F.Conclusiones
El tema que se aborda en este estudio es complejo y no se presta fácilmente a conclusiones categóricas. Aun así, del análisis realizado se desprenden algunas conclusiones preliminares que se discuten a continuación.
En primer lugar, parece improbable que el Congreso actúe positivamente sobre el HR 2000, especialmente luego de haberle dado paso a una iniciativa presidencial dirigida a facilitar un plebiscito de estatus bajo la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
En segundo lugar, la falta de un consenso político y académico en Estados Unidos sobre el futuro político de la Isla, y el hecho de que el Congreso federal todavía “no tiene a Puerto Rico en el radar”, a pesar de su crisis económica y sus posibles repercusiones en el continente, hacen pensar que el tema no se va a decidir próximamente. El Congreso con toda probabilidad hará lo mismo que en ocasiones previas, aplazar el asunto.
En tercer lugar, a pesar de lo dicho antes, la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) hace bien en estudiar las posibles consecuencias económicas de un cambio de estatus, especialmente de un cambio a la estadidad, porque sus implicaciones son significativas para cualquier estrategia económica futura. Los planes de la CCE para estimular el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de capital puertorriqueño, y de una base de exportación de empresas puertorriqueñas, podrían afectarse con un cambio a la estadidad.
En cuarto lugar, el análisis de los efectos de la estadidad en la estructura fiscal del estado puertorriqueño plantea retos importantes. Bajo la estadidad, Puerto Rico enfrentaría lo que Peat Marwick describió hace más de 20 años como un “dilema presupuestario”, consistente en la decisión difícil de establecer una carga contributiva excesiva a las personas y los negocios (la carga que existe en la actualidad en la Isla, más la carga contributiva federal que vendría con la estadidad) o recortar significativamente las fuentes locales de ingreso y los gastos del Estado en servicios públicos. En la condición actual de crisis fiscal, ese dilema se agudiza y adquiere un carácter más urgente, llegándose incluso a plantear dudas sobre la viabilidad fiscal de la estadidad.
En quinto lugar, se concluye que bajo la estadidad Puerto Rico perdería la autonomía fiscal de la cual disfruta hoy día. Esta autonomía hace posible que se eximan individuos y corporaciones, tanto de la Isla como foráneas, del pago de contribuciones sobre ingresos cuya fuente se deriva en la Isla.
En sexto lugar, un asunto de particular importancia para la CCE es que la estadidad representaría una carga contributiva muy pesada para las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales, a menos que se reduzcan sustancialmente las contribuciones a nivel Isla, ya que las pymes constituyen precisamente el grupo empresarial objetivo para los planes de promoción económica de la CCE.
En séptimo lugar, el análisis realizado en este estudio valida la conclusión del Joint Committee on Taxation en el año 2006 de que la extensión de los impuestos federales a la Isla provocaría una reestructuración del sistema tributario en Puerto Rico.
Por último, el estudio del posible nexo entre competitividad, convergencia y estadidad lleva a pensar que dicho vínculo no es tan claro como lo presentan algunos proponentes de la estadidad como fórmula óptima de estatus para Puerto Rico. La convergencia y la competitividad sí están conectadas al tema del estatus político, pero no se trata de una línea de causalidad simple y automática como la han presentado algunos investigadores. Algunos aspectos de la estadidad podrían favorecer la competitividad de Puerto Rico y su convergencia con la economía de Estados Unidos, como por ejemplo la mayor inversión en el cuidado de la salud. Sin embargo, hay otros factores que pesan en la dirección contraria, como los efectos posibles en el mercado de trabajo, en la promoción de inversión externa y en el posible aprovechamiento de las relaciones internacionales.
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