C. Procurador Federal de Protección al Ambiente




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Asunto: Se presenta Denuncia Popular

Lic. Patricio Patrón Laviada

C. Procurador Federal de Protección al Ambiente

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
En Atención a la Lic. Karla Isabel Acosta Resendí

Directora General de Denuncias Ambientales,

Quejas y Participación Social.
_______________________ (nombre de la persona), personalidad que acredito con la identificación oficial, __________________________________ (descripción breve de trabajo o profesión).
Para acreditar mi personalidad, adjunto copia simple de mi identificación oficial; señalo como domicilio común para oír y recibir notificaciones y todo tipo de documentación el ubicado en la Calle Allende, número 7, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Código Postal 04650, Distrito Federal, con número telefónico (55) 56 17 90 27, autorizando para estos efectos a Martha Josefa Burgoa Vargas y a Lizy Peralta Mercado, quien cuenta con cédula profesional para ejercer la abogacía expedida por la Dirección General de Profesiones con número 4405499, y a quien nombro mi representante y, por lo tanto, le otorgo poder amplio, cumplido y bastante para que en nuestro nombre y representación realice, en razón de la presente Denuncia Popular, actuaciones presentes y futuras ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; ante Usted, con el debido respeto, comparecemos para exponer:
Que por medio del presente escrito, y con fundamento en los Artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 y siguientes de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (ley ambiental federal); 118, 119 y 134 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y demás aplicables, presento Denuncia Popular en contra de los siguientes actos derivados de las autoridades que señalamos como responsables, los cuales estimo, son violatorios de la normatividad en materia ambiental, de bioseguridad y de vida silvestre, entre otros, afectando cuestiones de orden público e interés social al ampliar la situación de riesgo o amenaza de contingencia ambiental en México y poner en peligro inminente la integridad de varios ecosistemas y agroecosistemas y su biodiversidad, además de ser actos violatorios de derechos y garantías individuales y colectivas así como, en particular de plantas silvestres:
1.- Los 24 permisos otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a favor de las empresas agrobiotecnológicas Monsanto, Dow AgroSciences y PHI México, para llevar a cabo siembras experimentales a campo abierto en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, con eventos de maíz genéticamente modificado o transgénico que adelante se precisan, con lo cual favorece además futuras siembras comerciales y, por lo tanto, una creciente dispersión de esos materiales transgénicos en el resto del territorio nacional, afectando la agrobiodiversidad y el ambiente.

2.- Los dictámenes de bioseguridad vinculantes, que contienen las evaluaciones de riesgo al ambiente y a la diversidad biológica, emitidos en sentido favorable a las 24 solicitudes de siembra por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con lo cual favorece además futuras siembras comerciales y, por lo tanto, una creciente dispersión de esos materiales transgénicos en el resto del territorio nacional, ampliando la situación de riesgo para preservar la agrobiodiversidad y proteger el ambiente.
3.- Las autorizaciones dadas por la Secretaría de Salud (Ssa) a las solicitudes de siembra para desarrollar los experimentos arriba denunciados, con lo cual favorece además futuras siembras comerciales y, por lo tanto, una creciente dispersión de esos materiales transgénicos en el resto del territorio nacional, ampliando la situación de riesgo para preservar la agrobiodiversidad, proteger el ambiente y propiciando la contaminación de los acervos de maíz destinados para la alimentación.
DEL INTERÉS JURÍDICO

Comparezco ante Usted en virtud del derecho que confiere el artículo 189 de la Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, que a continuación se transcribe y con lo cual se acredita mi interés jurídico:

“Art. 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.”

Basamos la denuncia en los siguientes Hechos, Conceptos de Violación y Fundamentos de Derecho:
HECHOS
I.- En 1991 entró en vigor en nuestro país el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT). Este Convenio distingue condiciones sociales, culturales y económicas de las poblaciones indígenas, reconociéndolas como pueblos con identidad y organización propia, que sostienen una relación especial con las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado, con derechos sobre sus tierras y recursos naturales, y a decidir prioridades en sus procesos de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. El Estado Mexicano quedó obligado a respetar la integridad de los pueblos indígenas; a adoptar medidas especiales para salvaguardar sus bienes, su trabajo, su cultura y su medio ambiente; a consultarles mediante sus instituciones representativas, cada vez que prevea medidas susceptibles de afectarles directamente; a establecer medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente en decisiones que les atañen; entre otros.

La lucha mundial por el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios ha avanzado y recientemente, en el año 2007, prácticamente todos los Estados dieron su voto de aprobación para adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que además de reforzar derechos de reconocimiento previo, reconoce la contribución de los conocimientos, las culturas, y las prácticas tradicionales indígenas al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente; su derecho al disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo; a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales; a conservar y proteger el ambiente y a mantener sus semillas; a determinar libremente sus condiciones para lograr su “desarrollo”; el derecho de los pueblos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado; a ser consultados mediante sus instituciones representantes antes de adoptarse medidas administrativas o legislativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento previo, libre e informado; a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con la tierra, territorios y otros recursos que tradicionalmente han poseído y a asumir las responsabilidades, que en este sentido les incumben, para con las generaciones venideras; entre otros.
El Convenio 169 fue ratificado por el Estado Mexicano y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 1990, por lo cual forma parte del marco jurídico nacional y es ley suprema.1 La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue adoptada por el Estado Mexicano el 13 de septiembre de 2007.
II.- En 1992 los gobiernos del mundo se reunieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en donde plantearon su preocupación por la amenaza de pérdida de especies y de ecosistemas provocada por la acción humana y sus profundas repercusiones en el desarrollo económico y social de los países. De esta reunión internacional derivó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde quedó consensuado el “Principio de Precaución” que determina la aplicación de medidas eficaces ante cualquier peligro o amenaza de daño grave o irreversible para el ambiente, con el fin de impedir estos peligros y garantizar la seguridad ambiental:
Principio 15 “Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”.
En dicha Conferencia de las Naciones Unidas quedó dispuesto a la firma de los Estados el primer acuerdo mundial enfocado a la conservación de la biodiversidad: el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). Esta ley internacional, que es de observancia obligatoria para los Estados signatarios -entre ellos México-, reconoce que la conservación de la diversidad biológica es de “interés común de toda la humanidad” (preámbulo). Plantea la existencia de riesgos derivados del uso y de la liberación de transgénicos y probables repercusiones ambientales adversas que puedan afectar a la conservación, así como riesgos para la salud humana, observando para los Estados parte que es vital prever, prevenir y atacar, en su fuente, las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica y que no podrán alegar la falta de pruebas científicas inequívocas, como razón para aplazar medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo la amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica (Principio Precautorio). Asimismo, los Estados parte quedaron obligados a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.
El CDB fue ratificado por el Estado Mexicano y publicado en el DOF el 7 de mayo de 1993.
III.- A partir del año 1993 y hasta principios de 1999, el Estado Mexicano permitió siembras experimentales de maíz transgénico en diversas regiones del país. Se desarrollaron 32 cultivos experimentales de maíz transgénico, a cielo abierto, en los estados de Guanajuato, Morelos, Sinaloa, Nayarit, Sonora, Jalisco, Baja California Sur y Estado de México. Estos experimentos fueron realizados por Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Asgrow Mexicana, Pioneer, Mycogen Mexicana, Monsanto e Híbridos Pioneer y constituyeron una fuente inicial de contaminación transgénica de maíz en México.
IV.- En 1993, los gobiernos de Canadá, Estados Unidos (EU) y México suscribieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual entró en vigor el 1º de enero de 1994. El capítulo agropecuario de este tratado comercial establece, entre otros aspectos, cupos de importación para ingresar determinadas cantidades de maíz y frijol, entre otros, provenientes de Estados Unidos a nuestro país, con un pago de arancel o impuesto que fue disminuyendo progresivamente hasta llegar a cero. Esta situación significó importar cada vez más maíz a México,2 mientras que en el país vecino, a partir de 1996, se destinaron cada año más hectáreas a la siembra comercial de maíz transgénico.3
De acuerdo a las reglas comerciales del TLCAN, el 1º de enero de 2008, el maíz importado quedó desgravado en su totalidad y, a partir de ese momento, Estados Unidos exporta ese grano sin límite a nuestro país y sin nunca haber segregado -mucho menos ahora- el maíz convencional del transgénico en las importaciones masivas, pues el acuerdo no establece restricciones.4 Al respecto, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) ha señalado que “en Estados Unidos, los maíces transgénicos no están segregados y se ha reportado que los acervos de maíz que deberían estar libres de transgenes albergan más de un 1% de maíces transgénicos”.5
Según datos oficiales, hasta el año 2003 DICONSA distribuía esos maíces importados a través de sus más de 22 mil tiendas rurales, y existe la posibilidad de que pudieran haberse usado como semilla y no sólo para alimento o usos de la agroindustria conforme a los permisos de importación. Por lo tanto, las importaciones de maíz provenientes de Estados Unidos han sido una fuente continua de contaminación transgénica de los maíces en México, que hoy se ve agravada por dos situaciones recientes:


  • “La planta del maíz es utilizada como biorreactor: un sistema de producción basado en la transformación genética de plantas cultivadas (como el maíz), con el fin de obtener productos no alimenticios de carácter industrial como plásticos, aceites industriales, biocombustibles y fármacos... Debido a la naturaleza de la reproducción del maíz, cuya polinización es abierta, y a las características particulares del sistema agroecológico de México, es de esperarse que los materiales resultantes de biorreactores transgénicos puedan permear la cadena alimenticia humana, lo cual conlleva el peligro de que se produzcan enormes consecuencias negativas a la salud de la población de México y del mundo entero. Ya han ocurrido escapes accidentales de semillas de biorreactores que se han combinado con semillas no transgénicas dentro de contenedores de almacenamiento en Estados Unidos”.6 La Unión de Científicos Preocupados (UCS por sus siglas en inglés), de EU, ha hecho una investigación muy detallada sobre los problemas suscitados por el uso del maíz como biorreactor. La producción de algunos fármacos, como por ejemplo la aprotinina que es un poderoso anticoagulante usado en operaciones "a corazón abierto", representa un enorme riesgo al que se somete a la población mexicana, si se llegara a contaminar la cadena alimentaria con esa proteína; asimismo existen por lo menos otras cinco proteínas en proceso de producción a partir del maíz biorreactor, en particular para producir vacunas.7


Algunos de estos genes de maíces biorreactores son producidos por las mismas compañías que han solicitado sembrar materiales transgénicos a campo abierto en México. Estudios de la UCS han demostrado que éstas y otras compañías han sido incapaces de mantener segregadas sus líneas transgénicas y no transgénicas; no han podido mantener confinadas las primeras en los sitios autorizados; y tampoco hay evidencia de que hayan podido segregar a cabalidad las distintas líneas transgénicas entre sí, incluyendo las que expresan fármacos y otras substancias que, sin lugar a duda, cancelarían la vocación alimenticia del maíz, de infiltrarse estos genes a la cadena productiva y alimenticia de este cereal.8


  • El pasado 20 de enero de 2010, la Comisión Federal para la Protección sobre Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud, entregó cuatro autorizaciones para importar y comercializar variedades de maíz transgénico recién aprobadas en Canadá y Estados Unidos; en particular, la variedad transgénica de maíz SmartStax por primera vez combina ocho eventos transgénicos [para tolerar herbicidas -glufosinato y glifosato-, y resistentes a insectos] en una sola variedad de semilla, producto de una colaboración entre las empresas Monsanto y Dow AgroSciences. Los reguladores canadienses, al igual que los funcionarios estadounidenses, no realizaron las evaluaciones de seguridad correspondientes, simplemente porque las ocho nuevas características introducidas fueron aprobadas antes de modo individual; hicieron caso omiso de los potenciales riesgos sanitarios de ingerir en un solo maíz ocho alteraciones genéticas,9 así como del impacto ambiental de esta nueva semilla. Combinar muchos atributos transgénicos a la vez puede conducir a efectos no buscados y potencialmente perjudiciales tanto para la salud como para el ambiente.

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