Uso de agroquímicos en las fumigaciones periurbanas y su efecto nocivo sobre la salud humana




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  Actualmente, alrededor de 900 ingredientes activos registrados como pesticidas en los EE.UU. han sido formulados en 21.000 productos pesticidas, siendo los herbicidas los de mayor uso. Ya se ha comprobado que más del 60% de los herbicidas son disrruptores endocrinos (21). Entre los herbicidas más utilizados que interfieren con el sistema tiroideo está el 2,4-D (ver luego).

Ahora reconocemos que apenas una leve diferencia en la concentración de hormonas tiroideas durante el embarazo puede conducir a cambios significativos en la inteligencia en los niños. En las mujeres embarazadas, las hormonas tiroideas normales circulan ligadas a proteína a partes por billón y como hormona libre a partes por trillón.

En un estudio a largo plazo realizado por Haddow y col. (1999) (22), se demostró que las sustancias químicas que pueden interferir con el sistema tiroideo no tendrían que estar presentes en concentraciones muy altas para afectar el desarrollo intelectual y del comportamiento de embriones y fetos. Su estudio demuestra inesperadamente la frágil relación entre una madre y su descendencia en desarrollo.

Resumidamente, existen sustancias químicas que interfieren con la absorción de ioduro (los herbicidas 2,4-D y man-cozeb) y con la peroxidación a nivel molecular (los herbicidas aminotriazole y tioureas, los insecticidas endosulfán y malatión).

Ciertos antagonistas (los herbicidas aminotriazole y dimetoato, y el insecticida fenvalerato) impiden la liberación de la hormona tiroidea desde la célula e inhiben la conversión de T4 a triiodotironina (T3). Varias sustancias químicas realzan la excesiva excreción de hormonas tiroideas, algunas a través de la activación del sistema citocromo P450: dioxina, hexaclorobenceno y fenvalerato)

Durante los estadios organizacionales de la gestación, las respuestas a la disrrupción endocrina son diferentes a las típicas respuestas en la adultez. Consecuentemente, los estudios de laboratorio con animales maduros no cubren el daño organizacional proveniente de la exposición prenatal. Adicionalmente, la mayoría de estudios toxicológicos tradicionales utilizan dosis de entre 1.000 a 1.000.000 de veces mayores que el rango fisiológico equivalente al cual opera el sistema endocrino y muy superiores a las concentraciones de químicos sintéticos en el mundo real.

Las altas dosis utilizadas en las evaluaciones toxicológicas exceden por lejos las concentraciones umbral o pico a las cuales el control de retroalimentación negativa homeostático del cerebro apaga las respuestas celulares. Consecuentemente, otros efectos tóxicos no endocrinos podrían ser expresados en animales adultos pero no los mismos que ocurrirían si la exposición hubiese ocurrido durante su construcción y programación. Por lo tanto, en la disrupción endocrina, la extrapolación a partir de varias altas dosis para determinar la más baja dosis segura o la dosis de no-efecto de una sustancia química no protegerá el feto. Afortunadamente, muchos protocolos para la detección de disrupción endocrina innovadores y enteramente nuevos se hallan en estadios tempranos de validación y estandarización en docenas de países de todo el mundo, pero desafortunadamente, tendrán que pasar años antes de que muchos estén listos para ser utilizados.

3. DUDAS CRECIENTES ACERCA DEL VALOR PROTECTIVO DE LAS VIGENTES ESTRATEGIAS DE DETERMINACIÓN DE RIESGOS PARA AGROQUÍMICOS.

Es absurdo adentrarnos en el debate sobre la efectividad de la política nacional sanitaria sobre riesgos químicos sin reconocer que todavía ni siquiera se puede controlar e impedir el consumo de fitosanitarios de peligrosidad ya constatada. Pero en innumerables zonas del interior argentino persiste la comercialización de productos cuyo uso está prohibido, severamente restringido o que han sido retirados de la venta. Obviamente, La implementación de medidas fiscalizadoras, preventivas y correctivas de estos delitos no debería recaer sobre la población civil sino que es responsabilidad de las autoridades locales. Sin embargo, la mayoría de denuncias y propuestas terminan siendo el fruto de la participación comunitaria o de heroicos esfuerzos individuales.

Un ejemplo de este caos ecotoxicológico proviene del área rural de tres asentamientos urbanos, Huinca Renancó, en el Sur de la Provincia de Córdoba, y Realicó y Rancul, en el Norte de la Provincia de La Pampa. Una maestra de Huinca Renancó detectó en sus vecinos y alumnos trastornos atribuibles a exposición a múltiples combinaciones de pesticidas y elaboró un informe dirigido a autoridades de su municipio. Su relevamiento incluyó un listado de los agrotóxicos aplicados en los cultivos cercanos a estas localidades:

Herbicidas: Acetoclor, Aclonifen, Alachlor, Atrazina, Bromoxinil, Brominal, Dicamba, Diflufenicam, Flumetsulam, Flurocioridona, Fluaxifop, Glifosato, Haloxifop-Metil, Metolacloro, Metsulfuron, Nicosulfuron, Picloran, Paraquat, Prometrex, Pictoran + Metsulfurón, Quizalofop, Trifluralina, 2,4D, 2,4DB, 24D y Dicamba, Azetoclor + Prometrina.

Insecticidas: Aficidas, Bacillius Thuringiensis, Clorpirifós, Cipermetrina, Dimetoato, Deltametrina, Endosulfán, Lambdacia, Lotrina, Landacialotrina, Pirimicarb, Clorpirifós + Cipermetrina, Lindano, Carbaryl, Monocrotofós.

Fungicidas: Flutriafol, Mancozeb, Triticonazde, Tebuconazde.

Al confrontar los agroquímicos utilizados en su área de estudio con la “Consolidated List of products whose consumption and/or sale have been banned, withdrawn, severely restricted or not approved by governments”, una lista consolidada de productos cuyo uso está prohibido, severamente restringido o que han sido retirados de la venta emitida anualmente desde 1983 por Naciones Unidas, organismo internacional del cual Argentina es miembro, esta maestra detectó que 12 agroquímicos de la “lista negra” internacional continuaban utilizándose en los alrededores de su ciudad.

Cuando se trata de proteger a nuestra población frente a sustancias de toxicidad altísima y ya conocida, permitir el incumplimiento de leyes es algo inadmisible. Tanto como lo es también la imperante ausencia de rigor científico e irresponsabilidad gubernamental en cuanto a sustancias cuya toxicidad a largo plazo se desconoce.

  FUNCIONARIOS CORRUPTOS DETERMINAN LOS RIESGOS

Según un reciente informe emitido por el Institute of Science in Society liderado por la bióloga molecular y genetista Mae-Wan Ho, una de las principales agencias regulatorias del planeta en materia de Salud Pública, la FDA (Food and Drug Administration) de EE.UU., estaría interfiriendo políticamente en el proceso de la ciencia. Conflictos de interés rampantes en sus paneles de asesores científicos están minando la capacidad de proteger al público del peligro de numerosos medicamentos. Este organismo ya se encuentra en la mira de innumerables críticas por recientes controversias acerca de estudios experimentales de medicamentos sobre niños enfermos de países del Tercer Mundo. Ahora, la Union of Concerned Scientists (UCS, Unión de Científicos Concernidos) ha reavivado el fuego al publicar un censo que desnuda la extendida influencia política sobre la ciencia en la FDA. La UCS envió un cuestionario a 5.918 científicos de la FDA y recibió 997 respuestas. Casi un quinto de los científicos (18,4%)dijo que “les habían pedido por motivos no científicos excluir inapropiadamente, o alterar información técnica o sus conclusiones en documentos científicos en la FDA”.

También la EPA (Agencia de Protección Ambiental) fue puesta bajo fuego recientemente, y justamente respecto del tema que aquí nos ocupa. Aparentemente, el Programa de Pesticidas de la EPA constituiría un verdadero “grupo de tareas” del “Lobby Pesticida”: una cantidad sorprendente de funcionarios directivos de este Programa han pasado a ayudar a fabricantes de pesticidas tóxicos a eludir y demorar los esfuerzos de la EPA por proteger la salud pública. La institución denunciante fue Environmental Working Group (Grupo de Trabajo Ambiental), un equipo de científicos, ingenieros, expertos en política regulatoria, abogados y programadores de computación quienes, desde 1993 y con base en Washington DC, EE.UU., se dedican a estudiar detenidamente información gubernamental, documentos legales, estudios científicos y evaluaciones de laboratorio propias con los propósitos de denunciar amenazas para la salud pública y el medioambiente y de hallar soluciones.

Algunos años atrás, el EWG condujo un análisis del origen de los ingresos de los reglamentadores en materia de pesticidas de mayor rango en la EPA y constató que, desde que comenzara el Programa de Pesticidas de este organismo gubernamental, dos tercios de ellos recibían entonces al menos parte de su sueldo de entidades de la industria agroquímica. Esto incluía a cuatro de seis anteriores Administradores Asistentes para Pesticidas y Sustancias Tóxicas desde 1977, y dos de cuatro anteriores directores de la Oficina de Programas de Pesticidas desde 1983. El EWG también le siguió el rastro a una docena de ex-integrantes de la EPA que ocupaban importantes puestos en la evaluación de riesgos pesticidas. Todos habían continuado sus carreras en el sector privado representando intereses en abierta lucha contra las acciones de la EPA para proteger la salud pública o el medioambiente.

Esta investigación culminó en la denuncia en diciembre de 2004 que objetó el nombramiento de dos científicos para integrar el panel asesor de la EPA para la evaluación de riesgo del ácido perfluorooctanoico en virtud de estar “subsidiados por la industria”. Pese al hecho de que entre los aspirantes al cargo había 99 científicos financiados por la industria, EWG señaló a estos dos por su previo o actual vínculo laboral con DuPont o 3M, empresas que tenían un interés directo en el resultado de la deliberación del comité.

 PRÁCTICAS FRAUDULENTAS EN LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DE PESTICIDAS POR PARTE DE LABORATORIOS CONTRATADOS POR LOS GOBIERNOS

En nuestro país, la política gubernamental y provincial en materia de bioseguridad se basa generalmente en lineamientos propuestos por organismos internacionales tales como la FAO, la OMS, etc., los cuales, a su vez, fundamentan sus reglamentaciones en los ejemplos impartidos por los países más avanzados en la materia (políticas “espejo”). Entre nuestras instituciones gubernamentales involucradas en la aprobación, la fiscalización y la investigación del impacto sanitario de agroquímicos se hallan la Coordinación General de Agroquímicos y Biológicos y la Coordinación de Fertilizantes, Plaguicidas Formulados y Contaminantes Químicos del SENASA, siendo esta última entidad la que supervisa la verificación de la idoneidad de los laboratorios inscriptos en la red oficial del SENASA y verifica la normatización de metodologías analíticas y controla los protocolos analíticos y sus resultados. Respecto del impacto sanitario actúa el Programa Nacional de Riesgos Químicos del Ministerio de Salud y su Plan Nacional de Gestión de Sustancias Químicas, con la meta de disminuir los riesgos para la salud humana asociados a la exposición a las sustancias químicas en todas las etapas de sus ciclos de vida y, en el caso que nos ocupa, de determinar factores de vulnerabilidad en la población expuesta a plaguicidas. Sus lineamientos de evaluación y manejo de riesgos de los plaguicidas en uso agrario surgen de los impartidos por la OMS y la OPS. La última palabra en cuanto a la Valoración Biológica la tiene la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA.

Nos preguntamos si, por ejemplo, sus profesionales están al tanto de antecedentes tales como el de que los estudios toxicológicos sobre el glifosato requeridos oficialmente en EE.UU. para su registro y aprobación han sido asociados con prácticas fraudulentas. En 1976, una auditoría realizada por la EPA descubrió serios errores y deficiencias en estudios conducidos por uno de los más importantes laboratorios norteamericanos involucrados en la determinación toxicológica de pesticidas previa a su registro oficial. La EPA acusó públicamente a Industrial Biotest Laboratories (IBT), laboratorio que condujo 30 estudios sobre glifosato y fórmulas comerciales en base a glifosato (entre éstos, 11 de los 19 estudios realizados respecto de su toxicidad crónica), de falsificación rutinaria de datos y omisión de informes sobre incontables defunciones de ratas y cobayos. La EPA denunció el episodio con 7 años de demora (1983) y escasa repercusión mediática. Sin embargo, informes del Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso norteamericano y sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de la EPA confirman detalladamente la fraudulencia y pobre calidad científica de los estudios de IBT.

Además, la EPA denunció en 1991 que Craven Laboratories, empresa que condujo determinaciones para 262 compañías fabricantes de pesticidas, había falsificado estudios, recurriendo a “trucos” tales como falsificar anotaciones de registros de laboratorio y manipular manualmente el equipamiento científico para que éste brindara resultados falsos. Estudios sobre residuos de Round-up en papas, uvas y remolachas fueron parte de las pruebas cuestionadas. En 1992, el dueño de Craven Laboratories y tres de sus empleados fueron declarados culpables de 20 diferentes causas penales. El dueño fue sentenciado a 5 años de prisión y una multa de 50.000 dólares; la multa para Craven Laboratories fue de 15,5 millones de dólares. Pese a que los estudios toxicológicos del glifosato identificados como fraudulentos ya han sido reemplazados, estos hechos arrojan una sombra de dudas sobre la totalidad de los procedimientos oficiales de registro de pesticidas.

  SUPRESION DEL DISENSO

En cualquier área en que la ciencia interviene para mejorar la vida humana, la mayoría de discusiones sobre políticas de evaluación de riesgos y reglamentación del uso de tecnologías peligrosas parten de la creencia de que no existen obstáculos sistémicos para la articulación de los hallazgos provenientes del conocimiento científico. Sin embargo, hoy en día este “credo” sufre una progresiva deserción de ”fieles”, desencantados por la creciente incidencia de impactos sanitarios negativos evitables y una carencia de precaución de proporciones epidémicas.

Paradójicamente, vivimos en una época dominada por una cosmovisión “oficial” científica que parece modelar el mundo en detrimento de los seres vivos que lo habitan. De hecho, la ciencia no impidió que el mundo entre en tan grave crisis y ocasionó muchos de los principales problemas que hoy debemos enfrentar, amén de su peligrosa alianza con intereses comerciales, cuya influencia parece generar en los científicos una ceguera selectiva que los hace ignorar o malinterpretar la evidencia científica. Un análisis de propuestas de instituciones internacionales recientemente creadas devela la existencia de un complejo sistema destinado a impedir la publicación de hallazgos adversos, mientras que el objetivo se publicita como “generar mayor coincidencia entre la investigación estratégica financiada estatalmente y las necesidades de la industria”; o “apoyar el desarrollo de una amplia plataforma de investigación interdisciplinaria y formación académica para ayudar a la industria, el comercio y el gobierno a generar riqueza”.

Y los subsidios, son repartidos “para entusiasmar a las universidades a “trabajar más efectivamente en conjunto con el ámbito comercial”. En verdad, a lo largo de las últimas dos décadas, gigantescas empresas comenzaron a imponer el tipo de ciencia e investigación científica que se debe hacer, enriqueciéndose a expensas nuestras de modo tal que puedan explotarnos mejor y obtener mayores ganancias ulteriores. La supresión del disenso es uno de los signos más serios y visibles de la existencia de un “complejo académico-industrial-militar mundial” en pleno desarrollo y que atenta contra la mismísima esencia de lo que es la ciencia: la investigación abierta y desinteresada de las causas de los procesos naturales.

O sea que, al instrumentar políticas regulatorias “espejo”, nuestras autoridades ignoran su complicidad con un invisible patrón de supresión de la información disidente. Existe una gran tendenciosidad en las citas y publicaciones y en su análisis, lo cual desesperanza a aquellos con ciertas opiniones y visiones de toda posibilidad de articularlas o aún de ingresar al campo de la investigación. Por lo tanto, es imposible presumir que la calidad o la fuerza de la opinión científica informada puede ser juzgada por revisiones de publicaciones en revistas prestigiosas o por ser realizadas por científicos en puestos de alto rango. Mientras que algunos grupos continúen teniendo el poder para suprimir, es seguro que lo utilizarán. Para transformar esta situación es necesario cambiar el equilibrio de poderes dentro de y entre las organizaciones científicas y los organismos gubernamentales encargados de proteger la salud pública.

Retomando el ejemplo emblemático del glifosato, veremos que ya existe una magnitud de evidencia de que el extendido uso del glifosato amerita la difusión de severas advertencias sanitarias y una nueva revisión regulatoria. Y, mientras tanto, su utilización debería ser reducida a un mínimo como muestra de prudencia y precaución. Sin embargo, hoy en nuestro país existen 15,5 millones de hectáreas dedicadas al cultivo de soja transgénica y un consumo anual estimado de 160 millones de litros de glifosato. Pero son casi nulas las advertencias científicas locales respecto de la imperiosa necesidad de multiplicar localmente estudios toxicológicos a mediano y largo plazo y dosajes y bio-ensayos en aguas y suelos, no sólo con respecto al principio activo y el producto tal como sale a la venta, sino también sobre cada uno de los coadyuvantes.

  Un estudio epidemiológico de poblaciones rurales de Ontario demostró que la exposición al glifosato prácticamente duplicó el riesgo de aborto espontáneo tardío (23). El Profesor Eric-Giles Seralini y su equipo de investigadores de la Universidad de Caen en Francia decidieron investigar más sobre los efectos del glifosato sobre las células de la placenta humana. Ellos demostraron que el glifosato es tóxico para las células placentarias, provocando la muerte de un gran porcentaje de éstas luego de 18 horas de exposición a concentraciones muy por debajo de las de uso agrícola. Más aún, el RoundUp siempre es más tóxico que su ingrediente activo, el glifosato; como mínimo en un 200%. El efecto aumentaba con el transcurso del tiempo, y era obtenido con concentraciones 10 veces menores a las utilizadas en los cultivos.

La enzima aromatasa es la encargada de sintetizar las hormonas femeninas, los estrógenos, a partir de los andrógenos (las hormonas masculinas). El glifosato interactúa con el sitio activo de la enzima pero su efecto sobre la actividad enzimática fue mínimo a menos que el RoundUp estuviese presente. Resulta interesante que el Roundup incrementó la actividad enzimática luego de una hora de incubación, posiblemente porque su efecto surfactante hiciese que el sustrato andrógeno estuviese más disponible para la enzima. Pero a las 18 horas de incubación, el Roundup invariablemente inhibía la actividad enzimática, siendo ésta asociada con una disminución en la síntesis de ARN mensajero, sugiriendo que el Roundup provocaba un descenso de la tasa de transcripción genética. Seralini y sus colegas sugieren que otros ingredientes en la fórmula del Roundup realzan la disponibilidad o la acumulación de glifosato en las células.

Existe, en realidad, evidencia directa de que el glifosato inhibe la transcripción de ARN en animales a una concentración muy por debajo del nivel que se recomienda para su aplicación en aerosol. La transcripción fue inhibida y el desarrollo embrionario demorado en camarones marinos luego de la exposición a bajos niveles del herbicida y/o el surfactante polioxietileneamina (POEA). La inhalación por aplicación en aerosol del herbicida debería ser considerada una amenaza para la salud (24). nuevas investigaciones revelan que una breve exposición a fórmulas comerciales en base a glifosato ocasionó daño hepático en ratas, como lo indica el escape de enzimas hepáticas intracelulares. En este estudio, también se constató que el glifosato y su surfactante en el Roundup actúan sinérgicamente aumentando el daño al hígado (25).

Tres recientes estudios con control de casos sugirieron una asociación entre el uso de glifosato y el riesgo de padecer LNH (27,28,29); mientras que un estudio prospectivo en Iowa y Carolina del Norte, EE.UU. que incluyó a más de 54.000 aplicadores licenciados privados y comerciales sugirió un vínculo entre el uso de glifosato y mieloma múltiple (26).

Y sigue la lista de hallazgos que en lugar de ser refutados o discutidos deberían ser reproducidos en laboratorios nacionales: se encontró que los hijos de quienes habían utilizado glifosato tenían un grado elevado de alteraciones de neurocomportamiento (27). El glifosato provocó el desarrollo retardado del esqueleto fetal en ratas de laboratorio (28). Otros estudios experimentales y en animales indican que el glifosato inhibe la síntesis de esteroides (29) y que presenta genotoxicidad en mamíferos (30, 31) peces (32, 33) y ranas (34, 35) La exposición de lombrices a dosis de campo provocó como mínimo una mortalidad del 50 por ciento y lesiones intestinales importantes en las lombrices sobrevivientes (36). Un documento reciente informó que el Roundup provocó alteraciones en la división celular que podrían estar asociadas con ciertos tipos de cáncer en humanos (37).

La siguiente tabla resume una comparación de las aseveraciones de Monsanto, empresa creadora y mayor comercializadora mundial del glifosato, con los hallazgos de la investigación independiente.  

 

Aseveraciones de Monsanto

Hallazgos de Investigaciones Independientes

El Roundup posee un bajo potencial irritativo para ojos y la piel y además no constituye un riesgo para la salud humana.

- El Roundup está entre los pesticidas más denunciados por ocasionar incidentes de envenenamiento en varios países.

- El Roundup ocasiona un espectro de síntomas agudos, incluyendo eczema recurrente, problemas respiratorios, hipertensión arterial y reacciones alérgicas.

El Roundup no ocasiona ningún efecto adverso reproductivo.

- En ensayos de laboratorio sobre conejos el glifosato efectos dañinos duraderos sobre la calidad del esperma y el recuento espermático.

El Roundup no es mutagénico en mamíferos.

- En experimentos de laboratorio se observó daño en el ADN de órganos y tejidos de ratones.

El Roundup es

ambientalmente seguro.

- En el medioambiente agrícola, el glifosato es tóxico para organismos benéficos del suelo y artrópodos predadores benéficos, e incrementa la susceptibilidad a enfermedades de los cultivos.

- El uso de glifosato en forestación y agricultura genera efectos indirectos perjudiciales en pájaros y pequeños mamíferos al dañar su provisión alimenticia y su hábitat.

- El contenido de POEA en el Roundup es letal para los renacuajos de tres especies de sapos terrestres y arbóreos en Australia. El gobierno australiano prohibió es uso de estos productos cerca de aguas.

- Dosis sub-letales de glifosato provenientes de la deriva dañan las comunidades de plantas silvestres y pueden afectar algunas especies situadas hasta a 20 metros del fumigador.

- El uso de glifosato en zonas arables ocasiona acronecrosis o gangrena regresiva en árboles perimetrales.

- El glifosato promueve el crecimiento poblacional de un caracol acuático que es el huésped intermedio de fasciolosis hepática en mamíferos.

- La degradación del glifosato por microorganismos en el agua puede estimular los efectos eutroficativos

El Roundup es rápidamente inactivado en el suelo y el agua.

 

- El glifosato es muy persistente en el suelo y los sedimentos.

- El glifosato inhibió la formación de nódulos fijadores de nitrógeno en trébol durante 120 días luego de su aplicación.

- Residuos de glifosato fueron hallados en lechuga, zanahoria y cebada cuando fueron plantados un año después de la aplicación de glifosato.

- Los fertilizantes en base a fosfatos pueden inhibir la degradación en suelo del glifosato.

El Roundup es inmóvil y no percola en los suelos.

- El glifosato puede desorberse fácilmente de las partículas del suelo en un amplio espectro de tipos de suelos. Puede ser extensivamente móvil y percolar hacia capas más profundas del suelo.

- El glifosato puede ser transportado por partículas del suelo en forma de deriva secundaria.

El Roundup no contamina el agua potable cuando es utilizado por autoridades locales sobre superficies duras.

- En Inglaterra, la Welsh Water Company detectó niveles de glifosato superiores al límite establecido por la Unión Europea todos los años desde 1993. El Inspectorado de Agua Potable recomienda que el glifosato sea monitoreado, especialmente en áreas donde es utilizado por autoridades locales sobre superficies duras.

Es virtualmente imposible que se desarrolle resistencia a glifosato en malezas.

- En 1996, se descubrió una gramínea forrajera resistente al glifosato en Australia.

El desplazamiento de genes desde cultivos transgénicos a especies convencionales o malezas y la transferencia horizontal ocurren a corta distancia y pueden manejarse con facilidad.

- En aquellos cultivos que han sido examinados, las densidades de polen son mucho más altas y sus patrones de dispersión difieren de los de campos grandes en comparación con aquellos constatados en lotes experimentales. La dispersión de polen por el viento sucede a distancias mucho mayores y a concentraciones más altas que las predichas por extrapolaciones a partir de cultivos experimentales. La transferencia genética desde cultivos de oleaginosas transgénicos es inevitable.

Los cultivos Roundup Ready reducirán los niveles de utilización de herbicidas.

- Los cultivos tolerantes a herbicidas intensificarán e incrementarán la dependencia del uso agrícola de herbicidas más que conducir a reducciones significativas. Una variedad de herbicidas tendrá que ser reintroducida para controlar voluntarios glifosato-resistentes y malezas resistentes.
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