Colonia, nación y monarquía




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autor de El Vasallo instruido (c. 1789), esa irascible colección de sermones en respuesta al levantamiento comunero en la Nueva Granada, notamos una reticencia completa a usar el término colonia para las provincias americanas. Cuando aparece, tiene siempre el sentido de asentamiento poblacional, excepto en el último capítulo, titulado “Demuestra el Dominio y Señorío natural de los Reyes de España en la América”. En este capítulo Finestrad usa reiteradamente “colonia” para designar la posesión que ha sido adquirida en condición tiránica e ilegítima y es sometida a un regimen de explotación marcado por la avaricia, ambición, la rapiña y la usurpación:

Díganme estos académicos: ¿en qué título fundaron sus naciones el dominio y señorío en el Canadá, en la nueva Inglaterra y en la nueva Escocia?. ¿Con qué derecho legitimaron su posesión los holandeses y dinamarqueses en la nueva Holanda y en la nueva Dinamarca? ¿Qué causas tuvieron para dominar las islas Lucayas, las Bermudas y los establecimientos en tantas ciudades, puertos y playas en el África y en el Asia?. ¿Cuál es el origen de estas Colonias?. ¿No fue ciertamente la avaricia, la ambición, la rapiña, la usurpación de unos nacionales violentos, aventureros, sanguinarios y piratas invasores?

Contra esa tiranía que justamente podemos llamar colonial en el sentido contemporáneo, Finestrad destaca los justos títulos de España sobre América.

¿Pero qué me canso yo en increpar a las naciones extranjeras el origen de sus nuevas colonias? … Jamás las naciones extranjeras podrán presentar en tribunal alguno los títulos tan nerviosos del señorío en América como mi Nación (Finestrad, 2000: 398).

Más importante que la cesion papal, la condición de dominio justo exhibida por España se ratifica con “el consentimiento del mismo pueblo Americano que aseguran a España en sus derechos y posesión pacífica de mucho tiempo que es un título evidente y nada equívoco de su dominio y señorío natural” (2000: 403).

Esta nueva significación del concepto colonial está marcada por tres núcleos de sentido. En primer lugar, es evidente que el concepto de colonia indica en este caso que la relación de la posesión con la Nación (es decir, con lo que a finales del siglo XIX se considera la comunidad política por excelencia) es de absoluta exterioridad. Contrario al modelo romano, en esta acepción el colono no es ciudadano, ni hace parte de la nación.

En segundo lugar, el nuevo significado de colonia suscita o retrotrae el problema de legitimidad del dominio. Aun cuando se siguen invocando las donaciones papales como principio legitimador del imperio, su eficacia es limitada, e incluso Finestrad -dado en múltiples otras ocasiones a fundamentar el orden sobre la voluntad del Rey- apela al consentimiento. Por su parte, lo esencial de las colonias es que son territorios donde ese consentimiento no ha sido otorgado; su dependencia en las metrópolis es resultado de la fuerza ejercida sobre sujetos no europeos, considerados incapaces de detentar su propia soberanía. Sin embargo, una mala consciencia invariablemente acompañaba ese ejercicio. Para finales del siglo XVIII no solo la escuela salamantina había sentado un legado político en cuanto al carácter viciado de todo dominio fundado en la violencia; Jean Jacques Rousseau, cuya recepción hispánica ocurrió más frecuentemente a través de sus comentadores, sentenciaba la imposibilidad de la violencia para otorgar legitimidad de dominio (Vitoria, 1946; Rousseau, 1992: cap IV). No es sorprendente, entonces, que los agitadores americanos retomen el tema del justo dominio durante el periodo de la crisis política y las guerras de la Independencia29.

En tercer lugar, en el nuevo nudo de significados del concepto colonia esa relación está marcada por un craso regimen de explotación económica -una despiadada fuente de enriquecimiento- que suprime el lazo político. El regimen de explotación convierte a los hombres en esclavos y no admite preocupación alguna por el colonizado. “La opresión y violencia, escribe Finestrad, que observamos en sus Colonias [francesas] son el pronóstico seguro de sus producciones” (2000: 269r, p. 404). No sorprende que esas sean las metáforas de las que se nutre las primeras declaraciones incendiarias posteriores a la crisis de 1808. Ignacio Herrera escribe en Reflexiones que hace un americano imparcial al diputado de este Reino de Granada para que las tenga presentes en su delicada misión” (1º septiembre de 1809): “La América no se reputa ya por unas colonias de esclavos, condenadas siempre al trabajo” (Almarza Villalobos y Martínez Garnica 2008: 63). Y el mismo Camilo Torres, que seis meses antes en la “Representación del Cabildo a la Junta Suprema” había apelado al sentido clásico de colonia para argumentar el derecho a participar en condición de igualdad en la Junta Suprema (representante de la nación española en ausencia del Rey), se preguntaba en mayo de 1810:

¿Y será posible que todas las naciones gocen de este derecho esencial e imprescriptible, que el negro de Haití, al tiempo de recobrar su libertad, estableciese libremente su constitución y su gobierno, y que la Española Americana, en el momento feliz de su independencia, no goce del mismo derecho…?

Como consecuencia de la convergencia gradual de estos tres significados en el lenguaje de los oficiales de la Corona, se consolida durante el siglo XVIII una visión de los dominios americanos como territorios para ser administrados, no gobernados.

Si bien es cierto que ni los más fanáticos seguidores de Gálvez se expresaron abiertamente de ese modo, ni los americanos se representaron como colonizados, a los ojos de observadores europeos -como Raynal, Robertson, Pradt- las Indias españolas eran sin lugar a duda colonias a finales del siglo XVIII, de la misma manera que otras posesiones francesas, británicas u holandesas30. Una percepción que, de acuerdo a recientes estudios sobre la política imperial en el último cuarto del siglo XVIII, no es tan desatinada ni fuera de lugar. Luis Navarro García señala que “En el terreno de los hechos, esa política fue cerradamente colonialista hasta 1808” (Navarro García, 2000: 75-91). Aun más, dado el impacto de las políticas abiertamente imperialistas de la Corona y de la creciente irritación de las élites económicas y políticas americanas, debemos tomar en cuenta los modos en que esos autores se leían en América -particularmente cuando sus lecturas eran necesariamente clandestinas- durante la primera década del siglo XIX31.

Finalmente mencionemos una tercera posición -variante, en realidad, de las anteriores- que pondera la naturaleza de los lazos de América con España. En 1750 Jacques Turgot había escrito en “Discursos sobre el progreso humano” (1750) que “Las colonias son como los frutos que no dejan el árbol hasta su madurez. Una vez suficientes a si mismas, hicieron lo que hizo Cartago, lo que hará un día America” (Turgot, 1991: 46). Esta posición insistía en la inevitabilidad de la separación de las colonias y proponía la creación de varias monarquías americanas independientes aunque unidas por lazos dinásticos. Los controversiales proyectos del Conde de Aranda y el Intendente General de Caracas (1777-1783), José de Ábalos, y el posterior intento de Manuel Godoy, Ministro de Carlos IV, de promover la constitución de las colonias en reinos autónomos con monarcas de la misma casa española, representan un intento por preservar la unidad de la Corona ante el reconocimiento que la distancia de las provincias americanas, sus enormes riquezas y la diversidad de su carácter las empujan a buscar su independencia32. Ante esa realidad -que las colonias forman su propia nación- es mejor propender, como señala el Conde de Aranda, por “cuatro naciones [una por cada virreinato]… unidas por la más estrecha alianza ofensiva y defensiva para su conservación y prosperidad” (en Lucena Giraldo, 2004: 77)33.

En esa tradición, aunque con un matiz político marcadamente diferente, vale la pena mirar un texto del importante ilustrado Valentín de Foronda, Carta sobre lo que debe hacer un príncipe que tenga colonias a gran distancia (Filadelfia, 1803; Cadiz 1812). En realidad son dos textos, pues la edición de 1812, además de reproducir el texto de 1803, le agrega un aparte sustancial en el que reitera la propuesta, adecuada esta vez a las nuevas realidades jurídicas posteriores a la Real Orden del 15 de abril de 1810, en el que el Consejo de Regencia señalaba la absoluta igualdad entre las partes americanas y europeas de la Corona. A Foronda no lo agobia la conciencia de saber que América pertenece a la Nación, o la premonición angustiosa que las provincias americanas buscaban la independencia. Al contrario, a Foronda lo que le preocupa es el lastre económico que éstas le representan y los efectos perniciosos que supuestamente han tenido sobre las industrias peninsulares. Es por eso que en 1803 propone que para España resulta más conveniente vender las Colonias americanas e invertir el dinero resultante en la construcción de infraestructura, escuelas y servicios hospitalarios y, sobre todo, en estímular la agricultura. En la versión de 1812 Foronda señala que la idea de la venta no se puede realizar porque los americanos “son iguales á nosotros por la ley, y por la razón …; luego deben gozar de las mismas ventajas” (Foronda, 1812: III). Su razonamiento es impecable:

Digo que [las colonias] solo nos servirán de un intolerante peso, porque en virtud de la igualdad de derechos de ciudadanismo podrán plantar viñas, olivares &c. y entonces á Dios la exportacion de nuestros frutos: podrán Igualmente establecer todo género de manufacturas, y si no la establecieren los efectos serán igualmente funestos á la España, mientras no pueda competir con la índustria extrangera, porque los barcos suecos, rusos, ingleses podrán ir á sus puertos en derechura sin pagar más derechos, de los que pagarían en España, ó que paguen los españoles. No solo podrán ir los barcos de todas las naciones, sino que podrán establecerse todos los extrangeros lo mismo que en España, Sí Señores, no hay duda en esto. Son iguales á nosotros por la ley, y por la razon los americanos; luego deben gozar de las mismas ventajas.

En otras palabras, si las provincias americanas son integrantes de las nación, no son colonias y entonces, el arreglo político de tres siglos deja de tener sentido: “¿Si gozan de las mismas ventajas -se pregunta Foronda- dónde está la utilidad de su conservacion?” De ese modo, Foronda propone cesar toda discusión en las Cortes sobre la representación americana y otorgarles a las provincias americanas inmediatamente su independencia.

  1. 1808-1814: Los usos políticos del concepto colonia

Hemos visto como el vocablo “colonia” se volvió concepto -en el sentido que le da Koselleck- y cómo se ha llenado de significados contradictorios que son índices de experiencias coloniales muy concretas y factores en los procesos de definición de la naturaleza del lazo entre América y la Corona. Su condición de concepto socio político fundamental del siglo XVIII se hace evidente en su capacidad para acojer, aun de manera incómoda, realidades políticas poco antes claramente diferenciadas. Igualmente el concepto se convertirá a partir de 1808 en uno de los prismas privilegiados por medio del cual los criollos entienden su relación con la nación y la representación. Así pues, en vez de descalificar el término como puro mito ideologizado, resulta más útil analizarlo como instrumentos “evaluativo-descriptivos”, es decir aquellos términos que, según Quentin Skinner, se usan para describir acciones, y al mismo tiempo tiene el efecto de evaluarlas (Skinner, 2002: 254). Sólo de ese modo -es decir, suponiendo que tanto “colonia” como “colonial” hicieron parte del arsenal conceptual de los diversos actores de la época- se puede entender la vehemencia de las discusiones que siguieron a la crisis de legitimidad del sistema monarquico en 1808.

En mayo de 1808, congregada la Asamblea Constituyente de Bayona, se invitan seis delegados americanos a participar en las deliberaciones para aprobar la versión final de la Constitución española de filiación bonapartista. Pronto, el principio de igualdad entre la peninsula y las provincias americanas se convierte en un fuerte tópico de discusión y los diputados americanos toman un papel activo en el desarrollo del articulado que le dará contenido a tal proposición. Para el objetivo de este ensayo -y como evidencia incisiva de la animosidad visceral producida por nuestro concepto- vale la pena notar que la redacción inicial del título del artículo 82 leía “Las colonias españolas de América y Asia gozarán de los mismos derechos que la Metrópoli”. El título -y no el contenido- fue objetado por los diputados del Rio de la Plata José Ramón Milá de la Roca y Nicolás Herrera, quienes propusieron cambiar el término colonias -en ese pasaje y en todo el texto constitucional- por el de provincias hispanoamericanas o provincias de España en América (Actas de la Diputacion, 1874: 114)34. Después de extendida discusión, la enmienda fue aceptada e incorporada al texto final de la Constitución. Expresando el sentimiento de los delegados, Francisco Antonio Zea agradeció a Napoleón Bonaparte la participación de los americanos en los siguientes términos:

Estaba reservado al héroe que, únicamente atento al bien universal, levanta ó deprime los tronos, los crea ó los destruye, según conviene á los intereses del género humano; estaba, Señor, reservado á V. M. el primer acto solemne de aprecio y de justicia que la América ha obtenido de su metrópoli. Un sólo momento que V. M. ha tenido en Sus manos la Corona de España, que tan gloriosamente acaba de colocar sobre las sienes de su augusto hermano, hará olvidar en aquel mundo más de tres siglos de abandono y de injusta desigualdad (Villanueva, 1917: 215).

La discusión sobre los derechos de los americanos a participar en la nación no se repitió en los mismos términos durante las Cortes de Cadiz, en buena medida debido a los debates ocurridos en Bayona. Agustín de Arguelles en su intervención antes las cortes parte del supuesto que el nuevo orden político rompe con el orden colonial: “La América, considerada hasta aquí como colonia de España, ha sido declarada su parte integrante, sancionándose la igualdad de derechos entre todos los súbditos de V. M. que habitan en ambos mundos”35.

Notemos que -como indicaba Lempérière- ni el adjetivo colonial ni el verbo colonizar aparecen en los diccionarios de la época ni en textos de cualquier tipo, americanos o españoles, del siglo XVIII. Sólo en 1884 el diccionario ofrece una primera entrada para “colonial” y en 1899 la define como “Territorio fuera de la nación que le hizo suyo, y ordinariamente regido por leyes especiales” (RAE, 1899), definición que se mantendrá hasta nuestros días. Pero, como hemos dicho, los diccionarios son excelentes indicadores de estabilidad, pero pésimos para detectar las variaciones.

Una mirada a fuentes más diversas revela que el término colonial aparece con cierta frecuencia a principios del siglo XIX, tanto en la legislación comercial indiana como en la prosa de reformistas americanos, tales como José María Quirós y José Donato de Austria. En los textos de estos últimos el término es un simple adjetivo para designar el comercio que ocurre en las colonias o los productos de tierras americanas. Sin embargo, tres años después del texto de Quirós, “Memoria sobre la situación de la agricultura del virreinato” (1809) en el que afirma, de forma totalmente neutra, “Todas estas demostraciones y consideraciones prueban con la mayor evidencia cuán urgente es la necesidad de que el gobierno providencie el más pronto remedio, porque clama el actual estado de la agricultura colonial en estos ramos del principal abasto” el mexicano Fray Servando Teresa de Mier usa el término para impugnar lo que considera el proceso viciado de la representación americana en Cádiz: “El [sistema] colonial, dice, degrada tanto, que los hombres no pueden ser siquiera representados, como en España lo son las mujeres, los niños y los locos” (Mier, 1888: 330). La continuidad léxica en tan breve tiempo indica que el hiato semántico entre una ascepción y otra no es tan grande como argumenta Lempérière. Lo que ha pasado, en cambio, es que la agudización de la crisis de legitimidad así como las nuevas leyes sobre la libertad de prensa han permitido la aparición pública del concepto evaluativo.

En 1808 la crisis de legitimidad produce una “articulación profunda de nuevos significados” (Koselleck, 1993: 114-16), una alteración de las cuerdas imaginarias, como lo llamó Georges Lomné en su presentación en el seminario, que tenía, sin embargo, raíces locales muy profundas. Si hasta 1808 eran los funcionarios y reformistas españoles quienes exhibían una aguda conciencia de los múltiples sentidos de colonia, serán los americanos a partir de ese momento quienes asumirán la interlocución y explorarán las consecuencias políticas de ser colonias.

Así pues, cuando a mediados de julio llega a Ciudad de México la Gaceta de Madrid con noticias sobre las abdicaciones de Bayona y la ocupación francesa, el Ayuntamiento de la ciudad reacciona dirigiéndole al Virrey Iturrigaray un manifiesto declarando su lealtad a Fernando VII y requiriendo la creación de un gobierno provisional, con el Virrey a la cabeza, que rompa lazos con todas las autoridades francesas y españolas. El Ayuntamiento fundamentaba tal solicitud indicando que ante la

ausencia e impedimento [de los legitimos herederos del trono] reside la soberanía representada en todo el reino, y las clases que lo forman, y con más particularidad en los tribunales superiores que lo gobiernan, administran justicia, y en los cuerpos que llevan la voz pública, que la conservaran intacta, la defenderán y sostendrán con energía como un depósito sagrado, para devolverla, o al mismo señor Carlos IV, o a su hijo el señor príncipe de Asturias…36.

La Real Audiencia pronto se declara en contra de la declaración de soberanía y los fiscales dictaminarán que “Si un pueblo así subordinado o colonial como éste de Nueva España se entrometiese a nombrar tales guardadores, usurparía un derecho de soberanía que jamás ha usado ni le compete, y si lo hace por sí solo y para sí, ya era este un acto de división e independencia prohibido por esta propia ley”37. Por su parte, el fiscal de lo civil señalaba que “Yo no puedo persuadirme que reconociesen por legítima en las presentes circunstancias la soberanía de este pueblo colonial, y que estando incorporado el patronato de Indias en la corona de Castilla y León, lo ejerciese otra autoridad que la misma corona, o quien representase y ejerciese legítimamente sus derechos en la península de España” (Hernandez y Davalos: 1877: 13-14). El fiscal remataba señalando que “esta América adquirida por los reyes católicos entre otros por el derecho privilegiadísimo de conquista, es una verdadera colonia de nuestra antigua España…” (1877: 15).

Este es el contexto en el que el Conde de Floridablanca, el mismo que en 1768 había dictaminado que los reinos indianos ‘no son propiamente colonias’, y quien en ese momento era miembro de la Junta Central, invitó a los virreinatos y capitanías generales americanas a enviar diputados para que se incorporaran a la Junta Central (Navarro García, 2000: 80). La Real Orden del 22 de enero de 1809 señalaba que “los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias no son propiamente Colonias o Factorías como las de otras naciones, sino una parte esencial de la Monarquía española”. Seguida ésta por la declaración de abril 15 de 1810 que sentencia que

… los dominios españoles de ambos hemisferios forman una sola y misma monarquía, una misma y sola nación, y una sola familia y que, por lo mismo, los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos son iguales en derechos a los de esta peninsula.

Señalemos provisionalmente que no son actos sin precedentes. La Constitución francesa de 1795 declara igualmente las colonias francesas “partes integrantes de la República”, sujetos a las misma ley constitucional. Como es bien sabido, ese artículo jamás fue llevado a la práctica mientras que la Constitución bonapartista de 1800 restauró el antiguo régimen y declaró que las colonias debían ser gobernadas por leyes extraordinarias, de acuerdo a sus costumbres y circunstancias (Godechot 1983a; Godechot 1983b).

La cadena de respuestas americanas a la declaratoria de la Junta Suprema no se hizo esperar y constituyen hoy en día una de las fuentes de cultura política más ricas para comprender la llamada “desintegración” de la monarquía -tales como la de Mariano Moreno, “Representación de los Hacendados y Labradores” (sept 30 1809), Camilo Torres y el Cábildo de Bogotá, “La representación del Cábildo” (nov. 1809), José Amor de la Patria, “Catecismo Político Cristiano dispuesto para la instrucción de los pueblos de América meridional” (Chile a mediados de 1810), Fray Servando Teresa de Mier, “Idea de la constitución dada a las Américas por los reyes de España antes de la invasión del antiguo despotismo” (1812)- todos ellos retoman buena parte de las preocupaciones articuladas en torno al concepto de colonia y sugieren que tal desintegración está, sin duda, motivada igualmente por antagonismos y desencuentros locales muy profundos. Recordemos igualmente que esos mismos temas ocupan buena parte de los debates en las Cortes de Cádiz sobre la representación americana y la abolición del vasallaje y son los fundamentos de los repetidos intentos constitucionales de fundar nuevas soberanías.

Como lo señalamos al principio, la “Representación …” encara esos debates rescantando el sentido clásico de colonia, el cual insistía en ser un asentamiento nuevo de ciudadanos que, aun cuando físicamente separado del imperio, hace parte integral de éste38: “Las Américas … no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la Corona de España….” (Torres, 1832: 8). Partícipes de la nación hispánica los americanos consideraron la convocatoria como una oportunidad para “…reformar abusos, mejorar las instituciones, quitar trabas, proporcionar fomentos, y establecer las relaciones de la metrópoli, y las colonias sobre las verdaderas bases de la justicia” (Torres, 1832: 25). Para lograr esos objetivos los americanos precisan, dice la “Representación”, “manifestar nuestras necesidades, exponer los abusos que las causan, pedir su reforma, y hacerla juntamente con el resto de la nación, para conciliarla con sus intereses”. De otro modo, concluye en velada amenaza, “ella no podrá contar con nuestros recursos, sin captar nuestra voluntad”.

El problema fundamental para los americanos es el de la pertenencia a la Nación, pues de ella se deriva el disfrute de los derechos politicos de sus miembros. A pesar de su lenguaje moderno, es un problema que hunde sus raíces en el modo en que las reformas diezochescas dejaron la fuerte sensación en los americanos españoles que estaban en condición de desigualdad con relación a los europeos. Aun más, en 1809 estar al margen de la Nación significa no hacer parte de la República, quedar por fuera de la representación o participar en una representación disminuida. La “Representación del Cabildo” insiste en que aquellos a cargo de resolver la crisis política y de legitimidad no lo hacen adecuadamente, y no lo hacen debido a que no reconstruyen el mecanismo de legitimidad adecuadamente. Funciona, en cambio, lo que Camilo Torres llama un “principio de degradación” por medio del cual si bien los americanos están representados en la Nación, lo hacen de manera pasiva, desigual y disminuida (Torres, 1832: 8).

Que la representación del cabildo opte por apelar al antiguo concepto de colonia como asentamiento republicano es en si mismo diciente de la polivalencia del concepto y del grado de incertidumbre y ambivalencia presente en la capital neogranadina en 1809. Una ambivalencia que se deja sentir en el supuesto beneplácito con que es acogida la declaración de la Junta Central del 26 de octubre de 1808 por las que ésta declara que “nuestras relaciones con nuestras colonias, serán estrechadas más fraternalmente, y por consiguiente, más útiles”. De hecho, en ese contexto inestable la noción clásica de colonia -asentamiento que hace parte de la nación, pero que mantiene una relación agregativa con la Corona- resulta sorprendentemente afín con las aspiraciones autonomistas expresadas -casi furtivamente- al final de la “Representación” y que constituyen su verdadera ambición politica. En efecto, la “Representación” señala que en la medida que una convocatoria general de la Nación sea muy difícil de llevar a cabo, además de costoso de mantener, se debe convocar y formar “en estos dominios Cortes generales, en donde los pueblos expresen su voluntad que hace la ley, y en donde se sometan al régimen de un nuevo gobierno o a las reformas que se mediten en él” (Torres, 1832: 30). Esta manera hábil de expresarse evidencia ciertas continuidades interesantes con las ideas federalistas expresadas previamente por Aranda, Abalos y otros.

El proceso de polarización es casi inmediato y generalizado en el Nuevo Reino de Granada. El 10 de mayo de 1810 el mismo Camilo Torres escribe una extensa carta a su tío Ignacio de Tenorio, Oidor de Quito, en el que ya no aparece la idea de colonia antigua población como lazo indisoluble entre la metropolis y las provincias americanas. En cambio, como ya lo señalamos, Torres invoca la imagen de Haití (factoría por excelencia en el imaginario occidental que había logrado su independencia en 1804 después de más de una década de insurgencia) y se pregunta si los americanos tendrán que esperar mucho más para conseguir la misma libertad de los ex esclavos.

Poco después de los sucesos de 1810 -durante los cuales se formaron juntas locales que organizaron sus propios gobiernos independientes de las autoridades españolas- los editores de El Argos Americano de Cartagena recomiendan abolir las leyes que fueron dictadas “bajo el sistema más riguroso de ser estos países unas factorías coloniales”. Los editores denuncian la decadencia en la que estabamos “bajo el antiguo sistema colonial” debido al total desconocimiento de los derechos locales. El antiguo era

… un sistema rigurosamente colonial, que es lo mismo que decir despótico, opresivo y enemigo de las luces, trescientos años de abatimiento y abyección, han puesto a la América en un estado lastimoso39.

Y menos de un año después, en agosto de 1811, Nariño escribe en La Bagatela:

Las palabras de fraternidad, de igualdad, de partes integrantes, no son más que lazos que tienden a vuestra credulidad. Ya no somos colonos: pero no podemos pronunciar la palabra libertad, sin ser insurgente. Advertid que hay un diccionario para la España Europea, y otro para la España Americana: en aquella las palabras libertad e independencia son virtud; en esta insurrección y crimen; en aquella la conquista es el mayor atentado de Bonaparte; en esta la gloria de Fernando y de Isabel; en aquella la libertad de comercio es un derecho de la Nación; en esta una ingratitud contra quatro comerciantes de Cádiz40.

En estos pasajes ya hay una crítica anti-colonial que será retomada por otros como elemento fundamental de la retórica anti-española y de los nuevos procesos de legitimación. Sin embargo, la crítica será también fundamental en el proceso de identificar y crear las condiciones políticas para un nuevo tipo de soberanía. Jorge Tadeo Lozano, el mismo que había jurado como presidente la Constitución de Cundinamarca en la que se reconocía la autoridad de Fernando VII, señalaba en 1814 que:

Los independientes y liberales quieren que la Nueva Granada sea una nación, porque ha llegado el tiempo de serlo. Parece que los coloniales y serviles quieren que bajo el sistema opresor esperemos la venida del Juez de los vivos y los muertos; los liberales quieren que nuestros caudales no pasen el océano para enriquecer a nuestros enemigos; los serviles quieren que con el sudor de nuestra frente sostengamos la fuerza de nuestros contrarios destinada para oprimirnos... los liberales quieren vernos exaltados al nivel de las naciones libres, florecientes y poderosas; los serviles quieren para nosotros un pupilaje y servidumbre eterna y que siempre tributemos el oro, la plata y el incienso de nuestra adoración a la bastarda España41.

Para entonces el nuevo ensamble conceptual desemboca en la ruptura total con la Nación española y acota la negatividad desde la cual es necesario pensar la fundación de una nueva soberanía. Problema ese, espinoso que tendremos que dejar para otro día.

  1. Conclusión

Hasta acá he tratado de reconstruir, muy esquemáticamente, el proceso por medio del cual el vocablo colonia adquirió calidad de concepto socio-político a lo largo del siglo XVIII en relación con las reformas borbónicas, el ascenso del absolutismo, las revoluciones atlánticas (incluyendo, de manera particular, sus dos variantes americanas: la norteamericana y la haitiana) y el fortalecimiento de las elites criollas.

Contrario a lo que Lempérière argumenta, la noción evaluativa descriptiva de colonia no es conceptualmente ajena a los agentes contemporáneos del antiguo régimen y del nuevo orden socio político. Aun más, claramente el problema colonial era central para la cultura política del periodo en tanto designaba una experiencia de negatividad política que hacían suya en ese momento. Sus usos políticos más relevantes para sus interlocutores, me atrevería a sugerir, no son impugnar una exclusión y explotación, sino sobre todo iniciar la busqueda de una nueva soberanía para las provincias americanas.

Toda conclusión solo puede ser provisional pues quedan pendientes varias tareas para entender mejor como funciona el concepto “colonia” en el momento de la ruptura y construcción republicana42. Además de profundizar en los contenidos semánticos, es necesario explorar el abanico de términos con los que comparte ese espectro y con los cuales con frecuencia se confunde, a menudo de manera sútil. Términos como Reinos, provincias, naciones, posesiones, dominios, ultramar, colonias, factorias, etc. constituyen el ramillete de designaciones posibles del lazo que unía a América con la Corona. Entender esas continuidades nos permitirá comprender a cabalidad el modo en que cierto vocabulario político se hizo posible a partir de la crisis de 1808. Igualmente, es necesario explorar mejor los modos de recepción diferenciada de esa matrix conceptual en diversas localidades (Santafe, Cartagena, Caracas, Buenos Aires, etc.) a través de una relectura de los proyectistas americanos, informes burocráticos, epistolarios privados, gacetas y periódicos ilustrados, etc.

Un punto aparte, fundamental éste, consiste en entender la disparidad evidente en la adopción del concepto colonial para describir la exclusión de los criollos americanos de la Nación española y, por otra parte, la evidente inhabilidad –o falta de voluntad—para entender los procesos de exclusión puestos en marcha para con diversos grupos sociales en las nuevas republicas (negros, indios, castas, mujeres, etc.). El ya mencionado “Memorial de Agravios” que, recordémoslo, reclamaba igualdad de representación entre las partes de la nación, sustentaba ese derecho en que los españoles americanos son:

Tan españoles… como los descendientes de Don Pelayo, y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los que, salidos de las montañas, expelieron a los moros, y poblaron sucesivamente la Península; con esta diferencia, si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas, des-cubrieron, conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo. (Torres, 1832: 9)

La argumentación remataba señalando que “Los naturales, conquistados y sujetos al poder español, son muy pocos, o son nada, en comparación de los hijos europeos que hoy pueblan estas ricas posesiones”, una afirmación tan descarada como diciente (Torres, 1832: 9). En pasajes como éste se nos revela una fase profundamente conservadora de las revoluciones americanas y una voluntad explícita por reproducir la misma condición de exclusion -o de colonialidad, para usar un término acuñado recientemente- de otros miembros de la comunidad43. Y a menos que se diga que la contradicción no hacía parte de la sensibilidad o de la capacidad conceptual de la época, citemos al español Joseph Blanco White quien desde Londres la había señalado en El Español:

Los revolucionistas justifican su resistencia a la Madre Patria a título del derecho que como hombres libres tienen de elegir su gobierno. … Les preguntaremos si insistiendo sobre tal argumento, piensan acomodar la práctica a la teoría? Si recurriendo a artificios y quisquillas piensan excluir a sus hermanos negros o pardos, de una completa participación del poder político ¿juzgan que con estas lecciones de derecho natural frescas en la memoria, se someterán pacíficamente las castas degradadas a estas restricciones y privilegios? 44

Finalmente, contradicciones de este tamaño nos obliga a entender que la exploración conceptual no es auto-contenida ni resulta suficiente para comprender la cultura política del periodo. Igualmente necesario y urgente es la tarea de aproximarse a los sistemas de significación (no sólo linguísticos, no sólo semánticos) de los grupos subalternos, sistemas que articulan no sólo una comprensión propia de la relación colonial, sino también unas prácticas -muchas veces soterradas- de resignificación y resistencia.
Bibliografía

Anonimo

1 Agradezco a Heraclio Bonilla, maestro, colega y amigo, la invitación a participar en el Seminario Internacional “La Cuestion Colonial”.

2 “La ‘cuestión colonial´”. Incluido en el dossier “Debate en torno al colonialismo”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos 4 (2004). Consultado octubre 15, 2009. Disponible en http://nuevomundo.revues.org/index437.html. Publicado posteriormente, con ligeras modificaciones, como Lempérière, A. (2004) y, más recientemente en Carrillo, M. y I. Vanegas, Eds. (2009). La sociedad monárquica en la América Hispánica. Bogotá, Ediciones Plural. A continuación la paginación provendrán de la primera publicación (2004) impresa e ira en el cuerpo principal del texto.

3 Para Lampérière las consecuencias de usar el término colonial para designar las tensiones sociales y culturales que subyacían las comunidades americanas era la de “aislar el conjunto de nuestra historiografía de otras que, dedicadas también a grandes conjuntos políticos y culturales, bien podrían proporcionarnos modelos de referencia e instrumentos de rigor y de heurística en cuanto a lo aparentemente singular de nuestro objeto de estudio”. Según Lampérière, éste sería el caso del Imperio otomano. Sin embargo, para una respuesta al respecto, ver la la replica de Sanjay Subrahmanyam, “Imperial and Colonial Encounters: Some Reflections”, incluida en el mismo dossier de la revista.

4 La argumentación de Lampérière vuelve explícita una premisa presente en el libro ya clásico de François Guerra.

5 Valga la pena este pie de nota para señalar que la noción de “mutación” que tan eficazmente ha servido para designar las rupturas y transformaciones repentinas en un momento particular, se ha convertido en una suerte de categoría talismán que necesita ser re-examinada crítica y analíticamente. Alain Pons identifica los orígenes de la categoría en la literatura política del renacimiento italiano (particularmente en los escritos políticos de Maquiavelo y de Giucciardini) para designar las alteraciones más o menos brutales en la vida citadina y que se dirigen al cambio de los oficiales o de la forma de gobierno. Ver la entrada “Mutazione” en Cassin, B., Ed. (2004). Vocabulaire europeen des philosophies. Paris, Seuil.

6 “Ciudadano de alguna colonia. Colonus”. Nebrija, (1951). Por su parte, el Diccionario de Autoridades (1729) define Colono como “el labrador que cultiva y labra alguna tierra por arrendamiento”. Esta misma definición será recogida por el Diccionario universal latino-español dispuesto de Manuel de Valbuena (Madrid: Imprenta Real 1808).

7 El sermón, publicado el 27 de marzo de 1795 en el Papel Periódico de Santafe de Bogotá como ejemplo de patriotismo, dice: “Que la distancia de vuestras colonias hace que mireis ¡o Americanos! La guerra ofensiva a la Nación como la pintura de una batalla que divierte más bien que horroriza. No quiero decir, que mirais con indiferencia la causa nacional. Me consta que habeis consagrado alegres vuestros bienes a la defensa de la Patria…; mas ya que el oceano os separa del campo de vuestros enemigos, y reposaís en el seno de la paz, no quiero yo que las delicias de esta os hagan olvidar ni un punto las obligaciones de la Religión, y del patriotismo”.

8 El veto queda consagrado en la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias (1681): "Por donación de la santa Sede apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos Señor de las Indias Occidentales, Islas y Tierra-firme del Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporados en nuestra Real Corona de Castilla. Y porque es nuestra voluntad, y lo hemos prometido y jurado, que siempre permanezcan unidas para su mayor perpetuidad y firmeza, prohibimos la enajenación de ellas. Y mandamos que en ningún tiempo puedan ser separadas de nuestra real corona de Castilla, desunidas ni divididas, en todo ó en parte, ni sus ciudades, villas ni poblaciones, por ningún caso ni a favor de ninguna persona. ... Y si Nos ó nuestros sucesores hiciéremos alguna donación ó enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal declaramos” (Libro 3, título l, ley 1).

9 Así, pues, las Leyes de Indias ordena que “cuando se sacare colonia de alguna ciudad tenga obligación la justicia y regimiento de hacer describir ante el escribano del consejo las personas que quisieran ir a hacer nueva población, admitiendo a todos los casados hijos y descendientes de pobladores, de donde hubiere de salir, que no tengan solares, ni tierras de pasto y labor, y excluyendo a los que las tuvieren, porque no se despueble lo que ya está poblado” (Ley XVIII del título 7 del Libro IV “De los descubrimientos”). Ver Altamira y Crevea, R. (1951: 66). Señalemos igualmente que no es un uso exclusivo para América. Durante el programa de colonización de la Sierra Morena, dirigido por el intendente Pablo de Olavide en 1767, el término colonia aparece con regularidad en las fuentes para designar los asentamientos de los centroeuropeos inmigrantes en la región.

10 Estas obligaciones no se corresponden a las asumidas por otros reinos y poblaciones europeas -como Napoles, Aragón o Sicilia- cuya incorporación a la Corona descansaba en una legitimidad de origen dinástico y no como producto de conquistas violentas. Juan Carlos Garavaglia, en su respuesta a Lempérière, escribe que “De los derechos que otorga la conquista militar, a aquellos resultantes de la legitimidad dinástica, hay un campo jurídicamente inmenso. Por lo tanto, llamar a esto subordinación colonial, no parece fuera de lugar”. Ver Garavaglia, (2005). 

11 El argentino Ricardo Zorraquín Becú señala que “las Indias, no obstante la personalidad o autonomía que el Derecho les había acordado, se encontraban en un estado de acentuada dependencia respecto de Castilla. No de la Corona, de la cual formaban parte integrante, sino del reino y de la comunidad castellanos. Las diversas disposiciones que limitaron la supremacía que teóricamente debió tener el Consejo de Indias, y la influencia que los peninsulares ejercieron sobre el gobierno de estas provincias, crearon una situación evidentemente subordinada respecto del reino principal. Esta situación podría compararse con la que contemporáneamente tuvieron otros reinos unidos accesoriamente a Castilla, como León, Toledo o Galicia, con la diferencia notable de que estos últimos participaban -en las Cortes o en el Consejo de Castilla- en la dirección del conjunto, mientras las Indias no tuvieron nunca esa posibilidad”. Zorraquín Becú, R. (1975).  Para una perspectiva diferente, pero igualmente útil, ver Góngora, M. (2003). 

12 En la “Aprobación del Padre Joachin de Villareal” a la obra de Jerónimo de Uztáriz, Theorica y practica de comercio y de marina. En diferentes discursos y calificados exemplares que, con específicas providencias, se procuran adaptar a la Monarquía Española, para su prompta restauración, beneficio universal, y mayor fortaleza contra los émulos de la Real Corona (Madrid: En la Imprenta de Antonio Sanz 1742).

13 Una mirada rápida a las relaciones de mando en el recién creado virreinato de la Nueva Granada indica una voluntad transformadora del dominio con el afán de generar una mayor rentabilidad en la relación con la metrópolis. Ver Colmenares, G. (1989: Vol I.). 

14 Ver discussion en Bitar Letayf, M. (1968: 128 y ss). 

15 Valga la pena señalar que en la formulación de Ward coexisten de manera difícil dos nociones divergentes. Ward escribe que “Debemos mirar la América baxo de dos conceptos. 1. en quanto puede dar consumo á nuestros frutos y mercancias: 2. en quanto es una porción considerable de la Monarquía, en que cabe hacer las mismas mejoras que en España”. Parte II, “Sobre la América”, “Reflexîones generales sobre aquellos dominios”. Proyecto económico, p. 228. Federica Morellin platea algunas ideas similares -aunque con desarrollos diferentes- a las aquí planteadas, en Morelli, F. (2008). 

16 Más adelante, Ward escribe “… cotejamos nuestras Indias con las colonias extrangeras, y hallaremos que las dis Islas de la Martinica y la Barbados, dan mas beneficios a sus dueños, que todas las Islas, Provincias, Reynos, é Imperios de la América à España” (p. 225). El libro entero, como el de Campillo, sigue ese esquema argumentativo.
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