Mexico mas alla del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global




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MEXICO MAS ALLA DEL NEOLIBERALISMO. OPCIONES DENTRO DEL CAMBIO GLOBAL
José Luís Calva


JOSE LUIS CALVA (1945-).Economista mexicano. Nació en Ixmiquilpan, Hidalgo. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el doctorado en Economía Agrícola en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Ha impartido cursos y dictado conferencias en varias universidades latinoamericanas y estadounidenses. Actualmente es profesor e investigador de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Económicas y en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Economía. Coordina el Seminario de Economía Mexicana y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es asesor del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la FAO.

Ha colaborado como articulista de fondo en los siguientes periódicos: Uno más uno; La Jornada; El Financiero; Reforma; El Universal y la revista Expansión. Participa como analista económico en el programa Momento Económico de Radio UNAM y Monitor de Radio Red. En 1999 fue distinguido con el Premio Nacional de Periodismo.

Es considerado un experto en los asuntos del campo en América Latina, por los méritos a sus estudios en esta materia se le otorgó el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog (1999).

Ha escrito numerosos artículos sobre economía agrícola y problemas del campo en México para revistas especializadas como : Revista Latinoamericana de economía y revista de la CEPAL. Algunos títulos de sus libros son: Crisis agrícola y alimentaría de México, 1982-1988; Los campesinos y su devenir en las economías de mercado; Probables efectos de un Tratado de Libre Comercio en el campo mexicano; Alternativas para el campo mexicano; El modelo neoliberal mexicano; El modelo neoliberal mexicano. Costos, vulnerabilidad, alternativas; Globalización y bloques económicos. Realidades y mitos; Industria manufacturera. Situación y alternativas; La disputa por la tierra. La reforma al Artículo 27 y la nueva Ley Agraria; Mercado y Estado en la economía mexicana. Retrospectiva y prospectiva y La deuda social y la oferta del bienestar. Estado y política económica.

Del libro: México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, México, Plaza y Janés, 2000, 1ª parte, cap. II, pp. 21-25, 33-35; 3ª parte, cap.I, pp. 116-125; cap. II, pp. 126-131, 133-135; cap. III, pp. 140-147 ; cap. IV, pp. 148-152 ; cap. V, pp. 153-156 ; 4a parte, cap. I, pp. 168-188 y 279-287.
MEXICO MAS ALLA DEL NEOLIBERALISMO. OPCIONES DENTRO DEL CAMBIO GLOBAL.

Primera parte.
Medio siglo en busca de comunión.
III
Construir el futuro, no volver al pasado.
Desde los años treinta, y sobre todo a partir del gobierno del presidente Cárdenas, el desarrollo económico mexicano –que alcanzó una tasa de crecimiento anual medio de 6.1% entre 1934 y 1982, y trajo consigo un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos- se había sustentado en una economía de mercado con un relevante (pero prudente, excepto a partir de los años setenta) intervencionismo del Estado como rector y promotor activo del desarrollo económico, como regulador del comercio exterior y de los mercados internos de bienes y servicios básicos, como inversionista en áreas estratégicas y como promotor del bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos.

La ideología económica y social de la Revolución mexicana, plasmada en el contrato social de 1917, había asignado al estado estas funciones desechando la ideología liberal del laissez-faire, laissez-passer.

A partir de 1983, la estrategia económica neoliberal –sustentada en la ideología ortodoxa que atribuye al Estado la causa de los males económicos- se orientó a acrecentar el papel de mercado como mecanismo de asignación óptima de recursos, maximizados de la producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico, transfiriendo a los agentes privados y al mercado, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas anteriormente asignadas al Estado.

La reducción de la injerencia del Estado en la economía comprendió: la liberación de precios internos (abriendo cauce a los lesivos precios monopólicos y oligopolios, v.gr. telefónicos, bancarios, etcétera); la apertura comercial externa, la liberación de los flujos de inversión extranjera, la liberalización del sistema financiero; la privatización de la mayoría de las empresas estatales y de algunos servicios de infraestructura pública y el achicamiento del papel del Estado como rector y promotor del desarrollo económico y del bienestar social, reduciendo o cancelando programas de fomento económico sectorial (para la agricultura, las manufacturas, etcétera), de infraestructura económica y de desarrollo social.

A casi dos décadas de iniciado el experimento neoliberal, con más mercado y menos estado, la prosperidad ofrecida por los reformadores neoliberales está cada vez más lejos de la realidad. Más aún: los resultados reales del modelo neoliberal contrastan negativamente con los observados durante el vilipendiado modelo económico presente.

Bajo el modelo keynesiano-cepalino- que puede denominarse sin abuso modelo económico de la Revolución mexicana- basado en la regulación del comercio exterior y en un relevante intervencionismo gubernamental en el fomento económico, el producto interno bruto se incrementó l5.9 veces (1,592.7%) durante el período 1935-1982, al crecer a una tasa media del 6.1% anual, lo que implicó un incremento de 340.4% en el PIB per cápita, al crecer a una tasa media del 3.1% anual (véase cuadro 3)

Bajo el modelo neoliberal –basado en la apertura comercial unilateral y abrupta y en la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico- el producto interno bruto sólo se incrementó 0.45 veces (45.5%) al crecer a una tasa media de 2.23% anual, lo que implico un incremento de apenas 0.32% en el PIB per cápita, que creció a una tasa media del 0.02% anual.

Durante los años de vigencia del modelo económico de la Revolución mexicana, la inversión fija bruta por habitante (en maquinaria, equipo y construcciones), se incrementó 1,022.1% en el período 1941-1982, al crecer a una tasa del 5.8% anual. En contraste, después de casi dos décadas de experimentación neoliberal, la inversión fija bruta por habitante en 1999 fue 4% menor a la observada en 1982, al decrecer a una tasa media del 0.24% anual.

Finalmente, durante gran parte del período keynesiano-cepalino, los pasivos globales de México con el exterior se mantuvieron en un nivel manejable (del 18.4% del PIB al 27.2% del PIB entre 1946 y 1970)* a excepción de los dos últimos sexenios del modelo; cuando se disparo el endeudamiento externo (saltando los pasivos externos del
27.2% del PIB en 1970 al 67.6% del PIB en 1982) lo que condujo al colapso financiero y cambiario de 1982.

  • En el concepto de pasivos externos incluimos la deuda externa (pública y privada), la inversión extranjera de cartera y la inversión extranjera directa (que gravita también sobre nuestras externas en forma de egresos de intereses, regalías y utilidades). Los porcentajes del PIB se calcularon en dólares de cuenta, que eliminan el efecto de la subvaluación o sobrevaluación del peso mexicano en la conversión del PIB mexicano de pesos a dólares o de los pasivos externos de dólares a pesos. Para el período 1940-1982 véase José Luís Calva. “Criterios recesivos de política económica para 1996. ¿Un México sin opciones de crecimiento?”, en Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía, núm. 104, México, IIEC-UNAM, 1996.


Precisamente, la estrategia económica neoliberal fue introducida en México con la promesa de “elevar el ahorro interno” para evitar “depender nuevamente en el futuro de recursos externos en forma excesiva”. No obstante, los pasivos externos de México crecieron de manera explosiva, saltando de 91 753.6 millones de dólares (MDD) al cierre de 1982 (después de la crisis de la deuda que estalló en agosto) a 270 196.9 MDD en 1994, cuando estalló el más grave colapso financiero de la historia mexicana, alcanzando los 344 174.2 MDD al cierre de 1999, lo que representa, a valor presente, más del doble de los pasivos acumulados hasta 1982.

En lo social, el modelo de la Revolución mexicana trajo consigo una significativa mejoría del bienestar. Como se muestra en el cuadro 3, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se incrementó 96.9% en el período 1935-1982; con el neoliberalismo, en cambio, los salarios mínimos perdieron el 70.2% de su poder adquisitivo, es decir se deterioraron a menos de la tercera parte de los vigentes en 1982.

En consecuencia, el modelo neoliberal ha traído consigo un dramático deterioro del bienestar social. De acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), 18.7 millones de mexicanos cayeron en la pobreza entre 1984 y 1996, lo que implicó una regresión social de casi cuatro décadas, hasta niveles de pobreza que habían sido superados por el modelo de la Revolución mexicana al principiar los sesenta.
Por qué no regresar al modelo económico precedente.
Sería un error deducir del fracaso del modelo neoliberal la conveniencia de volver al modelo económico keynesiano-cepalino orientado unilateralmente a la sustitución de importaciones. Ello no es viable ni deseable. Mucho menos lo es volver a la estrategia macroeconómica de mediano plazo aplicada durante los años 1971-1982, cuyos erróneos manejos cambiarios y fiscales condujeron al primer gran colapso financiero de la historia contemporánea.

Precisamente, si el modelo neoliberal pudo reemplazar al modelo keynesiano-cepalino después de la crisis financiera de 1982, fue –abstracción hecha de otros factores políticos- por el desgaste que había experimentado ese modelo como resultado de los errores y omisiones de política de los últimos dos gobiernos preneoliberales.

En primer lugar, serios errores en política cambiaria, al no realizar oportunamente, frente al creciente déficit de cuenta corriente, los ajustes pertinentes en el tipo de cambio. La paridad peso/dólar se había mantenido constante desde 1954 hasta la devaluación de 1976, no obstante el enorme diferencial acumulado, durante los años setenta sobre todo entre la inflación mexicana y la inflación estadounidense (en el período 1955-1970, la inflación acumulada en México fue de 72.6% contra 44.4% en Estados Unidos; y en el quinquenio 1971-1975, las inflaciones acumuladas fueron de 76.5% y 38.6%), produciéndose una progresiva sobrevaluación del peso mexicano, que trajo consigo un creciente déficit de cuenta corriente (que ascendió al 4.96% del PIB en 1975), financiado principalmente con endeudamiento externo.

Después de la devaluación de 1976, volvió a mantenerse artificialmente la paridad peso/dólar estadounidense, no obstante el diferencial inflacionario nuevamente acumulado (la inflación acumulada entre 1977 y 1981 fue de 198.6% en México contra 59.6% en Estados Unidos, mientras que la paridad peso/dólar apenas pasó de $22.58 en 1977 a $24.51 en 1981), lo que nuevamente produjo un creciente déficit de cuenta corriente (que ascendió al 6.5% del PIB en 1981), desembocando en una tremenda adicción al endeudamiento externo y finalmente en el colapso financiero y cambiario de 1982.

En ambos períodos, el desequilibrio externo trató de ser corregido mediante un hipertrofiado proteccionismo comercial; mientras en 1970, sólo el 68.3% de las importaciones (en valor) estaban sujetas a permisos previos de importación, en 1974 su proporción subió al 82% y al 90.4% en 1976, después de que en agosto de 1975 se incrementaron los aranceles de importación del 75% de las fracciones. Sin embargo, el proteccionismo hipertrofiado resultó ineficaz para corregir el agigantado desequilibrio externo: el déficit comercial ascendió al 3.9% del PIB en 1975 y apenas descendió al 2.9% del PIB en 1976; mientras que el déficit corriente apenas disminuyó del 4.9% en 1975 al 4.1% del PIB en 1976. Durante el sexenio siguiente, la historia volvió a repetirse; las tasas arancelarias medias se elevaron del 14.9% en 1977 al 26.8% en 1981 y el 27% en 1982; y los permisos previos de importación, que habían descendido hasta el 60% del valor de las importaciones en 1980, aumentaron hasta el 85% en 1981 y al 100% en 1982. Una vez más, el hiperproteccionismo comercial resultó ineficaz para equilibrar las cuentas externas (el déficit de cuenta corriente ascendió al 6.5 del PIB en 1981), desencadenándose la crisis financiera. Lo peor es que el proteccionismo comercial hipertrofiado –es decir, excesivo y casi indiscriminado, precisamente por concebirse como mecanismo de ajuste de la balanza comercial- trajo consigo un fuerte sesgo antiexportador, agravado por la enorme sobrevaluación cambiaría que también generaba un sesgo adverso a los servicios comerciales (como el turismo), obstruyendo, paradójicamente, las vías naturales de superación del desequilibrio externo.

En segundo lugar, el manejo imprudencial de las finanzas públicas que apareció en los años setenta condujo a una creciente brecha ingreso-gasto público insostenible en el largo plazo. Aunque la expansión del gasto comprendió un significativo incremento de la inversión pública y del gasto promocional del desarrollo humano y económico –y estuvo parcialmente acompañada de un significativo incremento de los ingresos del gobierno federal- dicha expansión comprendió también una suerte de economía del derroche (personal redundante en el sector público; subsidios innecesarios e indiscriminados a la actividad productiva, v.gr. bajas tarifas ferroviarias, eléctricas, de combustibles, etcétera, incluso a actividades altamente rentables que no requerían tales apoyos; estatizaciones inconvenientes, que incluyeron empresas que nunca debieron estar en manos del Estado, como cabarets, fábricas textiles, etcétera; inversiones azarosas en elefantes blancos o en áreas donde no era indispensable la inversión pública, sino sólo el apoyo a la inversión privada o social; programas superfluos o convenientes pero artificialmente encarecidos por la corrupción y las ineficiencias de gestión. Todo ello drenó las arcas del gobierno y condujo a un déficit fiscal que se ensanchaba aceleradamente y era, por tanto, insostenible en el largo plazo.

En tercer lugar (último en orden, pero no en importancia), se omitieron ajustes en la estrategia general de industrialización, cuya conveniencia había aflorado claramente desde los años sesenta, cuando comenzaron a crecer aceleradamente las exportaciones manufactureras pero, al reducirse más de prisa las exportaciones agrícolas, se originaron presiones estructurales sobre el sector externo, que indicaban la conveniencia de pasar de la estrategia sustitutiva de importaciones, unilateralmente concebida, a una estrategia mixta de industrialización que combinara agresivo fomento de exportaciones con la sustitución de importaciones, tal como lo indicaban las experiencias de industrialización exitosas tanto en los desarrollos tempranos (Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, etcétera) como en los tardíos (Japón, Corea del Sur, etcétera) y tal como fue sugerido por algunos economistas mexicanos. El ajuste en la estrategia de industrialización (que implicaba una liberalización comercial selectiva y gradual, pero no una apertura comercial indiscriminada, unilateral y abrupta), preservando los principios de la Revolución mexicana, pudo haberse hecho exitosamente aun sin el boom petrolero, pero la riqueza petrolera habría facilitado la transformación estructural hacia una nueva fase de industrialización, ordenando las finanzas públicas y la balanza de pagos.

El resultado de estos errores u omisiones fue un crecimiento dramático de los pasivos externos y del déficit fiscal que desembocaron en la crisis financiera de 1982 y en la brecha ingreso-gasto público insostenible.

La tecnocracia neoliberal arribó al poder en estas condiciones y, en vez de rectificar prudentemente los errores de manejo macroeconómico –fiscal y cambiario- y de realizar los ajustes pertinentes en la estrategia de industrialización, manteniendo incólumes los principios de la Revolución mexicana, optó por un viraje de ciento ochenta grados inspirado en la ideología de laissez-faire, laisser-passer, desechando las funciones que la Revolución mexicana había asignado al Estado en la promoción de desarrollo económico, para efectuar una verdadera revolución económica neoliberal, basada en la apertura comercial unilateral y abrupta, así como en el severo achicamiento de las funciones del Estado en el desarrollo económico bajo el ideario friedmaniano que atribuye al Estado las fallas de la economía.
En consecuencia, México debe adoptar una nueva estrategia económica que supere tanto los excesos e ineficiencias estructurales del modelo sustitutivo de importaciones como los excesos e ineficiencias estructurales del modelo neoliberal. Desde luego, la nueva estrategia económica que reemplace al neoliberalismo deberá conciliar la consecución simultánea de los grandes objetivos macroeconómicos (estabilidad de precios, finanzas públicas sanas, equilibrio externo y crecimiento económico), cumpliendo simultáneamente los grandes objetivos del desarrollo social (alimentación, salud, vivienda, educación, capacitación laboral y equidad social) y afrontando exitosamente los grandes retos del desarrollo de la planta productiva (que incluyen su expansión, diversificación y tecnificación, la resulta reducción de las desigualdades entre los sectores y ramas de la producción, así como la articulación interna del aparato productivo), bajo un marco de preservación y mejoramiento ambiental.
TERCERA PARTE
POLITICAS DEL DESARROLLO GENERAL
I
Estado eficiente para el desarrollo sostenido.
La hipótesis según la cuál la mano invisible del mercado conduce providencialmente el accionar espontáneo de los agentes económicos privados, de modo que el mercado libre –sin intromisiones del Estado- es la mejor garantía del desarrollo económico sostenido y la equidad social, está siendo otra vez reconocida como una hipótesis unilateral y anticuada “Ahora tenemos conciencia –ha reconocido el Banco Mundial- de la complementariedad del Estado y el mercado”. “Un Estado eficaz es imprescindible para poder contar con los bienes y servicios- y las normas e instituciones- que hacen posible que los mercados prosperen y que las personas tengan una vida más saludable y feliz. En su ausencia, no puede alcanzarse el desarrollo sostenible ni en el plano económico ni en el social”

En general, la tesis neoliberal de que el achicamiento del Estado eleva la eficiencia del sistema económico no está corroborada por la experiencia universal. Países con alta participación del Estado en la promoción del desarrollo económico y del bienestar social (véase cuadro 19) muestran, con harta frecuencia, mayores grados de desarrollo y más altos niveles de bienestar.

Tampoco es exacta la tesis friedmaniana de que un Estado pequeño es más propicio para el desarrollo de la democracia. Por el contrario, Estados grandes (como Francia, Holanda, Alemania o Italia, donde los gastos del gobierno central representaron, en 1996, el 46.7%, 48.5%, 33.6% y 50.6% del PIB, respectivamente: véase cuadro 19) son frecuentemente, paradigmas de democracia política y también, de democracia económica y social, precisamente por la responsabilidad asumida por los poderes públicos en la distribución del ingreso y en la promoción activa del desarrollo económico y el bienestar social. Desde luego, no es el tamaño del Estado lo realmente relevante, sino su capacidad de emprender y promover eficazmente las tareas de interés común.

Históricamente, las dicotomías Estado-mercado, protección libre cambio, interés público-interés privado, han constituido el eje triádico en torno al cual se han conformado las grandes corrientes del pensamiento económico. Su posición respecto a los polos de estas dicotomías diferencia sustantivamente, en los siglos XVI-XIX, al mercantilismo (amén de la escuela histórica y los socialismos) del liberalismo clásico; y, en el siglo XX, al keynesianismo (amén de la economía social de mercado, la escuela japonesa de economía y los socialismos) del neoliberalismo. Las naciones han sido beneficiarias o víctimas cuando las políticas económicas prácticas de sus gobiernos –y las teorías económicas que las inspiran- han guardado, o no, un sensato equilibrio respecto a los polos de estas dicotomías.

Por fortuna, después de varios lustros de experimentación neoliberal esta emergiendo el reconocimiento de las debilidades y fallas del mercado entre importantes organismos multilaterales que recomiendan la intervención eficiente del Estado como condición de un exitoso desarrollo económico y social. Así, la revaloración de las funciones del Estado en el desarrollo viene siendo realizada por el Banco Mundial desde los primeros años noventa. “La intervención del sector público –señaló en 1991- no es de por sí una medida indeseable. Por el contrario, muchos tipos de intervención son esenciales para que las economías cristalicen todas sus posibilidades. En una lista abreviada de intervenciones indispensables se incluirían el mantenimiento del orden público, el suministro de bienes públicos, la inversión en capital humano, la construcción y reparación de las obras de infraestructura y la protección del medio ambiente. En todas estas esferas (y cabría sostener que en otras) los mercados son “deficientes”, por lo que es preciso que el Estado intervenga”. Un año antes, la CEPAL señalaba: “Parece conveniente desideologizar el tema de la intervención pública en el proceso de desarrollo” e “inducir una interacción eficiente entre los agentes públicos y privados”; la transformación productiva con equidad requiere una acción pública que “permita combinar la gestión macroeconómica con políticas sectoriales y con las orientaciones estratégicas”.

Así, después de dos décadas de borrachera ideológica adamsmithiana y del Estado (a fin de permitir a la mano invisible cumplir su mágica función de asignar óptimamente los recursos productivos, consiguiendo el pleno empleo y la equidad distributiva), es notoria la confluencia de influyentes organismos multilaterales a favor de políticas que guarden una sana complementariedad entre el mercado y el Estado.

La revaloración del papel de las instituciones y de las políticas públicas en el desarrollo ha emergido también en los nuevos hallazgos del pensamiento económico universal, especialmente de la nueva teoría del comercio internacional, la nueva teoría del crecimiento, el neoestructuralismo latinoamericano, la nueva teoría del desarrollo (que moderniza los argumentos de la “vieja” teoría del desarrollo), la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo; y, contundentemente, por la nueva investigación histórico-económica.

“Los gobiernos –decía el más reconocido fundador de la teoría del desarrollo, premiado con el Nobel de Economía en 1979- pueden ejercer una influencia notable en el crecimiento económico. Si hacen lo que deben, el crecimiento se acelera. Por el contrario, si hacen muy poco o lo hacen mal el desarrollo se retarda”, Cuarenta años después, la nueva economía institucional o neoinstitucionalismo afirma, consistentemente, que las instituciones “explican el éxito o el fracaso, o bien el crecimiento o el estancamiento de un sistema socioeconómico”. “Los enfoques tradicionales –observa en México José Ayala- han analizado el desarrollo económico como un proceso cuya dinámica y resultados dependen esencialmente de los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios que se intercambian”, asumiendo “que los mercados llegan siempre a resultados eficientes.”. En realidad, “las naciones no producen dentro de sus fronteras aquello que la dotación original de recursos permite, como lo predice la teoría convencional, sino lo que las políticas y las instituciones permiten”.

En esta perspectiva, el ideal de un Estado mínimo se ha convertido en un axioma socialmente absurdo. Como señaló Ajay Chhibber, coordinador del informe sobre el desarrollo mundial 1997, del Banco Mundial: “Quizás el péndulo del desmantelamiento del Estado fue demasiado lejos, y ahora existe la necesidad de regresarlo a una posición intermedia”; al tiempo que el presidente del Banco Mundial, James D. Wolfenshon calificó “como punto de vista extremo” el que pregona que el Estado debe ser reducido a su mínima expresión”, pues si bien un Estado de ese tipo no causaría ningún mal, tampoco sería muy beneficioso”. A fin de elevar el nivel de bienestar de la población –indica el documento del Banco Mundial- tendrá que ampliarse la capacidad del Estado, es decir, su capacidad de emprender y promover acciones de interés colectivo en forma eficiente”. De esta manera, está emergiendo un nuevo consenso acerca de las funciones del Estado eficaz requerido para el desarrollo.

En primer lugar, se reconoce que el Estado es esencial para forjar las instituciones indispensables que el mercado requiere: un sistema jurídico garante del cumplimiento de los contratos, la protección de los derechos de propiedad, la estabilidad política, el orden público y la seguridad nacional, como funciones clásicas del Estado, a las que se han agregado la protección del ambiente.

En segundo lugar, políticas públicas activas para preservar y, en su caso reestablecer los equilibrios macroeconómicos, son consideradas condición crucial para el dinamismo económico de largo plazo. “La pasividad de las políticas macroeconómicas ante súbitos cambios externos –variaciones de las tasas de interés internacionales, los términos de intercambio o la disponibilidad de capital –o internos, ha concluido el staff de la CEPAL. “da por resultado un avance intermitente (stop and go) Así, la consecuencia ineludible es un descenso en el uso neto promedio de la capacidad productiva, seguida de un impacto adverso sobre el empleo”. Por ello, un Estado eficiente debe desplegar políticas macroeconómicas activas capaces de contener los eventuales desequilibrios internos y externos dentro de una franja de seguridad macroeconómica.

En tercer lugar, se admite como función crucial del Estado la provisión de la infraestructura física esencial, particularmente en obras de comunicación y urbanas como el drenaje y el suministro de agua potable.

En cuarto lugar, se reconoce la responsabilidad ineludible del Estado en la formación de recursos humanos, a través de la educación, el impulso al desarrollo científico-técnico y el apoyo a la capacitación laboral y empresarial.

En quinto lugar, se admite como función crucial del Estado cuidar la equidad en la distribución del ingreso y la superación de la pobreza, así como el despliegue de políticas sociales orientadas a promover la salud y la previsión social.

En sexto lugar, se considera responsabilidad del Estado –después de numerosas crisis bancarias sistémicas en el mundo- la creación de instituciones reguladoras y supervisoras del sistema financiero, a fin de garantizar la solidez y el cumplimiento eficiente de las funciones de intermediación financiera.

En séptimo lugar, se reconoce como función del Estado la corrección de fallas comprobadas del mercado. “Una normatividad debidamente formulada –por ejemplo- puede ayudar a la sociedad a aprovechar las fuerzas del mercado en beneficio de los fines públicos. La reglamentación puede contribuir a proteger a los consumidores, a los trabajadores y al medio ambiente. Puede estimular la competencia y la innovación y, al mismo tiempo, poner coto a los abusos de los poderes monopólicos”.

En octavo lugar, aunque existen serias controversias respecto a las políticas sectoriales de fomento económico, la mayoría de los economistas –incluso neoclásicos- admiten que las fallas de mercado observadas en la innovación tecnológica, la capacitación de mano de obra o en los sistemas de crédito (frecuentemente inaccesible para las pequeñas empresas) justifican la intervención gubernamental para compensar dichas fallas. Desde luego, la corriente ortodoxa se inclina por medidas horizontales (que no favorezcan a ningún sector o rama de la producción en especial); pero otros economistas argumentan sólidamente la pertinencia de políticas sectoriales, cuando se trata de inversiones cuyas “externalidades” positivas (o efectos de arrastre sobre otras industrias) justifican apoyos especiales (v.gr. a industrias de avanzada tecnología); o bien, cuando existen rendimientos crecientes a escala que justifican apoyos compensatorios o de soporte hasta cierto umbral de producción; o incluso en caso de industrias decadentes donde se justifica la administración del ajuste a fin de atemperar sus efectos sobre el empleo, directos y colaterales. Por eso, hasta el Banco Mundial se muestra dispuesto a reconocer el despliegue de
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