El orden agrícola mundial y la sustentabilidad tecnológica




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3.4. PROBLEMAS ACTUALES DE LAS POLÍTICAS INTERNACIONALES
En los últimos años se ha ido estructurando un terreno político internacional en torno al trato que se da a la diversidad (agro)biológica. La CBD y el ADPIC de la OMC son “hijos de los años 90”. La CBD surgió en el transcurso de los debates sobre la protección de la naturaleza, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que su competencia yace en los ministerios medioambientales nacionales y que las ONG que se dedican a la protección del medio ambiente, tienen un peso relativamente grande en ellas. No obstante, hace tiempo que los grandes consorcios farmacêuticos y agrarios ya han “descubierto” a la CBD como algo propio.

El ADPIC forma parte de una organización claramente enfocada hacia el libre comercio, y en cuanto a la OMC, la competencia está en manos de los ministerios de justicia y de economia nacionales. Los gobiernos del Norte, interesados en el libre comercio y en la protección de la propiedad intelectual, y las corporaciones transnacionales disponen de una enorme influencia, las ONG, al contrario, no tienen casi ninguna. Por outro lado, en la FAO, como una de las organización de las Naciones Unidas relativamente antigua, en parte se condensan también los estratos de intereses y relaciones de fuerza más antiguos, es decir, allí están representados especialmente, la industria de semillas y los puntos de vista estrechamente relacionados con la Revolución Verde.

Por el lado de las ONG, en la FAO no actúa casi ninguna ONG orientada hacia la protección de la naturaleza, sino más bien, las orientadas hacia el desarrollo rural. Allí, los estados-nación actúan a través de sus ministerios de agricultura. En cuanto a los aspectos decisivos de la temática, las tres diferentes instituciones no son para nada compatibles; y menos aún se puede decir que, en gran parte, aquellos sean implementados ya a nivel nacional. Defino algunos de los problemas más importantes.
Acceso, distribución de beneficios, relaciones de gênero
Habría que ver si en las cuestiones, altamente discutidas, del acceso a los recursos genéticos se perfilan unos patrones estables. Las llamadas Directrices de Bonn sobre Acceso y Distribución de beneficios apuntan más bien hacia unas reglas bilaterales de acceso, lo cual es fomentado por la CBD; o sea, los acuerdos bilaterales y multilaterales de ninguna manera se excluyen mutuamente. Son decisivos sus contenidos y los intereses privilegiados en ellos.

Los puntos reñidos con respecto al acceso están encauzados en dos procesos dominantes. Por un lado, existe una competencia estructural de oferta entre los países (véase la sección 5), en que se encuentra la diversidad biológica in situ – y esta competencia de oferta tiende a reforzarse por los acuerdos bilaterales. En tiempos en que muchos países con una gran diversidad biológica se enfrentan a unas inmensas deudas crediticias y están obligados a los programas de ajuste estructural, sus gobiernos tienden a utilizar sus recursos naturales en forma destructiva y, con ello, frecuentemente, persiguen unos intereses que pueden ser contrários a los que existen a nivel local. En segundo lugar, en el marco de los procesos actuales de transformación, predomina la tendencia hacia la comercialización de las relaciones sociales, o sea, también de las relaciones societales en la naturaleza. En tal contexto, abundan las dificultades para las racionalidades que difieren de la de una puesta en valor incondicional de la diversidad biológica, por ejemplo para la que sostienen los pueblos indígenas para garantizar su seguridad alimentaria – no obstante, en muchos lugares, están surgiendo resistencias contra la puesta en valor de la diversidad biológica basada, exclusivamente, en los cálculos económicos de los actores dominantes.

Por ello, se vuelven secundarios los aspectos de la participación justa en los beneficios derivados del conocimiento que los consorcios y los gobiernos del Norte se habían apropiado anteriormente. No por nada, el principio de la distribución de beneficios de la CBD sólo tiene validez a partir de finales de 1993, es decir, concierne a los movimientos transfronterizos de recursos genéticos, después de que el Convenio haya entrado en vigor a nivel internacional. Esto representa la concesión más destacada que los gobiernos de los países del Sur, cuyos recursos biológicos, desde hace siglos, han sido transferidos a otros lugares, hacen a las estructuras y relaciones de fuerza realmente existentes a nivel internacional. Las desigualdades históricas se mencionan retóricamente y no entran en el cuerpo de la convención que forma parte del derecho internacional.

Evidentemente, no hay esperanza de que, en forma retroactiva, se consiguiera una participación equitativa en pasados beneficios. Además, tanto para la FAO como para el ADPIC de la OMC, los aspectos de género carecen absolutamente de importancia; mientras que en la CBD, se mencionan sólo en el preámbulo – sin carácter obligatorio para el derecho internacional – donde se reconoce “la función decisiva que desempeña la mujer en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y afirmando la necesidad de la plena participación de la mujer en todos los niveles de la formulación y ejecución de políticas encaminadas a la conservación de la diversidad biológica”.
El papel de lo local
Carece también de claridad la relación entre el nivel de los estados-nación y el nivel local en los países del Sur. En éstos es donde se encuentra esencialmente la diversidad biológica in situ. Si la implementación de la CBD es asunto de la legislación nacional, esto no dice nada sobre la importancia de las estructuras y los actores locales. Sin duda, ha aumentado la atención prestada al nivel local y para los actores allí presentes, lo cual se traduce en conceptos como derechos de los/as campesinos/as y derechos de las comunidades, pero esta atención está siendo torpedeada por el desarrollo general, en el que los recursos naturales se vuelven más importantes para el proceso de valorización capitalista. Evidentemente, los actores a nivel del estado nacional (sobre todo los gobiernos) tienen interés en exponer los recursos a su alcance para su puesta en valor en el mercado mundial, lo cual, no corresponde con los intereses de los actores locales. El derecho privilegiado de disposición, en el sentido de una “soberanía nacional”, hasta ahora se ha mostrado poco compatible con los derechos de los/as campesinos/as.

Los derechos de los pueblos indígenas y de las familias campesinas no tienen una prioridad alta, ni en las negociaciones internacionales ni en las implementaciones jurídicas a nivel de los estados-nación, ni en las implementaciones jurídicas a nivel nacional. A pesar de todas las “sublimes” declaraciones de propósitos, no se amplían ni estos derechos ni su efectiva garantía.

La CBD es un terreno de conflicto en el que los diversos actores luchan por la consecución de sus propios intereses. Por eso, entraron en la CBD también otros objetivos, en especial los de los pueblos indígenas y las comunidades locales. En el conocido Artículo 8(j) se fija que se debe respetar, proteger y conservar su conocimiento y sus prácticas y que deberían participar en los procesos en curso. Sin embargo, los intereses de estos actores se han ido reflejando en una manera que los debilita. Pues, por un lado, las disposiciones en el Artículo 8(j) están caracterizadas por una interpretación funcional de los derechos de los actores locales. Según tales disposiciones, estos derechos deben respetarse, únicamente, cuando sirven para la conservación de la diversidad biológica. Por otro lado, los derechos de los actores locales habría que subordinarlos a la soberanía nacional.
Soberanía nacional sobre los recursos y competencia internacional
Las cuestiones planteadas en la sección anterior manifiestan su problemática cuando se trata de los derechos de disponer sobre los recursos fitogenéticos – unos derechos que la CBD determina de una manera innovadora, introduciendo el principio de la soberanía nacional. En éste se expresan aspectos distintos.

Primero: Debido a la creciente importancia de los recursos biológicos, los/las representantes de los países del Sur (los gobiernos, pero también las ONG), que disponen de la diversidad biológica, redefinen su interés por aquellos. La posesión de dichos recursos se convierte, en cierta manera, en un factor relevante para el propio posicionamiento en el marco de la competencia internacional. En las negociaciones, el principio de la soberanía nacional fue impuesto, sobre todo, gracias a la presión por parte de los gobiernos de los países del Sur35 y refleja las experiencias que éstos han tenido con otros principios previamente establecidos para regular la disposición sobre recursos naturales y, en especial, con el principio de “el patrimonio común de la humanidad”. Este legado común ha sido reclamado unilateralmente, cuando se trataba de asegurarse los derechos sobre los recursos, detrás de los cuales, no había ningún propietario claramente definido – o sea, ningún propietario según el derecho occidental. En el pasado, los recursos fitogenéticos eran gratis hasta que se solicitaba una patente o una protección de especie sobre ellos. La práctica fordista de apropiación obviamente no garantizaba los derechos del campesinado tradicional ni la conservación de la diversidad biológica.

Segundo: Algunos actores interpretan el principio de la soberanía nacional como una opción favorable para la población local, porque así, ésta podrá imponer mejor sus propios derechos legales concernientes a los aspectos de control y de distribución.36 Evidentemente es el estado nacional mismo el que, según esta interpretación, debe asumir su responsabilidad.

Tercero: En el proceso para ir estableciendo nuevas regulaciones internacionales, son también los gobiernos y corporaciones del Norte los que entienden el estado nacional (del Sur) como garante para que las disposiciones legales se lleven a La práctica.

El caso del principio aceptado de la soberanía nacional sobre la diversidad biológica, es una muestra ejemplar de una solución de conflictos por medio del compromiso. Pero aclara también cómo se pelea a la hora de concretar un principio en la práctica. De hecho, existen varias contradicciones entre las prácticas actuales y las regulaciones que se están conformando. Así, no es nada claro cómo se relacionan entre sí el principio de la soberanía nacional sobre los recursos biológicos con las disposiciones de patentes de protección de especie del ADPIC. Habrá que ver si la CBD podrá ayudar para que se imponga otra racionalidad que la de las disposiciones del ADPIC, o si, por el contrario, en el mismo proceso de la CBD se impondrá una interpretación que sea “particularmente benévola con las patentes”.

4. PRIMERA CONCLUSIÓN: POLÍTICAS DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA HOY – ECONOMIZACIÓN Y GESTIÓN GLOBAL
Jack R. Kloppenburg37 hizo hace veinte años la siguiente evaluación: “las tendências históricas de la comodificación de la vida y de la privatización de las funciones ejercidas por instituciones públicas cobran velocidad (…) la lucha recién ha empezado”. Esta declaración, en cierta medida, se mantiene vigente. Tal como hemos visto, las regulaciones internacionales son controvertidas. Muchos problemas se manifestarán sólo con el tiempo y algunos intereses se constituyen, sólo poco a poco, en los procesos de negociación u otros conflictos. Sin embargo, en los últimos diez años, se han ido perfilando algunos contornos en cuanto al trato que se da a la diversidad biológica,38 o sea, se está estableciendo un Nuevo Orden Genético Internacional.39 La perspectiva, hoy en día dominante en el marco de la CBD, es que la meta de la protección de la diversidad biológica se consigue mejor mediante la utilización comercial. Este concepto, arduamente discutido, lleva una parte decisiva de la responsabilidad para la economización de la diversidad biológica.

En el contexto de los procesos generales se puede esperar que se impongan, antes que otros, los mecanismos que mejor respondan a los intereses políticos y económicos dominantes – o que, por lo menos, no se opongan a éstos. La armonización entre los diferentes acuerdos sigue formando parte de las relaciones de fuerza y las estructuras nacionales e internacionales. Crecientemente, la política internacional, con su orientación predominante hacia la competitividad de las economías nacionales en el mercado mundial, va a intentar crear mercados para los recursos biológicos, en los que podrán actuar los actores de la economía privada. En la competencia entre los diferentes sistemas políticos de regulación, abundan los intentos, por parte de los actores dominantes, para convertir la OMC en el sistema determinante y con más obligatoriedad.

Junto a la economización, están surgiendo formas de la gestión política internacional. Con vista a la revisión cinco años después de la UNCED, el Worldwatch Institute de Washington, propuso que, frente a la evidente lentitud de los procesos políticos internacionales, se forme un “grupo de coordinación biopolítico” en el que se reúnan ocho estados, política y económicamente poderosos y ricos.40 En realidad, con ello se establecería una forma de gestión global penetrada por los intereses de poder y de dominación, la cual Michael Goldmann41 denominó gestión global de los recursos. Esto último podría tener como consecuencia que los problemas y las opciones políticas se piensen primordialmente “desde arriba” y que se deban analizar y trabajar por los/as “expertos/as occidentales”. Pero con ello, simplemente se ignoraría muchos aspectos de los problemas y muchos intereses. En varios estudios, hemos mostrado que muchas organizaciones no gubernamentales se han convertido en una especie de “élite adjunta”.42

5. SEGUNDA CONCLUSIÓN: EL SUR ESTÁ EN UNA POSICIÓN DE COMPETENCIA Y LOS ACTORES DOMINANTES ACEPTAN LAS REGLAS
El sector agrario y sus dinámicas de transformación, están imbuidas por la relación Norte-Sur de varias maneras. Allí, el proceso de la “acumulación originaria” se mantiene vigente en un doble sentido: por un lado, relacionado con los recursos fitogenéticos y, por otro lado, mediante la continua mercantilización de las relaciones sociales y la expansión de la imposición del trabajo asalariado despojando a cada vez más seres humanos de sus medios de producción. Pero “el Sur” juega también un papel en la imposición de las nuevas biotecnologías en el sector agrario, pues com ellas, supuestamente, se quiere no sólo hacer “más saludable la alimentación en el Norte, sino combatir – por fin, exitosamente – el hambre a escala global.43

La dinámica económica y política atañe a ramas y regiones de producción enteras. Flitner44 prevé las peores consecuencias de las modernas biotecnologías para los países, cuyos sectores perjudicados por ellas tienen un peso importante en sus respectivas economías, que dependen, en gran medida, de los mercados internacionales, y que no disponen de ningún potencial tecnológico para imitar rápidamente los nuevos procedimientos y productos. Pensemos, por ejemplo, lo que significaría la sustitución, a gran escala, de ciertas materias primas para las economías periféricas que las exportan.

También la problemática de las colectas ex situ – de creciente importancia en el contexto de las transformaciones actuales – sigue inscrita en la relación Norte-Sur. Indudablemente, los grandes consorcios querrán mantener bajo su control sus propias recolecciones – cuyos inventarios exactos se desconocen. Tal vez, algún día, vaya a haber unos pagos simbólicos para los recursos genéticos acumulados provenientes de otras partes del mundo. Algo parecido podrá suceder con los jardines botánicos ubicados en los países del Norte. No obstante, para los bancos genéticos públicos – algunos de ellos se encuentran en países del Sur – es más probable que, en un futuro, se adopten mecanismos de una participación equitativa en los beneficios, que podría traducirse en formas muy diversas de mejores condiciones de vida de la población en los países de origen de los recursos fitogenéticos.

El hecho de que están ganando importancia las estrategias para conservar la diversidad biológica in situ, no solamente tiene razones biofísicas – puesto que los RFG siguen estando inmersos en procesos de evolución – sino que depende de las demandas más claramente articuladas por parte de los actores locales, los cuales tienen un interés fundamental en tales estrategias. También aquí, se vislumbran tipos de soluciones de conflictos en forma de compromisos cuyos contenidos concretos siguen siendo objeto de disputa. A pesar de que en la problemática de la diversidad biológica se entrelazan, inseparablemente, los diferentes niveles espaciales, es justamente a nivel local en los países periféricos donde - sobre el escenario de los procesos predominantes de reestructuración capitalista - más efecto tienen las fuerzas y estructuras que transmiten la “imposición externa del mercado mundial” (Sachzwang Weltmarkt) en la época de la globalización. Cabe la posibilidad de que la población local quede reducida a la participación en el trabajo de conservación de la diversidad biológica – adjudicándole un rol funcional en el proceso de puesta en valor capitalista.

Un aspecto central de los conflictos globales alrededor de los recursos fitogenéticos es la ya mencionada competencia de oferta de carácter estructural, la que existe entre los países en los que se encuentra la mayor riqueza de diversidad biológica. Y éstos quedan en una situación difícil porque, aún siendo mayores en cantidad, se enfrentan a un número relativamente pequeño de corporaciones de biotecnología, las cuales, sin embargo, disponen del know how y de las capacidades económicas para la investigación con recursos fitogenéticos. De esta manera, los estados-nación del “Sur” con amplios acervos de diversidad biológica entran en una situación de competencia entre sí, debido a la escasa demanda por parte de la “industria de la ciencia para la vida” (Life Sciences Industries). Esto fortalece, sobre todo, a los que en el Norte se interesan por la apropiación de la diversidad biológica, pues ellos podrán exigir “buenas condiciones”.

Recientemente, han surgido intentos de que los países de origen de los RFG consigan una posición unitaria en esta cuestión. A comienzos del año 2002, los países de la megadiversidad empezaron a cooperar creando un “grupo de ideas afines” (Like-Minded Group of Megadiversity Countries), cuya aparición en el escenario internacional sirve para poner en entredicho la solución acordada en las Directrices de Bonn sobre Acceso y Distribución de beneficios. No obstante, esto no quiere decir que el mencionado mecanismo de competência estuviera ya fuera de vigor, porque esta iniciativa de coordinación por parte de los países de la megadiversidad biológica, en principio, no sobrepasa el horizonte de la valorización de ésta en el mercado capitalista. Se dirige, más bien, hacia el mejoramiento de las condiciones para su comercialización, conforme a los intereses de los “proveedores” de los recursos fitogenéticos y de sus productos derivados. Sin embargo, en este sentido también se trata de crear una presión política en dirección hacia una revisión del ADPIC. Además, la competencia de oferta contiene en sí un factor de inseguridad en el sentido de que, tal vez, los gobiernos de los países competidores inviertan en mejores condiciones para la puesta en valor (por ejemplo, mediante la creación de capacitación de investigación), pero luego se encuentran entre los perdedores en los acuerdos sobre bioprospección.

De los argumentos, hasta ahora presentados, se concluye que, dentro de la política internacional sobre la diversidad biológica, se queda corta la perspectiva que aspira al fortalecimiento de la posición de “los” países del Sur y que, sin embargo, se refiere únicamente a sus respectivos gobiernos. En estas zonas, han tenido lugar una serie de dislocaciones que, por un lado, están penetradas por los imperativos externos tales como la deuda externa, pero que, por otro lado, siguen estando ligadas a las respectivas estructuras y relaciones de fuerza internas. En los países periféricos está teniendo lugar la transformación del estado en un estado nacional competitivo, el cual, mediante la legislación, las políticas de educación y de infraestructura, El apoyo a la investigación, la aceptación de fusiones de empresas, etc., está creando las condiciones fundamentales para fomentar el desarrollo de las tecnologías y sectores claves de la economía.
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