Julio enrique socha salamanca




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C
República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

ASACIÓN 39559

ÁNGELA BOTERO TRUJILLO


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

Aprobado Acta No. 069

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil trece (2013).

ASUNTO
Decide la Sala el recurso extraordinario de casación allegado por el defensor de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO contra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual confirmó la pena de 80 meses de prisión que le impuso a dicha persona el Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conoci-miento de esta ciudad, después de declararla responsable por el concurso de conductas punibles de actos sexuales con menor de catorce años agravados.

SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL
1. ÁNGELA BOTERO TRUJILLO nació el 8 de abril de 1968, padece de enanismo y tiene dos hijos. Se desempeñaba como docente en el Centro Infantil Psicológico Especializado de Bo-gotá (CINPE). Sostuvo durante varios meses de 2007 y 2008 un vínculo sentimental con uno de sus alumnos, de diez años de edad. Dicha relación comprendía caricias y besos, incluso en la zona genital del menor. Cuando la madre comenzó a sospechar acerca de lo que sucedía, el niño le contó todo y ella presentó denuncia ante las autoridades.
2. La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la implicada como autora responsable de los delitos de actos sexuales con menor de catorce años agravados, en concurso homogéneo, según lo establecido en los artículos 209 y 211, numerales 2 (“cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima”) y 4 (“sobre persona menor de doce años”), de la Ley 599 de 2000, actual Código Penal, con la modificación que al tipo básico introdujo el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
3. El Juzgado Quince Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá presidió la audiencia del juicio oral. Allí la defensa presentó dos testimonios periciales. En uno, el experto afirmó que la acusada “no tenía, ni tiene, la capacidad para comprender la gravedad de los hechos dentro de los cuales se desenvuelve en la vida real”; y, en el otro, que ella “presenta una deficiencia cognitiva que le impide comprender sus acciones […] y pudieron influenciar su conducta en relación con el delito por el cual se le juzga”.
El funcionario desestimó el alcance de tales declaraciones y condenó a ÁNGELA BOTERO TRUJILLO, como autora res-ponsable de los hechos y cargos materia de imputación, a 80 meses de prisión, así como de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. Igualmente, la condenó al pago de perjuicios una vez agotado lo relativo al incidente de reparación integral y, por último, le negó cualquier mecanismo sustitutivo de ejecución de la pena privativa de la libertad.
4. Apelada la decisión por la defensa, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la confirmó en los aspectos objeto de debate. Así mismo, aclaró que la agravante debía reducirse a la del numeral 2 del artículo 211 del Código Penal, y no a la del numeral 4 de dicho precepto, debido a la modificación del artículo 7 de la Ley 1236 de 23 de julio de 2008, que aumentó el límite de edad del sujeto pasivo de doce a catorce años, y al fallo C-521 de 2009 de la Corte Constitucional, que declaró exequible la norma “en el entendido de que dicha causal no se aplica a los artículos 208 y 209 del mismo estatuto”. Esta precisión, sin embargo, no incidía en la dosificación punitiva.
5. Contra el fallo de segundo grado, el defensor de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO interpuso el recurso extraordinario de casación. Admitido el escrito de demanda, la Corte adelantó la audiencia de sustentación correspondiente.

LA DEMANDA
1. Propuso el recurrente dos cargos, ambos al amparo de la causal primera del artículo 207 de la Ley 600 de 20001 (sic). El primero, por violación directa de la ley sustancial2. En cuanto al segundo, sugirió en un principio que por la vía directa3, pero después sostuvo que era por la indirecta4. Los sustentó de la siguiente forma:
1.1. Falta de aplicación del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000. Las dos instancias descartaron el fenómeno de la fuerza mayor en la acusada. ÁNGELA BOTERO TRUJILLO padecía esquizofrenia crónica y sus condiciones de sanidad mental no le permitían motivarse conforme a los mandatos de la norma penal. Para negar la existencia de fuerza mayor, el Tribunal acudió a conceptos que de aquella había en el siglo XIX. Sin embargo, los avances de la ciencia han demostrado que las enfermedades mentales pueden eliminar en el ser humano la capacidad para comprender el comportamiento o determinarse conforme al mismo. La procesada percibía la realidad de manera diferente e incurrió en los delitos bajo los efectos de su estado mental, una fuerza invisible de la natura-leza que le era irresistible. Por lo tanto, no era responsable de las conductas a ella imputadas.
1.2. Ausencia de aplicación de los artículos 9, 12 y 33 del Código Penal. Los falladores descartaron la inimputabilidad en la procesada. Sin embargo, los peritos habían concluido que tenía un trastorno mental permanente. Los jueces no podían desconocer un debate que correspondía a las partes y peritos, como lo ha señalado la Corte en las sentencias de 13 de julio de 2005 y 18 de junio de 2008 . En la providencia impugnada, el Tribunal cuestionó el origen de las conclusiones de los expertos. Pero el objeto de controversia debe ser el peritaje, no la fuente de conocimiento de éste ni el trabajo del especia-lista para llegar a sus conclusiones. Además, como la prueba pericial fue objeto de contradicción, los juzgadores tampoco pueden llenar los vacíos que la otra parte dejó pasar durante el juicio. El Tribunal también se valió de las llamadas reglas de la experiencia. Pero trajo a colación ingredientes subjetivos con los que no era posible desvirtuar los hallazgos científicos del dictamen.
2. En consecuencia, el demandante solicitó a la Sala revocar la condena para, en su lugar, declarar a ÁNGELA BOTERO TRUJILLO inimputable e imponerle una medida de seguridad.

AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN ORAL
1. El defensor de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO adicionó a los planteamientos de la demanda los siguientes:
1.1. El empirismo es tan solo un método de investigación, por lo que no es suficiente para enervar planteamientos científicos.
1.2. El sentido común está plagado de errores que la ciencia ha descubierto como tales. Las máximas de la experiencia que no son del manejo de la sociedad deben ser introducidas por medio de la prueba pericial.
1.3. La enfermedad mental que padecía la acusada no era perceptible por la gente del común, debido a la especificidad y el grado científico de quien la diagnostica.
2. En su condición de no recurrente, el Fiscal Delegado ante la Corte solicitó no casar el fallo por las siguientes razones:
2.1. No se ha desconocido en este asunto el principio de culpabilidad. Así mismo, el trastorno mental, ya sea transitorio o permanente, debe ser lo suficientemente grave para anular en el procesado su capacidad de compresión y determinación.

2.2. La Corte ha señalado que el testimonio pericial tiene que ser valorado racionalmente y que, por lo tanto, el juez no está impedido para cuestionar los fundamentos de los dictámenes ni debe aceptar de manera irreflexiva sus conclusiones.
2.3. El Tribunal no aceptó las manifestaciones de los peritos ni las aserciones fácticas a partir de las cuales fundó la supuesta esquizofrenia en la acusada. Es más, la refutó con prueba que sugería la comprensión por parte de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO de lo que estaba haciendo. E incluso el psiquiatra que declaró en el juicio lo hizo de manera irregular, esto es, después de escuchar a la otra especialista de la defensa.
3. El representante del Ministerio Público pidió a la Corte no casar la sentencia impugnada por lo siguiente:
3.1. Primer cargo. El demandante incurre en falacias argumen-tativas. La fuerza mayor es una causal de inacción en la cual la persona queda sometida a una fuerza externa e irresistible, proveniente de la naturaleza o de circunstancias ajenas al implicado. La enfermedad mental no reúne tales parámetros.
3.2. Segundo cargo. El juez está facultado para desconocer el resultado de los exámenes periciales. Además, puede valerse de las reglas de la sana crítica, y en especial de la experiencia, sin que ello constituya un falso raciocinio. De lo contrario, se tarifaría la prueba pericial. La inimputabilidad es una categoría jurídica, cuya declaración le compete al funcionario, luego de valorar en conjunto la prueba. Y en los dictámenes se predican circunstancias que fueron desvirtuadas por los demás medios de prueba practicados durante la actuación.
4. El apoderado de la víctima se opuso a las pretensiones de la demanda, no sólo por las deficiencias técnicas presentes en el escrito del recurrente, sino porque el fenómeno de la fuerza mayor no corresponde al asunto de análisis, sino al problema de la inimputabilidad; por otro lado, lo alegado en el escrito es sólo una discrepancia de criterios con la decisión impugnada que, dicho sea de paso, resulta inaceptable, en la medida en que sostiene una postura contraria a la jurisprudencia y que por lo demás fue refutada por los hechos que se declararon probados a partir de los medios traídos al juicio oral.

CONSIDERACIONES
1. Precisiones iniciales
Como la demanda interpuesta por el defensor de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO fue declarada desde un punto de vista formal ajustada a derecho, la Sala tiene el deber de resolver de fondo los problemas planteados en el debate, en armonía con los fines de la casación de buscar la eficacia del derecho material, respetar las garantías de quienes intervienen en la actuación, reparar los agravios inferidos a las partes y unificar la jurisprudencia, tal como lo consagra el artículo 180 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal vigente para el presente asunto.
Para ello, la Corte tendrá que desentrañar, en aras del eficaz desarrollo de la comunicación establecida, lo correcto de las aserciones de diversa índole usadas por sus interlocutores, de modo que atenderá cada postura desde la perspectiva jurídica más coherente y racional posible.
Debido a la naturaleza de la controversia planteada, la Sala examinará, en primer lugar, si la esquizofrenia crónica cuyo reconocimiento reclama el demandante podría ajustarse a un problema de caso fortuito o fuerza mayor. En segundo lugar, si los diagnósticos, conclusiones o hallazgos científicos por parte de un testigo pericial son susceptibles de la crítica o incluso la desestimación del funcionario judicial. Y, por último, si es posible advertir en la decisión confirmatoria del ad quem un error trascendente acerca del rechazo a la inimputabilidad alegada por la defensa.
Esos son los temas que se abordarán a continuación.
2. Del caso fortuito y la fuerza mayor
2.1. El numeral 1 del artículo 32 del Código Penal prevé que no habrá lugar a responsabilidad penal en los “eventos de caso fortuito o fuerza mayor”.
Tanto el caso fortuito como la fuerza mayor están consagrados en el artículo 64 del Código Civil, subrogado por el artículo 1 de la Ley 95 de 1890, ambos como nociones que equivalen al “imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autori-dad ejercidos por un funcionario público, etc.
Trasladado dicho concepto, propio del derecho privado, a una teoría del delito coherente con la Ley 599 de 2000, que es el actual estatuto punitivo, le asiste la razón al representante del Ministerio Público cuando sostuvo en la sustentación oral del recurso extraordinario que, en materia penal, los casos de fuerza mayor obedecen a situaciones de ausencia de acción.
Así lo reconoció la Corte en el fallo de 5 de diciembre de 2007, si bien en relación con el caso fortuito:
Cuando se hace alusión a un caso fortuito [y a una fuerza mayor, añade ahora la Sala], lo que se quiere expresar en términos de la teoría de la imputación objetiva es que la lesión o puesta en peligro del bien jurídico no se puede determinar en el ámbito de competencia de persona alguna, entendida ésta como la portadora de un rol socialmente comprensible, o bien la imposibilidad de establecer la relación entre el sujeto activo y el resultado típico para que se le pueda atribuir al primero como ‘obra suya’ lo segundo. Es decir, el caso fortuito se refiere directamente a circunstancias en las que desde el punto de vista dogmático se presenta una ausencia de acción5.
Ahora bien, extraer un concepto material de acción que sea objeto de consenso en la cultura jurídico penal contemporánea ha sido siempre una empresa problemática. Sin embargo, ya sea entendida la acción como un “movimiento corporal externo […] producido mediante el acto de voluntad6, o el ejercicio de un “obrar orientado conscientemente desde el fin7, o una “causación del resultado individualmente evitable8, o una “manifestación de la personalidad9, etcétera, lo cierto es que, en la práctica, sería contrario a la razón sostener la configura-ción de un caso fortuito o una fuerza mayor (es decir, de una falta de acción) cuando al mismo tiempo sea evidente la existencia de un comportamiento humano, bien sea activo o de omisión, a partir del cual pueda predicarse la lesión del bien jurídico. En otras palabras, habrá acción en sentido penal cada vez que, parafraseando el artículo 29 de la Constitución Polí-tica, concurra un acto imputable a una persona.
2.2. En el presente asunto, el defensor de ÁNGELA BOTERO TRUJILLO sostuvo que la esquizofrenia crónica indiferenciada que expertos en psicología y psiquiatría le diagnosticaron a la procesada configuraba la circunstancia de ausencia de responsabilidad de que trata el numeral 1 del artículo 32 del Código Penal, por cuanto dicha enfermedad mental era asimi-lable a una “fuerza invisible de la naturaleza (invisible porque estaba en su cerebro)10 e “irresistible para ella, porque ella no se sabía enferma11.
Dicha postura es insostenible, en la medida en que plantear una enfermedad mental como un evento de fuerza mayor (o de caso fortuito) es, como se explicó, un sinsentido, dado que las condiciones mentales de un individuo de ninguna manera podrían eliminar la realidad ontológica de sus actos. Es decir, si se arguye que alguien cometió una conducta bajo el influjo de un estado esquizofrénico, es incoherente afirmar que ello encaja en la causal de ausencia de responsabilidad invocada, pues ésta implica la ausencia de un comportamiento humano en sentido jurídico penal. Y, en este caso, no hay duda de que el organismo acusador le atribuyó a la procesada un hecho que, a todas luces, debe considerarse una conducta, un acto de naturaleza humana, que en principio está conectado con un resultado dañoso o abusivo en detrimento de los derechos de un menor: besar y tocar a un niño de diez años en un contexto de relación de tipo sexual.

La esquizofrenia aducida por el abogado se refiere, entonces, a un problema de inimputabilidad, esto es, a la capacidad del sujeto activo para comprender la licitud de su conducta o para determinar su comportamiento de acuerdo con esa compren-sión, en los términos del artículo 33 de la Ley 599 de 2000.
El reproche, en consecuencia, está destinado al fracaso.
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