L. Introducción: La relevancia de la teoría del error como eximente de responsabilidad en la criminalidad económica




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no supere los límites establecidos por el artículo analizado (cincuenta mil pesos), debe quedar al margen de los casos que interesan al Derecho penal, ¿cómo se justifica la punición autónoma, a título de delito,  de aquellas acciones referidas a bienes inferiores a ese quantum?. No debe olvidarse, en efecto, que el artículo 278, inciso 1º, letra “c”, castiga, como una forma de encubrimiento (artículo 277, C.P.), todas aquellas hipótesis en las que, el valor de los bienes, no superase el monto indicado en la letra “a”, del mismo inciso y artículo.       

[35] Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 179.

[36] Comulga con esta opinión, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 222. En la doctrina extranjera, Isidoro Blanco Cordero (Cfr. “El delito de blanqueo de capitales”, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1997, p. 222), luego de referir la escasez de opiniones doctrinales al respecto, señala que, un sector mayoritario de la literatura jurídica “imputa el carácter de elemento normativo del tipo al requisito del hecho previo”.  

[37] Cfr. Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, “Lecciones (...)”, op. cit., Tº II, pp. 46/47.

[38] Cfr. Blanco Cordero, “El delito (...)”, op. cit., p. 225.

[39] En efecto, si bien, originariamente, en dicha legislación, se tenía por delito antecedente a los provenientes del tráfico de estupefacientes y otras formas de criminalidad conexa, la ley 17.343 – a través de la inserción del artículo 81 a la ley 17.016 – aplica el tipo del blanqueo de capitales al que convierta o transfiera dinero u otros valores patrimoniales que provengan de las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a veinte mil dólares; tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos o medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos”. Empero, debe advertirse que, en virtud de los artículos 197 y 350 bis del Código Penal, la legitimación de bienes provenientes de cualquier otro delito se castiga a título de encubrimiento o receptación. Al respecto, Cfr. Gabriel Adriasola, “Estudio comparado de la legislación uruguaya y argentina sobre lavado de activos”, en Guillermo J. Yacobucci, “El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización”, Ed. Ábaco, Bs. As., 2005, pp. 307/308.   

[40] Así lo expresa Callegari, con relación a la ley 9.613 (de 1998): “el legislador brasileño ha hecho una numeración cerrada de los crímenes que puedan dar origen a un delito de blanqueo a través de la mención específica de cada uno de ellos” (Cfr. “El delito ...”, op. cit., p. 241).  

[41] En efecto, luego de enumerar los dos sistemas, Blanco Cordero (Cfr. “El delito...”, pp. 227/228)  adscribe a la legislación española (Código penal de 1995, artículo 301) a este modelo. 

[42] Piensa que, la limitación cuantitativa, “singulariza” a nuestro sistema legal, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 180. No creemos que esto sea así. Repárese que, en la doctrina española, por ejemplo, en donde, de acuerdo al Código vigente, se exige que el delito antecedente sea “grave”, los autores siguen ubicando, a dicho texto, entre los que se corresponde con el segundo modelo.   

[43] Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 183.

[44] Así lo reconoce Adriasola, “Estudio comparado (...)”, op. cit., p. 321; quien refiere que el tipo del artículo 278 mantiene fidelidad a la figura madre (encubrimiento), “de la cual se desgajan todos estos tipos penales”.

[45] Cfr. Rodríguez Villar – Bermejo, “Prevención (...)”, op. cit., p. 97.

[46] Así, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit. pp. 184/187.

[47] Cfr. Decreto nº 370/2000, en “Antecedentes parlamentarios”, op. cit., p. 1653. En nuestra doctrina, Edgardo A. Donna, ha calificado como correcto este veto parcial. Al respecto, Cfr. su “Derecho penal. Parte especial”, Tº III, Rubizal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2000, p. 541.  

[48] Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 215.

[49] Así Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 217: “el agente debe conocer –en el sentido de la comprensión ordinaria de una persona media – que el dinero u otra clase de bienes que convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica de cualquier modo, resultan provenientes de un delito (elemento normativo del tipo)”.

[50] Así: Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 217 y Rodríguez Villar – Bermejo, “Prevención (...)”, op. cit., p. 110.  

[51] Tal es el criterio, por ejemplo, de Donna, “Derecho penal (...)”, op. cit., p. 541 y Buompadre, “Lavado (...)”, op. cit., p. 287.

[52] Cfr. Buompadre, “Lavado (...)”, op. cit., p. 287. De la misma opinión, D’Alessio – Divito, “Código penal (...)”, op. cit., p. 929: “Es claro que nos encontramos frente a lo que parte de la doctrina denomina ‘delito de intención’, en el cual una ultraintención guía la conducta del autor hacia un fin concreto. La presencia de este elemento subjetivo distinto del dolo es la que determina una distinción subjetiva entre el lavado de dinero y el encubrimiento”.  

[53] Así, Núñez, “Manual (...)”, op. cit., p. 189.

[54] Cfr. “Antecedentes parlamentarios”, op. cit., p 1678.

[55] Así, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 218.

[56] Así, Felipe Renart García, “El blanqueo de capitales en el derecho suizo”, en el sitio web “Derecho penal” (ubicación del artículo: http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/html/artrenart.htm): “Si bien el legislador no se refiere al momento del conocimiento del hecho previo, la doctrina es unánime en la necesaria concurrencia del dolo en el momento de la realización del comportamiento, siendo pues irrelevante desde el punto de vista jurídico-penal la presencia del dolo en un momento posterior a la realización de la conducta blanqueadora (dolus superveniens non nocet). Igual consideración merece la presencia del dolus antecedents, siendo por ello criticable la postura que, en nuestra doctrina, mantienen Moreno Canoves y Ruiz Marco al señalar que el conocimiento ha de ser "previo o simultáneo, introduciendo una nota de alternatividad donde debe presidir la exclusividad en la actualidad del elemento intelectual del dolo.”

[57] Plantean este problema Rodríguez Villar – Bermejo, “Prevención (...)”, op. cit., p. 284 y Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 220.

[58] Así, en la doctrina nacional, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 220. Es también una preocupación recurrente en la literatura jurídica española. Cfr., al respecto, Daniel Álvarez Pastor – Fernando Eguidazu Palacios, “La prevención del blanqueo de capitales”, Aranzadi Editorial, Pamplona, 1998, p. 248 y  J. Frigola,  J. F. Escudero y  C. Ganzenmüller , “De la receptación y otras conductas afines”, en J. F. Escudero – M. C. García – J. Frigola – J. Juan – C. Martell – C. Ganzenmüller – F.P. Jufresa, “Delitos societarios, de la receptación y contra la hacienda pública”, Ed. Bosch, Barcelona, 1998, p. 245.

[59] Ciertamente, la circunstancia de admitir la compatibilidad de la figura con el dolo eventual, morigera esta dificultad probatoria “en la medida en que su demostración exigirá menos esfuerzos que la relativa al conocimiento preciso y acabado de la existencia del delito previo”. De cualquier manera, y desde una perspectiva procesal, existe consenso en apelar a la prueba indiciaria como método de comprobación de los hechos internos. Como lo ha sostenido, con todo corrección, Manuel Jaén Vallejo: “(...) el dolo requiere, al menos, un conocimiento por parte del acusado de lo que hizo, es decir, recae sobre un objeto que, en palabras de Hassemer, se esconde detrás de un muro, detrás de la frente de una persona, luego, para su averiguación, es necesaria una inferencia a partir de circunstancias externas, como en la prueba indiciaria. Así, el Tribunal Supremo (de España), en su sentencia del 23/4/1992 (...) dice que ‘cuando no existe prueba directa, de un concreto estado de la conciencia o de la voluntad, ha de acudirse a la denominada prueba de indicios o presunciones, para a través de unos datos o circunstancias exteriores completamente acreditados inferir la realidad de este estado de espíritu del autor del hecho, necesario para la incriminación del comportamiento de que se trate’(...)” (Cfr. “La prueba en el proceso penal”, Ed. Ad – Hoc, Bs. As., 2000, pp. 108/109).    

[60] Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 222.

[61] Con respecto al error de prohibición, Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., pp. 224/225. En la doctrina española, con amplitud, Cfr. Blanco Cordero, “El delito (...)”, op. cit., pp. 405/418.

[62] Similar concepto elaboran Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán, “Derecho penal. Parte general”, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, p. 252.  

[63] Así, Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, “Lecciones (...)”, op. cit., Tº II, p. 246.

[64] Así, Marcelo Sancinetti, “Sistema de la teoría del error en el Código penal argentino”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1990, p. 3. 

[65] Así lo admite Donna, “Derecho penal (...)”, op. cit., p. 541.

[66] Tomamos la caracterización realizada por Santiago Mir Puig, “Derecho penal. Parte general”, 5ª edición, Tecfoto S.L., Barcelona, 1998, p. 254.

[67] Tal es lo que sucede, igualmente, en la legislación brasileña en donde, el blanqueo es sólo doloso. Refiere, en tal sentido, Callegari (“El delito ...”, op. cit., p. 290): “Las consecuencias jurídicas del error de tipo se encuentran en el artículo 20 C.P.; si el autor desconoce uno de los elementos constitutivos del tipo habrá siempre la exclusión del dolo, quedando la posibilidad de la comisión imprudente si el error fuera vencible y cuando haya previsión de ésta. Ocurre que en la ley de blanqueo no hay previsión imprudente; luego, si hay un error vencible, el autor quedará impune. Esto porque (...) el legislador en Brasil no ha previsto la hipótesis de impudencia, lo que significa que en los supuestos de error vencible de tipo el sujeto deberá quedar impune”. No sucede lo mismo en la legislación española que, de manera específica, ha legislado la criminalidad imprudente de esta forma delictiva. Por eso, expresa Blanco Cordero que: “Respecto del blanqueo de capitales del artículo 301, el error que recaiga sobre los hechos constituirá el error regulado en el artículo 14 número 1, cuyo tratamiento equivale al error de tipo: si es invencible excluye la responsabilidad penal, y si es vencible, atendidas las circunstancias del hecho y a las personales del autor, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente (...)” (Cfr. “El delito ...”, op. cit., p. 390).    

[68] De acuerdo con esa tesis Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 223.

[69] Cfr. Bustos Ramírez - Hormazábal Malarée, “Lecciones (...)”, op. cit., Tº II, p. 254.

[70] Así, Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., p. 223. 

[71] Como correctamente sostiene José Ignacio Cafferata Nores (Cfr. “Proceso penal y Derechos humanos”, Editores del puerto, Bs. As., 2000, pp. 71/72): “Este principio significa que no se podrá penar como culpable (ni mucho menos se podrá tratar como tal durante el proceso penal) a quien no se le haya probado previamente su culpabilidad en una sentencia firme dictada luego de un proceso regular y legal; que si la acción es pública, esa prueba deben procurarla con esfuerzo y seriedad, no los jueces, sino los órganos estatales encargados de la preparación, formulación y sostenimiento de la acusación (...); que el imputado no tiene – ni, por lo tanto, se le puede imponer – la carga de probar su inocencia (ni de las circunstancias eximentes o atenuantes de su responsabilidad penal que pueda invocar); y que si la acusación no se prueba fehacientemente por obra del Estado, el acusado debe ser absuelto” (el énfasis nos pertenece).    

[72] Cfr. Barral, “Legitimación (...)”, op. cit., pp. 223/224.

[73] Cierta doctrina extiende el ámbito de esta discusión a los casos de error sobre una norma penal en blanco. En tal sentido coincidimos con la apreciación de Klaus Tiedemann cuando afirma que: “Queda por aclarar si existe diferencia de las leyes penales en blanco en relación a los elementos normativos del tipo penal que remiten a leyes extrapenales, por ejemplo, al Código Civil cuando el art. 514 del Código penal habla de "cosas ajenas" al definir el hurto. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia alemanas suelen reconocer que el autor actúa con dolo únicamente cuando conoce la valoración extrapenal; es decir que forma parte del tipo penal no solamente el contenido sino también la existencia de la norma extrapenal. No es muy claro por qué debe tratarse de manera diferente el caso de los elementos normativos y el de la norma penal en blanco (más "abierta" que un tipo penal con elementos normativos). Sobre todo, si el contenido penal de la ley en blanco, sin considerar la regulación extrapenal, se presenta como bastante neutral (...) para dar al tipo un carácter de injusto típico conviene introducir y mantener en él la existencia de la valoración extrapenal. Sólo conociendo esta valoración, el autor de la acción neutral o socialmente útil ‘per se’ puede recibir el ‘impulso’ moral para reconocer el carácter injusto de su actuar. Así y contra la opinión dominante en Alemania, se debe admitir que las cuestiones relativas al dolo y al error deben ser tratadas de igual manera tanto respecto a las leyes penales en blanco como a los tipos penales con elementos normativos” (Cfr. “Parte general del derecho penal económico”, en el sitio web “Derecho Penal” - http://www.unifr.ch/derechopenal/anuario/93/tie93.htm-).    

[74] En literatura jurídica alemana, para una exposición sobre el estado de la cuestión (aún cuando con una postura discrepante a la sostenida en el texto) puede consultarse, con gran provecho, a Manfred Maiwald, “Conocimiento del ilícito y dolo en el Derecho penal tributario”, Ed. Ad – Hoc, Bs. As. 1997, pp. 19/24.

[75] Así lo describe – aún cuando críticamente – Silvestroni, “Teoría constitucional (...)”, op. cit., p. 226: “El error de derecho sobre un elemento normativo del tipo es denominado por la doctrina error de subsunción y se lo trata con las reglas del error de prohibición”.

[76] Cfr. Preza Restuccia -  Adriasola - Galain, “Delitos económicos”, op. cit., p. 123.

[77] Cfr. Francisco Muñoz Conde, “El error en Derecho penal”, Rubinzal – Culzoni Editores, Santa Fe, 2003, p. 125. De la misma opinión, Blanco Cordero, “El delito (...)”, op. cit., pp. 400/401: “(...) en el caso de los elementos normativos, el error de subsunción recae sobre un elemento del tipo, por eso los problemas que se plantean en relación con alguno de tales elementos han de solucionarse primeramente en el ámbito del tipo”.

[78] Cfr. Muñoz Conde, “El error (...)”, op. cit., p. 126. Y enseguida, el autor agrega: “Hoy por hoy, parece inevitable, ante la complejidad de la normativa extrapenal que disciplina estos sectores, a la que necesariamente se tienen que remitir los tipos penales para caracterizar los comportamientos prohibidos, considerar como error excluyente del dolo y, con ello, de responsabilidad penal, si no existe la correspondiente previsión del delito imprudente, todo error sobre elementos normativos (...) contenidos en los tipos legales de los respectivos delitos”. Como se podrá apreciar, hay aquí cierto retorno a la vieja categoría del error de derecho extrapenal, que era caracterizado por la doctrina como una forma de error de hecho (Cfr., en nuestra doctrina, Jorge De la Rúa, “Código Penal Argentino. Parte general”, 2ª edición, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, p. 491)   .

[79] Cfr. Callegari, “El delito (...)”, op. cit., p.291.


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