La enfermería signada de muchas aristas para su desarrollo profesional pretende no solo saberse pilar en las estructuras sanitarias, sino que debe cada día más




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POLÍTICA, ELECCIONES Y SISTEMAS ELECTORALES

Representación Política y Sistemas Electorales.

Su influencia en el Sistema de Partidos. 

INTRODUCCIÓN 

Nadie puede poner en duda que, en la actualidad, existen un mayor conocimiento y una mejor comprensión de la relación entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos con los marcos democráticos institucionales, en su sentido más amplio.

Existe una clara conciencia de que el cambio de un sistema electoral no constituye una mera cuestión técnica, sino que se trata de un proceso político que requiere tanto de un debate público abierto, como de un cuidadoso proceso de construcción de consensos y de una evaluación integral de las opciones disponibles.

Además, existe una clara evidencia de que el diseño de un sistema electoral puede ser una herramienta clave dentro del conjunto de las estrategias para el manejo de conflictos, al coadyuvar a establecer firmes fundamentos para una democracia sustentable.

Los sistemas electorales cumplen con distintas exigencias, de diferente modo y en grado diverso, interviniendo  en la valoración de estas exigencias consideraciones de tipo teórico-democráticas, como así también de poder político-partidarias, ya que la opción por un determinado sistema electoral, depende de la ponderación de exigencias diversas en relación con el sistema electoral vigente en un contexto de funcionamiento específico. 

Partiendo de la premisa fundamental de que no existe un sistema electoral ideal, tanto los efectos como la deseabilidad de un determinado sistema electoral dependen de distintos factores y variantes, entre otros, el tiempo y el espacio.  

A un sistema electoral se le pueden plantear distintas exigencias, entre las cuales, las más importantes son la representación (justa), la efectividad (en cuanto al funcionamiento del sistema político) y la responsabilidad (en la relación elegido-votante). 

Los sistemas electorales no pueden satisfacer las diferentes exigencias al mismo tiempo, en la misma medida y de manera absoluta. Más aún, los conflictos entre los diversos objetivos constituyen la regla; por consiguiente, los sistemas electorales concretos comparten la característica de satisfacer las exigencias más en un determinado sentido y menos en otro. 

En efecto, la opción por un determinado sistema político expresa indefectiblemente cuáles exigencias se valoran como cruciales y cuáles como marginales. En ocasiones, las opciones reflejan  una falta de conocimiento de los problemas (o bien cierta ingenuidad), como si fuera posible obtener un aumento de la capacidad funcional de un sistema electoral en un sentido, sin incurrir en costos en otros.

Los sistemas electorales que intentan satisfacer exigencias funcionales de distinta naturaleza constan, por lo general, de un gran número de elementos (a veces, contrapuestos) en compleja interrelación. Frecuentemente, su funcionamiento y sus efectos no resultan fáciles de comprender.  

Por todo esto, escoger un determinado sistema electoral es una de las decisiones institucionales más importantes para cualquier democracia. Casi en todos los casos, la selección tiene efectos profundos para el futuro de la vida política del país y, una vez adoptado, suele mantenerse estable por largo tiempo, en la medida en que se cristalizan a su alrededor intereses políticos y el propio sistema responde a los estímulos que se le presentan. Si bien en los últimos tiempos se ha vuelto común el diseño consciente de los sistemas electorales, tradicionalmente su selección de manera consciente y deliberada era algo muy poco usual.

Con frecuencia, la elección de un sistema electoral ocurría de manera accidental; se trataba del resultado de una excepcional combinación de circunstancias, de una tendencia pasajera o de un capricho de la historia, en el que generalmente gravitaron de manera decisiva los efectos del colonialismo o de un país vecino influyente.

Cualquier democracia emergente selecciona (o hereda) un sistema electoral para integrar su legislatura. De igual forma, una crisis política en una democracia establecida puede convertirse en una oportunidad para modificar el sistema electoral y, cuando no existe crisis, los promotores de una reforma política pueden tratar de incorporar en la agenda política un cambio del sistema electoral.

La decisión de modificar o conservar un sistema electoral suele verse influenciada por alguna de las siguientes circunstancias, a saber:

  • los actores políticos carecen del conocimiento e información básica para reconocer plenamente las variantes y consecuencias de los distintos sistemas electorales;

  • los actores políticos, por el contrario, utilizan su conocimiento sobre sistemas electorales para promover un diseño que piensan que va a operar en su propio beneficio.

Desde ya, puede ocurrir (y hasta suele ser habitual muchas veces) que las decisiones tomadas tengan consecuencias que no se previeron en el momento de adoptarlas, como también efectos que sí lo fueron. Puede ocurrir que las decisiones no sean las mejores para la salud política del país a largo plazo, e incluso, en ocasiones, puede que tengan efectos desastrosos para sus perspectivas democráticas.

Por lo tanto, el contexto dentro del cual se elige un sistema electoral puede ser tan importante como la elección misma a realizar. Esta es más un proceso político que una cuestión en la que un grupo de especialistas técnicos independientes pueda dar una respuesta única y correcta. De hecho, la consideración respecto de ventajas políticas a obtener, es casi siempre un factor que influye en la selección del sistema electoral -a veces, el único-, mientras que el repertorio de alternativas disponibles es con frecuencia restringido. De igual forma, los cálculos de interés político a corto plazo pueden ocultar las consecuencias a largo plazo de un determinado sistema electoral, así como los intereses del sistema político en su conjunto.

Ahora bien, sin dejar de reconocer todos estos obstáculos prácticos, trataremos en lo sucesivo, de abordar la temática de la definición y selección de los sistemas electorales de la manera más amplia y comprensiva posible.

SISTEMA ELECTORAL: SU DEFINICIÓN Y PRINCIPALES ATRIBUTOS CONSTITUTIVOS 

Una norma clave en todo proceso eleccionario es el mecanismo de cómputo de los votos y de transformación de esos votos en cargos ganados por los partidos y los candidatos, es decir, lo que comúnmente se denomina sistema electoral. Dicho en forma más elemental, éste convierte los votos emitidos en la elección general en escaños ganados por partidos y candidatos.

En sentido amplio entonces, un sistema electoral  abarca  el conjunto de temas relacionados con la integración de los órganos de gobierno por procedimientos electivos. Así delimitado, el concepto se refiere a las normas que regulan la ciudadanía, los partidos políticos, las bases del sufragio, la emisión del mismo, los órganos electorales, los recursos contra sus decisiones y al sistema electoral en sentido restringido1.  

Aunque no nos centraremos en los aspectos administrativos de las elecciones (como la distribución de los sitios de votación, la postulación de candidatos, el registro de electores, etcétera), estos aspectos son de gran importancia, y las posibles ventajas derivadas de la selección de un determinado sistema electoral pueden socavarse a menos que se les otorgue la debida atención. El diseño de un sistema electoral también afecta otros componentes de la legislación electoral, como ser la forma en que se delimitan las demarcaciones electorales, en que se registran los electores, en que se diseñan las papeletas de votación, en que se cuentan los votos, y muchos otros aspectos del proceso electoral.

Partiendo de un breve repaso de los principales autores especialistas en esta materia, Douglas Rae define al sistema electoral como un conjunto de reglas y procedimientos “que gobierna el proceso por el que las preferencias electorales se articulan en votos y por el cual estos votos se traducen en la distribución de la autoridad gubernamental (típicamente en bancas parlamentarias) entre los partidos políticos en competencia” (1971: 14).  

En la misma línea argumental, Dieter Nohlen sostiene que “los sistemas electorales contienen, desde un punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños” (1994: 34). Giovanni Sartori, por su parte, precisa que “los sistemas electorales determinan el modo en que los votos se transforman en curules y, por consiguiente, afectan la conducta del votante”, a la vez que aclara que tal sentencia se ajusta a la competencia por bancas parlamentarias y que, por tanto, es necesario evaluar por separado las elecciones presidenciales y cualquier votación para un cargo indivisible (1994: 15) (sugerencia que se seguirá de aquí en adelante, salvo indicación contraria). 

En el proceso de traducción de votos a cargos, todos los sistemas electorales producen un efecto reductor: no todos los partidos políticos que se presentan al comicio -los comúnmente denominados como “partidos electorales”- logran obtener cargos o bancas (y, por tanto, contar como “partidos parlamentarios”).

Los sistemas electorales entonces, operan en general, por una parte, favoreciendo -en mucho o en poco, pero en algo al fin- a los partidos políticos que logran alzarse con un mayor caudal de votos y, por la otra, perjudicando -también en medidas diversas- a las organizaciones partidarias que obtienen una menor cantidad de sufragios.  

Por este motivo, esta relación entre votos obtenidos y escaños asignados, denominada usualmente como “proporcionalidad”, recibe la mayor atención a la hora de evaluar un sistema electoral por parte de los académicos, pero también -en diferentes etapas del comicio- entre los partidos políticos y los votantes, con los consiguientes efectos sobre la estructuración del sistema partidario y sobre el comportamiento del electorado.   

Como conjunto de reglas y procedimientos, todo sistema electoral presenta una serie de propiedades, atributos o elementos constitutivos, de los cuales los más importantes son, a saber: en primer lugar, el distrito electoral, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral, y la barrera o umbral de exclusión y, en segundo término, la estructura de la boleta o lista de votación y la posibilidad de unir listas o apparentement (Lijphart, 1995; Mackenzie, 1962; Nohlen, 1981, 1994; Rae, 1977; Sartori, 1994; Taagepera y Shugart, 1989). 

A partir de aquí, nos dedicaremos al análisis de los atributos más relevantes de los sistemas electorales, como ser el  distrito o circunscripción, el tamaño de la asamblea legislativa, la fórmula electoral y la barrera o umbral de exclusión (llamado más comúnmente “piso electoral”).  

  • Distrito o Circunscripción Electoral

Por distrito o circunscripción electoral se entiende a cada una de las secciones en las que el electorado es dividido o agrupado a los fines de la votación y el cómputo de los sufragios, y a las cuales se le asigna un número determinado de bancas a repartir entre los distintos partidos políticos en competencia.  

A nivel nacional, la gran mayoría de los países organizan su elección sobre la base de múltiples circunscripciones, mientras que sólo unos pocos, como Holanda e Israel, celebran votaciones considerando al territorio del Estado como un distrito único e indivisible.

Por su parte, algunos países poseen una estructura de distritos electorales más compleja (complex districting, según Rae, 1971), ya que combinan o superponen dos o más niveles de asignación de bancas; en estos casos, una distribución de los escaños por circunscripciones de carácter menor o regional coexiste con una circunscripción superior o de nivel nacional (concebida, habitualmente, para corregir ciertas distorsiones en la traducción de votos en bancas en un sólo nivel o para promover o alentar la formación y/o representación de partidos políticos con una orientación política nacional antes que regional o parroquial). 

La creación del distrito electoral conlleva la toma de dos decisiones: la relativa a los límites de la circunscripción, y la concerniente a su base poblacional. La delimitación o trazado de los distritos electorales se realiza mediante alguno de estos dos procedimientos: a) la adopción de ciertas demarcaciones ya establecidas según criterios políticos o administrativos (por ejemplo, las fronteras de regiones, provincias o municipios), o b) la creación de nuevos límites diferentes a los existentes y, por tanto, fijados con un fin electoral específico. 

Por su parte, la base poblacional de un distrito electoral refiere a la cantidad de bancas asignadas a éste y a su relación con el número de electores o pobladores que allí residen. De este modo, la base poblacional determina el efecto y el valor que un voto emitido en un distrito puede tener en relación con el sufragio emitido en otra circunscripción. 

Tanto la delimitación como la fijación de la base poblacional de los distritos electorales constituyen decisiones políticas de gran importancia, y sobre ellas siempre están presentes, respectivamente, la posibilidad de desviaciones, manipulaciones o distorsiones tales como el gerrymandering (el manejo del trazado de las circunscripciones electorales con el objetivo de obtener ventajas en el resultado de la elección) y el malapportionment (la distribución injusta de la base poblacional entre los distintos distritos electorales en que se divide el país, Monroe, 1994; Samuels y Snyder, 2001). 

El gerrymandering se practica cuando un partido político determina los límites de las circunscripciones teniendo en cuenta la orientación del electorado y de acuerdo con su propia conveniencia: a) construye artificialmente distritos seguros o baluartes agrupando en ellos a sus votantes más fieles, y b) dispersa la concentración de los electores poco afines distribuyéndolos en varias circunscripciones.

Esta maniobra recibe tal nombre porque se atribuye su primera puesta en práctica a un gobernador del estado norteamericano de Massachusetts, Elbridge Gerry (1744-1812), y hasta el día de hoy es una práctica frecuente en los Estados Unidos, así como también en otros países.  

El malapportionment puede ser, o bien el resultado de una decisión inicial deliberada cuando la primera base poblacional fue fijada contemplando desequilibrios, o bien la consecuencia de movimientos migratorios (comúnmente desde el campo hacia las ciudades), u otros fenómenos demográficos posteriores, no acompañados de ajustes en la asignación de los escaños por distrito. Por lo general, esta desigualdad es reconocida y tolerada siempre que no traspase ciertos límites o umbrales de representación, pero en cualquier caso, se trata de una importante excepción al principio de la igualdad del sufragio.  

El malapportionment puede afectar no sólo a los votantes, sino también a los partidos políticos, en particular, si existen algunos con fuerte presencia en los distritos beneficiados por esta desigualdad y, en forma inversa, otros con una mejor implantación territorial en las circunscripciones perjudicadas por este desequilibrio. Por ello, también puede ser la consecuencia de arreglos políticos para beneficiar a algunos electores o partidos en desmedro de otros.  

En la actualidad, los casos más pronunciados de malapportionment para las asambleas unicamerales y, en los bicameralismos, para las cámaras legislativas comúnmente denominadas primeras cámaras o cámaras bajas, se encuentran entre las democracias instauradas en tiempos recientes, menos desarrolladas y con un legado colonial británico, como las del continente africano, pero también existe en países de América Latina como Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina (Samuels y Snyder, 2001). 

Tanto las manipulaciones en la delimitación de los distritos electorales como los desajustes en la base poblacional de las circunscripciones pueden corregirse mediante el rediseño (redistricting, entre los especialistas de procedencia anglosajona) o a través de la reasignación de las bancas por distrito (o reapportionment). 

Por otra parte, a los fines electorales, la característica más importante de la circunscripción es su
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