Nos define como una sociedad de enorme niveles de consumo. Si lo evaluamos por las formas de transporte, poseemos tres automóviles por cada cinco




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fecha de publicación07.02.2016
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Aprobación de una Ley de Costas para Puerto Rico

Las características topográficas, geográficas y demográficas de la Isla, la intensidad de desarrollo urbano que ha proliferado durante las últimas décadas y el hecho de que el desarrollo general del país se ha concentrado principalmente en las costas, ha resultado en un gran impacto sobre los recursos naturales, lo cual plantea un monumental problema de planificación.

Sin embargo, Puerto Rico no tiene un marco legal específico que provea para el establecimiento de la política pública y de las metas y objetivos que viabilicen el uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales costaneros. Por nuestra condición de isla y nuestra fisiografía particular los recursos de la costa están sometidos a enormes presiones y conflictos entre el desarrollo socioeconómico y la conservación de los recursos, dicotomía que sólo existe por la ausencia de una visión integradora entre la naturaleza y el desarrollo.

El énfasis que las administraciones gubernamentales pasadas le han asignado al desarrollo turístico descansa principalmente en la ocupación y uso del litoral costero para el establecimiento de grandes centros hoteleros que inevitablemente resultan en contaminación de las aguas costaneras y en la degradación y eliminación de sistemas y recursos valiosos (especies de valor comercial y recreativo, desplazamiento de pesca comercial natural, restricción del acceso libre a las playas, erosión costanera y otros problemas relacionados).

Las autoridades responsables de administrar los bienes de dominio público en las costas -el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación (JP)- no han cumplido cabalmente con su deber ministerial de protección de los recursos costaneros.

Para resolver la situación planteada el PIP propone:

  1. Aprobar una Ley de Costas de Puerto Rico que específicamente atienda el uso, aprovechamiento y conservación de las costas de Puerto Rico y de sus recursos, con el objetivo de definir claramente los bienes de dominio público de nuestras costas, los derechos sobre terrenos colindantes y sobre estructuras en la zona marítimo terrestre, las medidas para viabilizar la protección del litoral costero y de los recursos naturales en los mismos, entre otras áreas relacionadas.


Protección de los terrenos agrícolas

La producción de alimentos se considera una actividad primaria y vital para todo pueblo. Esta gestión es más crítica aún cuando se trata de una isla. Esto obliga a preservar los terrenos de alto potencial agrícola. Sin embargo, durante las últimas décadas en Puerto Rico se ha manifestado una tendencia en utilizar terrenos de alto potencial y productividad agrícola para el desarrollo de proyectos residenciales, comerciales, industriales y de infraestructura pública. En este proceso se han transformado irreversiblemente fincas públicas y privadas para usos urbanos, produciéndose de paso la fragmentación de las unidades agrícolas, lo que le resta viabilidad económica y operacional para muchos cultivos o usos agropecuarios. Esto contribuye a la limitación de la actividad agrícola por su incompatibilidad con otros usos, especialmente los residenciales. La dinámica que se genera a través de la especulación de los terrenos es otra consecuencia de la falta de una política adecuada sobre usos de terrenos, que nos ha llevado a perder en los últimos 10 años cerca de 38 cuerdas diarias de terrenos con aptitud agrícola.

La Ley de Planificación de Puerto Rico asigna a la Junta de Planificación la función de designar usos de terrenos para que estén en armonía con los objetivos del Plan de Desarrollo Integral del País. La zonificación de terrenos debe abarcar los destinados a usos agrícolas. Sin embargo, la propia Junta, a través de las Consultas de Ubicación, cambia esta zonificación respondiendo a peticiones de particulares y sus intereses de desarrollo. Esto no garantiza la protección de las tierras agrícolas. Por el contrario, promueve la transferencia de terrenos con potencial o uso agrícola hacia los procesos de urbanización.

Para enfrentar esta situación el PIP propone:

  1. Aprobar legislación para continuar designando como “Reserva Agrícola” aquellos terrenos clasificados como de alto potencial agrícola. Esta ley requerirá el desarrollo de un inventario y evaluación de estos terrenos y los designará permanentemente para uso agrícola. En este enfoque ninguna agencia tendrá discreción para cambiar su uso. La Junta de Planificación articulará planes de usos de terrenos que armonicen el uso de los terrenos agrícolas con el de los terrenos que colinden con éstos.

El uso intenso e indiscriminado de plaguicidas, de abonos y de medicamentos, así como la preparación agresiva de los terrenos, sin la debida protección, hacen que una gran cantidad de compuestos químicos y de sedimentos entren a los ríos y los lagos, contaminando y mermando nuestros abastos de agua potable. El procesamiento de los alimentos constituye otra fuente de contaminación al ser humano debido al uso indiscriminado de compuestos químicos (preservantes, colorantes, estabilizadores y sabores artificiales).

El PIP se compromete a desarrollar legislación encaminada al establecimiento de proyectos que promuevan la agricultura en armonía con el ambiente. Específicamente se propone:

  1. La rotación de las cosechas y los cultivos intercalados.

  2. La selección de las variedades de los cultivos que se adapten a las condiciones naturales del suelo y del clima local.

  3. El uso de los controles no tóxicos para las plagas y las enfermedades.

  4. El reciclaje de los recursos internos de la finca y de la vecindad para abaratar los costos de producción.

  5. El uso de composta para la producción de bienes de consumo.

  6. La protección de los suelos para evitar la erosión.

Legislaremos, además, para:

  1. Estimular e incentivar el uso de metodologías alternas de producción en la agricultura, la ganadería, la crianza de pollos, en la producción de leche y de otros alimentos, mediante apoyo técnico, educación vocacional y campañas educativas dirigidas a los agricultores, utilizando el marco conceptual de la agricultura sustentable.

  2. Controlar la entrada y el uso de plaguicidas químicos.

  3. Controlar la entrada de alimentos contaminados con plaguicidas.

  4. Adoptar un enfoque integral de agricultura sustentable en todas las ramas gubernamentales que tienen que ver con la industria agrícola.


Aprobación de una Ley de Protección de Humedales de Puerto Rico

La productividad extraordinaria y la belleza de los sistemas naturales que conocemos genéricamente como humedales, está representada, según lo define la Convención Internacional de Humedales, por sistemas de aguas marinas poco profundas, arrecifes de coral, lagunas costaneras de agua salada, salobre y dulce, marismas, bosques intermareales, manglares, deltas, pantanos, esteros, salitrales, ríos, quebradas, humedales de montaña, sistemas hídricos subterráneos y embalses, entre otros.

Puerto Rico cuenta con todos los sistemas mencionados. Debido a ellos, podemos consumir tantas variedades de pescado, ya que por lo menos sesenta y cinco especies de peces, tales como el mero, chapín, pargo, picúa, colirrubia, capitán, y otros que componen la pesca comercial pasan parte de su vida en los humedales. Otras especies como la langosta, carrucho, pulpo, ostiones y almejas, entre otros, también dependen de los humedales en alguna fase de su ciclo de vida.

Los humedales actúan como esponjas, es decir, son un área fundamental de retención de agua, lo que ayuda a evitar inundaciones y a la vez, recargar los acuíferos. A manera de ejemplo, nuestro acuífero del área norte aporta más de cuarenta y cinco millones de galones diarios de agua para las necesidades domésticas de los municipios de esa región, además de proveer más de quince millones de galones diarios de agua pura para la industria farmacéutica ubicada allí. Buena parte de esta aportación se debe a la interacción de los humedales con el sustrato calizo que caracteriza esta porción de nuestra isla.

Los humedales también actúan como filtros de sustancias químicas y metales peligrosos para la vida, todo esto a muy bajo costo. Al llegar las aguas de escorrentía a los humedales arrastrando metales pesados provenientes de actividades industriales y comerciales, o cargadas de nitrógeno y fósforo provenientes de la agricultura, las plantas, organismos y microorganismos acuáticos del humedal rompen las cadenas químicas de sustancias peligrosas, convirtiéndolas en elementos inofensivos que de otra manera irían a parar al mar o a otros cuerpos de agua. Los humedales también filtran y retienen sedimentos de aguas de escorrentía, ayudando a evitar que éstos tapen las tuberías y exclusas en ríos y embalses que nos proveen el agua que usamos cotidianamente en nuestros hogares.

Cientos de especies de aves, crustáceos y plantas dependen de los humedales para procrearse, alimentarse y vivir. Esta enorme diversidad biológica resulta de gran valor turístico y de recreación. El cincuenta porciento de las familias de aves reconocidas en Puerto Rico viven en las áreas costaneras ocupadas por humedales.

Sin embargo, en Puerto Rico no existe legislación que expresamente defina a los humedales como recursos naturales de gran valor y que establezca metas y objetivos para su protección y rehabilitación.

Actualmente la Autoridad de Tierras y la Administración de Terrenos están vendiendo o negociando transferencias de terreno anegado para el desarrollo de proyectos turísticos, comerciales y de infraestructura que son incompatibles con la protección de estos recursos.

En aras de implantar una política estricta en torno al manejo de los humedales, el PIP propone:

  1. Aprobar una Ley de Protección de Humedales de Puerto Rico que defina la política pública para la protección de estos recursos naturales, que asigne autoridad y responsabilidad al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Junta de Planificación (JP) para instrumentar reglamentos y procedimientos que protejan estos recursos naturales. La ley requerirá la institucionalización de un programa de manejo de humedales en el DRNA que lo faculte para recibir la delegación de la autoridad de la ley federal que actualmente se descarga en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU y que la propia ley federal contempla que se delegue a los estados. La ley también debe proveer para la asignación de fondos recurrentes de manera que el DRNA pueda adquirir terrenos de humedal que actualmente están bajo tenencia privada y como bienes patrimoniales administrados por varias agencias.


Aprobación de una Ley para la Protección de Mogotes de Puerto Rico

La costa norte de Puerto Rico, caracterizada por el depósito y formación de roca caliza, contiene formaciones de colinas denominadas mogotes, que representan un recurso natural de gran valor. Por carecer de suelos profundos, los mogotes no han sido utilizados en el pasado para el desarrollo agrícola. Esto viabilizó el desarrollo y sostenimiento de una flora particular que a su vez constituye un hábitat para especies de fauna amenazadas y en peligro de extinción. Debido a su estructura rocosa altamente permeable y la presencia de abundante vegetación, los mogotes funcionan como importantes áreas de recarga de agua a los acuíferos de la costa norte.

En los últimos años se ha manifestado una tendencia creciente de impactar los mogotes con obras y proyectos de infraestructura que incluyen carreteras, acueductos, rellenos sanitarios y vertederos de desperdicios domésticos, líneas de transmisión eléctrica, instalación de antenas de microondas, ubicación de tanques de almacenamiento de aguas y otros usos. Además, se están alterando mogotes para el desarrollo de urbanizaciones, instalaciones industriales y para obtención de relleno y material para agregados para la construcción. Todo este proceso se está realizando sin una expresión de política pública con respecto a la función de estos recursos naturales, y en ausencia de una normativa que permita orientar el proceso decisorio respecto al uso, aprovechamiento y conservación de los mogotes.

El PIP propone:

  1. Aprobar una Ley para la Protección de Mogotes de Puerto Rico que defina una expresión de política pública y que asigne funciones y responsabilidades al DRNA y a la JP para la protección y manejo de estos recursos. Se deberá instruir a la JP para que designe una zonificación especial o distrito de conservación para los mogotes, especialmente para aquellos que ubiquen en las áreas de recarga de los acuíferos de la costa norte designándoles como reserva forestal o bosque estatal.


Ley de Cuevas, Cavernas y Sumideros

Esta ley, aprobada en 1985 para asegurar la protección de las cuevas, cavernas y sumideros, estableció la política que rige para la conservación de estos sistemas como recursos naturales. Establece prohibiciones para el uso inadecuado de estos sistemas. Sin embargo, todos hemos sido testigos de la construcción de estructuras, incluyendo calles y viviendas, encima de cuevas; vemos cómo cotidianamente se dirigen las aguas de escorrentía de urbanizaciones completas hacia sumideros, con la consecuencia del acrecentamiento de inundaciones. Una de las causas de esta situación es que no se han establecido los requisitos reglamentarios adecuados para la implantación de la ley. Consecuentemente el DRNA u otras agencias, toman decisiones o intervienen sin el beneficio de una estructura reglamentaria clara, precisa y conocida por todos los sectores de la comunidad. El PIP propone:

  1. Enmendar la Ley de Cuevas, Cavernas y Sumideros para requerir el desarrollo de una reglamentación adecuada.

  2. Iniciar campañas educativas a través del DRNA para que se comprenda mejor la función de las cuevas como ecosistemas y no sólo como elementos geofísicos.


Desperdicios domésticos

El tema de los desperdicios continúa siendo uno de los temas urgentes al momento de cualificar los impactos a la calidad del ambiente y de la salud de los recursos naturales.

La ausencia de soberanía, necesaria para limitar la entrada al país de materiales no reciclables o peligrosos, y estimular el ingreso de productos y materiales cuyos componentes sean enteramente reciclables; el estímulo, a través del mercadeo, a la generación de cada vez mayor cantidad de desperdicios; el manejo inadecuado de los mismos, una vez generados; la ausencia de mecanismos de recuperación y reciclaje debido a la oposición de la industria y desinterés del gobierno; y la ausencia de una visión de manejo que trascienda la ventajería electoral son elementos que prolongan y agravan la crisis ambiental provocada por los desperdicios.

Una de las últimas propuestas que se han sometido para lidiar con los desperdicios es el cobro, a nivel municipal, por el recogido de los mismos. Esta propuesta, que no va dirigida a recaudar fondos para manejar sensatamente los desperdicios, sino a enriquecer las arcas municipales, resultará en la aparición de más vertederos clandestinos y logrará muy poco, si algo, en la urgente tarea de manejar sosteniblemente los desperdicios.

Si a lo anterior le sumamos la propuesta de soluciones mágicas, como la incineración, que nos promete la desaparición de la basura al convertirla en energía, cuando lo que hacen es cambiar el estado físico de la basura y mudan el vertedero del suelo al aire, no podemos sino concluir que los partidos coloniales sólo llegan a proponer soluciones coloniales a este problema.

Para enfrentar el tema de los desperdicios domésticos, el PIP propone:

  1. Implantar un programa agresivo y compulsorio en todo el país dirigido a resolver la situación de los desperdicios sólidos que envuelva todas las fases del tratamiento adecuado de los mismos: Re-uso, Reducción, Reciclaje, Composta; excluimos la incineración como alternativa de manejo y señalamos que nuevas tecnologías como la pirólisis y electroplasmía sólo deben ser consideradas una vez se implanten y rindan frutos las alternativas que tratan a los desperdicios como materiales recuperables y reciclables potencialmente valiosos y no como basura. En este contexto, las instalaciones para el relleno sanitario, a nivel municipal, serán la alternativa para disponer aquellos materiales que no sean re-usables, compostables o reciclables.

  2. La creación por la vía de legislación del Fideicomiso de Reciclaje con representación de todos los sectores: gobierno, empresas, comercio, banca, universidades y comunidades. Este Fideicomiso hará acopio e integrará las instalaciones, tecnologías, incentivos e infraestructura necesaria para promover y desarrollar tanto los mercados como los procesos de recuperación de materiales reciclables y re-usables.

Dentro de este marco, proponemos también que la Administración de Fomento Económico incluya con prioridad entre sus gestiones:

    1. Estimular el establecimiento de industrias, dándole preferencia a las industrias nativas y comunitarias de autogestión económica que procesen los materiales -plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio, aceites- en productos reciclables y el material orgánico y vegetal en compostas.

    2. Ofrecer incentivos a las industrias ya establecidas que implanten programas de sustitución de sustancias peligrosas o contaminantes por otras ambientalmente seguras.

    3. Ofrecer incentivos económicos a las industrias que implanten programas de reducción de material desechable de empaque, siempre y cuando vendan sus productos en Puerto Rico.

    4. Ofrecer incentivos económicos a las industrias que empaquen sus productos en envases re-usables.

También proponemos que por vía de legislación, la Autoridad de Desperdicios Sólidos:

    1. Establezca a todos los niveles de funcionamiento gubernamental programas para el recogido y acopio de materiales reciclables -incluyendo material orgánico para compostas- haciéndolo compulsorio en todas las agencias y dependencias de gobierno tanto a nivel estatal como municipal.

    2. En coordinación con las oficinas de Obras Públicas municipales, organice y facilite el recogido casa por casa de todo material reciclable en cada municipio.

    3. Rinda un informe anual sobre los logros reales obtenidos, las dificultades enfrentadas, y los planes para cumplir con los objetivos y metas trazados.

Dentro del mismo tema, también proponemos la siguiente legislación:

  1. Para que no se establezca ningún incinerador de desperdicios sólidos peligrosos o no-peligrosos en Puerto Rico.

  2. Para que el Departamento de Agricultura estimule a través de incentivos y otros mecanismos el establecimiento de programas de producción y utilización de compostas en la agricultura.

  3. Para que las Oficinas de Compras del Gobierno a nivel estatal y municipal le den preferencia a los materiales reciclables y reciclados, a los productos de limpieza que no contengan fosfatos y que sean biodegradables, así como a los plaguicidas específicos en rango de acción y que se degraden en productos no tóxicos al ser humano ni al ambiente.

  4. Para que la Autoridad de Energía Eléctrica y los municipios ofrezcan una tarifa reducida y exención del pago de patentes municipales a aquellas industrias que se dediquen en un 100% a procesar los materiales como el plástico, papel de oficina, periódicos, cartón, aluminio, vidrio y aceites en productos reciclados y el material orgánico en compostas.

Proponemos enmendar la Ley de Reciclaje para que:

  1. Se prepare un inventario de los desperdicios sólidos que genera toda industria y empresa en el país, donde se incluya el tipo de desperdicio, la cantidad y la frecuencia de generación.

  2. Se establezcan las siguientes metas de volumen de desperdicios a reciclarse:
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