2111754 – C. L. A. S/ Ejecución de pena privativa de la libertad recurso de inconstitucionalidad




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B. Registro de datos genéticos vs. Intimidad.
En este punto mostraremos que el argumento que apela al derecho a la intimidad tampoco puede prosperar, bien sea que se refiera a la inclusión de la identificación genética en el ámbito de la ley 9680 o de la ley 9864.

En una primera aproximación al derecho a la intimidad, es aconsejable distinguirlo del derecho a la privacidad. No pocas veces se confunden estos conceptos o se los emplea incorrectamente como sinónimos. Sin dudas, ambos derivan de ese pilar central de la concepción liberal como es el principio de autonomía individual. Pero se diferencian en que uno y otro proyectan aspectos diferentes de ese valor. Siguiendo en esto a Carlos S. Nino (Fundamentos de derecho constitucional, Astrea, Buenos Aires, 1992) diremos que el derecho a la privacidad "es la posibilidad irrestricta de realizar acciones ‘privadas’, o sea acciones que no dañan a terceros y que, por lo tanto, no son objeto de calificación por parte de una moral pública como la que el derecho debe imponer" (Ob. cit. p. 327). En tanto que el derecho a la intimidad es "una esfera de la persona que está exenta del conocimiento generalizado por parte de los demás… derecho a que los

demás no tengan información documentada sobre hechos, respecto de una persona, que ésta no quiera que sean ampliamente conocidos. La exclusión de la información documentada se refiere a aquella que es accesible al público en general, aunque haya pasado inadvertida, dado que está registrada en publicaciones, ficheros, etc., a los que cualquiera puede acceder (no, por cierto, cuando la registración se haya hecho por un propósito muy especial a la que haya acceso restringido)" -el remarcado nos pertenece p. 328-.

En cuanto a la consagración normativa, el derecho a la privacidad está expresado en el art. 19 de la CN. El derecho a la intimidad está principalmente presupuesto por el art. 18, cuando establece que "el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados"; y en la regulación de la acción de hábeas data (art. 43). Asimismo, en los documentos internacionales incorporados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22: art. 12 DUDH; 11.2 CADH; 17 PIDCyP).

El iusfilósofo que citamos señala que "un elemento específico… del derecho a la intimidad… es la de la adquisición ilegítima de conocimiento sobre un acto o un rasgo propio que uno no quiere que los demás tengan" (p. 328) y considera que "…el derecho a la intimidad puede, en ciertos casos, ceder frente a otros derechos de acuerdo con los criterios sobre conflictos de derechos…". Este autor da ejemplos de preguntas a realizar para determinar si la invasión a la intimidad está o no justificada. A saber: "a) ¿cuál es el propósito de buscar una información personal no documentada?; b) ¿es ese propósito legítimo e importante?; c) ¿es el conocimiento buscado a través de la invasión de la intimidad relevante para el propósito justificatorio?; d) ¿es la invasión de la intimidad el único medio o el menos ofensivo para obtener ese conocimiento?; e) ¿qué restricciones procedimentales se han impuesto en las técnicas de invasión de la intimidad?; y f) ¿qué protección se ha

impuesto al conocimiento personal, una vez que ha sido adquirido?" (p.
329).
En un sentido similar, el impugnante cita jurisprudencia, también, sobre que una restricción al derecho a la intimidad sólo puede ser válida si están previstas por una ley, persigue un fin legítimo y cumple con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (fs. 24 vta.). Ahora bien, para la defensa la presente ley tiene propósitos ilegítimos, pero esta finalidad será rechazada en cuanto al objeto de tratamiento del presente recurso.

Tanto en la ley 9680 (art. 13) cuanto en la ley 9864 (arts. 4 a) y 5) se trata de la registración de la identificación genética con exclusivo fin de investigación de delitos que es compatible con el marco de los derechos fundamentales. Debe considerarse que las pruebas genéticas desempeñan un papel fundamental en las investigaciones surgidas de este fenómeno criminal. La creación de un registro que las almacena y sistematiza busca potenciar esa herramienta en la persecución del delito. Además, la información para ambas leyes es secreta y sólo procede el informe por orden judicial (art. 10, ley 9680, art. 5, ley 9864 y art. 4 del reglamento).

Ambas leyes provinciales, se apartan de otras creaciones registrales donde cualquier ciudadano que acredite un "interés legítimo" puede acceder a los datos de un abusador (ver, p.e., la ley 7222 de la provincia de Mendoza, donde "los interesados" pueden acceder a un sitio especialmente creado en internet y consultar fotografías e historial delictivo de los sujetos registrados). El sistema de ambas leyes en los contenidos superpuestos, garantiza la escrupulosidad en el manejo de la información. De tal suerte, múltiples discusiones suscitadas por la creación de estos registros y su acceso al público han sido eludidas.

En definitiva, pensamos que una lectura radical del derecho a la intimidad se vuelve contraria a los valores que se dice proteger. Piénsese que si la

consecuencia de esta garantía constitucional fuera un derecho irrestricto a la autodeterminación informativa, funciones del Estado tan indispensables y cotidianas como las que cumple el registro civil de las personas se verían insalvablemente debilitadas. El funcionamiento de la democracia representativa encontraría un serio obstáculo en este pretendido derecho si la consecuencia de su aplicación fuera ciudadanos innominados. Otro ejemplo de identificaciones no potestativas, y muy conocido en la práctica del fuero penal, es la identificación dactiloscópica. Siguiendo esta línea, su utilización también dependería del consentimiento del sujeto de que sus huellas sean registradas por el Estado. En suma, pensamos que una manera de proteger las garantías individuales es trazar sus contenidos conceptuales razonablemente. Definirlas como ideales inalcanzables para la vida en sociedad puede conducir a su banalización.

Por todo lo expuesto, las normas atacadas transitan incólumes el control de constitucionalidad. El recurrente no ha logrado demostrar que la "repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable".

Así votamos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN:
Los señores Vocales doctores Domingo Juan Sesín, Aída Tarditti, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Enrique Rubio, Carlos Francisco García Allocco, María Susana Blanc G. de Scapellato y Guillermo Lucero Offredi, dijeron:

En virtud de la votación que antecede corresponde:
I. Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido en contra de los arts. 27, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la ley 9680.

II. Rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley 9680.

III. Con costas (CPP, art. 550 y 551).
En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, en Pleno;
RESUELVE: I. Declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad deducido en contra de los arts. 27, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la ley 9680. II. Rechazar el pedido de declaración de inconstitucionalidad de los arts. 4,

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley 9680.
III. Con costas (CPP, art. 550 y 551).
Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por el señor Presidente en la Sala de Audiencias, firman éste y los señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.
Dr. Domingo Juan SESIN
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
.
Dra. . Aída TARDITTI Dr. Luis Enrique RUBIO
Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dr. Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO Dra. María Marta CACERES DE BOLLATI Vocal del Tribunal Superior de Justicia Vocal del Tribunal Superior de Justicia
Dra. María Susana BLANC G. DE SCAPELLATO Dr. Guillermo LUCERO OFFREDI Vocal de Cámara Vocal de Cámara

Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI Secretario Penal del Tribunal Superior de Justicia
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