Sala de Casación Civil




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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Civil




Magistrado Ponente:

Manuel Ardila Velásquez


Bogotá D.C., veintidós de noviembre de dos mil uno (2001).

Ref: Expediente Nº 7050
Decídese el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 29 de septiembre de 1997 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dictada en el proceso de la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S. A. contra la Cooperativa de Transportadores de Zipaquirá - Cootranszipa Ltda.
I. Antecedentes
1. La compañía demandante solicitó que se declare que la cooperativa demandada es responsable civilmente de los daños y perjuicios causados por la pérdida que la Compañía Pintuco S.A. sufrió con ocasión del robo de un cargamento de dióxido de titanio, en momentos en que era transportado de la ciudad de Cartagena a Bogotá, y por tanto se la condene a pagar la cantidad de $10.713.601.27, como suma que corresponde a la indemnización pagada por la compañía aseguradora, “más la devaluación o corrección monetaria de dicha suma, desde el 20 de marzo de 1987”, y a título de perjuicios derivados de la mora, desde la misma fecha, “los intereses corrientes sobre la suma antes indicada”.

2. En apoyo de sus pretensiones señaló la sociedad actora los hechos que a continuación se resumen:
La compañía Pintuco S. A. contrató con la cooperativa demandada el transporte entre las ciudades de Cartagena y Bogotá de un cargamento de dióxido de titanio.
El vehículo que transportaba el cargamento partió de la ciudad de Cartagena el 27 de enero de 1987, y cuando transitaba por el municipio de Valdivia fue asaltado y “desapareció junto con la mercancía”.
La dueña de la mercancía la tenía amparada con una póliza específica de seguro de transporte, expedida por la Compañía de Seguros Antorcha de Colombia S. A.; aseguradora que, en consecuencia, canceló el 29 de marzo de 1987 la cantidad de $10.713.601.27.
En virtud del pago por concepto de la indemnización proveniente del siniestro amparado, la aseguradora demandante se subrogó legalmente en los derechos de la Compañía Pintuco S. A. “contra los responsables por la pérdida sufrida”, esto es, contra la demandada, que incumplió con su obligación proveniente del contrato de transporte.
3. La demandada se opuso a las pretensiones y planteó la excepción previa de falta de competencia, así como la de mérito que denominó “inexistencia del nexo causal entre la demandante y la demandada”.
En primera instancia se denegaron las pretensiones de la demanda mediante sentencia que apeló con éxito la compañía aseguradora, toda vez que el Tribunal la revocó y, en su lugar, declaró civilmente responsable a la cooperativa demandada “por la pérdida de la mercancía que le fuera confiada para su conducción”, condenándola a pagar la suma de $10.713.601.27, “cantidad que corresponde al monto de la indemnización que ésta pagó, de acuerdo al valor de las cosas”, sin corrección monetaria ni intereses, siendo esta la decisión ahora impugnada en casación por el actor.
II. La sentencia del tribunal

El ad-quem sostiene que cuando una compañía aseguradora cancela el valor de la indemnización proveniente de la ocurrencia de un siniestro, se subroga en los derechos del asegurado por el solo ministerio de la ley, esto es, “sin la concurrencia de las partes contratantes”, pero únicamente hasta el valor de la suma pagada, “pues es verdad averiguada que dicho contrato de seguro es eminentemente indemnizatorio, no pudiendo ser fuente de ganancias”; así lo tiene previsto el artículo 1096 del Código de Comercio y lo ha interpretado la jurisprudencia.
Hace ver que la subrogación opera una vez acreditado el pago de la indemnización por parte del asegurador al asegurado y por ella “se hace titular, como sujeto activo de esa relación, de las garantías propias del crédito y de todas las acciones que tenía su antecesor contra el obligado principal y contra los solidarios”, concepto que le lleva a concluir que el elemento básico e indispensable para que opere dicha figura jurídica es el pago, de manera que ante su ausencia, “el asegurador vendría a ser un extraño ajeno dentro de la relación”, requisito cuya comprobación en el expediente le corresponde a la compañía aseguradora, a la que también le asiste el deber de probar los perjuicios y su cuantía.
Encuentra demostrada la existencia del contrato de transporte entre la demandada y la empresa Pintuco S. A., así como el contrato de seguro y la ocurrencia del siniestro que condujo a la pérdida total de la mercancía, es decir, el incumplimiento de la obligación principal a cargo del transportista.
Tras la pericia que decretó de oficio, el tribunal accedió a lo pretendido en la demanda pero únicamente en el monto pagado por la compañía aseguradora al asegurado, “sin incluir la devaluación monetaria ni los intereses pedidos”, interpretando de esa forma los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio, agregando que aun sin pronunciamiento expreso “se supone que a partir de la ejecutoria de este fallo, con base en la sentencia de condena proferida por la jurisdicción, empiezan a correr los intereses legales contemplados en el artículo 1617 del Código Civil”, decisión a la que arribó luego de desechar la excepción de mérito planteada como de inexistencia del vínculo, tras sostener que la acción subrogatoria deviene por el solo ministerio de la ley “aún contra la voluntad del causante del daño”.
III. La demanda de casación
Amparada en la causal primera de casación, un solo cargo se formula contra la sentencia del tribunal , así:
La parte recurrente le imputa a la sentencia violación directa, por interpretación errónea, de los artículos 1, 2, 515, 822, 864, 871, 1036, 1037, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1054, 1072, 1077, 1079, 1080 (antes de la modificación sufrida por el artículo 83 de la Ley 45 de 1990), 1083, 1085, 1088, 1089, 1096, 1098 y 1110 del Código de Comercio y de los artículos 1530, 1531, 1536, 1602, 1603, 1604, 1613, 1614, 1625, 1626, 1627 (inciso 1º), 1666, 1667, 1668 y 1670 del Código Civil; por falta de aplicación de los artículos 5 y 8 de la Ley 153 de 1887, 26, 27 (inciso 2º), 28, 30, 31 y 1627 (inciso 2º) del Código Civil, 831 del Código de Comercio y 177 (inciso 2º) del Código de Procedimiento Civil; y por aplicación indebida del artículo 27 (inciso 1º) del Código Civil.
La recurrente expresa que el contrato de seguro, al tenor del artículo 1088 del Código de Comercio, es de mera indemnización y “en ningún caso podrá constituir una fuente de enriquecimiento”; de suerte que en el evento del hurto de una mercancía “solo se podrá resarcir al asegurado el daño directo sufrido por éste, consistente en la pérdida de la misma, … se pretende reparar al asegurado el daño emergente”, siendo factible la indemnización por el lucro cesante únicamente cuando las partes contratantes así lo han pactado expresamente. Agrega que “si la suma asegurada es superior a la pérdida sufrida, no podrá el asegurado reclamar aquella sino simplemente ésta; y si dicha suma asegurada es inferior a la pérdida sufrida, la obligación del asegurador tan solo se extenderá a aquélla”.
A continuación argumenta que de la ocurrencia del siniestro emergen dos vínculos jurídicos: “el derivado de una relación eminentemente contractual entre asegurado y asegurador” del cual surge la obligación a cargo del asegurador de cancelar la indemnización acordada en el evento de que ocurra el siniestro, y de otra parte, “un vínculo totalmente distinto entre el asegurado y los terceros responsables del daño”, que puede ser, según el caso, de índole contractual o extracontractual.
Afirma que si una persona sufre la pérdida de un bien que no se encuentra asegurado, debe reclamar la reparación directamente del responsable de tal hecho, buscando la indemnización que podrá incluir el daño emergente y el lucro cesante y que derivará de una relación contractual o se intentará como reclamación de índole extracontractual según el caso; situación que debe ser idéntica para cuando el bien se encuentra amparado por un seguro de daños respecto de la reparación que se intente contra el tercero, siendo entonces facultativo de éste acudir a dicha reclamación o hacer efectivo el seguro y, entonces, la aseguradora deberá “si se cumplen los requisitos contractuales, proceder a cancelar el monto de la indemnización en la forma en que hubiere sido acordado en el respectivo contrato”.
Si la reparación la intenta el asegurado directamente de la compañía aseguradora y ésta le cancela la correspondiente indemnización, es obvio, añade el censor, que aquella cuenta con la posibilidad de “perseguir a aquellos terceros que ocasionaron el daño pues de lo contrario, el causante del mismo se vería beneficiado ya que nunca estaría obligado a reparar el daño y, por consiguiente, gozaría de un enriquecimiento sin causa justificativa alguna”, razón por la cual la ley tiene previsto que en dicha hipótesis “el asegurador que pague una indemnización se subroga por el solo ministerio de la ley, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro”, lo que explica también la obligación impuesta por el legislador al asegurado, en el sentido de prohibirle la renuncia de sus derechos contra los responsables del siniestro, ( Código de Comercio artículo 1097).

En esa misma medida hace énfasis en que la ley es clara cuando establece que la subrogación comprende la totalidad de los derechos que corresponderían al asegurado, derechos que consisten precisamente, agrega la censura, “en perseguir al tercero responsable del siniestro y el de obtener de éste el pago de los perjuicios ocasionados, incluyendo el resarcimiento del daño emergente y del lucro cesante de acuerdo con los derechos que tiene, … el asegurado”, lo que implica que “no se trata tan solo de un reclamo numérico”, sino de un reclamo de una indemnización, con un límite: “el monto pagado al asegurado, pero ello no desvirtúa su carácter sustancial”.
En su sentir, la disposición contenida en el artículo 1096 del Estatuto Mercantil es fiel reflejo de la naturaleza del contrato de seguro de daños que no pretende lucro ni ventaja alguna, entendiendo que el asegurador ya los obtuvo por el recaudo de las correspondientes primas.
En esas condiciones, aunque no es factible concebir el seguro de daños como fuente de enriquecimiento, tampoco es dable, a su juicio, apreciarlo como fuente de empobrecimiento, situación que se da cuando se le niega el factor de la corrección monetaria “como un mecanismo tendiente a mantener el equilibrio en las relaciones contractuales, sin que tal incremento pueda considerarse como un enriquecimiento de quien lo percibe”.
De esa manera, añade, cuando el legislador impone un límite a la subrogación en favor de la compañía de seguros que paga un siniestro cuya responsabilidad deriva de un tercero, no puede inferirse de ello “que se ha desnaturalizado el concepto del derecho involucrado en la indemnización, ni mucho menos que con la sola comparación de las sumas pueda derivarse la extinción de la obligación”, por el contrario, debe entenderse que el asegurador puede perseguir al tercero responsable en los mismos y amplios términos otorgados al acreedor original, con la salvedad de que dicha subrogación comprenderá sólo “hasta el importe pagado por el asegurador”, es decir, “no podrá perseguir la indemnización por el lucro cesante o por el daño emergente si este fue mayor a la suma asegurada (…), pero si podrá perseguir el monto de la indemnización cancelada”.
Quiere el legislador, según lo interpreta la censura, que las compañías aseguradoras reciban, en virtud de la subrogación prevista en el citado artículo 1096 de la ley mercantil, lo mismo que cancelaron a título de indemnización, lo cual implica que aquellas no pueden recibir más de lo cancelado, pero tampoco menos, de manera que “en la forma en que ha venido siendo interpretada tal disposición, la única persona que sufre el desmedro patrimonial sin responsabilidad de ninguna índole es la compañía de seguros teniendo como contrapartida el beneficio y provecho del responsable del siniestro, lo cual, en su opinión, linda con el absurdo. Sería la primera disposición jurídica que premia la culpa o el dolo y castiga la diligencia, el cuidado y el cumplimiento de los contratos”.
La situación jurídica de los responsables del daño frente a la indemnización de los perjuicios no tiene porqué ser diferente si se la mira en relación con la reclamación que de ellos haga en forma directa el asegurado, o la reclamación que pretenda la compañía aseguradora, porque si en el primer evento los causantes del daño deben cancelar la totalidad de la indemnización, entendiendo dentro de ella la corrección monetaria, ese mismo tratamiento debe aplicarse al segundo evento, sin que la palabra “importe” pueda excluir la posibilidad de condenar por tal concepto toda vez que “si bien el fenómeno de la subrogación no puede ser fuente de enriquecimiento para el asegurador, mucho menos lo puede ser para el causante del perjuicios.
Finaliza su argumentación expresando que ese es el sentido que el Consejo de Estado ha dado al artículo 1096 del Código de Comercio, lo que se complementa con el artículo 1627 del Código Civil que dispone que para que el pago sea liberatorio no puede ser “realizado a través de cosa distinta de la que se deba, y en tal sentido el acreedor no puede ser obligado a recibir otra cosa”, de manera que no podrá entenderse que existe pago “cuando el acreedor es obligado a recibir, con carácter liberatorio, un valor distinto al que efectivamente corresponde a la prestación adeudada”, principio que se incumple con la interpretación mediante la cual se le da “un significado simplemente nominalista y formal, y no sustancial a la obligación de repetir contra el tercero cuando media un contrato de seguro”.
Consideraciones




La Corte, al abordar recientemente el punto ahora discutido, reiteró el criterio nominalista que, a ojos vista, consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, cuyo amplio estudio, que abarca en gran medida, por no decir que en su totalidad, el análisis de la línea argumentativa que expone el casacionista en la especie de esta litis, es bien traerlo a colación. He aquí su reseña:
“a) Dijo en 1981 que ‘cuando por presentarse el siniestro la compañía aseguradora cubre el valor de la respectiva indemnización, por ministerio de la ley, o sea, sin concurrencia de las partes contratantes, el asegurador se subroga en los derechos del asegurado indemnizado contra el autor del daño, pero solo hasta el valor de la suma pagada. (…). Como ha sido rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (artículo 1088 Código de comercio) es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior’1.
b) Confirmó y amplió este criterio en 1985 al puntualizar que ‘en orden a precisar los alcances de la subrogación legal que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, ha de tenerse en cuenta que la indemnización que paga el asegurador estará determinada por el valor del daño derivado del siniestro, evaluado al momento de su ocurrencia e indemnizado en términos del contrato, lo cual excluye, desde luego, los intereses o perjuicios moratorios que el artículo 1080 impone al asegurador, en su caso, pues estos desbordan el concepto de daño asegurado. La suma que limita el derecho del asegurador, ‘transmitido’ ope legis por el asegurado, es la del día del pago de la indemnización, y a esa suma ha de quedar limitada también la responsabilidad del causante del siniestro.
‘Si con miras a la correcta interpretación del citado artículo 1096 se consultan sus antecedentes, cuya importancia en este campo reconoce el artículo 27 del Código Civil, será necesario insistir que la expresión ‘hasta concurrencia del importe’ no puede tener alcance distinto al que indica su tenor literal. Ello es así por cuanto, como lo tiene admitido la doctrina general de los autores, el asegurador, a consecuencia de un siniestro indemnizable, no puede sufrir perjuicio en la acepción jurídica de la palabra. Y no puede sufrirlo porque la indemnización que él pagó al asegurado tiene un origen contractual, y porque ha recibido con la prima la contraprestación correspondiente a su obligación y porque opera en función del cálculo de las probabilidades’2.
c) En 1993 tuvo la oportunidad de expresar que ‘ha querido el legislador otorgarle al pago del seguro con subrogación una naturaleza de orden público, con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias allí indicadas, con cierta autonomía de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o después del pago. En efecto, para determinar el límite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta únicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado o de las circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc. Luego se trata de un límite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, también da seguridad jurídica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del daño. Por eso, prescribe el artículo 1096 del Código de Comercio que la subrogación legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como límite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intención inequívoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho límite. (…). Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto del seguro’3.
d) En 1995 reafirmó su jurisprudencia, la cual se halla vigente, al manifestar que ‘la expresión ‘…hasta concurrencia del importe…’ a que alude el artículo 1096 del Código de Comercio, debe interpretarse a la luz de lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, razón por la cual no puede tener un alcance distinto al que señala su tenor literal. La razón de ser de este precepto estriba en el carácter indemnizatorio de esta especie de contrato, motivo por el cual no puede ser fuente de ganancias o riqueza’. Y más adelante agrega que ‘el cimiento de la subrogación no es propiamente la protección patrimonial del asegurador, al cual, de todas formas, se le abre la posibilidad de la subrogación, la cual, en verdad, tiene por objetivo básico la necesidad de evitar el enriquecimiento del causante del daño, así como enervar la posibilidad de que el asegurado obtenga un doble pago del perjuicio. El carácter indemnizatorio lo fija la ley para la prestación a favor del asegurado, desde luego, para evitar allí también que la ocurrencia del siniestro se torne en una fuente de lucro, no de restablecimiento del equilibrio patrimonial para éste. Todo lo cual se halla inspirado en nítidos principios de moral social. Y si pudiera decirse que ese carácter indemnizatorio se traslada a la pretensión del asegurador que ha pagado, en frente del directo causante del daño, sólo podrá ser dentro del marco de su propia erogación, no sólo por lo ya dicho, sino también porque no se entendería cómo si el asegurador sólo queda obligado frente al asegurado a pagarle una suma determinada por razón de la pérdida sufrida por éste, él sí pueda exigirle al causante del daño una corrección monetaria que no ha cubierto, máxime cuando no fue el directamente perjudicado’.
‘Luego no puede acudir el censor a la supuesta necesidad de ‘mantener el equilibrio de las relaciones jurídicas’ como un presupuesto para aplicar la corrección monetaria que depreca, puesto que si el pago de la indemnización no es factor de desequilibrio contractual o empobrecimiento del asegurador, sino de pago de una prestación debida, mucho menos resulta serlo el reembolso nominal de la indemnización’4.
Concluyó la Corte en la citada sentencia reiterando que “Son tan sólidos los criterios jurisprudenciales acabados de memorar, que la Sala no puede menos de prohijarlos en esta nueva ocasión. En efecto, todos ellos, a una, descubren las potísimas razones que entregan una fisonomía jurídica muy propia a la subrogación que consagra el artículo 1096 del Código de Comercio, de lo cual es diamantino reflejo el mandato por fuerza del cual la aseguradora no tiene más derecho que a la suma que efectivamente pagó por virtud del contrato de seguro. Dicha norma, pues, lejos de contener descuidadas voces legislativas, denota una ratio legis respetabilísima, y hace de su preceptiva el acuñamiento de un raciocinio sazonado, particularmente si en cuenta se tiene que acaso esa es la manera más aconsejable como se preserva el equilibrio de todas las relaciones jurídicas que se dan cita en el punto.
“No es de recibo argüir, entonces, que cuando así se decide resulta desnaturalizado el carácter indemnizatorio de la obligación subrogada, porque, insístese, la del artículo 1096 en cita es una subrogación de estirpe singular; tanto, que no tiene la fuente común del fenómeno conocido como pago realizado por un tercero, ya que la aseguradora ha pagado deuda propia, la misma que a su cargo surgió del contrato de seguro, lo cual repugna, hay que admitirlo, si pasase por persona digna de ser indemnizada. Es claro que ella tiene derecho a ser reembolsada, mas no indemnizada, y esto mismo pone fuera de lugar la invocación del criterio de equidad que en eventos indemnizatorios ha tenido presente la Sala, atendiendo pautas como la del art. 16 de la ley 446 de 1998.
“En otros términos, al pagar el asegurador, libera o extingue la obligación del autor del daño, respecto del asegurado, hasta la cuantía de lo pagado, merced a la existencia de un contrato de seguro que protegía a la persona que precisamente le trasladó el riesgo, quedando aquél subrogado, hasta esa cuantía, en los derechos del asegurado, según el imperativo legal. Es posible que de cara a esta disposición, el monto de la condena a cargo del responsable del daño no resulte igual a aquel que hubiera arrojado si el demandante fuese la propia víctima, porque para ésta no existe norma que de suyo limite, y su reclamo, ese sí indemnizatorio, podría gozar de mayor amplitud; mas, como ya se dijo, el diverso resultado se explica por la presencia de un asegurador que, con arreglo a sus fines, ayuda a paliar las pérdidas, sin que por ello adquiera la calidad de víctima o de directamente perjudicado, pues el hontanar de su obligación es muy otro, a saber, el contrato de seguro, dentro de cuyo marco ha recibido contraprestación. Total que el asegurador no puede pretextar que la consabida limitación legal implique un empobrecimiento suyo. Ni es dable alegar, por otra parte, que sin la corrección monetaria el demandado resultaría pagando una cosa diferente a la debida, en lo que se violaría el artículo 1627 del Código civil, pues sea lo que fuere, el caso es que el censor pasa de largo ante el hecho de que es la propia norma la que deja lugar a reservas, al disponer, a renglón seguido, que todo ello es sin “perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes”, con lo que dejó de lado explicar, como es de necesidad en un recurso dispositivo, porqué su caso lo enmarca en la regla general y no cuadra dentro de las excepciones, siendo que, como viene de verse, la subrogación del artículo 1096 es asaz particular.
“Y comoquiera que la Corte estima que la solución dada por la ley es la más justa de todas, antinómico fuera reconocer la corrección monetaria que edificada sobre el postulado de la equidad ha dispuesto la Corporación en otros asuntos (Sentencia de 25 de agosto de 2000, exp. 5445).
De ese modo, hallando la Sala que no sólo son muchas sino persuasivas las razones que referidas se dejan, desemboca en la conclusión de que el cargo no prospera.


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