G.Recomendaciones
Del análisis realizado en el estudio y sus conclusiones se desprenden varias recomendaciones, las cuales se discuten detalladamente en el capítulo final del informe. Para referencia rápida, la lista de recomendaciones se presenta a continuación:
Atender el problema de la percepción que se tiene de Puerto Rico en Estados Unidos.
Optimizar el uso de los fondos y recursos recibidos de Estados Unidos.
Convocar una comisión no partidista de alto nivel para estudiar la crisis.
Fortalecer políticas de Estado resistentes a los cambios partidistas en el Gobierno.
Desarrollar nuevos mecanismos de consulta y negociación entre Puerto Rico y Estados Unidos.
Promover consensos procesales en materia de estatus.
Desarrollar estrategias de inserción en la globalización.
Promover la diversificación del sector manufacturero y la participación del capital puertorriqueño en el sector.
Aumentar los eslabonamientos interindustriales mediante la sustitución selectiva y eficiente de importaciones.
Promover la exportación de servicios.
Desarrollar una estrategia para aumentar la aportación del turismo al PNB.
Entablar un diálogo con Estados Unidos para mejorar la participación de Puerto Rico en los tratados de libre comercio.
Fomentar la investigación y el desarrollo para viabilizar una capacidad endógena de innovación.
Negociar con el Congreso de Estados Unidos la exención de Puerto Rico de la Ley de Cabojate (Jones Act).
Promover un mejor alineamiento entre el sistema educativo y las necesidades de un sistema enfocado en la economía del conocimiento.
Fortalecer las fuentes internas de recursos fiscales.
Darle permanencia y estabilidad al arbitrio de la Ley 154.
Crear un Fondo para Infraestructura, utilizando parte de los recursos generados por el arbitrio del 4% a las corporaciones foráneas.
Diseñar nuevos mecanismos —aparte de la exención contributiva— para atraer inversión externa.
Asignar más recursos a la fiscalización contributiva.
Negociar mayor autonomía en la definición de prioridades para el uso de fondos federales en función de las necesidades particulares de la Isla.
Promover la diversificación de las exportaciones.
Aumentar la presencia de Puerto Rico en organismos regionales.
Potenciar el empresarismo puertorriqueño.
Mejorar los sistemas de información sobre las empresas puertorriqueñas en el comercio exterior.
Enfocar la política pública en las variables determinantes del crecimiento económico.
Atender las dimensiones institucionales de la convergencia con la economía de Estados Unidos, con énfasis en los determinantes de la capacidad de innovación.
Capítulo 1: El Congreso de Estados Unidos y los escenarios políticos del estatus: una evaluación crítica
José Javier Colón Morera
Departamento de Ciencias Políticas,
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Introducción
En este ensayo exploro algunos de los factores principales que explican las acciones y, quizás más importante aún, las múltiples inacciones o posposiciones del Congreso de Estados Unidos en torno al tema del futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y dicho país. Además, señalo los principales debates contemporáneos públicos y académicos sobre el tema al interior de Estados Unidos y algunas posibles áreas de oportunidad para gestionar alteraciones al marco jurídico-político presente.5 Esta nueva conversación de bajo nivel sobre el futuro de Puerto Rico ocurre en medio de una aguda crisis fiscal en la Isla, que está generando atención amplia dentro y fuera de Estados Unidos. Esa crisis fiscal llevó a la agencia Standard and Poor’s a rebajar el crédito de Puerto Rico como uno de alto riesgo, y ello ha sido objeto de atención en Estados Unidos y en la prensa internacional (Hitchcock, 2014, Pozzi, 2014; Yoon, 2014).
Argumento que este contexto de crisis no necesariamente contribuye a la consideración de escenarios alternos para Puerto Rico en el legislativo estadounidense, especialmente si implican un aumento sustancial de erogación fondos federales. Existen, sin embargo, algunos investigadores que insisten en que este es un momento adecuado para propiciar nuevos niveles de autonomía para Puerto Rico en el campo económico, que le den respuesta a la crisis de forma efectiva y adapten el Estado Libre Asociado (ELA) al contexto global.6 Ello es especialmente cierto, se argumenta, después de votaciones recientes en Puerto Rico que muestran insatisfacción con el statu quo.
Lo que impera en Washington, sin embargo, es el desinterés y la ausencia de una política nacional común sobre el futuro de Puerto Rico. El Gobierno de Puerto Rico, por otro lado, tampoco ha articulado hasta el presente cuál es el aumento de poder autonómico que está reclamando, ni está utilizando hasta el máximo los poderes que el ELA le provee para ampliar su marco de acción autonómico (Helfeld, 2011).
Debido a la coyuntura política específica en que se encuentra Puerto Rico, considero algunos de los pormenores de la legislación presentada dirigida admitir la Isla como un estado de Estados Unidos. Esta es la única petición de alteración sustantiva a las relaciones políticas presentes (HR 2000, 2013) que ha sido colocada en la mesa de trabajo del legislativo estadounidense, aunque las probabilidades de aprobación son mínimas luego de que el Congreso adoptara la iniciativa, eminentemente procesal, del presidente Barack Obama dirigida a facilitar la celebración un nuevo posible plebiscito de estatus bajo la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Caribbean Business, 2014).
Es preciso aclarar, sin embargo, que ese examen sobre la estadidad se lleva a cabo en momentos en no existe ningún tipo de consenso académico sustancial, ni entre los centros de estudio (think tanks) en Estados Unidos, sobre si Puerto Rico debe ser admitido o no como estado. En este siglo se han publicado varios libros y artículos sobre el tema del llamado estatus y el debate continúa. Aunque autores como Duffy Burnett (2007), Pastor (2009) y Thornburgh (2007) apoyan la estadidad, por distintos motivos y con distintos niveles de intensidad, ello es muy debatido por otras corrientes. Alexander Odishelidze y Arthur Laffer (2004) también favorecen un cambio hacia la estadidad o la independencia, sin que ello haya movido a los hacedores de política pública a actuar de forma decisiva.
Se han esbozado argumentos, por otro lado, fuertemente en contra de una mayor presencia hispana en Estados Unidos (Hungtinton, 2002); mientras que Rubinstein (2001), por ejemplo, es claro y terminante al exponer: “The danger is clear: the admission of Puerto Rico as a state would make Spanish coequal with English as the language of the United States and give rise to political tensions that could threaten the stability of the federal union”. Otros intelectuales de Estados Unidos anticipan la continuación del statu quo (Rezvani, 2007) o favorecen la exploración de alteraciones al ELA (Aleinikoff, 2002).
Incluso hay autores que favorecen la transición hacia la independencia (Ingram, 2001). Desde una perspectiva independentista crítica, Ayala y Bernabe (2007) apoyan un proceso amplio y participativo de autodeterminación. Duany (2003), por su parte, explica el auge del nacionalismo cultural en la Isla y en Estados Unidos movido en parte por patrones de intensa migración y cómo ello, paradójicamente, reduce las posibilidades de la independencia. Collado-Schwarz (2012) argumenta fuertemente a favor de otorgarle la soberanía a Puerto Rico en un marco de interdependencia. Describo este incipiente debate en otro lugar (Colón Morera, 2010), pero basta aquí destacar que no existe nada parecido en Estados Unidos a un consenso intelectual en torno al asunto.
En general, sin embargo, se percibe una inclinación en el ámbito académico de Estados Unidos a favor de la proposición de que la población del territorio en cuestión tiene que ser profundamente leal a una identidad política y cultural común, si interesa ser parte de la unión federal.7 Aunque los defensores de la estadidad apuntan, entre otros, hacia la participación de los puertorriqueños en los conflictos armados de Estados Unidos como una muestra de lealtad, (Gelpí, 2011, 24), también es cierto que ha habido fuertes enfrentamientos armados entre favorecedores de la independencia en actos de alto valor simbólico (Fernández, 1992). En el pasado reciente han ocurrido fuertes confrontaciones entre partidarios de la estadidad y la independencia, motivados por una llamada “guerra de banderas” (Carrión, 2006).
En ese contexto, de ausencia de un contexto sustantivo sobre el problema, se explica mejor la política de posposición de la Casa Blanca de llevar a cabo un nuevo plebiscito en la Isla. Esta iniciativa del presidente Obama fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos y regiría de forma general la celebración de una consulta de estatus en una fecha futura, a ser determinada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los términos específicos de esta potencial consulta electoral quedan en manos del Gobierno de Puerto Rico, pero la erogación de fondos para celebrarla se hará luego de que el secretario de Justicia de Estados Unidos dé el visto bueno constitucional a las definiciones de estatus a presentarse al electorado.
El hecho de que el Congreso haya optado por favorecer la celebración de otra votación, bajo los términos sugeridos por el presidente Obama, prácticamente anula la posibilidad de que el legislativo de Estados Unidos apruebe el HR 2000. Una vez más, el Congreso decide aplazar para una fecha futura la consideración sustantiva de las opciones de estatus, asunto que no ha sido tratado de forma detallada por el Senado y la Cámara de Estados Unidos desde 1991, hace ya más de veinte años. Ello es consistente con la ausencia de un consenso sustantivo sobre el futuro de Puerto Rico.
Aun tomando en cuenta la inminencia de una consulta electoral de estatus en Puerto Rico, organizada por el Gobierno de la Isla bajo supervisión federal, argumento que no es fácil de anticipar a corto o mediano plazo un alineamiento de factores diversos que produzca alteraciones significativas o una solución de largo plazo al tema de las relaciones políticas futuras entre Puerto Rico y Estados Unidos. Además de no existir consenso académico sobre el tema, mucho menos existe consenso político en torno al mismo.
Por otro lado, existen poderosos grupos de interés que ejercen una influencia sobre el Congreso en dirección de que no se altere el statu quo de Puerto Rico. Me refiero especialmente a sectores vinculados a un nivel alto de inversión manufacturera que opera en Puerto Rico como si fuera un territorio extranjero para fines contributivos, disfrutando de beneficios sustanciales que son incompatibles con la estructura contributiva federal. Para este sector, un cambio de estatus en dirección a la estadidad podría hacerlos reconsiderar continuar su operación en Puerto Rico. Altos ejecutivos de la industria farmacéutica, por ejemplo, han admitido que la imposición de nuevos impuestos corporativos bajo el escenario de la estadidad obligaría a algunas de esas compañías a reconsiderar su nivel de inversión en la Isla.8
Un nuevo plebiscito de estatus debería volver a reflejar, en el corto o mediano plazo, una profunda división de los residentes de Puerto Rico sobre este tema. Está por verse si la clase política posee la voluntad política de ponerse de acuerdo sobre mecanismos, al menos de naturaleza procesal, que permitan articular demandas de cambio que incidan de forma efectiva a corto plazo. La convocatoria de una asamblea de estatus podría proveer esa oportunidad. A ese asunto regreso más adelante.
|
