Tema 1: delitos contra la vida humana




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d) Disposiciones comunes
Cualificación común a todos los delitos del Título
Los ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o de derecho del menor o incapaz, que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de los delitos comprendidos en este Título, serán castigados con la pena que les corresponda, en su mitad superior.

No se aplicará esta regla cuando la circunstancia en ella contenida esté específicamente contemplada en el tipo penal de que se trate.

El juez o tribunal podrá imponer razonada mente, además, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión y oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. (art 192)
La denuncia del ofendido o de su representante legal como condición objetiva de perseguibilidad y la irrelevancia del perdón
Para proceder por los delitos de agresiones, acosos o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia.

Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.

En estos delitos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. (art 191)

La posibilidad de que la víctima de estos delitos pueda después perdonar al autor, dejando sin efecto la sanción penal o suspendiendo el proceso, fue ya suprimida en la reforma de 1989.

El legislador exige la denuncia del agraviado para poder proceder, pero una vez presentada ésta, el proceso penal debe seguir hasta el final y la sanción que, en su caso, se imponga, debe cumplirse. Con esto se evita una de las principales lacras que tenía antes la privatización de estos delitos, que se convertía en fuente de chantajes, aunque nada impide, por lo menos en el caso de personas capaces, que luego en el momento de su testimonio en el proceso nieguen que fueron víctimas de un ataque a su libertad sexual, por lo que habrá muchas veces que investigar hasta que punto no se comete un delito de obstrucción a la Justicia.
Responsabilidad civil
En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.

La responsabilidad civil a que pueden dar lugar estos delitos se determina de acuerdo con lo previsto en el Título del Libro I; pero a veces los delitos sexuales tienen consecuencias como el embarazo y el nacimiento de hijos, de ahí que el art 193 se refiera expresamente a estas consecuencias en orden a la responsabilidad civil.

El ámbito de aplicación del art 193 debe restringirse, sin embargo, a aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea mujer.
Clausura de locales
En los supuestos tipificados en los capítulos IV y V de este Título, cuando en la realización de los actos se utilizaren establecimientos o locales, abiertos o no al público, podrá decretarse en la sentencia condenatoria su clausura temporal o definitiva. La clausura temporal, que no podrá exceder de cinco años, podrá adoptarse también con carácter cautelar. (art 194).

TEMA 7: OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
A) OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
Diferencias entre la omisión del deber de socorro y la omisión del deber de impedir determinados delitos:

El Código penal tipifica en varios lugares una serie de delitos que tienen como bien jurídico común la solidaridad humana, es decir, el deber que tienen todas las personas de prestar ayuda o socorrer a otra persona que se halle en situación de peligro.

El incumplimiento de ese deber es lo que constituye la esencia de estos delitos que se tipifican como delitos de omisión pura.

Sin embargo, la invocación de la solidaridad en abstracto dice bien poco sobre la naturaleza de estos delitos y ofrece un criterio muy vago para distinguirlos entre sí.

No existe un deber de socorro genérico sancionado penalmente, sino un deber de socorro respecto a determinados bienes que, en una situación determinada, se encuentran en peligro.

Por lo que respecta a los delitos tipificados en los arts 195 y 196 estos bienes jurídicos son la vida y la integridad física.

La puesta en peligro de otros bienes jurídicos personales como la libertad constituye normalmente delito y la omisión del deber de impedir estos delitos es la conducta prevista en el art 450. Si no se practica esta limitación en el ámbito de los bienes jurídicos protegidos en los arts 195 y 196 no hay posibilidad de distinguir este delito del tipificado en el art 450.

Pero es que además éste perdería su razón de ser, puesto que quedaría, en todo caso, como tipo residual para castigar aquellos hechos que no pudieran castigarse por los tipos relativos a la omisión del deber de socorro. Así, por ejemplo, el no prestar socorro a una mujer que esté a punto de ser víctima de una agresión sexual, o a alguien que va a ser víctima de una detención ilegal, no puede castigarse por el art 195, sino por el 450, porque estos hechos son constitutivos de delito y la omisión del deber de impedir la comisión de estos delitos es lo que constituye la esencia del art 450.
A.1 Omisión del socorro personal
Art 195: “el que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros será castigada con la pena de multa de tres a doce meses.”
Tipo objetivo
Sujeto pasivo es la persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave. Persona desamparada es la que no puede prestarse ayuda a sí misma.

Por peligro debe entenderse la probabilidad cognitiva de que se produzca un determinado resultado, en este caso un resultado perjudicial para la vida o la integridad corporal.

El peligro ha de ser manifiesto, es decir, que debe ser perceptible y cognoscible para la generalidad de los hombres.

Tiene que ser, además, grave, gravedad que depende tanto de la índole del mal que se cierne sobre el sujeto, como del grado de probabilidad e inminencia. El peligro tiene que ser objetivamente actual.

Es indiferente la causa, voluntaria o involuntaria, externa o interna, de la situación peligrosa, salvo que provenga de la actuación del propio sujeto activo, en cuyo caso se aplica el art 195.3.

Sujeto activo es aquél que tiene la obligación de prestar socorro.

El deber de socorrer se fundamenta ya con el conocimiento de que una persona se encuentra en la situación descrita en el art 195. Así, por ejemplo, comete este delito, o el del tipo cualificado del art 196, el médico que, requerido para asistir a un enfermo, no le presta asistencia.

Pero, en todo caso, la extensión del tipo también a los supuestos en que no existe un contacto físico con la persona desamparada y en peligro manifiesto y grave obliga a realizar una interpretación restrictiva, puesto que, de lo contrario, bastaría con la mera noticia de que alguien se encuentra en una situación de peligro para su vida o salud para que surgiera inmediatamente el deber jurídico de socorrerla.

Para ello habrá de atenderse tanto al rol o cargo social que ocupa el requerido para el auxilio como a las circunstancias del caso.

Indudablemente no es lo mismo que no acceda al requerimiento de auxilio un médico que una persona distinta o que el auxilio se demanda en un lugar deshabitado o en un lugar cercano, por ejemplo, a una clínica o centro hospitalario.

Si el que recibe la solicitud de ayuda es un funcionario público existirá un concurso ideal entre la omisión del deber de socorro y el delito previsto en el art 412.3.

La conducta consiste en no socorrer, es decir, en omitir la prestación de socorro. Presupuesto del tipo es, por tanto, como en todos los delitos de omisión, la capacidad de acción, en este caso, la capacidad de prestación de auxilio.

Dependiendo de las circunstancias del caso, éste podrá consistir, bien en una asistencia directa, bien en el requerimiento de los servicios correspondientes o el traslado del sujeto a éstos, que es lo que, normalmente, sucederá cuando la prestación de auxilio exceda de las posibilidades, conocimientos o medios de que dispone quien lo presta.

En caso de imposibilidad de prestar socorro, bien atendiendo personalmente al necesitado, bien llevándolo a algún sitio donde lo puedan atender, hay obligación de demandar auxilio ajeno, pero la omisión de demandar auxilio ajeno dará lugar a la aplicación del apartado segundo.

Se trata, por tanto, de un delito de omisión pura, ya que no es necesario que se produzca el resultado. Si éste se produce, el sujeto activo no tendrá que responder por dicho resultado, ya que la Ley no le impone ningún deber de evitarlo, sino meramente el deber de socorrer.

La responsabilidad por el resultado de muerte o lesiones sólo podrá fundamentarse a través del expediente de la comisión por omisión, siempre que el sujeto tuviese posición de garante.
Tipo subjetivo
El dolo debe abarcar la situación de peligro y desamparo en que se encuentra otra persona.

Por lo que respecta a la antijuricidad, la conducta puede estar justificada en el caso de que se omita el socorro para cumplir otro deber de mayor importancia, como, por ejemplo, en los casos de estado de necesidad entre bienes de desigual valor.

El error vencible sobre la existencia de los presupuestos del estado de necesidad o de cualquier otra causa de justificación puede atenuar la culpabilidad.

En el art 195.1 se tipifica expresamente una causa de no exigibilidad de otra conducta, ya que sólo debe prestar socorro quien pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.

Ha de tratarse, sin embargo, de un verdadero riesgo, de un peligro personal, se necesita, por tanto, algo más que una simple molestia. El riesgo de ser perseguido judicialmente no exime de la obligación de socorrer.

Cabe la tentativa cuando, por ejemplo, el sujeto omite el socorro que objetivamente no era necesario por haber muerto el sujeto pasivo accidentado.
A.2 Omisión de petición de socorro
El apartado 2 del art 195 extiende la pena del apartado 1 al que impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

Este delito es subsidiario del previsto en el párrafo primero.

Los elementos del tipo objetivo son los mismos que en el tipo básico ya estudiado, sólo que aquí la conducta consiste en no demandar auxilio ajeno con urgencia cuando se estuviese impedido de prestar socorro personalmente.

Es necesario, pues, la imposibilidad de socorrer personalmente y la posibilidad de pedir la ayuda de otro.

La solicitud de ayuda ha de hacerse con urgencia, lo que tiene que entenderse en relación con las circunstancias que concurran en el hecho.

Igual que el hecho previsto en el apartado primero, la conducta se consuma con la mera inactividad, con la omisión simple de no pedir ayuda, sin ser necesaria la producción de un resultado, ya que se trata de un delito de omisión pura.
A.3 Omisión de socorro a víctima de accidente
El apartado tercero del art 195 contempla la cualificación para los casos en que el omitente del socorro es quien previamente ocasionó el accidente del que surge la demanda de auxilio. El tenor del art 195.3 es el siguiente:
“ Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que se omitió el auxilio, la pena será de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.”
El deber de socorro viene en este caso fundamentado, aparte de por la idea de la solidaridad humana, por el hecho de haber sido el sujeto activo el causante de la situación de peligro, castigándose al autor del accidente independiente del resultado que se produzca a consecuencia de su omisión y de la responsabilidad que pueda derivarse del mismo. El apartado 3 del art 195 constituye, por tanto, también un delito de omisión pura.

Con la expresa referencia al accidente fortuito y al ocasionado por imprudencia, el nuevo Código penal ha dejado fuera de dudas que la ratio legis de esta agravación del delito de omisión pura previsto en los apartados anteriores subsiste con independencia de que la causa del accidente sea un hecho fortuito o imprudente y de la responsabilidad en que por el resultado pueda incurrir el conductor.

Ahora bien, en el caso de que se produzca un determinado resultado de muerte o lesiones de la víctima, habrá que determinar cómo se imputa este resultado.

Dicha responsabilidad puede provenir tanto de la acción como de la omisión. En este caso el resultado se imputaría al conductor a título de comisión por omisión en base al supuesto b) del art 11 (idea de la injerencia).

En cualquier caso, tanto en un supuesto como en otro, la responsabilidad por el resultado que se produzca, cuando éste sea atribuible a imprudencia, siempre dará lugar a un concurso entre el delito imprudente y el previsto en el art 195.3, en cuanto que, según hemos visto, el fundamento de éste es la incriminación de la desasistencia con independencia de las consecuencias que produzca.

También si el resultado se produce dolosamente, porque el conductor, una vez ocasionado el accidente fortuita o imprudentemente, se da cuenta de que la víctima es su enemigo, o por miedo a las consecuencias deja que ésta muera, sabiendo que si no la atiende éste va a ser el resultado más probable, habrá que apreciar el correspondiente concurso real entre el art 195.3 y el homicidio doloso, igual que si en lugar de dejarla morir la remata pegándole un tiro, u oculta su cuerpo impidiendo que alguien pueda prestarle asistencia.

En estos casos existen dos momentos diferentes, perfectamente separables en el tiempo, que merecen una distinta valoración.

En cambio, si el accidente se provocó ya con ánimo de matar a la víctima, la omisión del socorro es un acto posterior impune.
A.4 Pena
El legislador vincula la penalidad al previo carácter imprudente o fortuito del accidente, permitiendo elevar la pena de prisión hasta los 2 años y la multa hasta los 24 meses en caso de que el accidente se hubiere causado por imprudencia.
B) DENEGACIÓN Y ABANDONO DE ASISTENCIA SANITARIA
El art 196 establece que: “El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de seis meses a tres años”.

Sujeto activo de este delito sólo puede ser quien tenga la condición de profesional sanitario, configurándose así, por tanto, como un delito especial.

La acción típica consiste, bien en la denegación de asistencia sanitaria, bien en el abandono de los servicios sanitarios por el obligado a su prestación.

En ambas modalidades la tipicidad se condiciona a la producción de un riesgo grave para la salud de las personas, eliminando así el ámbito típico los casos en que la cobertura asistencial quede garantizada, supuestos en los que la actitud del profesional sería en todo caso constitutiva de una mera infracción disciplinaria.

La valoración de la situación de riesgo grave admite diferentes grados de concreción en relación a cada una de las modalidades típicas.

Mientras que en los supuestos de denegación de asistencias sanitaria la contextualización de la omisión tras una previa demanda de auxilio supone una situación de peligrosidad concreta, en el caso de abandono de los servicios son imaginables supuestos en los que la situación de peligrosidad, si bien existió abstractamente, no se haya actualizado. Es lo que sucederá cuando no se presente ningún requerimiento de asistencia.

El tipo incorpora un elemento referente a la antijuricidad de la conducta al exigir que el profesional esté obligado a la prestación de la asistencia sanitaria.

Se pretende así garantizar de modo expreso el derecho de huelga del personal sanitario, impidiendo que esta cualificación pudiera actuar restringiendo su ejercicio.

Conforme a ello, quedarían fuera del precepto los médicos huelguistas que, por ejemplo, no estuvieran en servicios mínimos.

En todo caso, el alcance de la exclusión de responsabilidad se ciñe exclusivamente a la agravación del art 196, esto es a la no prestación personal del auxilio.

Subsistente quedará aquélla en que pueda incurrir el profesional sanitario, igual que cualquier persona, por el art 195, precepto que obligaría a demandar los servicios del personal no afectado por la cláusula de no obligatoriedad.

Al igual que en el art 195, la apreciación de esta omisión cualificada es independiente de la responsabilidad que en su caso pueda derivarse por la producción de un resultado omisivo, que discurriría ahora por los cauces de la comisión por omisión en virtud de la posición de garantía específicamente contemplada en la letra a) del art 11.

Al encontrar esta cualificación su razón de ser en la producción de un riesgo grave para la salud de las personas, su injusto es independiente del art 409 con el que puede entrar, por tanto, en concurso ideal.




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