Siglas y Acrónimos




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El patrimonio de la empresa pública



Las empresas públicas no tienen propiamente “capital” en el sentido jurídico del término, sin embargo que la LOEP alude al “capital de las empresas públicas que se creen en lugar del de las sociedades anónimas extinguidas”49, pero tienen patrimonio y por lo tanto activos y pasivos.
Los bienes patrimoniales de las empresas públicas, atribuidos por la LOEP50 y las que adquiera siguen la normativa ordinaria sobre registros (acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes tangibles e intangibles y demás activos y pasivos), es decir registro societario, registro mercantil, registro civil, de tránsito, de maquinaria del MTOP, etc., en lo procedente.

La contratación de la empresa pública



Los contratos laborales de las empresas públicas, incluyendo la contratación colectiva,51 se rigen por lo determinado en el Código del Trabajo, en todos sus aspectos y se revisan más adelante en el rubro del régimen laboral.
Los derechos y obligaciones estipulados en los contratos celebrados por las sociedades anónimas de capitales públicos que se transforman en empresas públicas, según lo dispuesto por la LOEP, guardan su vigencia y deben cumplirse en su integridad, “pero en materia de trámites administrativos y órganos ante los cuales deban realizarse” se sujetan a la LOEP. Esta declaratoria es suficientemente imprecisa. ¿Cuáles serían los “trámites administrativos” a los que se refiere la norma? No se afirma que estos contratos, suscritos por las sociedades anónimas, contratos que son de índole civil, deban transformarse en contratos públicos. En efecto, estos últimos, de acuerdo con la LOSNCP, observan una serie de trámites: impugnaciones de multas, de órdenes de trabajo y de cambio, de entrega recepción, etc., que en lo procedente podrían cumplir lo dispuesto en la LOSNCP, siempre que se trate de contratos de adquisición de obras, bienes y servicios, incluyendo los servicios de consultoría. Se estima que todos los demás contratos existentes, como de: seguros, mutuo, arrendamiento, marcas y patentes, compraventa, incluyendo leasing, conservarán su naturaleza original, sin transformarse en contratos públicos, con excepción de la jurisdicción que sería la contencioso administrativa.
Las adquisiciones de bienes, obras y servicios, incluyendo servicios de consultoría, de las empresas públicas se rigen por la LOSNCP, al igual que las demás instituciones públicas enumeradas en esta Ley,52 con las excepciones anotadas y adicionales excepciones determinadas en la LOEP.
La LOSNCP contempla un “régimen especial” reglamentado por el Ejecutivo, exclusivamente para los contratos del Estado y sus instituciones incluyendo empresas públicas ecuatorianas y sus subsidiarias, con compañías extranjeras de capital estatal mayoritario o sus subsidiarias. Las empresas públicas ecuatorianas pueden aplicar este régimen especial solamente para adquisiciones de bienes, obras y servicios directamente relacionados con el denominado “giro del negocio”.53
Adicionalmente la LOEP también asigna un “régimen especial” para las empresas públicas que suscriban “contratos o convenios tales como alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar”, con empresas nacionales públicas o privadas o empresas extranjeras con capitales estatales mayoritarios. No se definen estas figuras, por lo cual se deben entender según la denominación común de la doctrina jurídica. Asimismo la alusión a “contratos o convenios tales como” y “otros de naturaleza similar” abarca una amplia gama de figuras convencionales en que las partes, es decir la empresa pública y los terceros co-contratantes, asuman obligaciones y derechos.
Cuando se trate de empresas extranjeras de capitales estatales mayoritarios, solamente se podrán aplicar las estipulaciones previstas en los instrumentos citados para las adquisiciones de bienes, obras y servicios, puesto que la LOEP no hace referencia a otro tipo de contratos en estos casos de convenciones con empresas públicas extranjeras.
En lo no previsto en tales instrumentos convencionales se aplican las normas comunes de la LOSNCP.

La contratación petrolera



La exploración y explotación directa de yacimientos hidrocarburíferos se atribuye a las “Empresas Públicas de Hidrocarburos”, pero la Ley fija las opciones de delegación a otras empresas para estos fines, a través de contratos de asociación, participación, prestación de servicios u “otras formas contractuales de delegación”, así como constituir compañías de economía mixta con empresas nacionales y extranjeras.54
Se asigna al Ministerio de Minas y Petróleos la adjudicación de contratos de operación hidrocarburífera sin licitación a “empresas estatales o subsidiarias de estas, con países que integran la comunidad internacional, con empresas mixtas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria y los de obras o servicios específicos”55, según las políticas de asignación directa y en las áreas determinadas y asignadas por la Secretaría de Hidrocarburos (SH). Compete a las empresas públicas de hidrocarburos solicitar la aprobación de áreas y actividades a ser asignadas a empresas de economía mixta. En estas compañías el “socio estratégico” de la empresa pública realiza las las inversiones de exploración a su cuenta y riesgo.56
En forma subsidiaria, si la SH establece la falta de capacidad técnica de las empresas públicas nacionales, puede delegar directamente a empresas públicas extranjeras o de capital público mayoritario la delegación directa en áreas y actividades que determine.57

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