Un repaso detallado (y crítico) de las normas legislativas, comunitarias y nacionales, que regulan las actividades con Organismos Modificados Genéticamente




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INTRODUCCIÓN:

Consideraciones personales sobre el desarrollo de la normativa (comunitaria y nacional) que regula las actividades con OMGs.
El marco legal para regular las actividades con OMG en la UE se inicia en 1990 con la publicación de: la Directiva 90/219/CEE relativa a la utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente y la Directiva 90/220/CEE sobre liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (tanto con fines experimentales como de comercialización).

Con la aprobación de las normativas de transposición a los respectivos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de estas directivas, por imperativo legal, y de acuerdo con los requisitos de evaluación que se establecen en las mismas, se inician, en el ámbito de la UE, los procedimientos de autorización para: su utilización confinada, así como para las, mucho más polémicas, liberaciones voluntarias con fines experimentales o de comercialización.

En un principio, el desarrollo de la normativa sobre OMG se fue llevando a cabo de una forma más o menos coherente y de acuerdo con una estrategia lógica y predeterminada.

Las Directivas de base, ya citadas, fueron mejorándose con la incorporación de los avances tecnológicos que se iban produciendo, al tiempo que, de acuerdo con la experiencia que poco a poco se iba adquiriendo, se fueron modificando progresivamente aquellos procedimientos reglamentarios que necesitaban una mayor definición, al tiempo que se sometían a revisión los aspectos técnicos que resultaban más cuestionados (p.e. genes marcadores de resistencia a antibióticos).

Esta dinámica desembocó en la publicación de la Directiva 2001/18/CE (que deroga la Directiva 90/220/CEE) y de la Directiva 2009/41/CE (que deroga la Directiva 90/219/CEE); las cuales refunden todas estas mejoras complementándolas, además, con otras disposiciones adicionales que enriquecen su contenido.

Partiendo de este marco legal, la comercialización en el ámbito de la UE de un producto que “consistiera” o “contuviera” una modificación genética (también conocido como“evento”) exigía en un principio que, además del cumplimiento de los requisitos que, a tal efecto, se detallan en la parte C de dicha Directiva de carácter horizontal, el citado producto cumpliera, igualmente, la legislación vertical comunitaria para ese tipo de productos. Se podría decir “grosso modo” que a través de la Directiva 90/220/CEE (y posteriormente a través de la Directiva 2001/18/CE) se aprobaría la comercialización de la modificación (“evento”) especificando, además, los posibles usos incluidos en la autorización. La comercialización del producto que “consista” o “contenga” dicho “evento” debía autorizarse posteriormente, aplicando la correspondiente norma sectorial.

En este contexto, la primera autorización de comercialización en la UE de un OMG (una vacuna de uso veterinario) se produce en diciembre de 1992 (ver B-IV-3) y, a partir de esa fecha, se fueron autorizando, de una forma que podríamos calificar como discreta, distintos OMG.

No obstante, el Artículo 10 de la propia Directiva 90/220/CEE (artículo 12 de la Directiva 2001/18/CE) preveía (de acuerdo con la ya comentada estrategia lógica y coherente) la paulatina revisión de las legislaciones sectoriales con objeto de dotarlas, lo antes posible, de un procedimiento de evaluación del riesgo para el medio ambiente similar al que se contempla en aquélla, permitiendo, de esta forma, que la autorización de comercialización, para un uso determinado, de productos que consistan o contengan un OMG pueda realizarse aplicando, exclusivamente, la norma sectorial, convenientemente revisada, que regula dicho uso. En este sentido, la Comisión Europea puso en marcha un ambicioso programa de trabajo (recogido en el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria) para que, de acuerdo con un calendario prefijado, se procediera a la revisión reglamentaria de las legislaciones sectoriales.

Este enfoque reglamentario, que se fundamentaba en el principio de “una puerta, una llave”, tenía como objetivo, insisto, evitar que la autorización de comercialización de productos que consistan o contengan OMG (e incluso los productos obtenidos a partir de los mismos) requiriera tener que someterlos a dos legislaciones comunitarias (de hecho, como tendremos ocasión de ver con más detalle en el apartado B-IV, ya se han llevado a cabo autorizaciones de OMGs para su uso como alimentos o ingredientes alimentarios aplicando, exclusivamente, la normativa sectorial: Reglamento (CE) Nº 258/97 y Reglamento (CE) Nº 1829/2003).

Sin embargo, la estrategia comunitaria para el desarrollo normativo sobre OMG que empezó a sufrir sus primeras fisuras a partir de 1996 (cuando empiezan a llegar a los puertos europeos grandes cargamentos de grano de soja transgénica y se inician las primeras campañas en contra de los OMG anticipando riesgos irreparables para el medio ambiente y la salud humana), se desmorona totalmente a partir de las crisis alimentarias desencadenadas en la UE (fundamentalmente las “vacas locas”) momento en que se pone en marcha una mucho más agresiva (pero tremendamente maniquea y, a veces, claramente manipuladora –ver B-VIIa-) campaña mediática que consigue calar en la opinión pública y en la que se utiliza la ecología (cuyo objetivo según sus apologistas es, no lo olvidemos, salvar el planeta) como elemento antagónico e integrador de todos los colectivos antitransgénicos en su lucha sin cuartel contra los OMG los cuales, según opinión igualmente de los ecologistas, solo contribuirían a la destrucción del planeta (creo que del mismo planeta).

No me resisto, en este punto, a hacer un inciso para llamar la atención sobre el hecho, fácilmente contrastable, de que a lo largo de la historia, los detractores de cualquier avance tecnológico han necesitado, siempre, mantenerse agrupados bajo el manto de una idea o filosofía que confiera a su “lucha” un cierto carácter espiritual. Aún hoy, en pleno siglo XXI contra el darwinismo se sigue esgrimiendo “la palabra de Dios” (“Con la modificación genética de los cultivos el hombre ha entrado en terrenos que pertenecen a Dios y sólo a Dios” dijo recientemente el mundialmente famoso líder ecologista S.A.R. el Príncipe de Gales).

En mi opinión, sin embargo, esas aguerridas campañas en el ámbito de la UE, de los ecologistas (y, sobre todo, de los productores ecologistas) en contra de los transgénicos no están exentas, en absoluto, de un componente mucho más “terrenal” como es el componente económico. Ya que para obtener un mayor beneficio comercial de sus productos ecológicos (que, no lo olvidemos, son más caros que los “convencionales”), los productores ecológicos necesitan una reacción de rechazo hacia los transgénicos por parte de los consumidores. Dicha reacción de rechazo, por otra parte, contribuirá a “facilitar” (como veremos más adelante) que los poderes públicos acaben decantándose, de forma absolutamente “responsable”, por su sistema de producción, una vez que hayan llegado a la conclusión de que se trata de la opción que les puede reportar un mayor número de votos.

En cualquier caso, esperemos que en defensa de su postura contraria a los transgénicos, los ecologistas y “progresistas comprometidos” no acaben catalogando a la genética como una “pseudociencia burguesa”, tal como la definió el agrónomo ruso Trofim D. Lysenko, quien en plena época stalinista promovió, y puso en práctica, unas teorías agronómicas de corte lamarckiano (con el visto bueno, por supuesto, de las autoridades políticas de la época que adoraban, sobre todo, la retórica anticapitalista de dichas teorías) que acabaron desembocando en terribles hambrunas y, lo que casi es peor, en la represión e incluso muerte de centenares de científicos incluyendo a Nikolai Vavilov quizás el más importante biólogo soviético de aquella época y a quien se considera como el padre de la genética rusa.

Una vez hecho este inciso, y retomando la secuencia de acontecimientos en el marco de la polémica sobre los OMG en la UE, parece evidente que la constatación en un momento determinado por parte de los poderes públicos de que, como consecuencia de la agresiva campaña mediática en contra de los transgénicos, una mayoría de ciudadanos de la UE tiene una percepción negativa de los mismos, desencadena, como no podía ser menos, una inmediata respuesta política (motivada, como apuntaba en un párrafo precedente, por ese peculiar “principio de cautela” que mueve a cualquier político a dirigir sus actuaciones, justamente, en aquella dirección que le permita mantenerse en el cargo) que desemboca, a partir de octubre de 1998, en la implantación de una moratoria de “facto” (carente de cualquier base legal) que paraliza la autorización, obviamente en la UE, de nuevos eventos. Este hecho motiva una denuncia de los países productores de transgénicos –Estados Unidos (EEUU), Canadá, etc.- ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), al considerar que dicha moratoria constituye una inaceptable barrera comercial, ya que no está fundamentada en criterios científicos.

En 2004, la UE se va forzada a “levantar” la moratoria y reinicia la autorización de nuevos “eventos” aunque, no obstante, la implantación de los transgénicos en la UE sigue lastrada por condicionamientos políticos tal como reconocía, por ejemplo, nada más y nada menos que el Presidente de turno de su Consejo de Agricultura en enero de 2006 cuando decía (textualmente): “La autorización de nuevos OMG en la UE se basa en criterios científicos, pero este procedimiento no es aceptado políticamente”. “Esta situación…(añadía)…no es satisfactoria y no podemos seguir así; se trata de un tema político que debemos tratar con una nueva base, pues despierta muchas emociones”.

Imagino que si han llegado hasta éste punto del texto, empezarán ustedes a preguntarse (yo lo haría, que conste) qué opinión tiene el que suscribe sobre la actuación o la estrategia que, en este contencioso, viene manteniendo lo que podríamos calificar como “el otro bando” es decir, el sector favorable a los OMG.

Pues bien, en primer lugar y como declaración de intenciones, tengo que decir que, en general, coincido plenamente con la apreciación que, sobre la evolución de los transgénicos en el mundo, tiene la FAO, tanto cuando dice que: Muchos países en vías de desarrollo podrían obtener grandes beneficios a partir de plantas, alimentos y otros OMG” (FAO, 2002); como cuando matiza que: “El predominio del sector privado en la biotecnología agrícola hace temer que los agricultores de los países en desarrollo, especialmente los agricultores pobres, puedan no sacar provecho de ella. La investigación, por otra parte, se concentra en los cultivos y en las características de interés comercial para los agricultores de los países con mayores ingresos” (FAO, 2004).

Por otra parte, personalmente considero cuestionable que, este “otro bando”, se manifieste públicamente, de forma casi exclusiva, a través de foros y publicaciones (impresas o digitales) financiadas, en su totalidad, por el sector productor. Dichas publicaciones en las que encontramos colaboraciones de conocidos investigadores y científicos así como de destacados funcionarios, carecen, al igual que las publicaciones de los anti-OMG, de cualquier precisión o matiz en sus afirmaciones, así como de la más mínima crítica de algunas de las más que discutibles decisiones de los organismos legisladores o reguladores siempre que dichas decisiones, por supuesto, puedan considerarse favorables a los objetivos perseguidos por dicho sector productor que, insisto, financia las citadas publicaciones o foros.

Sirva como ejemplo ilustrativo (como muestra vale un botón), el siguiente caso:

En abril de 2004 el Comité Científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria –EFSA, hizo público un informe referido a los genes de resistencia a antibióticos utilizados en el procedimiento de obtención de OMG, en el que confirmaba la escasa probabilidad de transferencia de resistencias. No obstante, invocando el “Principio de Precaución” (según se definió en la Cumbre de Río de 1992) y de acuerdo a su utilidad terapéutica actual y futura, establecía tres categorías de antibióticos frente a los cuales podrían inducirse resistencias.

De acuerdo con la citada clasificación y en cumplimiento de la normativa comunitaria (Artículo 4.2 de la Directiva 2001/18/CE), a partir del 31 de diciembre de 2004, no debería volver a cultivarse en la UE el maíz modificado genéticamente: Bt-176 (ver B.IV.7), ya que incorpora un gen inductor de resistencia a la ampicilina (cuyo uso sería restringido, en lo sucesivo, exclusivamente al ámbito experimental).

Asumiendo en todos sus extremos, como no podía ser menos, el informe del Comité científico de EFSA, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) publicó una nota oficial (23 de abril de 2004) en la que, taxativamente, se indicaba que, en España (único país en el que, desde 1998, se cultivaba este tipo de maíz MG), “… ya no se podrá volver a sembrar ni cultivar a partir de enero de 2005”.

Sin embargo, en un alarde de descoordinación administrativa, el MAPA autorizó su cultivo durante la campaña de 2005, lo que proporcionó a las organizaciones ecologístas y otros grupos “comprometidos”, sin el más mínimo esfuerzo por su parte, argumentos más que suficientes para sustanciar sus proclamas antitransgénicos durante todo el año 2005 (de hecho, diversas plataformas ecologistas publicaron un trabajo, con gran despliegue de medios titulado “La imposible coexistencia”, que desde la foto de portada hasta la última de sus más de 200 páginas, utilizó esta circunstancia como elemento central de su estrategia).

Pues bien, en una posterior publicación de las características antes apuntadas (Muñoz, 2006), se nos detalla (asépticamente) el citado informe de la EFSA pero, lamentablemente, nos deja ayunos de cualquier matiz o comentario con referencia a la secuencia de acontecimientos que acabo de enumerar y que no han servido para otra cosa que para socavar, imagino que sin proponérselo, el prestigio y la credibilidad de EFSA y AESA (al tiempo que vacían totalmente de contenido el concepto de “Principio de Precaución”) minando, de esta forma la confianza del ciudadano en los dictámenes que, sobre éste u otro tema relacionado con la seguridad alimentaria, pudieran emitir en el futuro. ¿Qué valor podría concedérsele, a partir de ahora, a un informe del Comité científico de EFSA en el que, invocando el “Principio de Precaución”, dictaminara sobre cualquier aspecto de la seguridad alimentaria (p.e. la “gripe aviar”)?.

Claro que la incoherente “actuación” de la CE y de los responsables nacionales que, como he comentado, ha vaciado de contenido y credibilidad los dictámenes y opiniones que en el futuro puedan emitir EFSA y AESA, no son más que “peccata minuta” si lo comparamos con las clamorosas actuaciones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE que, de forma reiterada (2005, 2006, 2007 y 2009) y por amplia mayoría, viene reconociendo el derecho de los Estados miembros a prohibir el cultivo de transgénicos autorizados, desde hace años, en la UE, una vez que los distintos Comités científicos de la UE, (creados, no lo olvidemos, con el visto bueno de esas mismas autoridades políticas), determinaron su conformidad con los estrictos requisitos establecidos por la normativa comunitaria (diseñada, tampoco habría que olvidarlo, por tan volubles autoridades políticas). Estas memorable actuaciones del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, por si fuera poco, desautoriza por completo a la Comisión, ya que desestima (sin anularlos ni derogarlos en forma) algunos de sus actos jurídicos (Decisión 2003/653/CE y Decisión 2006/10/CE –ver B-III-6 y B-III-9-).

En éste escenario resulta absolutamente irrelevante, en mi opinión, que la EFSA prosiga la publicación de informes científicos como el recientemente publicado: Seguridad y evaluación nutricional de alimentos y piensos derivados de plantas MG” (en el que se dictamina sobre la seguridad alimentaria de las plantas MG evaluadas), ya que, de momento, la EFSA (y la AESA) carecen de credibilidad ante el ciudadano gracias a las inestimables muestras de “confianza” que las instituciones políticas comunitarias (y nacionales) depositan en su trabajo.

En conclusión, creo que la carencia absoluta de matices en los argumentos esgrimidos (nunca mejor dicho) por los dos bandos enfrentados en la polémica sobre los OMG está convirtiendo este debate en una situación, insisto, maniquea y a veces hasta un poquito chabacana.

Cualquier declaración que pueda realizarse por parte de cualquier político, científico, representante de la industria o simple ciudadano; cualquier medida legislativa aprobada; cualquier noticia de prensa, será inmediatamente aclamada o agriamente denostada por los representantes de uno u otro “bando”, sin la más mínima matización, en función de que tal declaración, medida legislativa o noticia sea favorable a “su causa”, sin valorar ni analizar en ningún momento, si la declaración, norma o noticia es técnica y administrativamente: razonable, lógica y consecuente.

En mi opinión, el sector favorable (y sobre todo la industria) deberían dedicarse a buscar argumentos simples y coherentes para convencer al ciudadano europeo. En este sentido y con relación a este tema, leí hace un par de años un comentario (con el que coincido plenamente) de un sociólogo, cuyo nombre lamento no recordar, que decía: “En USA, las multinacionales productoras de OMG concentraron su estrategia en convencer a los poderes políticos, cuyo dictamen es generalmente aprobado por los ciudadanos. En Europa las multinacionales deberían haber convencido, en primer lugar, a los ciudadanos, pues los políticos europeos no moverán un dedo si el ciudadano no está previamente convencido.

Relación (comentada) de normativa sobre OMG


A.- Tratados y Convenios Internacionales

En mi opinión, la mayor parte de estos Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales suelen ser un compendio de buenos y ambiciosos propósitos que prácticamente todos los gobernantes mundiales se apresuran a firmar, pero cuyos objetivos, en muchos casos, no son, en absoluto, fáciles de alcanzar, justamente por desidia política. Sirva como ejemplo de esta afirmación personal, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, uno de cuyos objetivos es, ni más ni menos, que “Erradicar (del mundo) la pobreza extrema y el hambre”. Pero, lamentablemente, el hambre en el mundo, tal como reconocía el informe FAO sobre “El estado mundial de la agricultura y la alimentación-2004” es, en principio, un problema político y económico. No obstante, hay que reconocer que representan, al menos, un primer paso en la buena dirección.
Se incluyen en esta Sección algunos Convenios y Tratados Internacionales con incidencia, más o menos directa, con el tema que nos ocupa (A.I.), así como algunos actos jurídicos comunitarios a través de los cuales: se informa de la “adhesión” de la CE a los mismos, o bien se procede a su “adaptación” al marco legal comunitario (A.II.)


A.I.- Tratados, Convenios y Declaraciones Internacionales

A.I.1.- Convenio sobre la Diversidad Biológica. (Aprobada en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992. Promueve una conservación de la Diversidad biológica mediante una utilización sostenible de sus componentes, así como una participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos).

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