Manual de criminalística




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2.3.6. Tratamiento de los elementos de prueba en el laboratorio
A medida que se recojan los elementos de prueba, estos pueden ser envasados para su envío o transporte al laboratorio. La naturaleza de los envases dependerá, en cierto modo, de la situación. Si el investigador va a llevarlos personalmente al laboratorio, y éste se encuentra en las cercanías, no habrá necesidad de envases muy especiales o complicados; pero si los elementos de prueba se envían por correo o por otros medios, entonces se precisarán envases más apropiados. Además, deberán tomarse medidas adicionales en la preparación del envío. Se debe asegurar la preservación de la evidencia y la conservación de su Integridad.
CAPÍTULO III

3. La Prueba Pericial en el Campo Penal
Por. Soledad Montaña Angarita. Abogada U Libre de Colombia Especialista en Derecho penal. U. Externado. Especialista en Derecho Administrativo. U. Libre de Colombia. Profesional Especializado Oficina Jurídica. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Docente Universitario.
El código de procedimiento Penal de Colombia contempla como medio de prueba: La inspección, la peritación, los documentos, el testimonio, la confesión, además los indicios, solo que estos últimos se tienen en cuenta en el momento de realizar la apreciación de las pruebas ya indicadas, siguiendo las normas de la sana crítica.
Interesa en estas consideraciones preliminares hacer un análisis de la prueba pericial, el cual está enmarcado en el Código de Procedimiento Penal, y es decretada por el funcionario judicial cuando se requiere en los procesos penales, en los procedimientos científicos, técnicos o artísticos. El funcionario judicial tiene la oportunidad de solicitar las pruebas periciales a Entidades Públicas y Privadas.
La Entidad del Estado que realiza un número bien importantes de dictámenes periciales es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el cual lo viene haciendo desde hace aproximadamente 80 años y su estructura orgánica esta enmarcada en el Decreto 2699 del 30 de noviembre de 1991, actúa de conformidad con el artículo 160 y cumple la siguiente misión:
"Somos una organización de servicio a la comunidad que proporciona el conocimiento científico y técnico, necesario para el adecuado ejercicio de la justicia en Colombia. Escudriñamos e informamos la verdad a la luz de la ciencia. dentro de un marco de calidad integral y responsabilidad social".
En tales condiciones la justicia de nuestro país se apoya científica y técnicamente en peritaciones relacionadas con las lesiones personales, embriaguez, edad, psiquiatría, patología, biología física, química, toxicología, estupefacientes, planimetría y esto por nombrar sólo algunas ciencias o técnicas. Sin embargo, las autoridades judiciales pueden solicitar los mismos a otras Entidades del Estado, como también a organismos particulares o los auxiliares de la justicia en el área civil.
En este orden de ideas no podemos desconocer que si bien es cierto, ésta facultad de escoger la Entidad o personas privadas, para realizar las peritaciones la tiene el funcionario Judicial, no es menos cierto que estos no han desconocido que la gran trayectoria científica y técnica que tiene en el país el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace que esta Entidad goce de gran prestigio nacional e internacional y por ende exista preferencia de las autoridades por esta entidad para la realización de este tipo de pruebas.
Si se tuviera que definir un perito, se diría que es un experto en una ciencia, en una técnica o en un oficio, el cual con su saber aporta a la administración de justicia conocimientos, haciéndolo con imparcialidad y objetividad; atributos estos que se reflejan en una adecuada peritación la que se envía a las autoridades judiciales pero la calidad de ser perito oficial, hace que éstos puedan asumir el cargo sin la necesidad de haberse posesionado, dado que debemos entender que cuando han sido nombrados y posesionados como servidores públicos el acto de posesión y juramento es para todos los actos oficiales que cumplan con posterioridad.
De otra parte la imparcialidad y objetividad en la prueba pericial que se hace indispensable se encuentra plasmada en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Penal cuyo tenor es el siguiente:

Impedimentos y recusaciones. Los peritos están impedidos y son recusables por las mismas causas que los funcionarios judiciales
Se pueden definir los impedimentos, como aquellas circunstancias que inhiben a los peritos para ejercer el cargo. En tanto que las recusaciones consisten en la oposición que hacen los sujetos procesales, debido a que los peritos debiendo declararse impedidos no lo hicieron.
No se van a analizar una a una las causales del impedimento por medio de los cuales pueden ser recusados los peritos, sin embargo vale la pena anotar que toda vez, por ejemplo, que el perito tenga conocimiento que él mismo o sus familiares consanguíneos afines civiles en el orden correspondiente, tengan Interés en el dictamen que se va a realizar, deberá declararse Impedido para evitar la recusación.
El procedimiento en los casos de Impedimento es el siguiente: El perito dará a conocer al funcionario judicial la razón que lo lleva a no realizar un determinado dictamen para que éste remita la solicitud de peritación a otro perito, será este funcionario el que acepte o no la causal Cuando el perito no se declara Impedido existiendo causal para ello, puede hacerse acreedor de una multa equivalente a diez meses de salarios mínimos, y al que recusó de manera infundada, tendrá una sanción de multa de diez salarios mínimos legales mensuales.
En cuanto a los peritos auxiliares de la justicia en lo civil y los peritos y entidades particulares, ellos requieren posesión y por ende juramento. Además deberán explicar la experiencia que tienen para rendir el mismo.
Por lo demás, los dictámenes para su expedición, exigen algunos requisitos, los cuales se mencionan a continuación: Solicitud escrita de una autoridad judicial la cual al realizarla debe tener en cuenta que la misma reúna algunas condiciones mínimas, como por ejemplo que se exprese el motivo de la solicitud y entratándose de elementos de prueba, además de lo anterior deberá anotarse la cantidad, su estado y demás datos que se consideren Importantes para la expedición del dictamen.
El código de procedimiento penal, fija algunas pautas con relación a los cuestionarlos que deben Ir consignados en las solicitudes arriba Indicadas. Estos deben ser conducentes y pertinentes, y no serán otros que los requeridos por las autoridades judiciales o los solicitados por los sujetos procesales o por ambos.
La dificultad en las respuestas, por parte de los peritos radica en que la mayoría de las veces los cuestionarlos no son claros, son ambiguos, extensos, de tal manera que la tarea de los peritos se dificulta ya que en algunos casos se pierde la oportunidad para las respuestas, por cuanto hay que solicitar aclaración de los mismos. De tal forma, que es pertinente que los cuestionarios sean precisos y que se pregunte a los peritos todo lo atinente a la ciencia o técnica respectiva.
El dictamen sobre medicina legal o ciencias forenses, debe reunir algunos requisitos bien importantes los cuales le dan adecuada solidez al mismo. Así por ejemplo, debe ser claro, detallado, estar fundamentado desde el punto de vista científico o técnico, siendo de advertir que en los mismos no se podrá emitir juicios de responsabilidad penal, dado que aspectos eminentemente jurídicos te corresponden al funcionario judicial.
Sin embargo, cabe la posibilidad que cuando se solicite un dictamen a varios peritos, que alguno de ellos tenga discrepancia, con relación a lo que otros peritos van a consignar en la pericia. En este caso cada perito podrá rendir un dictamen por separado, de tal manera que en estos eventos haya legitimidad del perito o peritos para realizar un dictamen por separado, y, será el funcionario judicial que en su sabiduría teniendo en cuenta las pruebas que existen dentro del proceso penal determine a qué dictamen le dará el valor probatorio correspondiente.
La oportunidad en rendir una prueba pericial es muy importante dentro del proceso penal, dado que sin desconocer el dictamen por sí mismo no es medio autónomo, no es menos cierto que un dictamen rendido oportunamente coadyuva con otros medios probatorios al esclarecimiento de conductas punibles.
La falta de oportunidad en rendir el dictamen puede ser sancionada administrativamente por intermedio de un proceso disciplinario y en el área penal se podría estar frente a la conducta típica de Prevaricato por Omisión, ambas esferas traen sanciones de rigor para los peritos no oportunos. La primera podría ser que como producto de la investigación se determinara que la persona fuera sancionada con censura, con copia a la respectiva hoja de vida y, multa entre otras, en la segunda que al tipificarse el delito de Prevaricato por Omisión puede dar lugar a prisión e interdicción de derechos y funciones públicas.
Estos aspectos sancionatorios los pueden evitar los peritos en la medida en que cumplan estrictamente el artículo 269 del Código de Procedimiento Penal el cual reza:
« Término para rendir el dictamen. El perito presentará su dictamen por escrito dentro del término que el funcionario judicial te señale, el cual puede ser prorrogado a petición del mismo perito. Si no presentare su dictamen dentro del término respectivo, se le reemplazará y aplicarán las sanciones previstas en el presente titulo>>
Por lo demás, el dictamen se presenta por parte del perito en original y copia llenando todos los requisitos administrativos y penales que se requiere, y son enviados a la autoridad judicial la cual verificará si el dictamen cumple con todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Penal Si éste no cumple con tales requisitos, lo devuelve al perito para que realice un nuevo dictamen. Siendo de advertir que las autoridades no podrán admitir dictámenes que sean simple expresión de conclusiones.
Una vez este dictamen cumple con los requisitos indicados, se da traslado a los sujetos procesales para que los mismos puedan solicitar aclaraciones, ampliaciones o adiciones. En ocasiones las aclaraciones o adiciones son solicitados sin ninguna fundamentación, puesto que a los peritos no se les fundamenta el porqué de dicha petición, de tal forma que estos deben solicitar mayor explicación a lo requerido. En otras ocasiones es necesario que la prueba pericial esa ampliada o aclarada dando más luces al juzgador para el esclarecimiento de los hechos.
Existe una posibilidad, que se podría decir que procesalmente no es muy frecuente que se dé; pero que Implica un grado superior a la simple aclaración, ampliación o adición y es la que se conoce como la objeción del dictamen. La misma se define como la oposición que hacen los sujetos procesales al dictamen expedido por un perito. La causal de objeción se da por error, y éste es una equivocación en el contenido del dictamen. En los mismos se pueden presentar errores, por ejemplo el expedir un dictamen de estado de salud, y determinar que el examinado padece de una enfermedad grave, cuando lo anterior no es cierto; otro ejemplo podría ser el determinar en una necropsia médico legal, que las heridas fueron causadas por arma corto-punzante y estas habían sido causadas por arma de fuego.
El trámite para la objeción es el Incidental, corriéndole traslado a las partes para que estas puedan pedir pruebas. En el evento en que se solicite un nuevo dictamen como prueba de objeción, éste no podrá ser objetado, pero admite que se cumple o aclare. Cuando el nuevo dictamen coincide con el primero, el funcionario judicial apreciará los dos de manera conjunta. En el caso contrario se acoge el último dictamen, o se pide otro dictamen, el cual no puede ser objetado, pero las partes se reservan el derecho de pedir que se complete o aclare.
No es muy frecuente en nuestro sistema acusatorio que los peritos asistan a audiencias públicas a contestar cuestionarios propuestos por las partes, sin embargo es muy conveniente que éstos tengan conocimiento sobre el asunto que se va a tratar, ya que de ésta manera puede Ir adecuadamente fundamentado y puede aportar aún mas a la administración de justicia.
Resulta bien Importante determinar los criterios para la apreciación de la prueba pericial, que un dictamen debe ser firme, preciso, fundamentado y ser expedido por una persona idónea. Pero la idoneidad depende de algunos factores, como serían: título profesional, experiencia, y el prestigio del técnico o del experto. Estos factores se consideran de gran importancia para el funcionario judicial cuando realice la labor de apreciación de la prueba pericial.
También es Importante que todas aquellas personas que tienen a su cargo el trámite de una prueba pericial, conserven las normas de la cadena de custodia, con el objeto de respetar los procedimientos que se hayan implantado para tal efecto, como también evitar que el dictamen o los documentos que dieron motivo al mismo no sufran falsificaciones. De igual modo no se puede desconocer que en cuanto a los elementos enviados, estos deben ser protegidos debidamente para evitar que los mismos sean alterados y en algunos casos destruidos.
La prueba pericial no es entonces sino un medio probatorio igual que las otras pruebas, sin embargo reviste una gran Importancia, dado que la ciencia y la técnica manejada correctamente por personas idóneas pueden ser de gran Impacto para el resultado de una Investigación penal
BIBLIOGRAFÍA

LEGIS. Código penal, 1998.

LEGIS. Código de procedimiento penal, 1998.
CAPÍTULO IV
4. Drogas de Abuso o Estupefacientes
Por: Evaristo Vargas Dueñas
A través de la historia se ha sancionado el consumo de estupefacientes o drogas de abuso. Sin embargo no se ha educado a las personas para generar en ellas aptitudes que impidan el abuso de los estupefacientes.
El consumo continuo de drogas adictivas, produce dependencia psíquica, física, química; en adicciones que están relacionados con los fenómenos de tolerancia y otras patologías.
Nuestra misión entonces es evitar que sigan ocurriendo intoxicaciones o muertes por la ingesta de estas sustancias.
4.1. NORMAS
Existen normas a nivel mundial y nacional, que se deben tener en cuenta cuando se tiene la calidad de perito o auxiliar de la justicia. En el ámbito mundial rige la convención de Viena y a nivel de cada país las normas que se establezcan.
En Colombia existe el Estatuto Nacional de Estupefacientes, conocido como ley 30 de 1986: Ley marco que fija los parámetros en materia de estupefacientes como también las sanciones; fija los parámetros para realizar campañas contra el consumo de tabaco y drogas de abuso o estupefacientes; entre ellas podemos señalar:
4.1.1. La Resolución 009 de febrero 18 de 1987: Por medio de la cual se controlan algunos insumos tales como el acetato de butilo, acetato de etilo, la acetona (2-propanona), ácido clorhídirico, ácido sulfúrico, alcohol butílico (butanol), alcohol metílico (metanol), amoníaco (hidróxido de amonio), carbonato de sodio, cloroformo (triclorometano), diacetona alcohol (pirantona), disolvente alifático No. 1 (disolvente 1020, Shelisol l), disolvente alifático, No. 2 (Shellsol 2 ó disolvente 1125), éter etílico (éter sulfúrico, oxido de etilo, éter dietílico), hexano, metíl etil cetona (M EK, 2-butanona), permanganato de potasio, thinner.
4.1.2. La Resolución 007 de diciembre 1 de 1992: Mediante la cual se controla el anhídrido acético y el tolueno (toluol, metil benceno).
4.1.3. La Resolución 0001 de Enero 30 de 1995: Controla el acetato de isopropilo, alcohol isopropílico (IPA, 2-propanol, dimetil carbinol, protohol), metil isobutil cetona (MIBK, Isopropil acetona, hexona, 4-metil-2-pentanona).
4.1.4. La Resolución 001 de mayo 13 de 1996: Mediante la cual se controla el cemento gris y la gasolina en los departamentos de Caquetá, Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare y Putumayo.
4.1.5. La Resolución 004 de septiembre 10 de 1996: Establece el control de La urea amoniacal (en cantidad superior a 600 Kg), el ACPM (en cantidad superior a 220 galones), el kerosene (cantidad superior a 220 galones, en los departamentos de Caquetá, Vichada, Vaupés, Meta, Guaviare y Putumayo.
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