Informe de Megacomisión acusa a José Antonio Chang y otros seis ex funcionarios




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El sector que no crece es la Manufactura. Registró una disminución de 3.2%. Cayó la producción de bienes de consumo -4.1%, debido a la contracción en 31.9% de la producción de tejidos y artículos de punto y al retroceso de 13.1% de la producción de jabones y productos de limpieza. De otro lado, también se redujeron en 55.3% la producción de aparatos de distribución y control deenergía eléctrica; y, en 31.2% la producción de motores generadores y transformadores eléctricos. Según informa el INEI la reducción notable de la producción de estas ramas se debió a la menor demanda de nuestros países vecinos, además de Venezuela y Panamá. Pero, debe estar ocurriendo una pérdida de competitividad de nuestros productores manufactureros, debido a la mayor penetración de productos similares, chinos, Brasileños y alemanes, y a la cada vez mayor apreciación de nuestra moneda. 

El freno de la gestión fiscal
El presidente Humala encargó la cartera de economía y finanzas a un economista profano. Éste logró que su gobierno aprobara el Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014(MMM), donde se dice que «la presente administración tiene como meta una trayectoria progresiva hacia un equilibrio fiscal en las cuentas estructurales en el 2014. Consistente con esta meta, bajo los supuestos de este MMM se tiene previsto que en el 2012 se alcance un superávit fiscal de 1,0% delPBI, que se elevará a 1,4% del PBI en el 2013 y 1,8% del PBI en el 2014» (pág. 25).

Este ministro mediatizó las metas de las políticas sociales ofrecidas por Humala. Juntos no aumentó a 900 mil beneficiarios; Pensión 65 se rebajó a 125 soles; el gasto en Educación se mantuvo en 2.8% del PBI; y, el gasto social (saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, salud, Educación y protección social) se redujo de 5.77% del PBI en 2011 a 5.67% del PBI en 2012. El 2011 se terminó con un superávit fiscal de 1.9% del PBI, es decir, se dejó de gastar 9,077 millones de nuevos soles. Por otro lado, de enero a marzo de este año la gestión fiscal del ministro del MEF ha generado, en solo un trimestre, un superávit de 8,471 millones de nuevos soles que representa más del 6% del PBI del trimestre respectivo. 

A modo de conclusión
En su gira por Japón y Corea del Sur el presidente Humala dijo que buscaba una adecuada inserción del Perú en el entorno internacional «para generar empleo, reducir la pobreza y obtener los recursos fiscales para financiar los programas de inclusión social». ¡Qué barbaridad! Se fue a buscar recursos para financiar sus programas sociales cuando aquí su ministro deja de gastar un equivalente a 3,208 millones de dólares

La recuperación del Lote 88 y la política energética

Por:  Carlos Herrera Descalzi



El ex ministro Carlos Herrera Descalzi ha jugado un rol protagónico en la recuperación del Lote 88, desde el inicio del problema. Primero,  como ministro del gobierno de transición, firmó el contrato original donde se estipulaba que el Lote 88 solo podía ser usado para consumo interno. Como se sabe luego este contrato fue modificado a favor de la exportación. Posteriormente, como ministro del actual gobierno,  luchó porque el contrato vuelva a tener la esencia original. En este artículo el autor explica como se ha dado este proceso y los pendientes que tenemos en política energética. Ahora que han aparecido voces que buscan restarle méritos a esta acción (que son precisamente quienes los que hicieron la modificación del contrato), es importante tener un conocimiento global del problema.

Un poco de historia
Al inicio de la era del petróleo, el Perú fue un exportador neto, razón por la cual inclinó su propio consumo hacia este hidrocarburo. El segundo pozo petrolero de la historia se había perforado en el Perú en el año 1863. En 1960 ya existía conciencia de que nuestra dependencia de este producto se había tornado excesiva y peligrosa. Nuestra energía comercial provenía de dos fuentes preponderantes: la hidroenergía (para la electricidad) y el petróleo (sectores transporte, industria, residencial y electricidad). Era necesario poner en valor una tercera, nueva y adicional fuente de energía comercial; se la buscó, sin éxito, entre la nuclear y el carbón.

En 1968 el Perú pasó a ser, por vez primera, importador neto de petróleo. La primera crisis petrolera mundial (1973, tras la guerra del Yom-Kippur) nos encontró en esa situación y nos causó por ello grave daño. PetroPerú, creado en 1969, inició la exploración en la selva norte y tuvo éxito en 1972. Se construyó el oleoducto nor peruano, concluido en 1978, lo que nos permitió volver a ser exportadores netos, condición que nuevamente perdimos en 1990 y que no hemos podido revertir aún.

La condición de importador neto de petróleo se morigeró mucho con la entrada en operación de Camisea en el 2004. Los yacimientos de Camisea fueron descubiertos en 1985. Por su magnitud, eran esa tercera fuente de energía que se perseguía poner en valor desde la década de 1960. Su descubridor, Shell, no se pudo poner de acuerdo con el gobierno peruano, y se retiró el 15 de julio de 1988. La empresa regresó en 1994 y estableció un acuerdo en mayo de 1996. En 1998, después de que el gobierno rechazara incorporar condiciones adicionales (exportación del gas a Brasil) a su acuerdo con Shell, ésta devolvió al Estado peruano el Lote 88, con reservas probadas de gas natural y condensados, producto de una inversión cercana a los US$500 millones.

El gobierno optó entonces por licitar la ejecución del proyecto Camisea, y para ello creó, previamente, una base conceptual, expresada en la ley 27133 (Ley para el Desarrollo de la Industria de Gas Natural), que contemplaba: (i) prioridad del mercado interno; (ii) solo se puede exportar excedentes; (iii) los excedentes se recalculan anualmente; y, (iv) son excedentes las reservas probadas remanentes, después de haber garantizado el abastecimiento interno para los próximos 20 años (“horizonte permanente”). Junto con su Reglamento y otros dispositivos, la ley 27133 enrumbaba la enorme y trascendental tarea de sustituir petróleo por gas natural, en relación con lo cual el interés nacional se expresaba como seguridad energética, con energía limpia y barata. Su desarrollo mediante capital privado debía respetar ese interés nacional.

La licitación de Camisea en concordancia con la ley 27133 provocó opiniones en contrario que proponían exportar el gas. El 29 de enero del 2000 se publicaba la siguiente explicación presidencial: “Para que sea competitivo el gas de Camisea en Sao Paulo, el precio en boca de pozo tendría que ser, en el mejor de los casos, US$ 0.10 (por millón de BTU)”; y precisaba: “Si exportáramos en esas condiciones no tendríamos ningún beneficio y dejaríamos vacío el yacimiento de Camisea. Y ése no es el negocio”. Esta expresión concuerda plenamente con el criterio de la ley 27133.

El 9 de diciembre del 2000 se suscribieron los contratos (campo, transporte de gas y líquidos, distribución de gas en Lima y Callao) para la ejecución del actual complejo Camisea. Éste nació, así, con la misión de ser la piedra angular del cambio de dieta energética para un país agobiado por la dependencia del petróleo.

El proyecto Camisea comprendía dos productos: líquidos (o condensados) y gas natural. Por su alto valor comercial, los líquidos, que contenían la quinta parte del total de energía del yacimiento y se comercializarían a precios de mercado, bastaban para sostener económicamente al proyecto, sobre todo porque mientras duró la construcción se triplicaron los precios del petróleo; hoy en día (abril del 2012) su valor inicial se ha multiplicado por cinco. El gas natural, con cuatro quintas partes del contenido energético del yacimiento y precio regulado, estaba destinado a transformar la matriz energética del Perú. Era un acuerdo Estado-Concesionario cuyo equilibrio se sustentaba en que: (i) con los líquidos, el concesionario recuperaría generosamente su inversión; y, (ii) el gas quedaba para la transformación de la matriz energética. Posteriormente, diversos apetitos prepararían algo distinto para el gas.

Líquidos y gas se extraen mezclados, en una proporción determinada. Para recuperar prontamente la inversión, el concesionario dimensionó el equipamiento según la extracción de líquidos, lo que acarreaba un excedente de gas natural que tenía que ser reinyectado y tiene un costo y un riesgo. En el Reglamento original de la ley 27133, el pago de regalía por el gas natural estaba referido a la cantidad extraída, no a la comercializada: éste sería uno de los tantos cambios que se harían posteriormente al marco legal y los contratos.

Al año de que éstos fueron suscritos, se comenzó a cambiar la misión de Camisea hacia un proyecto de exportación de materia prima que se bautizó como “Camisea 2”. En vista de la resistencia a la exportación de lo producido por el Lote 88 por temor al desabastecimiento del mercado interno, se optó por exportar el Lote 56. El 10 de junio del 2004 el gobierno aseveró al país que el Lote 56 era suficiente para la exportación, y que el gas del Lote 88 se reservaba para el consumo nacional.

En el año 2005, tras completar el remiendo de leyes y reglamentos, se modificó el contrato del Lote 88 y se asignaron 2.5 TPC (billones de pies cúbicos estándar) a una planta de LNG (gas natural licuado) para su exportación (a México), en adición a los 1.9 TPC de un cuasi obsequiado Lote 56. El contrato con México era por menos de 3 TPC. Con un TPC del Lote 88 se hubiera completado la cuota para México; no obstante, se comprometieron 2.5 TPC.

El Lote 56 exporta gas desde junio del 2010. Cuando sus actuales reservas declinen (¿cinco años?), sin gas sustituto, contractualmente se exportaría el Lote 88. Parece que el primero de estos lotes no podría aportar las reservas sustitutas.

Se construyó el oleoducto nor peruano, concluido en 1978, lo que nos permitió volver a ser exportadores netos, condición que nuevamente perdimos en 1990 y que no hemos podido revertir aún.



A condiciones de hoy (precio Henry Hub inferior a US$2 por millón de BTU), el gas contractualmente destinado a México (70% del total) se vendería allá a US$1.80/MMBTU, comprándose en el Perú, en boca de pozo, por US$0.20/MMBTU. Así, el Fisco percibiría US$0.06/MMBTU. Por el mismo gas y en el mismo sitio, un consumidor industrial paga US$3.70/MMBTU, y aquí el fisco, entre regalía e impuesto a la renta, percibe US$2.07/MMBTU. Es iluso pensar que algún productor quiera explorar por gas para venderlo a los precios de exportación a México. De ahí que, si no se hubiese liberado las reservas del Lote 88, éstas irremediablemente se habrían exportado a precios ridículos. A precios de industria, 2.5 TPC generan US$9.500 millones más que exportarlos a México; y 2.5 TCP equivalen al petróleo consumido por el Perú en ocho años.

Camisea y la política energética de la “Hoja de Ruta”
El Gobierno que asumió el control del país el 28 de julio del 2011 se proponía masificar el gas natural para, de este modo, devolver su razón de ser al proyecto Camisea. Así, el 25 de agosto del 2011, en su exposición de la política general del Gobierno ante el Congreso de la República, el Primer Ministro señaló: “El desarrollo nacional requiere de una nueva matriz energética que combine la generación de fuentes variadas para que el país disponga energía diversa, segura, accesible, limpia y barata. Nos proponemos transformar la actual matriz energética nacional dependiente de los hidrocarburos”; para luego agregar: “Nuestra política es que el Lote 88 de Camisea sea destinado íntegramente al consumo nacional, lo que permitirá garantizar el Gasoducto Surandino, la masificación del consumo de gas y el abastecimiento de las industrias”.

La masificación del gas, haciéndolo llegar al sur y norte del país, precisa la construcción de una infraestructura que se puede obtener por concesiones. Pero los concesionarios quieren estar seguros de que contarán con el gas natural y de que no les ocurrirá lo que a la empresa distribuidora de gas natural para Ica, que obtuvo la concesión subastada por ProInversión pero solo puede avanzar al lentísimo ritmo que le imponen los proveedores del gas natural.

Para poder avanzar con la masificación del gas natural era imprescindible contar con los 2.5 TPC de reservas de Camisea, inmovilizadas por el proyecto exportador. Desde agosto del 2011, esta necesidad fue transmitida por las más altas autoridades del Gobierno a las empresas involucradas. El Gobierno deseaba obtener el resultado sin deshonrar compromisos contraídos, por más inequitativos que éstos pudieran ser. La vía era la negociación.

El primero consistió en hacer conocer a las empresas la necesidad que tenía el país de contar con esos recursos y su malestar por los precios para la exportación. Los argumentos y cifras resultaban tan claros que las empresas no se podían negar; pero necesitaban ganar tiempo. El Estado buscó argumentos adicionales para la pronta liberación de las reservas. Se podía acudir a la emergencia energética prevista por el Contrato (cláusula 19.8) y por la Ley de Hidrocarburos (artículo 43.º); esto, como última opción. Se revisó la lista de embarques de gas natural licuado que publica 
PerúPetro, y se encontraron varios con destino a Norteamérica, donde el gas natural licuado tiene un precio bajísimo (alrededor de US$8 millones por la carga de un barco metanero) en comparación con el que se podría obtener en Europa (US$27 millones) o en Asia (US$40 millones) y que permitía compensar largamente el costo adicional originado por la mayor distancia.

Por otro lado, antes de que se iniciara la exportación de gas natural licuado se extrajeron líquidos del Lote 56, y el gas que acompañó a los líquidos necesitó almacenarse, lo que se hizo reinyectándolo en el Lote 88 para, después, extraer igual cantidad. Pero el gas que se almacena así no necesariamente se puede extraer luego, y es posible que parte de él se pierda. El tema ameritaba revisar la contabilidad del gas extraído.

La recuperación de Camisea
El proyecto de exportación fue y es una venta de materia prima, absorbible por el mercado interno en muchísimo mejores condiciones. Se arriesgó una inversión costosísima en licuefacción, flete y regasificación, deprimiendo el precio del gas en su punto de origen; o sea, se trasladó el riesgo al país, con el consentimiento de sus autoridades. El escenario en el que han ocurrido los hechos no era imprevisible el año 2005, cuando ya estaba en camino la explotación de los esquistos gasíferos, que han disminuido notablemente el precio del gas en Norteamérica. ¿Quién asumió el riesgo de precios bajos? La nación, a través del Contrato del Lote 56, con condiciones extrapoladas al Lote 58 que modificaron la esencia de ese contrato.

En criterios o en cifras, los beneficios para el país de consumir el gas internamente son abrumadoramente superiores a su exportación. El año 2007 el gobierno solicitó inversiones en petroquímica, basada en gas natural. Acudieron seis postores, dispuestos a invertir unos US$1.000 millones y a pagar mayores precios por el gas. Les sorprendió tener que hacer cola: el gas solo alcanzaba para uno, que nunca invirtió. En similares circunstancias, al construir la central termoeléctrica Las Flores (192.5 MW, inaugurada el 4 de mayo del 2010, con una inversión de US$110 millones), sus propietarios no imaginaban que se les negaría el gas.

El 4 de abril del 2012, en Quillabamba (Cusco), el Presidente anunció —como hecho histórico— la recuperación del Lote 88 para el mercado interno. Así se habilitaron, para ser consumidas en el país, reservas probadas de 2.5 TPC de gas natural, imprescindibles para los proyectos de su “Hoja de Ruta” (masificación, petroquímica,…) pero imposibles de ser financiados sin el respaldo de reservas probadas. Haber recuperado aludía implícitamente a que alguien lo había perdido. Quienes discreparon consideran que nunca se perdió algo y que sin transporte el gas no sirve.

Es cierto que se ha liberado la disponibilidad del gas para el consumo interno, porque sí había algo perdido, que esperaba que le llegase su hora para ser exportado. Pero también es cierto que en el corto y mediano plazo de poco servirá la recuperación del gas natural si, simultáneamente, no se restituye al mercado interno su prioridad en el transporte por el gasoducto de TgP, perdida el año 2010, en otra liberalidad de modificación de contratos que demanda explicaciones. Sin remediar lo segundo, el próximo año contaremos con más termoeléctricas a gas, pero no con gas para ellas, y así se repetirá la historia de Las Flores.

Con e1 TPC de Camisea se completa el mínimo de 3 TPC de reservas probadas, necesarias para lanzar el gasoducto del Sur, que aspira a ampliarse a 6 TPC o más, con gas por encontrar. Este proyecto (y un acuerdo que se necesita sobre el etano) viabiliza la petroquímica del etano, que —en una cadena de transformaciones— eleva el precio de la materia prima desde unos US$200/TM (gas natural) hasta niveles de productos de US$4.000/TM, siendo esos productos lo que se exportan en vez de la materia prima.

Se anuncia que, por intervención del Gobierno peruano, se ha reducido el volumen por exportar a México. Eso es conveniente para el país, pero, sobre todo, es un inmenso favor al exportador, ya que embarques por los que habría recibido US$8 millones (calculados a US$2/MMBTU, que no permiten siquiera cubrir los costos) podrán ahora ser colocados a no menos de US$40 millones por embarque (calculados a US$10/MMBTU) o más. El problema será encontrar el gas sustituto, pues ya no se contará con las reservas cautivas de Camisea y se tendrá un competidor en el gasoducto surandino.

(1) El Lote 56 se devolvió posteriormente, en el año 2001. 
(2) TCP son las siglas de tera pies cúbicos. En idioma inglés se utilizan las siglas TCF, que corresponden a trillion cubic feet. El trillionequivale a un millón de millones y corresponde al billón del idioma castellano, y no al trillón.

Raúl Wiener El poder de Castilla La historia del general que firmó el acta montesinista declarando que respaldaría para toda la vida “el acto del 5 de abril de 1992” como una unánime decisión institucional y que sacaría la cara por cualquiera de sus colegas acusado de violaciones de derechos humanos en el período de la guerra interna, y que a pesar de la tormenta no ha sido capaz siquiera de reconocer su error y desligarse de su contenido, puede servir para llorar o reír (según Aldo M, la noticia le ha provocado dolor de barriga de tantas carcajadas). Al final el caso solo habla de un Ollanta desorientado buscando aliados militares para compensar la debilidad de su gobierno.

Pero en medio de la batahola, lo que está pasando suavemente es el hecho de que, a cada crisis, se acrecienta el metastásico poder de la tecnocracia de Economía y Finanzas y del jefe del MEF, Miguel Castilla. 

Al principio era un asunto de quedarse a como fuere, presionando con los medios de comunicación que pedían un ministro de confianza de los mercados, ofreciéndose en privado por sus buenos contactos y su disposición a trabajar con quien sea; buscando amigos en la CAF y otros organismos para que lo recomienden como buen muchacho.

Eso hasta el día en que le doblaron el brazo al presidente con la famosa frase: ¿o usted quiere pasar a la historia como el que destrozó el crecimiento y llevó al Perú a los tribunales internacionales?

Ahí, Castilla empezó a percibir cual era su fuerza y, lejos de la imagen de tardío profesor de economía de la pareja presidencial que han querido asignarle, su rol clave fue sembrarle de obstáculos el camino al gobernante para que supiera que esto de dirigir en asuntos económicos es como cuando los militares andan sobre campo minado y tiene que estar a su lado alguien que tenga el mapa de las bombas para no pisar el lado equivocado. 

Más que decirle lo que hay que hacer; Castilla es el ministro de lo que no se puede hacer. Y esa es la esencia del actual continuismo y de la sopa fría en que están terminando los programas sociales en los que tanto creía Ollanta. 

Pero es en el otro juego de copamiento del poder en el que Castilla está luciendo como un experto. A cada momento en que el presidente ha debido barajar nombres de nuevos ministros, el jefe del MEF se le ha presentado para ofrecerle su asesoría para conseguirse a los mejores técnicos, que nacieron para ministros económicos. 

Así logró primero poner a René Cornejo en Vivienda, donde se maneja mucho dinero, y más tarde entenderse con Carlos Paredes que estaba sentado en el otro despacho de las más grandes obras. En el camino derrotó la pretensión de Burneo de sacar un ministerio de la Inclusión Social como un balance del MEF, y logró rodear a la Trivelli con toda su mancha.

De esta manera llegó al 10 de diciembre cuando voló Lerner en un pleito abierto con Valdés, y con Castilla silbando desde la tribuna. Pero la crisis, fue suya, avanzó sus piezas y colocó al nuevo ministro de energía y Minas y nada menos que al de Trabajo. Ahora con el desastre de Otárola y Lozada (los hombres de Valdés), Castilla se ha hecho del Ministerio de la Producción con Triveño. O sea siete ministerios bajo un superministro. Y todo parece normal, como si todo estuviera volviendo a su nivel, fuera de algunos sobresaltos.

Arturo Belaunde Guzmán Impuestos sí, saqueo no Es indudable que los impuestos deben pagarse por lealtad al país y por ser uno de los mecanismos indispensables para que el país cuente con recursos para dar a la ciudadanía los servicios, la seguridad y la paz que necesita. 
También se debe cumplir con el fisco por solidaridad con los que menos tienen, a los que el Estado debe atender al menos con servicios de salud y Educación, y para contribuir a la inclusión y la equidad social sobre las cuales se afirmará con solidez la democracia. 

Nadie debe, pues, eludir la obligación de pagar impuestos y los encargados de cobrarlos deben cumplir su deber con celo y dedicación.

Pero nada debe llegar a extremos tales que lleven al atropello y al autoritarismo, porque por esta vía los contribuyentes pueden quedar librados a la discrecionalidad de algún funcionario, al exceso o el error en la interpretación de una norma, o al extremismo de quienes, dotados de demasiado poder, virtualmente acogoten a los contribuyentes.

Algo de eso sucede cuando, por ejemplo, a una empresa cumplidora de sus obligaciones que por algún problema cayó en un retraso moderado y excepcional, se le confisque ingresos bancarios que esa empresa necesitaba para mantener sus operaciones y generar el excedente que le permitiera pagar los tributos adeudados y la correspondiente mora.

Los casos a citar son innumerables y no nos vamos a extender en ello, pero sí creemos pertinente señalar que, invariablemente, quienes sufren de esa virtual exacción y de esos evidentes abusos son generalmente empresas nacionales medianas o pequeñas, rara vez las grandes y poderosas, menos aún las transnacionales que se dan el lujo de no pagar y costear abogados que lleven las deudas a los tribunales donde congelan los procesos, sin que nadie atine a exigirles pagar primero y reclamar después.

La política tributaria heredada por este gobierno, que mantiene rigurosamente la Sunat, está por cierto plasmada en los escandalosos proyectos de ley que un conocido profesional puso en evidencia y con los que se pretendía cobrar impuestos a los trabajadores que ganaran desde mil soles mensuales. Un verdadero despropósito. 

La miopía de quienes invocan su supuesta condición de técnicos ajenos a la política, de haber prosperado esas iniciativas, hubiera provocado una verdadera conmoción social con efectos desestabilizadores y dañinos a la democracia. Hizo bien el gobierno en descartar la idea y esperamos que la decisión sea definitiva.

Los proyectos, por cierto, apuntaban a presionar aun más a los contribuyentes de la quinta categoría (asalariados) y la tercera categoría (empresas), las eternas “víctimas” del sistema tributario vigente.

Eduardo Gudynas Allí en Suiza, aquí en Perú Esta semana, dos hechos ocurridos en sitios distintos, terminaron directamente relacionados. En Suiza, el pasado lunes se presentó un nuevo reporte sobre el estado del “planeta vivo”, donde se alertó sobre la grave sobreexplotación de los recursos naturales. Pocos días después, en Perú, finalizó un simposio internacional donde se debatieron alternativas de salida a ese estado de cosas.

El informe sobre el “planeta vivo” muestra un deterioro en la biodiversidad, con una caída del 28% del “índice de vida”, un indicador sobre el estado de los principales grupos animales del planeta. La apropiación de recursos naturales que realiza el ser humano, ya supera en un 50%, las capacidades biológicas del planeta para alimentarnos o absorber el carbono de nuestras chimeneas. Toma un año y medio recuperar los gastos y deteriores ecológicos de cada año. Por lo tanto, se está perdiendo la reserva de patrimonio ambiental de la humanidad.

Detrás de esto hay un uso desigual de los recursos naturales. Los países industrializados y las naciones petroleras árabes tienen las mayores “huellas ecológicas” del planeta. En casi todas ellas, cada persona necesita de más de 4 hectáreas del planeta para obtener recursos o recibir sus desperdicios. Pero en América Latina, un peruano en promedio requiere 2.03 hectáreas, un Chileno un poco mas (3.24), aunque un Colombiano menos (1.80). En general, las naciones pobres consumen menos de 2 hectáreas por persona.

Estas disparidades son posibles por un desigual comercio, donde el sur sigue vendiendo recursos naturales para que naciones ricas o en alto crecimiento económico, puedan tener esas enormes “huellas ecológicas” de consumo. La demanda minera o la voracidad agrícola se debe a estos factores globales.

El informe sobre el “planeta vivo” es muy bueno en su alarmante diagnóstico, pero no ofrece medidas de salida sustantivas. Esas cuestiones fueron analizadas aquí en Lima, en un seminario internacional animado por la RedGE. 

Las propuestas giraron alrededor de vías para superar la dependencia de exportaciones primarias y recuperar autonomía frente a la globalización (desde la demanda de los mercados hasta los flujos financieros). Esta fue una preocupación compartida entre todos los participantes andinos. El objetivo es usar juiciosamente los recursos naturales en las necesidades nacionales y continentales, antes que en las globales. Esta reorientación de la producción requiere, sin dudas, otro tipo de integración continental, con menos retórica y más medidas concretas de coordinación comercial y productiva.
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