Siglas y Acrónimos




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Manejo tributario



El manejo tributario de la empresa pública es el mismo de las demás instituciones públicas, incluyendo las exoneraciones previstas en las leyes pertinentes, siempre que se encuentren registradas en el Registro Único de Contribuyentes, “lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario”.68
“Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes.”69

La jurisdicción de la empresa pública



En general, está vigente la norma que asigna a la jurisdicción contencioso administrativa la competencia para conocer y resolver “todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos, reglamentos expedidos, suscritos o producidos por las entidades del sector público”70, lo que, sin duda, aplica al conocimiento de las demandas contra las empresas públicas.
La legitimación procesal que correspondió a la sociedad anónima involucrada en el litigio civil se transmite a la empresa pública para todos los efectos.71
Las demandas del Estado y sus instituciones, incluyendo empresas públicas, contra sus contrapartes en contratos que no sean contratos “públicos”, se han planteado en ocasiones, en forma errónea, ante la jurisdicción civil. Este duda podría replicarse a raíz de la atribución a Hidropastaza para celebrar “contratos administrativos, civiles, financieros, mercantiles, comerciales, laborales, industriales, de propiedad intelectual o de servicios”72, pero ninguna norma vigente establece otra jurisdicción diferente de la contencioso administrativa, excepto para la jurisdicción laboral. Resulta claro que los procesos laborales se llevan ante el respectivo juez laboral. Para las demás controversias, la norma pertinente atribuye su conocimiento a la jurisdicción contencioso administrativa73, pero sería deseable un pronunciamiento más explícito de la ley en este sentido.
En todo caso, para los contratos sometidos a la LOSNCP, corresponden las normas ahí contempladas de procedimiento administrativo a través de actos administrativos de ejecución contractual, conforme el principio del Derecho Administrativo de la auto tutela, según el cual la Administración pronuncia el derecho en forma administrativa, pronunciamiento sujeto a la impugnación del ciudadano en la jurisdicción contencioso administrativa.
Las normas generales del Código Civil, sobre las reformas legales determina que continúan vigentes las estipulaciones sustantivas y las formalidades de los trámites legales iniciados, pero “[l]as leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento que deben comenzar a regir.”74
Siguiendo los principios procesales contenidos en el Código Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial75, sobre la aplicación de la Ley en el tiempo, los procesos civiles en trámite de las sociedades anónimas que se convierten en empresas públicas continúan sustanciándose en la vía civil, mientras que los nuevos litigios se ventilarán en la vía contencioso administrativa, con excepción de la recaudación de valores adeudados “por sus clientes, usuarios o consumidores” que se tramita en la jurisdicción coactiva76. Esta facultad se debe interpretar en forma restrictiva, de manera que las controversias sobre valores adeudados por otros rubros o los provenientes de la ejecución de contratos públicos sigue el procedimiento general, es decir el arbitraje o la jurisdicción contencioso administrativa.
La LOEP ordena la suspensión de pagos a las personas naturales o jurídicos contra las cuales la Contraloría General del Estado “haya establecido glosas de responsabilidad culposa”, confirmada en sede administrativa, por cualquier causa y respecto de cualquier empresa pública o entidad del Estado”, lo que se ejecuta a pesar de la “presentación del juicio de excepciones a la coactiva”.77
La normativa pública arbitral se aplica en todos sus aspectos a la empresa pública. No obstante, se establece una limitación importante en las cláusulas arbitrales estipuladas entre compañías de capitales públicos y particulares, cuando los contratos no fueron aprobados por la Procuraduría General del Estado, cláusulas arbitrales que carecerían de validez con la transformación de esas compañías en empresas públicas. Así, tales cláusulas arbitrales deberán necesariamente remitirse a la Procuraduría General del Estado para su aprobación, con el fin de evitar futuras alegaciones de nulidad del laudo por parte del Estado en un eventual arbitraje.

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