Nos define como una sociedad de enorme niveles de consumo. Si lo evaluamos por las formas de transporte, poseemos tres automóviles por cada cinco




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Año % a reciclarse

2005: 20%

2006: 30%

2007: 40%

2008: 50%

  1. Se limiten los incentivos que ofrece la Autoridad de Desperdicios Sólidos a aquellos municipios que no cumplan con estas metas.

  2. Se establezca un cargo especial por tonelada de desperdicio sólido que se deposite en cada relleno sanitario del país, que el mismo sea destinado a financiar el reciclaje y la composta y que cada relleno sanitario tenga para el año 2001 balanzas para pesar lo que allí se deposita eliminándose así el uso de estimados.

  3. Se establezca un impuesto especial para aquellos materiales de difícil disposición que no puedan reciclarse, reusarse o compostarse.

  4. Se cobre por la disposición de desperdicios a la industria y al comercio, de acuerdo con el volumen y la calidad de los residuos generados, y dedicar una parte de la diferencia entre lo cobrado anteriormente y lo cobrado luego de implantarse esta estrategia, para el desarrollo de los programas de reciclaje.


Política de fuentes de energía

El problema de energía que sufre Puerto Rico es consecuencia de una mala planificación y de una falta de visión integrada al evaluar las alternativas energéticas disponibles. El diseño de una política energética compatible con las condiciones geográficas, climatológicas y ambientales de nuestro país debe fundamentarse en la conservación de la energía, en la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes limpias y renovables de energía, en la investigación científica para convertir el sistema energético de Puerto Rico en uno sustentable y en la participación de las comunidades en el diseño de la política energética.

Proponemos:

  1. La creación de un Plan Maestro de Energía, revisable periódicamente según avance la tecnología, en el cual se evalúen las alternativas disponibles, sus ventajas, los problemas de contaminación que presenten y las tecnologías de control disponibles que garanticen la eficiencia de los procesos y el minimizar la contaminación. Este Plan no considerará la incineración de los desperdicios sólidos ni la quema de carbón, ni la utilización de fuentes radiactivas o procesos nucleares para la producción de energía en el país.

  2. Que mientras no se elabore el Plan Maestro de Energía que considere todas las opciones energéticas disponibles y provea solución a los problemas de contaminación que cada opción genere, no se aprobará el establecimiento adicional de ninguna planta de energía que utilice combustibles contaminantes como el carbón, el petróleo y sus derivados.

  3. La aprobación de legislación que enfoque tanto el estudio integral de las diferentes alternativas energéticas en escalas medianas y pequeñas, como la participación de las comunidades en la implantación de las alternativas.

  4. La transformación de la Administración de Asuntos de Energía en un Departamento de Energía que tendrá a su cargo la implantación del programa de energía de Puerto Rico, el desarrollo e implantación de estrategias diseñadas para la investigación científica en el campo de la producción de energía limpia, así como la coordinación con la Administración de Fomento Económico para brindar el apoyo necesario a las industrias nativas que desarrollen productos o brinden servicios relacionados con la implantación de estas nuevas tecnologías de energía limpia y renovable. Este Departamento tendrá a su cargo la responsabilidad de establecer las medidas necesarias para aumentar la eficiencia en la generación de energía en Puerto Rico.

  5. La aprobación de enmiendas a las leyes vigentes para ofrecer incentivos contributivos a las personas que instalen y utilicen en sus hogares alternativas de generación de energía limpias y de carácter renovable. Así como también a los constructores que las instalen y se usen en los proyectos que tienen a su cargo.

  6. La aprobación de legislación para establecer servicios financieros razonables, así como exenciones contributivas adecuadas, que permitan a grupos comunitarios -debidamente reconocidos como organizaciones sin fines de lucro- la compra, instalación, operación y mantenimiento de equipos eficientes para la producción de energía limpia y renovable a usarse en sus hogares, en el alumbrado exterior de sus casas y calles o en los centros o edificios públicos de sus comunidades.


Ingeniería Genética y biotecnología

La comunidad científica ha realizado enormes adelantos en el campo de la biología, la química molecular y la ingeniería genética. Mediante los hallazgos más recientes, se ha ido identificando y clasificando funciones específicas de los genes en sus respectivos cromosomas. Este material genético determina las características hereditarias de todos los seres vivos. Se ha logrado transferir e implantar este material de un ser a otro, llegando a transferirse genes incluso de un reino (por ejemplo, vegetal) a otro (a uno animal), de esta forma “creando” nuevos seres con características genéticas distintas o nuevas.

El auge de este tipo de tecnología de recombinación de genes, llamado ingeniería genética, ha conformado una nueva industria, la biotecnológica. Muchos de los involucrados en ella han soñado -y se ha comenzado a poner en práctica- que a través de la misma podrán aumentar la productividad de las cosechas, el tamaño y calidad de fuentes animales de alimentación y el hallazgo de genes que permiten la resistencia a ciertos tipos de enfermedades y condiciones de salud en unas personas y etnias para que puedan ser transferidos a otras. Se ha logrado crear una variedad de microorganismos que se alimentan de sustancias peligrosas, incluso radiactivas. Se han sintetizado también medicamentos experimentales contra el cáncer y otras condiciones.

Pero con la creciente globalización económica y la asociada conversión de todo en una mera mercancía, la industria biotecnológica ha empujado la ingeniería genética a los límites de la frontera ecológica, ética y de sensibilidad humana. Han diseñado cosechas genéticamente alteradas para resistir un plaguicida particular, que es fabricado por la misma compañía. Han creado nuevas bacterias o estimulado ciertas características en otras existentes para propósitos particulares, sin tomar en consideración lo que ocurrirá cuando -inevitablemente- estas bacterias logren acceso a la naturaleza y ahí se reproduzcan. Han alterado genéticamente muchas cosechas de las cuales consumimos sus frutos, directa o indirectamente: tomates, maíz, soya, trigo, entre otros. La ausencia de controles gubernamentales sobre estos productos alterados genéticamente ha permitido hasta el momento que los mismos sean mercadeados y consumidos por todos, sin que se haya probado fuera de toda duda razonable que esta alteración y la nueva constitución genética resultante no va a tener efectos adversos a la salud y al ambiente.

Finalmente, existen en la actualidad propuestas para crear, a través de la ingeniería genética, partes y órganos suplentes para seres humanos, tanto desde otros animales como en cuerpos semejantes a personas, pero sin cerebro y otras partes. Ante esta nueva situación, el PIP propone:

  1. Establecer, como principio de política pública, que el desarrollo de la biotecnología será exclusivamente para el beneficio de la humanidad; cualquier beneficio económico que se derive de la investigación o implantación de la biotecnología y la ingeniería genética estará subordinado a este principio.

  2. Legislar para prohibir que se trastoquen genes en fetos y adultos humanos con el fin exclusivo de conseguir ciertas características hereditarias alegadamente deseables.

  3. Prohibir que se utilice la información genética de una persona con el fin de determinar sus habilidades, debilidades, tendencias, aptitudes y cualquier otra condición o rasgo que permita la posibilidad de discriminar contra o a favor de esa persona.

  4. Dada la existencia de empresas en Puerto Rico que experimentan con la constitución genética y la siembra de distintos cultivos alterados genéticamente, proponemos que a través de legislación se mantenga un conocimiento a nivel gubernamental y público de todo proceso y resultados de alteración genética en plantas, animales o microorganismos, incluyendo las características específicas buscadas o encontradas; cualquier desarrollo, investigación e implantación de procesos técnicos, comerciales e industriales en lo sucesivo se tendrá que autorizar por entidades gubernamentales capacitadas y competentes en la materia, luego de revisar y aceptar los resultados de estudios sobre los beneficios y desventajas del proceso.

  5. Asegurar, a través de legislación, que todo organismo vivo, alterado genéticamente no pueda ser liberado a propósito o accidentalmente a la vida silvestre en la medida que no se conozcan los efectos a corto y largo plazo de dicha acción.

  6. Obligar la admisión en la etiqueta de todo producto alimentario o para cualquier tipo de consumo humano o animal que haya sido alterado genéticamente o que uno de sus componentes haya sido alterado de esta forma, para que el consumidor pueda tener la opción de consumirlo o rechazarlo conscientemente.

  7. Estimular a nivel público y privado la investigación sobre la utilización de la biotecnología para necesidades nacionales. Por ejemplo, la producción de caña de azúcar para la producción incrementada de etanol, combustible sustituto de la gasolina en automóviles.


Crímenes ambientales

La legislación ambiental está diseñada para proteger la vida y la salud de los habitantes. Además, está diseñada para proteger la salud de los sistemas naturales. Sin embargo, muchas acciones individuales (usualmente de personas en el mundo corporativo) atentan contra lo anterior al crear incidentes de contaminación. En muchos casos dichas acciones ponen en peligro la vida de miles de personas. Otros tipos de comportamiento que amenazan la vida y la seguridad de los ciudadanos son castigados con penas severas. Sin embargo, no ocurre así con los crímenes ambientales que usualmente quedan impunes. Por lo tanto, el PIP legislará para:

  1. Castigar directamente al culpable de cometer acciones de contaminación que pongan en peligro la vida, la propiedad y el acervo de recursos de la sociedad. Las penas deben contemplar no sólo las multas, sino además la encarcelación de aquellas personas que tomen decisiones resultantes en incidentes graves de contaminación.


Turismo

La política pública relacionada con el Turismo deberá estar estrechamente ligada a la protección del ambiente. El turismo tradicional en Puerto Rico ha causado conflictos entre las poblaciones locales y el sector privado por el uso de terrenos costaneros y de áreas de mar; por las pérdidas de áreas de playa para los ciudadanos al éstas “privatizarse”; por cambios a los patrones hidrológicos en la costa, que causan inundaciones en áreas que antes no las sufrían; por transformaciones en la ecología y la topografía de áreas costaneras con beneficios económicos para unos pocos a expensas de los recursos naturales de todos. Promoveremos prioritariamente otro tipo de turismo que va dirigido a valorar y a proteger los recursos naturales y el ambiente, que respete la escala de nuestros ecosistemas y que armonice los intereses y necesidades de nuestra población con los intereses y necesidades de los turistas. A estos efectos el PIP implantará las siguientes medidas:

  1. Será criterio prioritario de las agencias reguladoras al considerar las propuestas para desarrollos turísticos en Puerto Rico, que éstos no sean nocivos a la integridad ecológica de la localidad y se le dará especial prioridad a proyectos diseñados en armonía con la conservación y el disfrute por todos de los recursos naturales del país.

  2. En coordinación con los hoteles y el resto de la industria turística, la Compañía de Turismo fomentará exposiciones y promociones que motiven al turista a visitar los lugares de interés ecoturístico que existen y que se desarrollen en el futuro.

  3. Las campañas publicitarias para promover el turismo interno y externo deberán darle realce a la riqueza y variedad ecológica del país.

  4. Se fomentará la creación de nuevos centros turísticos, en especial para turismo interno, de suerte que la ciudadanía tenga acceso a precios asequibles.

  5. Para mejorar la calidad del disfrute de las áreas turísticas se controlará la comercialización en estos sectores.

  6. La Compañía de Turismo desarrollará cursos cortos y talleres para los empleados de la industria con el fin de desarrollar conocimientos básicos y actitudes armoniosas con el nuevo enfoque ecológico.


Creación del cargo de Auditor Ambiental

No basta con aprobar legislación que establezca los estándares de calidad ambiental. Tampoco es suficiente contar con agencias especializadas que supervisen el impacto que tienen las operaciones de entidades públicas y privadas sobre el medio ambiente. Es preciso que cada individuo, entidad o agencia se responsabilice por la calidad del medio ambiente y tome las medidas necesarias para que sus operaciones lo afecten lo menos posible. A esos efectos el PIP propone:

  1. Crear el puesto de Auditor Ambiental en cada agencia de gobierno, corporación pública y municipio. Este Auditor será responsable de constatar y evaluar el fiel cumplimiento de cada componente institucional con la política ambiental adoptada. Debe contar con adiestramiento formal y experiencia en el campo ambiental. Será nombrado por el jefe de la agencia y responsable directamente a éste. Producirá un informe anual que evaluará el cumplimiento institucional con las leyes, reglamentos, políticas y normas ambientales aplicables a la agencia, corporación pública o municipio.


Procurador de los recursos naturales y el ambiente

Las diversas leyes ambientales reconocen distintos recursos legales para la vindicación de violaciones a sus disposiciones. Algunos de estos recursos requieren la acción por parte de alguna agencia gubernamental; en otras ocasiones, los ciudadanos particulares pueden recurrir a foros administrativos o judiciales en reclamo de sus derechos. Sin embargo, en muchas ocasiones las violaciones a las leyes ambientales quedan impunes por falta de los recursos materiales y humanos necesarios para la litigación de asuntos técnicos. En otras ocasiones las influencias de poderosos intereses económicos sobre el gobierno logra detener acciones legales que sólo corresponde al gobierno iniciar. Por estas razones el PIP propone:

  1. Crear el cargo de Procurador de los Recursos Naturales y el ambiente, con recursos y autoridad suficiente para poder iniciar todas las acciones civiles y penales que procedan por la violación de las diversas leyes ambientales en vigor. Tendrá autoridad para representar tanto el interés público como para comparecer a nombre de particulares que hayan sufrido los efectos de las violaciones.


Planificación y urbanismo

El desparrame urbano, permitido y estimulado por sucesivas administraciones gubernamentales sin la voluntad política para poner en vigor prácticas adecuadas y sostenibles de planificación, es uno de nuestros más grandes males. Propicia la dependencia del automóvil privado como principal medio de transportación; obliga la deforestación de nuestros bosques y por ende de nuestra biodiversidad; provoca la pérdida de nuestras mejores tierras agrícolas; la contaminación y sobreexplotación de nuestros recursos acuíferos; la destrucción y limitaciones de acceso en nuestras costas; y el deterioro de los centros urbanos tradicionales. En fin, la continua urbanización del país tiene que ser revertida, en lugar de ser promovida con conceptos como la “isla ciudad”.

Hemos carecido de un instrumento de planificación tan esencial como un plan nacional de uso de terrenos, que permita la calificación y clasificación de todos nuestros suelos para adjudicar en ellos los usos más apropiados -que incluyen desde la industria hasta la preservación, desde la conservación de la flora y fauna hasta la cantera.

Proponemos:

  1. La creación e implantación de un Plan Nacional de Uso de Terrenos, donde se establezca la calificación y clasificación de nuestros suelos de tal forma que se conozca qué terrenos deben ser conservados y cuáles pueden ser desarrollados en términos de las actividades necesarias para nuestra convivencia en sociedad, teniendo siempre la sustentabilidad ecológica y la justicia social como norte en toda propuesta.

  2. La aprobación de legislación estableciendo como política pública la utilización de los terrenos dentro de la huella urbana existente para todo nuevo proyecto de vivienda, comercio e industria; así como para designar las cuencas hidrográficas como unidades básicas de planificación.


Infraestructura (gris)

La amplia obra de infraestructura -gris, o construida, para distinguirla de la verde- que posee nuestro país, no es poca cosa: 16,500 millas de carreteras (aquí contamos con la mayor densidad que ningún otro país en el mundo); 4,393 Megavatios de electricidad instalados que se distribuyen a través de 27,838 millas aéreas y 1,076 millas soterradas de cablería. Por otro lado, el agua que consumimos es producida en 130 plantas de filtración y distribuida a través de 18,000 kilómetros de tubería, con miles de válvulas y cientos de tanques de almacenaje y estaciones de bombeo. Una vez usada esta agua, unos 225 millones de galones diarios de ella recibe tratamiento primario, secundario o terciario en 62 plantas de tratamiento de aguas usadas.

Lo anterior es sólo una parte de nuestras obras de infraestructura. Tradicionalmente, las administraciones que han dominado el gobierno central hacen grandes anuncios (sobre todo cercano a las elecciones) e inauguran un puente aquí o una planta de filtración de agua potable allá. Sin embargo, nunca vemos conferencias de prensa ni anuncios en los periódicos que nos hablen de la inversión en el mantenimiento de estas obras. No nos hablan de la inversión en mantenimiento porque esencialmente, esa inversión no se hace o se hace cuando la obra en discusión ha llegado a un punto crítico, precisamente, por falta de mantenimiento.

En el Partido Independentista Puertorriqueño sostenemos que las obras de infraestructura construida que poseemos han significado una enorme inversión de recursos económicos, y ha significado también un enorme sacrificio de recursos naturales y de trabajo. Lo menos que debemos hacer es invertir en el mantenimiento de la infraestructura para así extender por el mayor tiempo posible, la vida útil de la misma, y a la vez mantener y elevar la calidad de los servicios que se puedan obtener de ella. Proponemos:

  1. Establecer un programa para la AAA por vía de legislación para lograr la sustitución del sistema de tubería de distribución de agua potable en 5 años; con el propósito de renovarlo y así reducir las pérdidas de 50% a 15%.

  2. Implantar un programa agresivo y compulsorio en todo el país dirigido a resolver la situación de los desperdicios sólidos que involucre todas las fases del tratamiento adecuado de los mismos: Re-uso, Reducción, Reciclaje, Composta. Además de una multiplicidad de propósitos, esta política permitirá extender la vida útil de los vertederos por años, puesto que las instalaciones para el relleno sanitario, a nivel municipal, serán la alternativa para disponer sólo aquellos materiales que no sean re-usables, compostables o reciclables;

  3. Estimular por la vía de legislación y reglamentación un uso mayor de asfalto reciclado en la reparación y mantenimiento de carreteras; incentivar a los centros universitarios a experimentar con materiales nuevos o combinaciones nuevas de materiales conocidos para el mantenimiento de las vías de rodaje.

Establecer por vía de legislación para cada agencia que tiene jurisdicción sobre aspectos y elementos de la infraestructura construida, una separación porcentual obligada de su presupuesto para utilizarse exclusivamente en el mantenimiento de la misma.
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