Jaime alberto arrubla paucar




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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Bogotá, D. C., siete (7) de julio de dos mil cinco (2005).

Referencia: Expediente C-0500131860041998-00174-01
Decídese el recurso de casación que interpuso ASEGURADORA COLSEGUROS S. A., respecto de la sentencia de 22 de febrero de 2002, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de EFRAIN CELEITA CELEITA contra la recurrente.
ANTECEDENTES
1.- En la demanda que originó el proceso, el demandante solicita que se declaren cumplidos los requisitos para el pago de la indemnización por la ocurrencia del riesgo asegurado, el hurto del automotor Mercedes Benz, 560SEC, modelo 1987, placa BAH-794, y que como consecuencia se condene a la demandada a pagar por tal concepto la suma de $90.000.000.oo, según póliza de seguro No. 8-22-018035-6 de 30 de julio de 1997, conjuntamente con los intereses moratorios desde el 29 de noviembre del mismo año, fecha en la que ha debido cancelarse la obligación, hasta cuando se verifique su pago, todo debidamente indexado.
2.- En lo pertinente, para sustentar las pretensiones, el demandante manifiesta que amparado el riesgo de hurto del automotor citado en la cantidad de $55.000.000.oo, posteriormente, luego de su avalúo por parte de una firma especializada, las partes, de mutuo acuerdo, la reajustaron a la suma de $90.000.000.oo.
Ocurrido el siniestro anotado, el 16 de septiembre de 1997, el demandante notificó el hecho a la aseguradora. Efectuada la reclamación, el 19 de los mismos mes y año, dicha aseguradora no la objetó y aunque realizó algunos ofrecimientos de pago, inclusive frente a la recuperación del automotor, pero desvalijado, finalmente, en carta de 25 de septiembre, siguiente, dio por terminado unilateralmente el contrato de seguro, sin haber realizado el pago de la obligación.
3.- La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, en lo esencial, porque en relación con el valor comercial del automotor para la fecha del seguro, la suma asegurada es excesiva, amén de que se obtuvo induciéndose en error a la aseguradora, mediante engaños y procedimientos irregulares, hechos que precisamente evoca para sustentar la excepción de nulidad del contrato de seguro, entre otras.
4.- El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Medellín, en fallo de 26 de abril de 2001, condenó a la sociedad demandada a pagar por concepto del seguro la suma de $56.000.000.oo, sin indexación, pero con intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, una vez echó de menos la prueba de un supraseguro doloso, aunque sí un exceso del valor asegurado, razón por la cual lo redujo a la cantidad anotada que corresponde al avalúo comercial del automotor.
Decisión que el Tribunal confirmó al resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes, salvo lo concerniente al pago de intereses moratorios, los cuales reconoció a partir del 29 de noviembre de 1997, en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, antes y después de la vigencia del artículo 111 de la Ley 510 de 1990.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
1.- Superada la existencia del contrato de seguro, así como la ocurrencia del riesgo asegurado, el hurto del automotor del caso, el Tribunal, en primer lugar, centró el estudio al valor real del riesgo asegurado y a la validez de dicho contrato.
2.- Sentado que el “sobreseguro”, cuando proviene de intención manifiesta del asegurado, genera la nulidad del contrato de seguro, el sentenciador desechó para establecer el precio comercial del vehículo, el avalúo realizado por SERGIO A. RESTREPO, que sirvió para reajustar el valor del seguro, por no ser auténtico, y las declaraciones de HÉCTOR OBANDO BEDOYA, propietario anterior del automotor, y de MARIELA LOPEZ ARISMENDY, intermediaria de seguros, la de ésta por no haber tenido injerencia en esa indagación, y la de aquél, al no dar cuenta exacta de la negociación, pues alude a tres cantidades no coincidentes con el valor dado por el demandante.
Así mismo, como los testigos de la sociedad demandada ningún valor señalan al vehículo, salvo encontrar exagerado el referido por el demandante, el Tribunal tuvo como precio real del mismo al momento del siniestro, la suma de $56.000.000.oo, que corresponde al dictamen practicado en el proceso sin objeción alguna de las partes.
3.- Establecido, entonces, un sobreseguro de $34.000.000.oo, el Tribunal procedió a verificar si para ese propósito el demandante actuó con la intención manifiesta de defraudar a la aseguradora.
Conducta que de plano descartó, porque conforme lo declaró la intermediaria de seguros, si bien el demandante quiso asegurar el automotor por el precio que lo adquirió, $90.000.000.oo, lo cierto es que así inicialmente haya sido asegurado por $55.000.000.oo, la aseguradora aceptó el avalúo comercial que presentó el tomador, una vez inspeccionó el vehículo, pues de no ser así, “no habría suscrito la nueva póliza que para la variación del ‘riesgo asegurable’ y ‘prima’ debió ser elaborada”.

Conclusión que también predicó de lo manifestado por el gerente jurídico regional de la sociedad demandada, en cuanto si el vehículo se inspeccionó y aseguró por dicha suma, pero sin tenerse certeza sobre su verdadero valor por tratarse de un vehículo especializado, la decisión en últimas es imputable a la “aseguradora y no al asegurado, quien simplemente esperó lo que la compañía resolviera”.
Agregó el Tribunal que aunque el automotor fue asegurado por un valor exagerado, en comparación con el dictamen practicado en el proceso, de ninguna manera puede calificarse esa estimación de mentirosa, falsa o carente de verdad, no sólo por la diversidad de sumas al respecto referidas, sino por resultar inferior al precio de los repuestos requeridos para repararlo, según cotización expedida por un concesionario de la Mercedes Benz.
Respecto de los testimonios de PEDRO IGNACIO SOTO GAVIRIA, CARLOS ALBERTO ARANGO TAMAYO, CESAR JULIO COLORADO DIAZ y JUAN GUILLERMO OSORIO PEREZ, el sentenciador consideró que así hayan indicado que el perito SERGIO A. RESTREPO no examinó el automotor para el avalúo que condujo a incrementar las coberturas, según este mismo lo dio a conocer por escrito, lo cierto es que el citado perito no concurrió al proceso a corroborar el dicho de los testigos ni tampoco se allegó al expediente el documento en cuestión.
Concluyó el Tribunal que como el avalúo presentado por el demandante para reajustar el valor del interés asegurado, pudo ser discutido por la aseguradora, quien conocía del ramo y tenía personal idóneo para inspeccionar los vehículos, es claro que al aceptar ese avalúo se descartaba la intención del tomador de defraudarla. Por lo tanto, la falta de diligencia y cuidado de la aseguradora no puede trasladarse al demandante, quien “simplemente se limitó a valorar su rodante y a manifestar que por ese valor quería asegurarlo, sin que participara, o al menos eso no se infiere del plenario, del procedimiento que culminó con el avalúo que luego fue aportado a la compañía”.
4.- Al no prosperar la excepción de nulidad del contrato de seguro, el Tribunal, en lo que interesa al recurso de casación, centrado en el estudio de la indexación e intereses reclamados, consideró que como ambos eran excluyentes sólo procedían estos últimos, a partir del 29 de noviembre de 1997, porque se había demostrado con los documentos aportados y lo declarado por el Director del Centro de Atención de Reclamos y del Subgerente Técnico de la aseguradora, que el demandante oportuna y debidamente presentó la reclamación, sin que dentro de los términos legales aquélla la hubiere objetado.
EL RECURSO DE CASACION
Los dos cargos propuestos, con apoyo en el artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, la Corte los resolverá en el mismo orden, por ser el que lógicamente les corresponde.

CARGO PRIMERO
1.- Denuncia la violación de los artículos 871 y 1091 del Código de Comercio, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de los avalúos del concesionario de la Mercedes Benz, Autocentro Limitada, y del Departamento de Usados de la Mercedes Benz de Colombia, con relación al dictamen del proceso y al presentado para reajustar el seguro; del interrogatorio del demandante, y de los testimonios del gerente, subgerente, director de reclamos y asesor técnico de la aseguradora, de la intermediaria de seguros, de la persona que transfirió al actor el vehículo, de CARLOS ALBERTO ARANGO TAMAYO y de JUAN GUILLERMO OSORIO PEREZ.
2.- En su desarrollo, la recurrente afirma que la acertada conclusión sobre la existencia de un sobreseguro, el Tribunal la dejó trunca al omitir analizar que en la segunda fijación del valor asegurado se agazapaba la decidida intención defraudadora del demandante de obtener eventualmente una indemnización desmedida.

Sentado que el demandante participó activamente en pedir, diligenciar y obtener la fijación excesiva del interés asegurado, la recurrente expresa que la conclusión sobre que dicho demandante “simplemente se limitó a valorar su rodante y a manifestar que por ese valor quería asegurarlo, sin que participara, o al menos eso no se infería del plenario, del procedimiento que culminó con el avalúo que luego fue aportado a la Compañía”, no corresponde a la realidad probatoria.
La recurrente llama la atención cómo el “verdadero valor del automóvil es desconocido por todos”, al punto que existen avalúos divergentes. El primero se presenta en la declaración de HÉCTOR OVIDIO OBANDO BEDOYA, quien al referirse a los pormenores del contrato de permuta que sobre el anotado bien celebró con el demandante, porque pese a que lo había adquirido por $77.000.000.oo, manifestó que el “vehículo debe valer $110.000.000.oo”, pues a cambio recibió una buseta, $20.000.000.oo en efectivo, y un reloj rolex, por lo que siendo imprecisas las cifras, “a tal suma llegó el testigo arbitrariamente” “para favorecer la defraudación”.
La otra divergencia surge del demandante, quien indicó que valoró el vehículo en $90.000.000.oo, porque amén de los $20.000.000.oo en efectivo, a ese precio quedaba bien vendida la buseta en $50.000.000.oo y el reloj en $40.000.000.oo. Respuesta de la cual parecería que el citado demandante, al “haber permutado bienes avaluados en $110.000.000.oo, él considera que el vehículo adquirido como resultado del negocio vale $90.000.000.oo y que, aún así, los bienes permutados quedaron bien negociados”. Así las cosas, ninguno de los distintos valores “se ajusta a la realidad” y “cada avalúo presenta cantidades muy superiores a las reales.
Considera la recurrente que como desde un comienzo el demandante manifestó el deseo de asegurar el automotor en $90.000.000.oo, la conclusión del Tribunal sobre que el asegurado no participó en el procedimiento posterior que concluyó con el reajuste de la cobertura, “es débil y contraevidente”. En efecto, como lo declaró la intermediaria de seguros, la aseguradora accedió a reajustar el valor asegurado, pero a petición del cliente y en interés de éste, que no de aquélla, quien allegó para el efecto un avalúo comercial del vehículo.
Avalúo que al tenor de lo declarado por CARLOS ALBERTO ARANGO TAMAYO, fue fraudulento, dado que quien lo suscribe, el señor SERGIO A. RESTREPO R., no tuvo ante sí el vehículo, lo cual concuerda con el testimonio de los señores JUAN GUILLERMO OSORIO PEREZ y CESAR JULIO COLORADO DIAZ, de cuyos dichos se puede inferir que el avalúo en cuestión se obtuvo con el fin de defraudar a la aseguradora, como así lo intentó el demandante desde el momento mismo de la celebración del contrato de seguro, según aparece probado.

Frente a lo anterior, la recurrente concluye que la conducta del demandante no se limitó a valorar el automóvil, como erróneamente lo sostiene el Tribunal. La circunstancia misma de considerar como provechoso permutar bienes por $110.000.000.oo, a cambio de un vehículo de $90.000.000.oo, denota algo turbio, pues si el negocio fue ventajoso es porque los bienes permutados no valían lo que el asegurado sostiene. Algo similar ocurre con el valor que el asegurado le dio al automotor, aún teniendo conocimiento que el avalúo asignado por FASECOLDA para “vehículos similares” era de $55.900.000.oo.
3.- Manifiesta la recurrente que al no apreciar debidamente el Tribunal los medios de prueba que dan cuenta de la conducta defraudadora del asegurado, y al atribuirle a la aseguradora la falta de diligencia y cuidado, deja de aplicar el artículo 1091 del Código de Comercio, y como consecuencia omite declarar la nulidad del contrato de seguro.
CONSIDERACIONES
1.- Siendo intocable en casación, por no haber sido objeto de reproche, la conclusión del Tribunal relativa a la existencia de un supraseguro, en cuantía de $34.000.000.oo, pues al momento del seguro, inclusive cuando ocurrió el siniestro asegurado, el hurto del automotor del caso, el bien tenía un avalúo comercial de $56.000.000.oo, según lo dictaminaron los peritos del proceso, es incuestionable que al reajustarse el valor de dicho riesgo de $55.000.000.oo a $90.000.000.oo, nada pudo haberse realizado a espaldas del demandante, entre otras razones porque como también se encuentra demostrado en el proceso, respecto de lo cual no existe discusión alguna entre las partes, el mentado demandante estimó desde un comienzo su vehículo en el equivalente al último de los rubros mencionados.
Frente a lo anterior, salta de bulto que la conclusión del Tribunal sobre que el demandante “simplemente se limitó a valorar su rodante y a manifestar que por ese valor quería asegurarlo, sin que participara, o al menos eso no se infiere del plenario, del procedimiento que culminó con el avalúo que luego fue aportado a la compañía”, es equivocada, porque si el valor de la solicitud inicial del seguro, $90.000.000.oo, en últimas coincide con el avalúo que aceptó la aseguradora para reajustar el valor de las coberturas, es porque necesariamente en el anotado procedimiento participó el demandante, en cuyo interés precisamente se obtuvo dicho incremento.
2.-Con todo, las actuaciones que realizó el demandante con el anotado propósito, no confluyen por sí en la nulidad del contrato de seguro, porque conforme lo establece el artículo 1091 del Código Comercio, amén del “exceso del seguro sobre el valor del interés asegurado”, también se requiere que por “parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al asegurador”.
Por su puesto que si la nulidad del contrato de seguro es la consecuencia de un sobreseguro doloso, es a la aseguradora a quien le corresponde probar no sólo el exceso sobre el valor real del interés asegurado, sino también la intención manifiesta del asegurador de defraudar a la aseguradora, esto es, que al declarar la suma asegurada o al obtener el aumento del valor de ella, en el asegurado existía el propósito de perseguir una ganancia ilícita a expensas de la comunidad aseguradora.
En el caso, ninguna de las pruebas que el cargo singulariza como mal apreciadas ponen de presente la “intención manifiesta” del demandante de defraudar a la sociedad demandada cuando obtuvo el incremento del valor del riesgo asegurado. Al contrario, lo que confirman es que en lugar de un sobreseguro doloso, el exceso sobre el valor real del riesgo asegurado provenía era de una mala estimación del valor comercial del automotor que fue objeto del siniestro.
En efecto, con el fin de poner de relieve el dolo del demandante, la recurrente simplemente refiere que como el avalúo presentado para reajustar el valor del interés asegurado se obtuvo fraudulentamente, pues el experto que lo firmó no tuvo ante sí el automotor, según lo manifestaron los testigos de la sociedad demandada, lo que aunado al autoavalúo de dicho demandante y a las divergencias de valores manifestadas por éste y por quien le transfirió el citado vehículo, esto permitía inferir que el establecido “sobreseguro” no tenía otro propósito que defraudar patrimonialmente a la aseguradora.
Lo que se observa en las citadas pruebas, como la misma recurrente resalta, “es que el verdadero valor del automóvil es desconocido por todos”, pues “sobre él existen cuantificaciones divergentes”. Así que aceptando, inclusive, que el experto en automotores SERGIO A. RESTREPO R. no examinó el vehículo cuando certificó su valor, tal cual lo relataron los testigos de la aseguradora que se citan en el cargo, incluyendo el gerente regional, lo cierto es que, según éste también lo declaró, como al momento inicial del seguro no se tenía certeza sobre su valor real por ser un carro “especializado” excluido de las tablas de FASECOLDA, tablas que entre otras cosas, en consonancia con lo que anotó el citado gerente, no son obligatorias porque son simplemente de referencia, finalmente dicho automotor se aseguró en $55.000.000.oo, suma que correspondía al avalúo de un vehículo similar, que no igual, al del proceso.
La recurrente manifiesta que la insistencia del demandante en valorar su automotor por $90.000.000.oo, “aún teniendo conocimiento de que el valor fijado por FASECOLDA para vehículos similares era de $55.900.000.oo”, lo sitúa en el campo de la mala fe. Desde luego que aparte de que, según se indicó, las tablas de esa entidad son simplemente de referencia, la conclusión sobre ese particular sería de recibo en el evento de un vehículo igual y del mismo modelo al asegurado, que no es el caso, porque tal cual se anotó, se trata de un automotor “similar”, inclusive de modelo anterior, como se corrobora en la información suministrada por la citada entidad, pues el carro similar de la misma marca que menciona es un 500SEC, 1986, en tanto que el del presenta asunto pertenece a un 560SEC, 1987.
Por lo mismo, si el vehículo similar aparece efectivamente estimado por FASECOLDA en $55.900.000.oo, cae de su peso inferir un supraseguro doloso de los avalúos deconcesionario de la Mercedes Benz, Autocentro Limitada, y del Departamento de Usados de la Mercedes Benz de Colombia S. A., mencionados en el cargo. El primero, porque pese a que se refiere a un automotor 500SEC, 1987, que no al del proceso, sin embargo lo avalúa en una cifra inferior al modelo 1986, concretamente en $30.000.000.oo; y el segundo, porque como su objeto es el vehículo del demandante, pues al mismo expresamente se refiere, es de entender que el avalúo comercial de $45.000.000.oo que menciona, corresponde al estado actual en que dicho automotor se encuentra, desvalijado, toda vez que el escrito que contiene esa estimación tiene fecha posterior a la presentación de la demanda.
En suma, como los medios a que se refiere el cargo, incluyendo el interrogatorio del demandante y el testimonio de la persona que le vendió a éste al automotor del caso, ponen de presente que al momento de tomarse el seguro existían divergencias sobre su verdadero valor, o como se expresa en el cargo, el avalúo comercial era “desconocido por todos”, en ningún error de hecho, con las características de manifiesto y trascendente, que son los requisitos para que en casación dicho yerro se estructure, incurrió el Tribunal al echar de menos la prueba de un supraseguro doloso.
3.- El cargo, en consecuencia, no prospera.
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