Siglas y Acrónimos




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Finalidades de la empresa pública



El objetivo de la empresa pública, tal como se encuentra establecido en la Constitución es “la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas”32, texto con el que coincide la LOEP: “Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.”33
Conforme los modelos tradicionales de la empresa pública, se considera su desarrollo para la implementación y cumplimiento de políticas públicas económicas, sociales y de control de los mercados para corregir distorsiones y concertaciones que menoscaban la competencia, así como prestar apoyo económico y compensación a “sectores económicos y sociales determinados”. La práctica internacional de la empresa pública también le encarga la actuación en áreas geográficas y económicas donde no incursionan las empresas privadas por su escasa rentabilidad. 34

Creación



Las sociedades de Derecho Público constituidas por Decreto Ejecutivo son llamadas empresas públicas nacionales en la Constitución.
La LOEP identifica el instrumento jurídico que formaliza la constitución de la empresa pública con su creación. El documento constitutivo de la empresa pública se puede promulgar –según sea el caso— a través de un Decreto Ejecutivo, una Ordenanza normativa, una “escritura pública” o la “resolución” del máximo órgano universitario. La “escritura pública” de constitución de la empresa pública del “Estado central” y el “gobierno autónomo descentralizado”, requiere el antecedente de un Decreto Ejecutivo y una “ordenanza normativa”.
El error de considerar como normativo el acto o resolución del gobierno autónomo descentralizado, el cual no es una acto reglamentario, ese un error que no tendría relevancia jurídica, salvo la posibilidad de su impugnación en vía contencioso administrativo o constitucional. Se debe recordar que los actos administrativos solo pueden ser impugnados en vía administrativa y contencioso administrativa o en acción de protección por las partes afectadas, mientras que el acto reglamentario puede cuestionarse por la vía de anulación o de inconstitucionalidad de acto normativo.
La condición legal para la creación de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados es que convenga para la prestación de los servicios públicos o del “desarrollo de otras actividades de emprendimiento”.35
El estatuto de la empresa pública debe contemplar los aspectos del funcionamiento particular de la empresa de que se trate en los detalles no especificados en la LOEP, como su objeto y el “giro del negocio”, al que se alude la LOSNCP, el cual se formaliza y se publicita en los instrumentos mencionados en la LOEP.

Nacionalización y expropiación de empresas



En el plano doctrinal, es posible la creación de la empresa pública a través de la “nacionalización”. Este término comprende la expropiación por parte del Estado de un área o de áreas enteras de la economía, o de una parte de ellas; como por ejemplo, la explotación de hidrocarburos.
La Constitución de 1978 se refería a la “nacionalización”, pero este término no aparece en la Constitución de 1998 ni se contempla en la presente Constitución. En todo caso podría el Estado expropiar los activos de una empresa, cumpliendo los requisitos contemplados para el efecto en la Codificación del Código de Procedimiento Civil o en el COOTAD. Pero estas normas no autorizan la asunción de las actividades empresariales de una sociedad o empresa individual, como son la clientela, marcas y patentes, good will, franquicias, etc., aunque, sin duda, estos intangibles sí podrían ser expropiados individualmente.


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