Siglas y Acrónimos




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Régimen jurídico



El régimen jurídico de la empresa pública es de Derecho Público, más la LOEP, de manera ambigua, parece limitar la vigencia del Derecho Administrativo “exclusivamente” a sus actos, hechos y contratos para “la construcción de obra pública e infraestructura”36, confusión que se reitera en la constitución de la Empresa Pública Estratégica Hidropastaza EP, de generación eléctrica, que atribuye a esta empresa la potestad de celebrar “contratos civiles” y “mercantiles”.
Resulta confuso el alcance de estas declaratorias, que podría interpretarse como calificando “civiles” a todos sus demás “actos, hechos y contratos” y por lo tanto sujetos a la Jurisdicción Civil. Esta interpretación contradice el contexto general del régimen jurídico de la empresa pública atribuido por la LOEP. En primer lugar, no se compadece con su calidad de persona jurídica de Derecho Público37, su régimen contractual38 de personal39 y la atribución de la jurisdicción coactiva “para la recaudación de los valores adeudados por sus clientes, usuarios o consumidores”.40 La LOEP determina la vigencia de los “contratos, convenios y más actos jurídicos” de las sociedades anónimas que se transforman en empresas públicas, pero la adecuación de estos contratos a los “trámites administrativos” y “órganos” de la LOEP.41
No hay que confundir el alcance jurisdiccional del estatus “administrativo” de las instituciones y empresas públicas con la normativa sustancial civil, que en todos los casos es aplicable al Estado y sus instituciones a falta de normas expresas de Derecho Público. Es decir, según la norma general del Derecho Público, en los temas no regulados expresamente se aplica la normativa civil, mercantil, financiera, bancaria, etc. del derecho común.
Es cierto, por otra parte, que la LOEP establece un régimen mixto para las sociedades anónimas de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, las contempladas en el Mandato 15 y las empresas subsidiarias: legislación mercantil para asuntos societarios; pero Derecho Público y Administrativo para los regímenes tributario, fiscal, laboral, contractual, de control y funcionamiento.42
Como se verá más adelante, en los acápites sobre contratación y sobre jurisdicción, las normas legales vigentes confirman que la jurisdicción que corresponde a la empresa pública, en todas sus manifestaciones, es la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de que la empresa pública constituida a partir de una sociedad anónima, conforme las disposiciones de la LOEP, continúe en la vía civil los procesos de las sociedades civiles que se encuentren en trámite, según las reglas civiles de “la ley en el tiempo”.

Régimen económico



La referencia constitucional a “las demás (empresas o sectores estratégicos) que determine la Ley”, admite la calificación legal de “sector estratégico” a prácticamente cualquier actividad que, a su vez, admitiría la creación de cualquier empresa pública para loa emprendimientos estatales en estos sectores.
La LOEP atribuye características económicas especiales a la empresa pública en su actividad económica. Debe propender a la obtención de excedentes o superávit en sus operaciones.43 No tienen este requerimiento las empresas constituidas exclusivamente para brindar servicios públicos en las cuales haya “preeminencia en la búsqueda de rentabilidad social, a favor de las cuales el Estado podrá constituir subvenciones y aportes estatales que garanticen la continuidad del servicio público”. Las subvenciones y los aportes presupuestarios especiales a las empresas públicas tienen por objeto la prestación de servicios públicos en zonas deficitarias y para el cumplimiento de políticas públicas específicas.44
La referencia a “excedentes” o “superávit” es apropiada, en cuanto no corresponde el término de “utilidades” en los resultados de las empresas públicas, ya las utilidades califican el lucro repartible entre los socios. Pero no se debe confundir la utilización de “excedentes” como autorizando una contabilidad de puros ingresos y egresos, puesto que las amortizaciones de activos así como el costo de los intangibles y subvenciones, si es el caso, deben reflejarse en el cálculo de los “excedentes” o “superávit”.
Estos excedentes pueden invertirse y reinvertirse en la misma empresa o en las empresas subsidiarias “relacionadas o asociadas, de carácter público”. El resto se transfiere al Presupuesto General del Estado.45
Se reconoce el autofinanciamiento de las empresas públicas a través de los medios usuales empresariales; “ingresos provenientes de la comercialización de bienes y prestación de servicios así como de otros emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, acciones, participaciones; acceso a los mercados financieros, nacionales o internacionales, a través de emisión de obligaciones, titularizaciones, contratación de créditos; beneficio de garantía soberana; inyección directa de recursos estatales, reinversión de recursos propios; entre otros”, para estas últimas acciones de financiamiento requiere la autorización expresa del Directorio de la empresa y, obviamente, el cumplimiento de los requisitos legales,46 especialmente los establecidos por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Las empresas públicas, sus subsidiarias y filiales no están obligadas a cumplir las “normas de contabilidad gubernamental, tampoco están obligadas a gestionar sus recursos financieros a través de la Cuenta Única del Tesoro Nacional ni a través del ESIGEF.” Debe llevar su contabilidad de general aceptación y normas internacionales de contabilidad.47
Los recursos públicos de las empresas públicas nacionales, es decir solamente aquellas creadas por decreto ejecutivo, se pueden manejar a través de fideicomisos, previa autorización del “ente rector de finanzas públicas”, en la actualidad el Ministerio de Finanzas. Estos fideicomisos también se podrán establecer por parte de las demás empresas públicas, no calificadas como “nacionales, en casos de excepción, previamente autorizadas por el “ente rector de finanzas públicas”.48

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