa que las especies a las cuales pertenecen los animales de los circos continúan siendo silvestres por lo que deben tener las medidas de protección requeridas. Al sacar una especie de su distribución natural se altera su nicho y se pone en riesgo su supervivencia. De otro lado, señala que al quedar libres los animales silvestres de los circos no deben ser introducidos directamente a su ambiente natural, sino que debe llevarse un proceso escalonado para que puedan readaptarse a las condiciones naturales, recuperando no solo a estos animales sino también a su próxima generación.
Advierte la existencia de un consenso internacional para restringir el uso de animales en las actividades humanas, como por ejemplo los vehículos de tracción animal. En el caso concreto el circo puede continuar con otro tipo de atracciones por lo que no se desconoce el trabajo. Tampoco se ve afectado el derecho a la igualdad al corresponder a una actividad que puede ser ejercida por cualquier persona. Sostiene que la limitación al uso de especies silvestres es válida atendiendo la protección del medio ambiente y los recursos naturales que hacen parte de las obligaciones del Estado colombiano.
Ciudadano Diego López Medina. Solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los apartes acusados de la ley. Asevera que “sorprende que los propietarios de los circos hagan una defensa (más bien cínica) de los derechos de los animales; y problemática porque los animales, en el actual estado del desarrollo de la dogmática constitucional colombiana, no tienen ´derechos´ en el sentido técnico del concepto, aunque sus intereses estén legítimamente reconocidos en la Constitución y en la ley. No es posible que la asignación de ´derechos´ a los animales sea la forma de perpetuar su explotación económica y algunas de las peores formas de violación de su sintiencia y bienestar”. Trae como ejemplo las leyes que abolieron la esclavitud para señalar que nadie argumentaría que tales esclavos estaban ejerciendo, en las condiciones de su servidumbre, su derecho fundamental al trabajo (estaban forzosamente siendo obligados a ello). Los “derechos” no pueden ser interpretados como “jaulas” que confirman la dependencia y la depredación de que son sujetos. Enfatiza que los derechos son espacios de emancipación, no confirmadores de relaciones de dependencia y dominación. Insiste que la antropomorfización de los animales que propone la demanda es caricaturesca al pretender hacernos creer que los animales están en pleno ejercicio de sus libertades naturales y que han accedido a los circos a ejercer su derecho al trabajo y la satisfacción de las necesidades vitales, cuando “la realidad es que, en las actuales condiciones de captura y mantenimiento, son objetos de comercio ilegal, explotación comercial y grave indiferencia a su bienestar básico y a la expresión autónoma de sus comportamientos naturales”.
Explica que el medio ambiente natural suministrador de recursos no puede garantizar su renovabilidad constante e infinita, por lo que deben respetarse los ciclos biológicos que garanticen la renovación de los recursos y permitan un desarrollo y una explotación sostenibles. Estima que los animales “pueden ser considerados ´recursos explotables´, pero sometidos a controles que impidan la ´sobre-explotación´, que impida la renovabilidad, en procesos biológicos, de las especies que tienen interés económico para el hombre. En este sentido, pues, la Constitución parece proteger las especies animales y no sus individuos concretos que son declarados, en términos generales, ´recursos explotables´”. Considera que en la Constitución se encuentran también los materiales positivos para un medio ambientalismo y para un animalismo más profundo. Implica que los seres humanos no consideramos a los animales sujetos morales y políticos idénticos a nuestra especie, tenemos con ellos un complejo rango de interacciones que van desde la explotación comercial hasta relaciones simbióticas de respeto, compañía e incluso consideración y respeto en que los humanos los ´personalizan´ intensamente. Encuentra igualmente claro que son seres vivos y sintientes, esto es, los seres humanos somos capaces de percibir las ricas y variadas respuestas a los estímulos externos, respecto a los cuales no son inertes ni imperturbables. Tienen manifestaciones de incomodidad, enfermedad, estrés y dolor que nos afectan como humanos y respecto a las cuales no somos moralmente insensibles.
Explica que podemos captar con facilidad el bienestar o malestar en que se desenvuelven sus vidas y nos sentimos moralmente compelidos que estos sujetos tengan niveles satisfactorios de bienestar, que se expresan, según estándares internacionales, en estar libres de incomodidad; libres de dolor, lesiones o enfermedad; libres de miedo o estrés; y con plena libertad para expresar comportamientos naturales. Los animales son protegidos como “individuos” y no solamente como “especies” (recursos explotables). Informa que la explotación económica debe darse en estrictas condiciones de bienestar animal que impidan el maltrato: “esta regulación llega a condicionar (humanizar se llama en el lenguaje normativo) las circunstancias y métodos de tenencia, crianza y sacrificio animal”. Estima que cada vez es más acentuado que los seres humanos no somos los amos omnímodos de la naturaleza que fue creada para nuestro servicio, haciéndose más claro que los humanos somos parte constitutiva de la naturaleza, animales humanos viviendo entre y con animales no humanos. Pide rechazar el cargo sobre la presunta violación del derecho al trabajo y al mínimo vital de los animales, además de que se afirme la dogmática expansiva de los intereses de los animales, basada en la consideración que la dignidad humana le debe a la sintiencia animal.
En cuanto a los derechos presuntamente vulnerados de los humanos señala que es una afirmación errónea. El texto acusado solamente regula la prohibición del uso de animales silvestres en la actividad circense, que abarca muchos más espectáculos que simplemente los derivados del dominio y adiestramiento animal, como los malabaristas, adiestradores, magos, payasos, etc. Aduce que actualmente muchos circos realizan actividades sin animales, en Colombia y alrededor del mundo, como el Circo de Medellín, el circo Muro de Espuma, el Circo Momo, Circo Ciudad, Cirque du Soleil, Cirque Plume, Cirque du Montecarlo, los Circos Kunming, el Circo Internacional de México, el Nuevo Circo de Shanghái, etc. Así mismo, las profesiones y oficios que según los demandantes se afectan por la ley demandada tienen variados espacios laborales para ejercer sus actividades, además de los circos sin animales. Asevera que la Ley 1638 de 2013 no tiene por finalidad afectar una profesión u oficio en particular, sino que obedeció a la preocupación legítima en relación con el respeto y protección que merecen los derechos de los animales silvestres y el medio ambiente.
Llama la atención que es una normatividad que no se manifiesta sobre los animales domésticos o domesticados, aceptando de forma quizás demasiado generosa que instituciones como zoológicos, acuarios y oceanários asuman de hecho actividades de pedagogía, investigación y estudio, encontrando allí alguna justificación a la posesión de animales silvestres. Espera que las autoridades ambientales verifiquen la realización efectiva y seria de las actividades pedagógicas e investigativas, evitando que el nombre corporativo se constituya en una defensa formalista contra la aplicación de la ley. Respecto a la concesión de una moratoria de dos años para que los propietarios ajusten su actividad económica a los mandatos de la ley, estima que es una de las regulaciones más laxas posibles y con mayor consideración a los intereses enfrentados de sus propietarios. Agrega que si el legislador no puede expedir esta norma mínima de protección de animales silvestres, su poder regulatorio quedaría comprometido, por lo que solicita no realizar el recorte de su libertad de configuración, que la Constitución, de otro lado, no contempla.
Afirma que existe un fin constitucionalmente válido en la expedición de la presente ley, además de resultar coherente con la sentencia C-666 de 2010, toda vez que “busca establecer un nuevo paradigma donde la relación entre los seres humanos y los animales se presenta de forma horizontal, existiendo un reconocimiento y respeto al otro ser viviente, y no vertical, donde se establecen relaciones de dominación y poder40. Lo anterior implica que se deba restringir el dominio utilitarista que se tiene sobre los animales silvestres, para consolidar relaciones entre seres humanos y animales más coherentes con la preocupación globalizada acerca de los daños que causamos al medio ambiente”. Los medios que consagra la ley cuestionada son adecuados e idóneos para la protección del medio ambiente al buscar asegurar el bienestar, la sintiencia y la autonomía de los comportamientos naturales de los animales. Los entrenamientos a que son sometidos para llevar a cabo sus “acrobacias” y “destrezas”, no son para nada ajenos a la violencia, ya que dichas actividades no hacen parte de sus comportamientos naturales.
En cuanto al desconocimiento del derecho a la igualdad indica que los animales silvestres tienen grandes diferencias respecto a los animales domésticos. Los últimos “tienen una adaptación distinta al entorno humano, pues cohabitan con nosotros desde hace cientos de años, ya que se trata de animales que históricamente se domesticaron y, no necesitan un hábitat completamente natural41. Observa que los circos son las actividades que más usan con ánimo de lucro a los animales silvestres y de las que más se conocen agresiones contra estos seres vivientes, que se demuestra con la preocupación de la sociedad civil que llevó a la creación de un movimiento social denominado “Circos sí, pero sin animales”. Aclara que la ley 1638 de 2013 es la regulación más restringida posible, al regular en el menor grado posible las agresiones que sufren los animales silvestres en el entretenimiento, siendo deseable que fuese más activo al momento de proteger los recursos naturales y concretamente a los animales. De otra parte, no encuentra vulnerado el derecho a la propiedad privada al no tener un carácter absoluto, además que debe cumplir una función ecológica. No se está ante bienes inmuebles o muebles (no gozan de vida), sino de seres que son parte integrante de la fauna y del medio ambiente, como seres vivientes y sintientes, que sufren dolor físico y psíquico.
Anota que el deber estatal de protección y difusión cultural no es absoluto por lo que puede verse limitado por otros valores constitucionales, como se sostuvo en la sentencia C-666 de 2010, la cual transcribe ampliamente. Tampoco encuentra desconocido la potestad de configuración legislativa al ejercerse sobre una materia sobre la cual tiene competencia y libertad para prohibir las actividades culturales que afecten los derechos de los animales. No estima vulnerado el derecho al trabajo ni la libertad de escogencia de profesión u oficio, toda vez que el interés primordial de la Ley 1638 de 2013 es solamente la eliminación del empleo de animales silvestres en los circos, para lo cual transcribe la sentencia C-756 de 2008, coligiendo que la propia actividad circense no sufre menoscabo. No encuentra cuáles son los derechos fundamentales que los actores consideran vulnerados, además de considerar que constituyen despropósitos jurídicos que parten de la interpretación personalísima de los accionantes. Agrega que olvidan que la sentencia C-666 de 2010 establece una visión no cosificadora de los animales, máxime cuando la propiedad de los animales silvestres corresponde al Estado. Cita el estudio desarrollado por la Human Society International HSI, denominado Firs Strike: The Violence Connection que llega a concluir la existencia de una relación entre la crueldad hacia los animales, la violencia contra las personas y la criminalidad en general.
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