Filiación acciones de filiación Derecho a la identidad Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial prueba: Prueba biológica de los herederos




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FILIACIÓN   Acciones de filiación – Derecho a la identidad - Acción de reclamación de estado de hijo extramatrimonial  PRUEBA: Prueba biológica de los herederos   Negativa a realizarla – Efectos - Presunto padre fallecido - Imposibilidad de exhumación del cadáver por cremación previa

El actor interpuso acción de filiación extramatrimonial contra los herederos del presunto padre. El juez de grado admitió la acción con sustento principal en la negativa de los demandados (herederos del presunto padre fallecido) a efectuarse la prueba biológica. La Cámara confirmó el decisorio de primera instancia.

R., Á. E. v. Herederos de E. P. - Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza - 12/3/2008

Publicado en:

  • LA LEY 4/6/2008 con nota de Eduardo A. Zannoni, pág.3 - LA LEY 2008-C LA LEY 2008-C, pág. 599 - LLGran Cuyo 2008 (junio), 435

  • SJA (Suplemento de Jurisprudencia Argentina) del 4/2/2009 (AbeledoPerrot) con nota de María Victoria Famá - Citar Lexis Nº 35030012

El fallo fue anotado por el Dr.Eduardo A.Zannoni y la Dra.María Victoria Famá

FALLO COMPLETO

2ª INSTANCIA.  Mendoza, marzo 12 de 2008.

1ª.  ¿Es justa la sentencia apelada?

2ª.  Costas.

1ª cuestión.  La Dra. Marsala dijo:

1. Se elevan estos autos a la alzada en razón del recurso de apelación interpuesto a fs. 271 por los demandados contra la sentencia dictada el 6/3/2007, obrante a fs. 263/268, que acogiera la demanda por filiación interpuesta por Á. R. contra los herederos de E. P.

2. La relación de la causa nos informa que a fs. 3/4 el Sr. Á. R. inicia demanda por reclamación de estado contra quienes resulten herederos de quien en vida fuera E. P., a fin de que se le reconozca como hijo extramatrimonial y, en consecuencia, heredero del mismo.

Relata que es hijo de A. A. R., quien ingresó a trabajar a la B. F., donde trabajaba como enólogo E. P.; entre ellos nace una relación amorosa, quedando su madre embarazada. También por dichos de su madre conoce que el presunto progenitor quiso reconocerlo, pero se opusieron sus abuelos; asimismo, su madre le contó que en algunas ocasiones el Sr. P. los visitaba y ayudó materialmente. Ofrece pruebas testimoniales y ADN, para lo cual deberá citarse a los herederos o bien ordenar la exhumación del cadáver.

A fs. 49/55 se amplía demanda y se ofrece nueva prueba.

A fs. 69/74 contestan los demandados oponiéndose a someterse a exámenes médicos, pruebas biológicas, moleculares, genéticas y/o de tipificación de ADN. Adhieren a la prueba instrumental ofrecida por la actora y ofrecen el expte. sucesorio n. 147382.

A fs. 91 y vta. se admiten las pruebas, haciéndose lugar a la oposición.

A fs. 95 declara A. A. R.; a fs. 96 declara Ana de García; a fs. 97 declara Isidro Bonzo; a fs. 174 corre informe del director del Cementerio de Godoy Cruz; y a fs. 182/185 luce el informe expedido por el Cementerio de la Capital.

A fs. 263/268 se dicta sentencia.

La jueza que me precedió en la instancia anterior  luego de relatar los antecedentes de la causa  razona del siguiente modo: en el caso más allá de la prueba rendida en autos, teniendo en cuenta que lo que se está tratando es el derecho a la identidad de una persona, valorará todas las pruebas rendidas, valiéndose incluso de los indicios  los que a continuación define .

A renglón seguido analiza el testimonio de la madre del actor considerando que su testimonio resulta fundamental en el proceso, ya que es ella y no otra persona quien pude aportar datos válidos respecto de la cuestión debatida en autos. Entiende que el testimonio no aparece como parcializado sino que el testigo se limitó a contar los hechos como cualquier otro testigo.

Valora que los testigos coincidieron en que el Sr. P. y la Sra. R. tuvieron una relación sentimental y que ese trato era público, agrega que la demandada no ha aportado ninguna prueba que desvirtúe los dichos de los testigos.

Considera  analizando la prueba de ADN  que si bien la parte demandada no estaba obligada a realizarse la prueba biológica, no ver verdad que no tuviera la carga impuesta por el art. 4 , ley 25511, estima que los accionados deberían haber colaborado con la realización de la prueba biológica o, en caso contrario, cargar con las consecuencias que establece el artículo citado.

A lo expuesto suma que la prueba pudo realizarse sobre el causante y sus hijos, también fallecidos, realizando la exhumación de los mismos y extrayendo muestras de tejidos a fin de concretar la prueba de ADN, si no hubieran sido cremados los cuerpos.

Respecto de ello, según las constancias de la causa, los cuerpos fueron cremados con posterioridad al inicio de la causa, cuando los demandados ya habían tomado conocimiento del proceso. Así, atento a las constancias de fs. 4 vta., la demandada se presentó el 20/3/2000 a las 11:30 hs. en el Juzgado 5º de Familia, librándose un oficio según fs. 6 a este tribunal, a fin de que remitieran la sucesión del Sr. E. P. ad effectum videndi et probandi, para determinar la competencia. Si bien es cierto que, según las constancias de fs. 64/65, recién con fecha 14/9/2001 se notificó el traslado de la demanda, los demandados tuvieron conocimiento previo extraoficial de la existencia de la acción, prueba de ello es la petición que realizan a fs. 110 en los autos 147382, donde solicitan al presente tribunal que se devolviera la sucesión a fin de continuar la causa, tal hecho la lleva a pensar que los accionados estaban al tanto de la prueba de ADN que había solicitado la actora. En dicho período los demandados procedieron el 13/10/2000 a cremar al Sr. P. y a sus hijos, D. C. y O. A.; esto constituye un indicio que debe ser valorado en conjunto con los otros existentes en la causa; afirma que no encuentra razón acabada para entender la necesidad imperiosa  después de tanto tiempo del fallecimiento  de proceder al traslado de los cuerpos y realizar la cremación el mismo día del traslado que no sea tratar por algún medio de evitar la concreción de la prueba de ADN a través de la exhumación de los cadáveres, privando de esta forma al proceso de la prueba más eficiente para determinar o no la filiación reclamada.

Observa que se cremaron los cuerpos, se negaron a realizar la prueba biológica, no aportaron ninguna prueba a fin de desvirtuar los dichos del actor, sino que se dedicaron a negar los hechos  art. 179 , CPC. , por lo que concluye haciendo lugar a la acción.

3. A fs. 271 apelan los accionados.

4. A fs. 285/291 expresan agravios los recurrentes.

Sostienen que la sentenciante ha vulnerado el principio de la sana crítica y de la máxima experiencia, principios extraídos de la observación del corriente comportamiento humano, lo que se evidencia así:

  El juzgador no analizó por qué el actor durante 45 años no tuvo la menor intención de conocer o imputar la presunta paternidad del Sr. E. P., siendo que de sus propias manifestaciones surge que esa circunstancia la conocía muchísimo antes;

  No se ha logrado acreditar la supuesta relación entre el Sr. P. con la Sra. R., ni la supuesta filiación extramatrimonial del Sr. Á. E. R. respecto de E. P.;

  No es lógico ni justo que la renuencia de los demandados tenga similares efectos jurídicos cuando los renuentes son los nietos del presunto padre, fallecido 45 años después de nacido el reclamante;

  La negativa al sometimiento de la prueba biológica constituye sólo un indicio no una presunción;

  El actor debió aportar prueba complementaria de las relaciones sexuales del presunto padre con la madre al tiempo legal de la concepción;

  Falta de merituación debida de las pruebas testimoniales;

  Critican la interpretación del art. 4 , ley 23511;

  Los cuerpos fueron cremados por decisión tomada en vida por los causantes, que fue cumplida por sus familiares sin tener conocimiento sobre la acción entablada tal como surge de las constancias de autos.

5. A fs. 297/304 contesta el apelado cuyas consideraciones me remito en mérito a la brevedad.

6. A fs. 307 luce dictamen de la asesora de menores.

7. A fs. 313 el expediente queda en estado de resolver.

8. Anticipo mi opinión adversa a la suerte del recurso intentado.

8.1. Estimo conveniente  ante todo  encuadrar jurídica, sociológica y constitucionalmente el caso para luego subsumir ello en las probanzas colectadas en la causa.

Para ello me permitiré seguir las enseñanzas del maestro Eduardo Zannoni en "Identidad personal y pruebas biológicas", publ. en RDPyC 13 159 y ss., ya que considero que trata el tema debatido en el sub lite  identidad personal  con una claridad y lucidez encomiable, mostrando la importancia del mismo y colocando la prueba y la carga de la misma en su justo equilibrio.

Así sostiene que la noción de identidad personal no es, desde la perspectiva jurídica, unívoca. Admite por lo menos tres acepciones que trascienden en otros tantos centros de imputación normativos, específicos y diferenciados.

a) La identidad personal en referencia a la realidad biológica: se trata de asegurar a toda persona su derecho a conocer su origen biológico, es decir su pertenencia a determinada familia y, consiguientemente, obtener el emplazamiento en el estado de familia que de acuerdo con ese origen biológico le corresponde.

A esta dimensión se refiere la Convención sobre los Derechos del Niño  aprobada por nuestro país por ley 23849 e incorporada a la Constitución Nacional por la reforma de 1994 (arts. 75 , inc. 22) , pero el derecho a preservar la identidad personal como identidad filiatoria o genética es común a toda persona y no sólo privativo de los niños. En el Código Civil es incontestable la legitimación amplia para el ejercicio de las acciones de reclamación de la filiación matrimonial o extramatrimonial (arts. 24 y 255 ), de impugnación de reconocimiento (arts. 263 ) o de desconocimiento de la paternidad matrimonial (arts. 258 y 259 ), y de la maternidad (arts. 261 y 262 ).

Desde este punto de vista, comprende el derecho a reivindicar la identidad biológica, o el derecho del hombre a conocer su origen, su propia génesis, su procedencia, siendo una aspiración connatural al ser humano en la que está involucrada la dignidad de la persona (voto en disidencia del Dr. Petracchi en fallo de la Corte Sup., ED 141 263).

Dentro de éste debe distinguirse la identidad genética  patrimonio genético heredado de sus progenitores biológicos, o sea el genoma  y la identidad filiatoria  es la que resulta del emplazamiento de una persona en un determinado estado de familia, en relación con quienes aparecen jurídicamente como sus padres .

b) La identidad personal en referencia a los caracteres físicos de la persona: también han sido materia de tutela el interés de la persona de preservar ciertos caracteres que le pertenecen, como su propia imagen, la voz, se trata de los rasgos externos de la persona que la individualizan e identifican.

c) La identidad personal en referencia a la realidad existencial de la persona: la identidad se concibe también como realización del proyecto existencial, propio y personal de cada persona. Este aspecto de la identidad muestra su aspecto dinámico: los pensamientos, las creencias, la ideología, las costumbres de cada uno, en cuanto tengan proyección externa o social. Desde este punto de vista la identidad personal integra un bien especial y fundamental de la persona, como es aquél de ver respetado de parte de terceros de su modo de ser en la realidad social.

Agrega que una conquista de la biología molecular ha sido la posibilidad de determinar positivamente la herencia genética que todo hijo recibe de sus padres.

En 1987 se dictó la ley 23511 por la que se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos con el fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación. La creación de este banco de datos obedeció, históricamente, a la necesidad de ofrecer a los familiares de niños desaparecidos o supuestamente nacidos en cautiverio la posibilidad de obtener los servicios del banco para archivar en él los datos genéticos que correspondiesen a sus padres, abuelos, hermanos, etc., destinados en su momento a ser utilizados para determinar la filiación o pertenencia a la familia de personas cuya identidad pudiera haberse sustituido por procedimientos tanto legales como ilícitos.

Pero este banco cumple funciones más amplias, puesto que también está al servicio de todos los que lo requieran en todo juicio de filiación.

Lo interesante de esto  expresa  es que la ley 23511 en su art. 4 ha consagrado una norma general, aplicable a todo juicio en que se discuta la filiación. Los jueces  dice la norma  deberán valorar el examen genético teniendo en cuenta las experiencias y las enseñanzas científicas en la materia, y añade: "la negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio contrario a la posición sustentada por el renuente".

Siendo ello así, si las partes o alguna de ellas no se sometieran a los estudios, pesará un indicio en contra de su posición en el juicio, como lo establece el art. 4 , ley 23511.

Más adelante entra en el tema probatorio advirtiendo que la estructura probatoria de los juicios en que se debaten cuestiones relativas a la filiación se ha modificado sustancialmente. En efecto, hasta la aparición de las pruebas biológicas el valor de las pruebas hematológicas clásicas era relativo, ya que podían demostrar una incompatibilidad absoluta entre los sujetos involucrados  descartaban la filiación  pero no permitían afirmar con certeza la existencia positiva del vínculo biológico; por ello se requería probar la existencia de relaciones sexuales de la madre con el presunto padre, la posesión de estado, reconocimientos incidentales, correspondencia, fotografías, etc.

Hoy, en términos generales, las pruebas de HLA y de tipificación del ADN permiten afirmar la existencia de paternidad o maternidad con un elevado monto de certeza; por ello bien se ha dicho que si las conclusiones de la pericia arrojan un índice de paternidad probada (99% o más), es casi ocioso preguntarse acerca de otras circunstancias que, antes, permitían inferir sólo presunciones hominis.

Luego analiza el espinoso tema de las dificultades que surgen en torno a la conducta procesal de quien, citado a cooperar con la extracción de muestras de sangre u otras que posibiliten la realización de los estudios, se niega a hacerlo. El art. 4 , ley 23511 establece que la negativa implica un indicio en contra del renuente; se pregunta: ¿es tal indicio, como hecho, una clásica presunción en contra?

Observa que la doctrina enseña que los indicios son hechos que son fuente de presunciones. Las presunciones, como tales, constituyen el resultado de una labor intelectual del juez tendiente a extraer conclusiones de hechos conocidos (indicios) para inferir la existencia o inexistencia de otro hecho desconocido.

Partiendo de esta premisa, puede considerarse hoy, es doctrina judicial virtualmente uniforme que la negativa a someterse a las pruebas biológicas crea una presunción en contra de la posición asumida en juicio por la parte que se niega; es que la aplicación del art. 4 , ley 23511 no hace sino recoger un axioma que la realidad muestra, pues resulta lógico presumir que quien no quiere develar la verdad, algo tiene que ocultar.

Se puede afirmar que la parte que se resiste en el proceso a colaborar con la realización de las pruebas biológicas obra ilegítimamente (LL 1988 E 563). Ha dicho la Corte Sup. que el principio dispositivo que gobierna el proceso civil no puede emplearse, por falta de cooperación, en perjuicio de la verdad jurídica objetiva, ni en el del adecuado y deseado resultado del valor justicia (JA 1986 I 473 ). También el Tribunal español sostuvo: "Mantener a ultranza el derecho individualista a negarse a las pruebas biológicas supone un fraude a la ley y un ejercicio antisocial del derecho" (citado en LL 1992 B 1193, por Grosman y Arianna, Carlos, "Los efectos de la negativa a someterse a los exámenes biológicos en los juicios de filiación paterna extramatrimonial").

En conclusión, entiende que se eche mano a la moderna concepción procesalística de las cargas dinámicas de la prueba o a la visión solidarista del proceso mismo; es inocultable que el proceso de filiación supera el mero interés de las partes como centro de distribución del onus probandi, acentúa un criterio de efectiva cooperación y reclama un rol más activo del demandado, descartándose aquellos comportamientos que se limitan a una cómoda negativa (Morello, Augusto, "Hacia una visión solidarista de la carga de la prueba", ED 132 953).

Y aclara que la ley no dispone que la posición renuente implica confesión ficta, es decir, admisión  siquiera tácita  de la paternidad atribuida a quien se resiste; se limita a inferir, con sentido común, que la negativa o resistencia obedece al temor fundado de que los estudios revelen una paternidad probable; es que el peso del indicio es directamente proporcional a la certidumbre que podrán arrojar esos estudios. Por eso y aunque el demandado no está obligado a prestar su cuerpo, tiene sí la carga de hacerlo, porque si no lo hace su negativa constituirá una de las pautas para juzgar circunstancialmente la situación de hecho. Buena prueba de ello es que si en juicio no existiera ninguna otra prueba de las relaciones sexuales en el período legal de la concepción del pretendido hijo, el juez no podría atribuir la paternidad con sustento exclusivamente en la negativa del demandado.

En la misma línea, la Dra. Kemelmajer de Carlucci sostiene que "tomando como punto de partida el indicio resultante de la negativa, deben producirse otras pruebas coadyuvantes para allegar al juez elementos de convicción razonables para reforzar el indicio, ya que se trata de sumar más indicios al que proporciona la negativa del demandado a colaborar con la investigación de la filiación disputada" (RDPyC 13 388).

Las pruebas biológicas pueden disponerse respecto de personas fallecidas.

Si bien es viable la realización de estudios en otros parientes del pretendido hijo  presuntos abuelos, medio hermanos, tíos  que pueden brindar índices de pertenencia a la familia, se ha planteado la posibilidad de que las pruebas se concluyan obteniendo muestras del cadáver del presunto padre, lo cual exige la exhumación del mismo.

En la confrontación entre el derecho de los familiares a disponer de los restos mortales y a preservar la memoria y el derecho a preservar su identidad, prevalece este último que es de jerarquía constitucional.

En el mismo sentido María Josefa Méndez Costa en "La prueba genética de la filiación ante la muerte del demandado", publ. en LL 1995 B 261, en comentario al fallo de C. Nac. Civ., sala A, 28/2/1994, "Z., R. v. A., A. s/suc. y otros s/filiación" : "...La negativa a prestarse a la pericia genética constituye un obstáculo de hecho a la determinación de la filiación. Si es sustentada en vida del demandado, sus derechos personalísimos a la libertad, la integridad, la defensa, se imponen para no coaccionarlo pero la identidad continúa disfrutando de medios aptos para su determinación, no sólo de los distintos a la prueba biológica, sino también de la presunción que nace del art. 4 , ley 23511. Pero cuando el inconveniente fáctico resulta de la actitud asumida por los deudos del pretenso padre, parece indiscutible que su derecho a la conservación, cuidado y honra del cadáver, ocupa un rango valorativo inferior al derecho a la identidad, que la imposibilidad de coacción contra el pretenso padre vivo no impone la imposibilidad de pasar por sobre la decisión de sus herederos y que no hay presunción a deducir de la negativa de los mismos (sería absurdo extender la continuación de la persona del causante a tales extremos). En fin, el sacrificio que se impone a los deudos no es significativo al punto de anteponerse al sacrificio del actor que encontrará, tal vez, a través del peritaje, una prueba irrefutable de su identidad por vía directa...".

Sobre estas bases analizaré lo acaecido en el sub examine.

8.2. Los hechos  acreditados en autos  que debo tener en consideración para resolver son:

1) No se efectuó prueba biológica porque los demandados se opusieron a la producción de la misma;

2) Los accionados procedieron a la cremación del cadáver del presunto padre y sus dos hijos luego de haber tomado conocimiento del inicio de la presente acción  ver fs. 118, 119, 129, de los autos 147382, y fs. 174/182 de estos autos . En efecto, los demandados tomaron conocimiento de la existencia del proceso de marras el 29/9/2000, que es la fecha en que salió en lista el expediente sucesorio con el agregado del oficio remitido por el Juzgado 3º de Familia, e iniciaron los trámites para la cremación el 13/10/2000, tal como consta a fs. 182 de estos autos. Es verdad que no habían sido notificados de la demanda por filiación, pero conocieron la existencia de la misma;

3) de las testimoniales agregadas surge:

  que el presunto padre y la madre del actor trabajaron en la B. F.;

  los testigos dicen que existió una relación sentimental entre la madre del actor y el presunto padre  por dichos de la madre y porque sabían (fs. 97) , pero ninguno afirma que el hijo era de P.;

  que el actor no gozó de posesión de estado  ver fs. 96, contestación a la pregunta 7ª ;

4) el actor tenía 45 años cuando inició la acción, conociendo que el presunto padre ya había fallecido.

Teniendo en cuenta lo expuesto ut supra tengo para mí que la negativa a efectuarse la prueba biológica por los herederos; sumado a la cremación del cadáver cuando habían tomado conocimiento del proceso por filiación; la circunstancia de que la Sra. R. y el Sr. P. trabajaban juntos  lo que permite afirmar que no es aventurado suponer que tuvieron una relación sentimental  me persuade de que la sentencia debe ser confirmada.

Es que, como vimos, "en el plexo normativo actual y conforme con los adelantos científicos producidos en materia de investigación genética, se estima que la conducta obstruccionista del demandado constituye por sí misma fundamento de suficiente peso para tener por verosímil la pretensión del accionante" (LLC 2006 919).

Sobre la cremación del cadáver se ha resuelto "la negativa a realizarse la prueba biológica, sumada a la cremación del cadáver cuando el demandado había tomado conocimiento de la demanda, conocimiento del que cabe presumir que no era ajeno a sus herederos, unido a los demás elementos probatorios que pueden ser valorados como prueba indiciaria persuaden que la demanda aquí intentada debe tener andamiento" (C. Civ. y Com. Mercedes, sala 1ª LLBA 200 908).

No ignoro que el Superior Tribunal de Entre Ríos resolvió que "el art. 4 , ley 23511 establece un indicio que es fuente o generador de presunciones, mas dicho indicio no es la presunción en sí. Por ende, la renuncia del demandado a someterse a la prueba biológica debe armonizarse con el resto de las pruebas y conforme a las circunstancias de cada caso, desde que no puede atribuírsele el mismo efecto jurídico si el renuente es el pretenso padre vivo, o bien lo es algún descendiente colateral o ascendiente de aquél en una acción post mortem" (no obstante confirmó la sentencia de Cámara, que hizo lugar a la demanda), pero no explica el porqué de la distinción cuando la ley no distingue y es lógico suponer que la intención del legislador fue no distinguir atento al marco coyuntural en que dicha ley fue dictada, tal como se vio supra.

Tampoco desconozco que la Sup. Corte Just. Mendoza in re "Morales, B. v. D. de F.", publ. en LL Gran Cuyo, julio de 2006, p. 731, con nota aprobatoria de Arias de Ronchietto, Catalina E., "Acción de filiación y de petición de herencia y colación post mortem patris", al resolver el caso de un hijo que a los 49 años inicia una acción de filiación, cuando el presunto padre había muerto; catalogó de "gran negligencia y aun el eventual dolo del actor por no haber iniciado la acción de filiación en vida de su presunto padre, sin alegar ni probar ningún impedimento para iniciarla en vida del causante", pero aquí la prueba biológica se le caducó al actor, no había posesión de estado y fue considerada insuficiente la prueba testimonial.

En el caso en trato si bien el actor inició la acción a los 45 años, ofreció la prueba biológica a realizarse en el cadáver del presunto padre, pero los herederos cremaron no sólo el cadáver del abuelo, sino de sus progenitores sin explicación alguna  puesto que si ésa era la voluntad de los causantes, deberían haberla cumplido en forma inmediata al deceso y traído a autos el testamento . No se explican  los herederos demandados  por qué el actor esperó tantos años; tampoco se explica esta juzgadora por qué los herederos procedieron a la cremación de todos los restos y se negaron a realizarse la prueba biológica. Recuérdese lo expuesto sobre la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas.

Por último, destaco que en los casos de reclamación de paternidad extramatrimonial luego del fallecimiento del padre, acreditada la posesión de estado, es viable la acción, pues involucra un reconocimiento tácito, lo que hace innecesaria la justificación del nexo biológico (ED 72 350), pero en el caso, al no existir, era necesario probar dicho nexo, al que no pudo arribarse por la actitud poco solidaria de los demandados.

Me parece atinado concluir mi voto con una reflexión de Néstor Solari: "el fin buscado en esta clase de procesos es investigar el verdadero vínculo biológico entre el progenitor y el presunto hijo; este último es el sujeto principal en el juicio y no el presunto padre; por ello la falta de diligencia en el obrar de los demandados no puede traducirse en consecuencias jurídicas para el hijo. El hijo quiere saber quién es su padre. No que se le busque un padre" ("Negativa al sometimiento de las pruebas biológicas. Consecuencias", publ. en LL Litoral 1998 1 432).

Así voto.

Los Dres. Varela de Roura y Gianella adhieren al voto que antecede.

2ª cuestión.  La Dra. Marsala dijo:

Las costas se imponen a los vencidos  arts. 35 y 36 , apart. I, CPC. .

Así voto.

Los Dres. Varela de Roura y Gianella adhieren al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo precedente, el tribunal resuelve:

1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto a fs. 271 contra la sentencia obrante a fs. 263/268, la que se confirma en todas sus partes.

2. Imponer las costas de alzada a los vencidos (arts. 35 y 36 , apart. I, CPC.).

3. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Notifíquese y bajen.  Gladys D. Marsala.  Teresa Varela de Roura.  Horacio Gianella.

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