Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de




descargar 70.13 Kb.
títuloDelitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de
página3/3
fecha de publicación24.02.2016
tamaño70.13 Kb.
tipoDocumentos
b.se-todo.com > Ley > Documentos
1   2   3

Con respecto a los hechos que habrían damnificado a Elpidio Eduardo Lardíes, vale decir que, tal como ocurrió con los casos estudiados anteriormente, el hecho de contar con el testimonio de la víctima -en el cual no se advierten contradicciones ni circunstancias que le hagan perder entidad- ya es un elemento trascendente para acreditar la existencia y características de los episodios que lo habrían tenido como víctima. A ello corresponde sumarle, tal como hace el a quo, que el informe del Ministerio del Interior, fechado el 9/2/1977 (que da cuenta que el nombrado estuvo detenido a disposición del P.E.N. desde el 28 de enero de 1977), avala -si bien parcialmente- los dichos de Lardíes. En consecuencia, corresponde confirmar el temperamento adoptado al respecto.-

Se resolverá en el mismo sentido en torno a los hechos que damnificaron a Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo de Schroeder y Alen Withelaw. La materialidad de tales sucesos no sólo fue probada por este Tribunal en el marco de la causa 13/84 (casos 241/2/3/4), sino que también en estas actuaciones, en ocasión de decretar la prisión preventiva de Suárez Mason, esta Cámara dijo "Que los homicidios por los que se adopta esta medida cautelar fueron cometidos por grupos que actuaban con 'área libre' en la Zona I, que se identificaban como Fuerzas conjuntas o del I Cuerpo, que entregaban cadáveres en las comisarías sin ser identificados y que en muchos casos las víctimas eran personas que se encontraban detenidas en lugares sometidos al control de Suárez Mason, que las muertes fueron vinculadas oficialmente con el Comando de Zona I, que Suárez Mason no sólo no desmintió esa información sino que realizó acciones para ocultar la forma en que los hechos habían ocurrido, ya sea mediante informaciones sobre falsos enfrentamientos o clausurando los sumarios labrados, sin llamar a declarar al personal que había intervenido en los hechos, ni intentar averiguar la verdad por otros medios, que esta forma de operar coincide con la que los Comandantes según lo resuelto en la causa 13, aprobaron en esa época para todo el ámbito de la República" (fojas 4825/4848 de estas actuaciones).-

Si al análisis transcripto precedentemente se le agrega el hecho de que las cuatro víctimas fueron aprehendidas en jurisdicción de la Subzona Capital Federal mientras ésta se encontraba a cargo de Olivera Róvere -entre el 13 y el 18 de mayo de 1976- y que al menos dos de las personas asesinadas habrían sido previamente alojadas en el centro clandestino de detención denominado "Automotores Orletti" -también bajo su mando- se alcanzan los elementos necesarios para confirmar el temperamento adoptado al respecto en la instancia anterior.-

b.2
Contrariamente a los hechos cuya prueba se analizó en el apartado anterior, entiende este Tribunal que respecto a una serie de casos no se cuenta con las constancias necesarias como para confirmar el procesamiento apelado. No obstante, tampoco están dadas las condiciones probatorias como para adoptar un temperamento liberatorio en torno a ellos.-

Integran este grupo todos aquellos episodios cuya materialidad no ha podido corroborarse a través de testigos o de indicios que verosímilmente lleven al grado de conocimiento requerido respecto de la ocurrencia de la hipótesis delictiva.-

Ellos son los acontecimientos que involucraran a Aggio, Álvarez, Amico Esumato, Choque Cosme, Cabral Plinio, Carnevale Conti, Da Costa, Galvez Brusco, Tránsito Giménez, González Navarro, Gualdero Acuña, Higa, Alejandro y Carlos Knobel, Moya Saravia, Muñiz Paz, Roberto, Torrallardona, Torrente, Domínguez, Morresi y Casteletti.-

Con relación al caso de Salvador Leonardo Amico vale decir que, más allá de que de momento no existen los elementos probatorios necesarios para responsabilizar a priori a Olivera Róvere por los hechos que lo habrían damnificado, lo cierto es que lograr el testimonio de Laura Inés Murlender permitiría despejar las dudas existentes en el caso.-

En la resolución estudiada se observan dos casos -Poch Márquez (n° 174) y Kitzler (n° 192)- respecto de los cuales el a quo entendió que no se cuenta con elementos para procesar al imputado. No obstante, ambos casos aparecen en la parte resolutiva integrando el universo de hechos por el que se responsabiliza prima facie a Olivera Róvere (punto III de la parte resolutiva). Más allá del posible error material en que pudo haberse incurrido en este aspecto, lo cierto es que este Tribunal comparte el desarrollo efectuado por el a quo al tratar ambos casos en particular, motivo por el cual se procederá a revocar el procesamiento ordenado en este sentido y se dictará la falta de mérito
correspondiente.-

Por otro lado, se confirmará la falta de mérito dictada por el a quo respecto de los casos enumerados en el punto V de la resolución en crisis. En este sentido, dado que se comparte la valoración probatoria efectuada en la instancia anterior respecto de estos sucesos, se rechazarán las pretensiones de la querella (fojas 127 de esta incidencia).-

b.3
Finalmente, en el pronunciamiento bajo estudio el a quo declinó su competencia a favor del magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 respecto de los hechos que habrían tenido como víctimas a Federico Jorge Tatter, Washington Cram González y Cecilia Susana Trias Hernández, dado que tales sucesos forman parte de la investigación que se formaliza en los autos n° 13.445/99.-

En este mismo sentido, existen otros casos respecto de los cuales el a quo dictó el procesamiento de Olivera Róvere y que, a la luz de las circunstancias que seguidamente se expondrán, también corresponde excluirlos de esta investigación.-

Tal es el supuesto, en primer término, de José Alekoski. Median constancias en autos que permiten presumir que los hechos que lo habrían damnificado se ordenaron a través de la línea de comando entablada entre la Comandancia del Primer Cuerpo del Ejército y la Jefatura de la policía bonaerense (que contaba con la Dirección General de Investigaciones, la de Inteligencia y la de Asuntos Judiciales). Esta afirmación se encuentra amparada por los testimonios logrados en el legajo n° 941 de la CONADEP. En consecuencia, la investigación de tales sucesos corresponde que se lleve adelante en el marco de la ex causa n° 44, incoada en virtud del decreto 280/84 del P.E.N., actualmente instruida ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 3 de La Plata (ver, en este sentido, de esta Sala c. 37.159, reg. 998, rta. el 22/9/2005 y c. 36.772, reg. 1377, rta el 24/11/2005).-

También median elementos en esta investigación para cuestionar el conocimiento del a quo respecto de los hechos en que se habría visto involucrada Mafalda Corinaldesi de Stampon. Toda vez que las características de los sucesos que se le imputan a Olivera Róvere respecto de esta víctima permiten relacionar lógica y razonablemente al caso con el "Plan Cóndor" -definido por este Tribunal como la relación ilegítima establecida entre diversos gobiernos de América con el objeto de perseguir a opositores políticos-, es que el a quo deberá declinar su competencia, en este punto, a favor del magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7, con el objeto de que estos hechos se acumulen a la investigación formalizada bajo el n° 13.445/99.-

En este sentido, debe ponerse principal atención en el hecho de que en los autos señalados se están investigando los episodios que habrían tenido como víctima al hijo de Mafalda Corinaldesi de Stampon, llamado Luis Stampon Corinaldesi (caso n° 70 de la resolución fechada el 3/9/2004, adoptada en tales actuaciones).-

Finalmente, y habida cuenta de que puede pensarse que los responsables de los sucesos que habrían damnificado a María Adelaida Viñas son las autoridades del Comando Zona IV, corresponde remitir testimonios del caso al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 2 de San Martín a fin de que el magistrado a cargo, en el marco de los autos n° 4012, asuma su conocimiento. Repárese, sobre este punto, que sin perjuicio de la información aportada por la querella a fojas 12.481, obran en el legajo 944 de la CONADEP testimonios que de manera conteste darían cuenta del alojamiento clandestino de Viñas en el centro de detención de Campo de Mayo.-

IV.-
Con respecto a los agravios introducidos por la defensa de Olivera Róvere, corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

En primer término, y de modo general, los Dres. Giletta orientan la defensa en torno a la operatividad en autos de la garantía de la cosa juzgada -en tanto su defendido fue beneficiado con un indulto presidencial (decreto 1002/89)- y de la extinción de la acción penal por prescripción. Ambos planteos fueron oportunamente rechazos por este Tribunal al resolver en las causas n° 36.773, reg. 228, rta. el 1/4/2005 (y, en la misma fecha, n° 36.771) y n° 37.826, reg. 718, rta. el 8/7/2005.-

En segundo lugar, la defensa argumenta que los medios probatorios logrados no han sido correctamente apreciados por el a quo, razón por la cual concluye que debe descalificarse tanto el juicio realizado sobre la existencia de los hechos, como el de la culpabilidad de su asistido.-

En este contexto, cuestiona el grado de conocimiento logrado respecto a la participación de personal del Ejército y al acaecimiento de los hechos en la jurisdicción a cargo de Olivera Róvere o durante el lapso en el que éste se desempeñó al frente del Comando de la Subzona Capital Federal.-

Como se vio en el acápite anterior, estos extremos fueron especialmente atendidos por el a quo y por este Tribunal al momento de examinar cada caso en particular y es justamente en virtud de ese análisis que, en los sucesos en que se corroboraron los déficit de imputación señalados por la defensa, se revocó la decisión apelada.-

V.-
Atento a las características de los hechos que en la presente se darán por probados con el grado de convicción exigido por el art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación, entiende también el Tribunal que la calificación legal escogida por el a quo resulta correcta.-

En lo que hace a las privaciones ilegales de la libertad que se dieron por acreditadas corresponde su inclusión en el tipo penal descripto por el art. 144 bis, inciso 1° y último párrafo (ley 14.616), agravado por el art. 142 inc. 1° (ley 20.642) del Código Penal.-

Ya ha dicho este Tribunal que "Los hechos... debido a los caracteres de la aprehensión, presentaron el común denominador de tratarse de detenciones ordenadas por funcionarios públicos que abusaron de sus funciones y no guardaron las formalidades prescriptas por la ley.

Esta violación contra la libertad individual (artículo 18 de la Constitución Nacional) se ve agravada por haber mediado violencias y amenazas, teniendo en cuenta tanto la 'vis absoluta' como la 'vis moral' ejercida sobre las víctimas. Fue característica de todos estos hechos la actuación de grupos de personas armadas que respondieron al comando operacional de alguna de las tres fuerzas -vestidas de uniforme o de civil- que luego de ingresar a los domicilios de las víctimas, o de interceptarlas en la vía pública, o de individualizarlas a la salida de sus trabajos, las reducían con el blandir de sus armas o con la acción física directa, muchas veces en medio de procedimientos espectaculares, y las conducían a centros clandestinos de detención. Nunca mediaron órdenes de detención ni allanamiento expedidas por autoridades competentes. Por otro lado, también fue objeto de prueba concluyente que la permanencia en los lugares de cautiverio se caracterizó por el sometimiento de los reducidos a interrogatorios acompañados de tormentos y por circunstancias de vida ultrajantes a la condición humana..." (considerando quinto, punto I, causa 13/84).-

Las características reseñadas permitieron en aquella oportunidad adecuar los hechos en la misma figura legal escogida ahora por el a quo, razón por la cual y siendo que el grupo de hechos imputados a Olivera Róvere comparte estos elementos definitorios, será homologada dicha calificación.-

En similar dirección, cabe recordar que los hechos que damnificaron a Zelmar Michelini, Gutierrez Ruiz, Barredo de Schroeder y Alen Withelaw -que fueron además probados por este Tribunal en el marco de la causa 13/84 (casos 241/2/3/4)-, también en estas actuaciones, en ocasión de decretar la prisión preventiva de Suárez Mason, fueron calificados en los términos de los arts. 79 y 80 inc. 2° del Código Penal. Así se estableció que "Las muertes que se han tenido por probadas...fueron predeterminadas y concretadas actuando sobre seguro, atento al estado de indefensión en que se encontraban las víctimas y las circunstancias que rodearon sus ejecuciones lo cual permite tipificar ´prima facie´ a tales sucesos como homicidios agravados con alevosía, reiterados, en las personas de las víctimas enunciadas (arts. 55, 79 y 80 inc. 2° del Código Penal)" (cfr. fojas 4825/4848 de estas actuaciones).-

Finalmente, el caso que damnificara a Lardies agrega a la imputación el tipo penal contenido en el art. 144 ter, párrafo primero (ley 14.616) del Código Penal. Respecto a este delito, ya ha definido este Tribunal que consiste en la sumisión de los cautivos a "distintos tipos de vejaciones físicas con el propósito de obtener información, en algunos casos, o de quebrar su fuerza de voluntad, en otros, cuando ya no había datos que obtener. Ya se hizo referencia a las características de las torturas infligidas, a sus motivaciones y al estado de total indefensión en que se encontraban las víctimas, estado que les era continuamente recordado manifestándoles que se encontraban absolutamente desprotegidas y sometidas a la exclusiva voluntad de los captores..." (causa 13, considerando quinto, punto II).-

VI.-
En lo relativo a la libertad provisional de Olivera Róvere cabe remitirse a las consideraciones vertidas por este Tribunal en ocasión de resolver su incidente de excarcelación (c. n° 38.067, reg. 776, rta. el 2/8/2005).-

Dado que no han llegado a la investigación nuevos elementos que conmuevan el esquema de presunciones tenido en cuenta en aquella oportunidad para rechazar la excarcelación del imputado, es que corresponde confirmar la prisión preventiva dictada por el a quo.-

VII.-
Finalmente, dadas las características de esta investigación, el monto del embargo dispuesto en la resolución apelada aparece ajustado a derecho (artículo 518 y ccs. del C.P.P.N.), motivo por el que será confirmado.-

Por todo lo expuesto, este Tribunal RESUELVE:

I - RECHAZAR la nulidad interpuesta por los Dres. Giletta a fojas 234/287, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 166 y ccs. del C.P.P.N.-
II- CONFIRMAR el punto I y II del auto obrante a fojas 1/107, en todo cuanto deciden y fueron materia de apelación (artículos 306, 312, 316 y ccs. del C.P.P.N.)
III- CONFIRMAR parcialmente el punto III del auto obrante a fojas 1/107, por el que se ordena el procesamiento con prisión preventiva de Olivera Róvere en torno a los hechos que habrían damnificado a Esteban María Ojea Quintana, Carlos Florentino Cerrudo, Ercilia Argentina Vilar, Lorenzo Gerardo Gerzel, Santiago Astelarra Bonomi, Eduardo Guillermo Poyatastro, Néstor Julio España, Liliana Aimeta, Diego Jacinto Fernando Beigbeder, Nora Débora Friszman, Alberto Roque Krug, Guillermo Lucas Orfano, Marco Antonio Beovic, Teodoro Gómez, Julio Washington Cabrera, Eduardo Mario Korin, Jorge Fernando Di Pasquale, María Julia Harriet, Susana Beatriz Orgambide, José Luis Casariego, Gustavo Adolfo Ponce de León, Liliana Noemí Pistone, José María Federico López Bravo, Ángel Jorge Bursztein, Daniel Bursztein, Luis Daniel García, José Luis Aguirre, Evangelina Emilia Carreira, Ana María Pérez Sánchez, Liliana Edith González Eusebi, Jorge Daniel Collado, Graciela Mellibovsky Saidler, Mónica Goldstein, Jaime Barrera Oro, Teodoro Alberto Noailles, Jorge Loiacono Olguín, Eduardo Serrano Nadra, Clara Kierszenowicz Barimboin, Silvia Bertolino Loza, María José Rodríguez Pérez Acosta, Diana Alac, Marcelo Moscovich Kornitz, Olga Irma Cañueto, María Cristina Fernández, Hugo Topelberg, Leonor Gertrúdis Marx Pincus, Marcelo Ariel Gelman Chubarof, Carlos Andrés San Giorgio, Jorge Antonio Leonetti, Aida Fuciños Rielo, Juan Alberto Galizzi Machi, Eugenio Carlos Pérez, María Cristina Ramona García de Cagliano, Santiago Ghigliano, Pietra Susana Defelippes, Elena Cristina Barberis de Testa, Aníbal Carlos Testa, Miguel Sergio Arcuschin, Noemí Josefina Jansenson, Eugenio Osvaldo Cristofaro, Wenceslao Araujo, Alberto Pites, Mario Alberto Poggi, Nora Susana Todaro, Carlos Almendres Alegre, Mario Juan Villa Colombo, Laura Creatore Toribio, Marta Sierra Ferrero, María Blanca Martelli, Benito Romano Suárez, Héctor Sobel Kajt, Gustavo Alberto Vaisman Rusansky, Juan Jakillewics Adamo, Haroldo Pedro Conti, Alejandro Luis Fornica Chiazza, Ángel Molesini Bonini, Néstor Salvador Moaded, Roberto Sinigaglia, Lilia María Álvarez, Eduardo Ezequiel Merajver Bercovich, Gustavo José Pasic Dubrovsky, Miguel Ángel Jocker, Alejandro Luis Calabria Ferreira, Horacio Galván Lescano, Nelly García León, Gustavo Leguizamón Romero, Daniel Goicoechea Buceta, Oscar Adamoli Costa, Fernando Espíndolo Sogari, Carlos Otto Heinse Sottille, Francisco Candia Correa, Sonia Mabel Rossi, Miguel Ángel Sosa Fitipaldi, José Andrés Moyano Quiroga, Nemesio Farias Moreno, Adelina Noemí Gargiulo, Marcos Arocena Da Silva Guimaraes, Eduardo Gómez Mendieta, Pedro Labbate Rótola, Cristina Silvia Navajas Gómez, Manuela Santucho, Oscar Crabotti Penella, Héctor Saraceno, Haydeé Zagaglia Freddi, María Cecilia Magnet Ferrero, Enrique Walker Gardey, Eduardo Guersi, Horacio Adolfo Sotuyo, Alicia Marchini de Nicotera, Ricardo Alfredo Nicotera, Juan Carlos Risau, Eduardo Benito Francisco Corvalán, Nora Esther Hochman de Autebi, Jaime Emilio Lozado, Roberto Indalesio Arnaldo, Ricardo Alberto Gaya y Marta Spagnoli, los que constituirían el delito previsto en el artículo 144 bis, inciso 1° y último párrafo (ley 14.616), agravado por el artículo 142 inciso 1° (ley 20.642) del Código Penal, reiterado en ciento diecisiete (117) oportunidades (artículo 55 del Código Penal).-
IV- REVOCAR parcialmente el punto III del auto obrante a fojas 1/107 por el que se ordena el procesamiento con prisión preventiva de Jorge Olivera Róvere en torno a los hechos que habrían damnificado a Aggio, Álvarez, Amico Esumato, Choque Cosme, Cabral Plineo, Carnevale Conti, Da Costa, Galvez Brusco, Tránsito Giménez, González Navarro, Gualdero Acuña, Higa, Alejandro y Carlos Knobel, Moya Saravia, Muñiz Paz, Roberto, Torrallardona, Torrente, Domínguez, Morresi, Casteletti, Poch Márquez y Kitzler y, en consecuencia, DICTAR la falta de mérito del nombrado respecto de los sucesos señalados (artículo 309 del C.P.P.N.).-
V- CONFIRMAR el punto V del auto obrante a fojas 1/107, en todo cuanto decide y fue materia de apelación (artículo 309 y ccs. Del C.P.P.N.).//-
VI- DECLARAR la incompetencia parcial del a quo para continuar conociendo respecto de los hechos que damnificaran a José Alekoski, Mafalda Corinaldesi de Stampon y María Adelaida Viñas, debiendo proceder de acuerdo a lo dispuesto en el punto III.b.3 de este pronunciamiento (artículo 37 y ccs. del C.P.P.N.)
Regístrese, notifíquese al fiscal de cámara y devuélvase, debiendo el a quo cumplir con las notificaciones restantes y proceder conforme a lo estipulado en los considerandos.

Fdo.: Cavallo - Vigliani


1   2   3

similar:

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconSiendo denunciante ante estos hechos que los podríamos potenciar...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconAntes del siglo XVII, los seres vivientes más pequeños conocidos...
«telescopio» colocando ambos lentes en un tubo para mantener entre ellos la distancia adecuada. El príncipe Mauricio de Nassau, comandante...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconE. Derecho Penal Mínimo, Derecho Penal de II y III velocidad, la...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconResumen el desequilibrio cíclico de los mercados de oferta y demanda...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconEl fenómeno de la cosa juzgada material opera, así, respecto de los...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconEn la 26° Edición del Premio al Emprendedor Agropecuario bbva francés,...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconPrograma de Centros Asociados para el Fortalecimiento de Posgrados....

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconComo un rompecabezas de la Argentina que completó las piezas de cada...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconResumen Siguiendo el llamamiento de Wolfram König, Presidente de...

Delitos de lesa humanidad. Dictadura militar. Comandante de la Subzona Capital Federal. Reproche penal respecto de hechos acontecidos en los centros de iconLa criminalización de nuevas conductas: los delitos de cuello blanco...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2019
contactos
b.se-todo.com