Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de




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Con relación al punto también se expresaron los representantes del Ministerio Público a fojas 333 de estas actuaciones.-

En efecto, en los albores de esta investigación los Dres. Strassera y Moreno Ocampo sostuvieron que "...resulta necesario profundizar la investigación sobre la estructura de mandos que actuó en la represión ilegal, sin embargo no nos caben dudas que el Comandante de la Subzona en la que funcionaba un Centro Clandestino, es en principio responsable de lo que allí ocurría, así como de los homicidios vinculados con su jurisdicción...".-

Las afirmaciones precedentes dan cimiento a la idea de que los hechos ocurridos en el ámbito de centros clandestinos de detención son imputables -a título de autoría- al Comandante de la Subzona en cuya jurisdicción se situaban los centros.

Consecuentemente, nada obsta a que a Olivera Róvere se le efectúe un reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de detención clandestinos bajo su control -sucesos cuya materialidad será analizada seguidamente-.-

b.-
Sentado lo anterior, corresponde avanzar en el estudio de la prueba que conforma la imputación que se le efectúa a Olivera Róvere. Para ello resulta necesario, primeramente, efectuar algunas aclaraciones respecto de los parámetros de valoración probatoria que serán tenidos en cuenta a tal efecto.-

Al respecto, corresponde resaltar que el sistema de valoración probatoria que consagra la ley procesal federal es el de la libre convicción o sana crítica racional (artículo 241 del C.P.P.N.).-

Este sistema se caracteriza por "...la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la prueba con total libertad, pero respetando, al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común" (Cafferata Nores, La prueba en el Proceso Penal, 2° edición, Depalma, Buenos Aires, 1994, pag. 40).-

No obstante ello, y al efecto de descartar toda arbitrariedad en la ponderación de las pruebas que fundan la imputación -y en la consecuente decisión respecto de cada uno de los casos-, resulta relevante poner de resalto las siguientes circunstancias.-

En primer lugar, se parte de la base que tras la usurpación por la fuerza del gobierno nacional por la última dictadura militar comenzaron -de modo generalizado en el territorio nacional- las privaciones clandestinas de la libertad de personas. Como características comunes de este obrar criminal se ha determinado que: a) los secuestradores eran integrantes de las fuerzas armadas, policiales o de seguridad que adoptaban precauciones para no ser identificados;; b) en el secuestro solía intervenir un número considerable de personas fuertemente armadas; c) las autoridades con jurisdicción en el lugar solían estar avisadas del secuestro, apoyando -incluso- en ocasiones el obrar de esos grupos armados; d) los secuestros frecuentemente se realizaban por la noche en los domicilios de las víctimas y, en determinados casos, también se sustraían los bienes de la vivienda; e) las víctimas del secuestro eran posteriormente trasladadas en vehículos, se les impedía ver y comunicarse y se las ocultaba.-

Un desarrollo más completo y pormenorizado de estas consideraciones se encuentra en los capítulos VII, VIII, IX y X del considerando Segundo de la causa 13/84.-

En el capítulo I "La acción represiva" del informe efectuado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas -CONADEP- también existe un minucioso detalle de la modalidad represiva implementada por la última dictadura.-

En segundo lugar, y dadas las características de los sucesos investigados, cobra principal importancia la prueba testimonial.-

"La declaración testimonial es un medio de prueba que se privilegia frente a modos particulares de ejecución en los que deliberadamente se borran las huellas, o bien se trata de delitos que no dejan rastros de su perpetración, o se cometen al amparo de su privacidad. En tales supuestos a los testigos se los llama necesarios. En la especie, la manera clandestina en que se encaró la represión, la deliberada destrucción de documentos y de huellas, el anonimato en que procuraron escudarse sus autores, avala el aserto. No debe extrañar, entonces, que la mayoría de quienes actuaron como órgano de prueba revistan la calidad de parientes o de víctimas. Son testigos necesarios" (considerando Tercero, punto h de la causa 13/84).-

Entonces, teniendo particularmente en cuenta cuál era el contexto de represión clandestina estatal -cuyo modo de implementación y ejecución fue someramente descripto párrafos atrás- en el que habrían ocurrido los hechos investigados, este Tribunal avalará el procesamiento del imputado respecto de aquellos casos que puedan probarse por un testigo que haya presenciado el procedimiento oficial en que se detuvo ilegítimamente a la víctima o bien el cautiverio de ésta en centros clandestinos de detención. Es decir, la existencia de testigos es una circunstancia que, sumada al contexto de represión antes descripto, a la presunción de fallecimiento de la víctima, a los recursos de habeas corpus (interpuestos generalmente por los familiares de la víctima), a los legajos de la CONADEP y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a las actuaciones judiciales labradas en virtud de la ley 24.321, nos permite despejar dudas respecto de la responsabilidad a priori del imputado.-

No obstante, existen casos en que si bien no se cuenta con testigos presenciales de las circunstancias antes descriptas, este Tribunal también los considera probados -con las exigencias propias de la ocasión-. En tales supuestos, la convicción respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva se logra -junto con las circunstancias recién reseñadas- a través de otros medios probatorios o, básicamente, mediante indicios (en su mayoría, testigos de oídas).-

Vale aclarar, sobre este punto, que el indicio "es un hecho (o circunstancia) del cual se puede, mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro". "Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria será preciso que el hecho ´indiciario´ no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el ´indicado´: es lo que se llama ´univocidad´ del indicio. Si el hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del indicado, o al menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será contingente: es lo que se llama ´indicio anfibológico´".-

"Puesto que el valor probatorio del indicio es más experimental que lógico, sólo el [indicio] unívoco podrá producir certeza, en tanto que el [indicio] anfibológico tornará meramente verosímil o probable el hecho indicado. La sentencia condenatoria podrá ser fundada sólo en aquél;; el otro permitirá, a lo sumo, basar en él un auto de procesamiento o la elevación de la causa a juicio" (ver Cafferata Nores, ob. cit. pág. 179 y ss.).-

Ahora bien, a partir de los criterios expuestos precedentemente, y con el objeto de lograr una mayor claridad expositiva, abordaremos el análisis de los casos imputados dividiendo el universo de sucesos investigados en tres grupos.-

En el primero de ellos se encontrarán todos aquellos hechos respecto de los cuales, a juicio del Tribunal, existe el mérito requerido en esta instancia para responsabilizar a priori al imputado y proceder a la consecuente elevación a juicio (b.1).-

En un segundo grupo se incluirán los casos respecto de los cuales aún no existe la prueba suficiente para procesar al imputado (b.2). Finalmente, en el tercer grupo de sucesos se integran los casos cuya investigación, en función a la incompetencia del a quo en la materia, corresponde excluir de esta instrucción (b.3).-

b.1.-
En ocasión de recibirle declaración indagatoria a Jorge Olivera Róvere se le imputaron doscientos veintisiete (227) hechos constitutivos del delito de privación ilegítima de la libertad.

Vale aclarar, llegado el punto, que con relación a tres de los casos que integran la base de imputación (Pantaleón Orfano Jons, Luis Alberto Anania e Irene Peña (secuestrada junto con Benito Choque Cosme) no se ha resuelto la situación procesal del imputado. Tal aspecto deberá ser regularizado una vez devueltas las actuaciones.-

En función del marco fáctico descripto y habida cuenta de la prueba colectada en autos, el juez a quo dictó el procesamiento del imputado en orden a ciento cuarenta y nueve (149) de esos casos.

Luego de efectuar un detenido análisis de los elementos de prueba con que se cuenta en esta investigación puede concluirse del siguiente modo.-

Primeramente, y tal como afirma el a quo, los elementos de autos permiten suponer que Olivera Róvere, en su calidad de Comandante de la Subzona Capital Federal del Primer Cuerpo del Ejército, retransmitió órdenes provenientes del Jefe de Zona -Suárez Mason- a su personal -militar o policial- subordinado en virtud de las cuales se privó ilegítimamente de la libertad a Esteban María Ojea Quintana, Carlos Florentino Cerrudo, Ercilia Argentina Vilar, Lorenzo Gerardo Gerzel, Santiago Astelarra Bonomi, Eduardo Guillermo Poyatastro, Néstor Julio España, Liliana Aimeta, Diego Jacinto Fernando Beigbeder, Nora Débora Friszman, Alberto Roque Krug, Guillermo Lucas Orfano, Marco Antonio Beovic, Teodoro Gómez, Julio Washington Cabrera, Eduardo Mario Korin, Jorge Fernando Di Pasquale, María Julia Harriet, Susana Beatriz Orgambide, José Luis Casariego, Gustavo Adolfo Ponce de León, Liliana Noemí Pistone, José María Federico López Bravo, Ángel Jorge Bursztein, Daniel Bursztein, Luis Daniel García, José Luis Aguirre, Evangelina Emilia Carreira, Ana María Pérez Sánchez, Liliana Edith González Eusebi, Jorge Daniel Collado, Graciela Mellibovsky Saidler, Mónica Goldstein, Jaime Barrera Oro, Teodoro Alberto Noailles, Jorge Loiacono Olguín, Eduardo Serrano Nadra, Clara Kierszenowicz Barimboin, Silvia Bertolino Loza, María José Rodríguez Pérez Acosta, Diana Alac, Marcelo Moscovich Kornitz, Olga Irma Cañueto, María Cristina Fernández, Hugo Topelberg, Leonor Gertrúdis Marx Pincus, Marcelo Ariel Gelman Chubarof, Carlos Andrés San Giorgio, Jorge Antonio Leonetti, Aida Fuciños Rielo, Juan Alberto Galizzi Machi, Eugenio Carlos Pérez, María Cristina Ramona García de Cagliano, Santiago Ghigliano, Pietra Susana Defelippes, Elena Cristina Barberis de Testa, Aníbal Carlos Testa, Miguel Sergio Arcuschin, Noemí Josefina Jansenson, Eugenio Osvaldo Cristofaro, Wenceslao Araujo, Alberto Pites, Mario Alberto Poggi, Nora Susana Todaro, Carlos Almendres Alegre, Mario Juan Villa Colombo, Laura Creatore Toribio, Marta Sierra Ferrero, María Blanca Martelli, Benito Romano Suárez, Héctor Sobel Kajt, Gustavo Alberto Vaisman Rusansky, Juan Jakillewics Adamo, Haroldo Pedro Conti, Alejandro Luis Fornica Chiazza, Ángel Molesini Bonini, Néstor Salvador Moaded, Roberto Sinigaglia, Lilia María Álvarez, Eduardo Ezequiel Merajver Bercovich, Gustavo José Pasic Dubrovsky, Miguel Ángel Jocker, Alejandro Luis Calabria Ferreira, Horacio Galván Lescano, Nelly García León, Gustavo Leguizamón Romero, Daniel Goicoechea Buceta, Oscar Adamoli Costa, Fernando Espíndolo Sogari, Carlos Otto Heinse Sottille, Francisco Candia Correa, Sonia Mabel Rossi, Miguel Ángel Sosa Fitipaldi, José Andrés Moyano Quiroga, Nemesio Farias Moreno, Adelina Noemí Gargiulo, Marcos Arocena Da Silva Guimaraes, Eduardo Gómez Mendieta, Pedro Lávate Rótola, Cristina Silvia Navajas Gómez, Manuela Santucho, Oscar Crabotti Penella, Héctor Saraceno, Haydeé Zagaglia Freddi, María Cecilia Magnet Ferrero, Enrique Walker Gardey, Eduardo Guersi, Horacio Adolfo Sotuyo, Alicia Marchini de Nicotera, Ricardo Alfredo Nicotera, Juan Carlos Risau, Eduardo Benito Francisco Corvalán, Nora Esther Hochman de Autebi, Jaime Emilio Lozado, Roberto Indalesio Arnaldo, Ricardo Alberto Gaya y Marta Spagnoli.-

En todos los casos mencionados precedentemente, de acuerdo con los parámetros de valoración probatoria expuestos, existen elementos que dan cuenta que las personas señaladas habrían sido secuestradas por individuos armados -policías o militares, uniformados o vestidos de civil- que dependían operacionalmente de la sub zona "Capital Federal" del Primer Cuerpo del Ejército y habrían sido alojadas clandestinamente en centros de detención ilegales que funcionaron en la jurisdicción del Comando a cargo de Jorge Olivera Róvere.-

En efecto, dentro de los casos recientemente enumerados existen supuestos en los que las víctimas de las privaciones fueron posteriormente liberadas y su testimonio, sumado al resto de las constancias relativas al caso, permiten responsabilizar a priori al imputado por tales sucesos. Tal es el caso, por ejemplo, de Fernández, Harriet, Orgambide, Pites, Poggi, Todaro, Araujo y Topelberg.-

Por otra parte, median casos de personas cuyas aprehensiones ilegítimas -efectuadas por parte de individuos operacionalmente subordinados al Primer Cuerpo del Ejército- fueron presenciadas por testigos. Eso ocurre, por ejemplo, con Abeledo Sotuyo, Aguirre, Almendres Alegre, Cravotti Penella, García Luis Daniel, Moaded Sued, Pasik Dubrovsky, Risau, Sosa Fitipaldi, Vaisman, Rusansky, Vilar y Di Pasquale.-

Paralelamente, también hay supuestos en los que, a través de testimonios directos, puede probarse -con las limitaciones del caso- el cautiverio de las víctimas en centros clandestinos de detención existentes en la jurisdicción del Comando a cargo de Olivera Róvere. A modo de ejemplificar esta circunstancia, pueden citarse los casos de Candia Correa, Carreira, Santucho, Navajas de Santucho, Spagnoli, Ricardo y Gustavo Gaya y Pérez Sánchez.-

A su vez, el reproche en torno a un importante conjunto de casos -siempre dentro de este grupo de sucesos respecto de los cuales hemos acordado que existe la prueba suficiente como para responsabilizar en principio al imputado- puede formularse a partir de una serie de indicios (en su mayoría anfibológicos, según la clasificación efectuada anteriormente) que tornan verosímil la ocurrencia de estos hechos tal como le fueron imputados a Olivera Róvere.-

Esto es, hay casos en que si bien la víctima aún se encuentra desaparecida y no median testigos (directos) de la aprehensión ilegal o del cautiverio, convergen una serie de indicios que valorados integralmente permiten alcanzar el nivel de convicción que requiere la instancia y consecuentemente probar a priori la materialidad de tales hechos y la responsabilidad penal de su autor.-

Adviértase, sobre el punto, que "...se recomienda valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta" (Cafferata Nores, op. cit, pág. 184).-

Este modo de valoración permite dar por probados los hechos que habrían damnificado, entre otros, a Álvarez, Cabrera, García de Cagliano, Collado, Ghigliano, Arocena Da Silva, Krug, Friszman, Galvan Lezcano, Orfano, Beigbeder, Romano Suárez, Marx Pinkus, Magnet Ferrero, Marchini de Nicotera y Martelli.-

Siempre en el marco de valoración antes expuesto, en estos supuestos la prueba indiciaria la constituye la combinación de "testigos de oídas" -personas que dan cuenta de determinadas circunstancias a través del testimonio de otros- (ver, por ejemplo, el caso de Cabrera), información periodística de la época (ver, por ejemplo, los casos Moyano Quiroga -probado también al igual que el caso de Creatore Toribio en la causa 13/84-, Walker Gardey y Rossi), llamadas telefónicas con información sobre el cautiverio de la víctima (caso Goldstein), constancias laborales (casos Collado y Álvarez), alojamiento -efectuado por personal de fuerzas de seguridad- de hijos de las víctimas en institutos de menores (caso Cañueto) y otros acontecimientos que -también acumulados a algunos de los indicios señalados y valorados de modo integral- permiten inferir lógica y razonablemente la materialidad de los hechos investigados y la responsabilidad del autor.-
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